Análisis Noticiosos
El peligroso costo de imponer la reforma
Por Juan Bolívar Díaz
El gobierno aborta el pretendido pacto fiscal, fundamento de le Estrategia Nacional de Desarrollo, y termina su luna de miel con la sociedad al negarse a confrontar a fondo la malversación y el clientelismo
La firme posición de los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) de no discutir nuevos impuestos sin que antes se pactara una profunda revisión de la totalidad del gasto y la malversación de los recursos públicos y de la calidad de la inversión no constituyó sorpresa. La sociedad está indignada y exige rectificaciones.Lo que sí sorprendió fue la celeridad con que el Gobierno rompió las conversaciones con los sectores sociales y su disposición a jugársela imponiendo un nuevo parche fiscal, sin transar más allá de una reducción del 14 por ciento en el paquete impositivo enviado al Congreso Nacional.
Una resistencia avisada. Durante los últimos años, con mayor énfasis en la campaña electoral, y tras los comicios de mayo, los más diversos sectores sociales, relevantemente el empresarial y las organizaciones sociales comprometidas en la promoción del desarrollo y la pulcritud democrática, advirtieron sistemáticamente que no aceptarían nuevos parches tributarios en aras del dispendio, la corrupción, el clientelismo.
El reclamo de un pacto fiscal que incluyera una revisión del gasto y la exigencia de prioridades para el desarrollo y la competitividad aparecieron en todos los escenarios de concertación política y social y llegaron a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) discutida durante años y promulgada en enero pasado.
El Informe de la Comisión Internacional encabezada por Jacques Attalí por encargo del gobierno del doctor Leonel Fernández diagnosticó en noviembre del 2010, la distancia entre los poderes públicos y la sociedad y especificó como primera de siete grandes iniciativas la adopción de disposiciones “para devolver la confianza en las instituciones”, como requisito para lograr un pacto fiscal.
Desde la campaña electoral y en su discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se abanderó con los tres pactos fundamentales proclamados en la END comenzando con el fiscal. De inmediato anunció que convocaba al CES para buscarlo y este organismo, integrado por representantes de los sectores empresarial, sindical y social, no tuvo dificultad en consensuar nueve “Principios Orientadores del Pacto Fiscal, resumidos en este espacio el 2 de septiembre.
Una y otra vez los dirigentes sociales insistieron en que esta vez no se dejarían engañar ni dividir de los políticos, como había ocurrido en seis reformas tributarias de la última década, que no aceptarían mayores gravámenes sin un pacto integral que rectifique la calidad del gasto y de la inversión, en orden al desarrollo humano y productivo, con participación y contraloría social, con sostenibilidad fiscal y que supere la discrecionalidad, el despilfarro y la malversación.
Rechazo a otro parche. Cuando el 3 de octubre el Gobierno presentó al CES su proyecto para recaudar en el 2013 más de 55 mil millones de pesos adicionales, el mismo ministro de Economía advirtió que no encontraron forma de reducir significativamente el gasto “sin echar más leña al fuego”, sellándolo como estrictamente tributario, provocando rechazo general de los sectores sociales, la dispersa oposición y de los medios de comunicación.
En conocimiento de que el abuso inconstitucional e ilegal y la politiquería más descaradas habían llevado el déficit presupuestario de este año a un 8 por ciento del producto bruto, entre 183 mil y 187 mil millones de pesos y en medio de innumerables escándalos de liquidaciones y pensiones desorbitadas de altos funcionarios, los principios consensuados en el CES tomaron más fuerza.
De ahí el rechazo formal al paquete impositivo y la reiteración de la discusión de “un pacto fiscal integral como lo dispone el artículo 36 de la ley 1-12” (END). El CES con la asesoría de un amplio equipo de economistas y expertos fiscales planteó un “presupuesto de transición” para el 2013, pero no a partir del desorbitado de este año, sino del año pasado, que “representa un 23 por ciento de incremento del gasto ejecutado en el 2011 sin la necesidad inmediata de establecer nuevos gravámenes”. Sería de 410 mil millones de pesos sin incluir las aplicaciones financieras. (Comunicado íntegro en HOY, 26 de octubre, página 3-A).
El planteamiento reclamaba al Gobierno identificar y cuantificar la reducción del gasto por vía de la corrupción, de la malversación, de los altos sueldos y pensiones, de la eliminación de organismos inoperantes reductos de clientelas políticas, de la fusión de otros de similares funciones, de revisión de onerosos contratos mineros y eléctricos, del achicamiento de la escandalosa nómina de vicecónsules y diplomáticos, de consejos directivos, de barrilitos y cofrecitos de repartos, no sólo del Congreso sino también de los ayuntamientos e innumerables instituciones estatales. Nada nuevo, lo que se venía reclamando por años, lo que el informe Attalí consignó como condición para el pacto fiscal: restaurar la confianza de la sociedad.
Lo que siempre se ha hecho. Cuando se esperaba una contraoferta del Gobierno, asumiéndose que su propuesta original podría ser objeto de negociación, sus representantes precipitaron el rompimiento, apenas dos semanas después de iniciada la consulta y con más de dos meses para el nuevo año. El ministro de Economía Temístocles Montás había dicho el 14 de octubre que el presupuesto del 2013 estaría entre 430 y 350 mil millones de pesos por lo que la diferencia con la propuesta del CES oscilaba de 20 a 40 mil millones. Se rechazó la transacción que a la mitad hubiese conllevado entre ingresos y reducción de gastos de 10 a 20 mil millones de pesos.
El problema de fondo es que como dijo Montás al presentar el plan original “las finanzas públicas se hacen insostenibles con esos niveles del déficit” y ahora se depende más que nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reclama un saneamiento radical. La alternativa para el equilibrio sería cortar a fondo el clientelismo y la malversación, pero el sistema político no luce aún en capacidad para emprenderlo.
Contradiciendo el discurso y el compromiso del presidente Medina, su Gobierno optó por lo que siempre se ha hecho: pedirle a la población que siga financiando el dispendio, porque no es posible apretar los cinturones de los políticos. El decreto de austeridad del 22 de agosto fue un buen comienzo, pero no rebasa los de austeridad de Leonel Fernández, incluyendo la ley del 2007, que nunca se cumplieron, por lo que queda todavía en veremos.
Es obvio que la desconfianza de la población es muy grande, y está más que diagnosticada y justificada. El Gobierno perdió la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, cambió su propósito original y volvió a optar por el parche, desconociendo el mandato constitucional y la ley de END que crean el escenario del CES. Previamente ya habían comenzado a descalificar el organismo y un dirigente oficialista llegó al extremo de definirlo como “mezcla de macos y cacatas”.
Un camino muy costoso. El proyecto sometido al Congreso implica una reducción del paquete tributario original de 7 mil 717 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento, al pasar de 55 mil 14 millones a 47 mil 297. Pero sigue siendo gravoso para todos los sectores sociales, en mayor o menor medida y en vez de promover productividad y competitividad, en lo inmediato implicaría serias dificultades, no sólo para los grandes intereses empresariales como vende la política, sino hasta para pequeñas y micros empresas. Por ejemplo, el cobro de 12 mil pesos anuales, ajustables a la inflación, a los detallistas de mercancías “que no tributen en el régimen ordinario”.
Parece obvio que se impuso la línea política leonelista que niega toda reducción de gasto y se sustenta en un clientelismo exacerbado y compra de conciencia arriba, en el medio y debajo de la sociedad, (se sacan dos pesos de cada galón de combustibles para los transportistas) y apela al pragmatismo político salvaje de simplemente utilizar el poder. Fernández no tuvo empacho en reunirse esta semana con sus senadores para que venzan escrúpulos y aprueben el paquete derivado de su descomunal déficit fiscal. La decisión de imponer la reforma en un Congreso bajo su control y a cualquier precio, es alentada por la división del principal partido de oposición que Fernández ha financiado y sostenido y el gobierno de Danilo Medina será cada vez más dependiente del camino viejo que prometió corregir. Rompe prematuramente su luna de miel con la población y se expone a graves problemas de gobernabilidad y hasta de legitimidad, sobre todo si aprueban la reforma sin las dos terceras partes de los votos, que no los tienen en la Cámara de Diputados. Ya el pragmático secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha negado que sea una ley orgánica, aunque el experto constitucionalista Cristóbal Gómez y el diputado Hugo Tolentino han recordado que el artículo 112 de la Constitución incluye en esa categoría “el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública”.
Todavía en el Congreso tendrán que hacer concesiones, sobre todo si sirven para dividir a sectores empresariales y sindicales, pero parece que se impuso la decisión de marchar solos contra vientos y mareas sin importar lo que piense el resto de la sociedad, confiados en que vencerán las resistencias. Conlleva el riesgo de generar nuevos protagonismos y liderazgos sociales que sustituyan el desgaste de la oposición política y un estado de insubordinación que anule o reduzca lo que se pretende recaudar y derive en mayores confrontaciones. Los políticos no advierten el estado exacerbado de indignación y disposición a la resistencia que se refleja en todos los ambientes y en los medios de comunicación y las redes sociales.
Artículo original publicado en el periódico HOY.
Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.
Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.
La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.
Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.
Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.
Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.
Los vecinos al rescate de supervivientes
El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.
“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.
Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.
Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.
Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.
Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.
Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.
Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.
Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.
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Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
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Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.