Análisis Noticiosos
El peligroso costo de imponer la reforma
Por Juan Bolívar Díaz
El gobierno aborta el pretendido pacto fiscal, fundamento de le Estrategia Nacional de Desarrollo, y termina su luna de miel con la sociedad al negarse a confrontar a fondo la malversación y el clientelismo
La firme posición de los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) de no discutir nuevos impuestos sin que antes se pactara una profunda revisión de la totalidad del gasto y la malversación de los recursos públicos y de la calidad de la inversión no constituyó sorpresa. La sociedad está indignada y exige rectificaciones.Lo que sí sorprendió fue la celeridad con que el Gobierno rompió las conversaciones con los sectores sociales y su disposición a jugársela imponiendo un nuevo parche fiscal, sin transar más allá de una reducción del 14 por ciento en el paquete impositivo enviado al Congreso Nacional.
Una resistencia avisada. Durante los últimos años, con mayor énfasis en la campaña electoral, y tras los comicios de mayo, los más diversos sectores sociales, relevantemente el empresarial y las organizaciones sociales comprometidas en la promoción del desarrollo y la pulcritud democrática, advirtieron sistemáticamente que no aceptarían nuevos parches tributarios en aras del dispendio, la corrupción, el clientelismo.
El reclamo de un pacto fiscal que incluyera una revisión del gasto y la exigencia de prioridades para el desarrollo y la competitividad aparecieron en todos los escenarios de concertación política y social y llegaron a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) discutida durante años y promulgada en enero pasado.
El Informe de la Comisión Internacional encabezada por Jacques Attalí por encargo del gobierno del doctor Leonel Fernández diagnosticó en noviembre del 2010, la distancia entre los poderes públicos y la sociedad y especificó como primera de siete grandes iniciativas la adopción de disposiciones “para devolver la confianza en las instituciones”, como requisito para lograr un pacto fiscal.
Desde la campaña electoral y en su discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se abanderó con los tres pactos fundamentales proclamados en la END comenzando con el fiscal. De inmediato anunció que convocaba al CES para buscarlo y este organismo, integrado por representantes de los sectores empresarial, sindical y social, no tuvo dificultad en consensuar nueve “Principios Orientadores del Pacto Fiscal, resumidos en este espacio el 2 de septiembre.
Una y otra vez los dirigentes sociales insistieron en que esta vez no se dejarían engañar ni dividir de los políticos, como había ocurrido en seis reformas tributarias de la última década, que no aceptarían mayores gravámenes sin un pacto integral que rectifique la calidad del gasto y de la inversión, en orden al desarrollo humano y productivo, con participación y contraloría social, con sostenibilidad fiscal y que supere la discrecionalidad, el despilfarro y la malversación.
Rechazo a otro parche. Cuando el 3 de octubre el Gobierno presentó al CES su proyecto para recaudar en el 2013 más de 55 mil millones de pesos adicionales, el mismo ministro de Economía advirtió que no encontraron forma de reducir significativamente el gasto “sin echar más leña al fuego”, sellándolo como estrictamente tributario, provocando rechazo general de los sectores sociales, la dispersa oposición y de los medios de comunicación.
En conocimiento de que el abuso inconstitucional e ilegal y la politiquería más descaradas habían llevado el déficit presupuestario de este año a un 8 por ciento del producto bruto, entre 183 mil y 187 mil millones de pesos y en medio de innumerables escándalos de liquidaciones y pensiones desorbitadas de altos funcionarios, los principios consensuados en el CES tomaron más fuerza.
De ahí el rechazo formal al paquete impositivo y la reiteración de la discusión de “un pacto fiscal integral como lo dispone el artículo 36 de la ley 1-12” (END). El CES con la asesoría de un amplio equipo de economistas y expertos fiscales planteó un “presupuesto de transición” para el 2013, pero no a partir del desorbitado de este año, sino del año pasado, que “representa un 23 por ciento de incremento del gasto ejecutado en el 2011 sin la necesidad inmediata de establecer nuevos gravámenes”. Sería de 410 mil millones de pesos sin incluir las aplicaciones financieras. (Comunicado íntegro en HOY, 26 de octubre, página 3-A).
El planteamiento reclamaba al Gobierno identificar y cuantificar la reducción del gasto por vía de la corrupción, de la malversación, de los altos sueldos y pensiones, de la eliminación de organismos inoperantes reductos de clientelas políticas, de la fusión de otros de similares funciones, de revisión de onerosos contratos mineros y eléctricos, del achicamiento de la escandalosa nómina de vicecónsules y diplomáticos, de consejos directivos, de barrilitos y cofrecitos de repartos, no sólo del Congreso sino también de los ayuntamientos e innumerables instituciones estatales. Nada nuevo, lo que se venía reclamando por años, lo que el informe Attalí consignó como condición para el pacto fiscal: restaurar la confianza de la sociedad.
Lo que siempre se ha hecho. Cuando se esperaba una contraoferta del Gobierno, asumiéndose que su propuesta original podría ser objeto de negociación, sus representantes precipitaron el rompimiento, apenas dos semanas después de iniciada la consulta y con más de dos meses para el nuevo año. El ministro de Economía Temístocles Montás había dicho el 14 de octubre que el presupuesto del 2013 estaría entre 430 y 350 mil millones de pesos por lo que la diferencia con la propuesta del CES oscilaba de 20 a 40 mil millones. Se rechazó la transacción que a la mitad hubiese conllevado entre ingresos y reducción de gastos de 10 a 20 mil millones de pesos.
El problema de fondo es que como dijo Montás al presentar el plan original “las finanzas públicas se hacen insostenibles con esos niveles del déficit” y ahora se depende más que nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reclama un saneamiento radical. La alternativa para el equilibrio sería cortar a fondo el clientelismo y la malversación, pero el sistema político no luce aún en capacidad para emprenderlo.
Contradiciendo el discurso y el compromiso del presidente Medina, su Gobierno optó por lo que siempre se ha hecho: pedirle a la población que siga financiando el dispendio, porque no es posible apretar los cinturones de los políticos. El decreto de austeridad del 22 de agosto fue un buen comienzo, pero no rebasa los de austeridad de Leonel Fernández, incluyendo la ley del 2007, que nunca se cumplieron, por lo que queda todavía en veremos.
Es obvio que la desconfianza de la población es muy grande, y está más que diagnosticada y justificada. El Gobierno perdió la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, cambió su propósito original y volvió a optar por el parche, desconociendo el mandato constitucional y la ley de END que crean el escenario del CES. Previamente ya habían comenzado a descalificar el organismo y un dirigente oficialista llegó al extremo de definirlo como “mezcla de macos y cacatas”.
Un camino muy costoso. El proyecto sometido al Congreso implica una reducción del paquete tributario original de 7 mil 717 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento, al pasar de 55 mil 14 millones a 47 mil 297. Pero sigue siendo gravoso para todos los sectores sociales, en mayor o menor medida y en vez de promover productividad y competitividad, en lo inmediato implicaría serias dificultades, no sólo para los grandes intereses empresariales como vende la política, sino hasta para pequeñas y micros empresas. Por ejemplo, el cobro de 12 mil pesos anuales, ajustables a la inflación, a los detallistas de mercancías “que no tributen en el régimen ordinario”.
Parece obvio que se impuso la línea política leonelista que niega toda reducción de gasto y se sustenta en un clientelismo exacerbado y compra de conciencia arriba, en el medio y debajo de la sociedad, (se sacan dos pesos de cada galón de combustibles para los transportistas) y apela al pragmatismo político salvaje de simplemente utilizar el poder. Fernández no tuvo empacho en reunirse esta semana con sus senadores para que venzan escrúpulos y aprueben el paquete derivado de su descomunal déficit fiscal. La decisión de imponer la reforma en un Congreso bajo su control y a cualquier precio, es alentada por la división del principal partido de oposición que Fernández ha financiado y sostenido y el gobierno de Danilo Medina será cada vez más dependiente del camino viejo que prometió corregir. Rompe prematuramente su luna de miel con la población y se expone a graves problemas de gobernabilidad y hasta de legitimidad, sobre todo si aprueban la reforma sin las dos terceras partes de los votos, que no los tienen en la Cámara de Diputados. Ya el pragmático secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha negado que sea una ley orgánica, aunque el experto constitucionalista Cristóbal Gómez y el diputado Hugo Tolentino han recordado que el artículo 112 de la Constitución incluye en esa categoría “el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública”.
Todavía en el Congreso tendrán que hacer concesiones, sobre todo si sirven para dividir a sectores empresariales y sindicales, pero parece que se impuso la decisión de marchar solos contra vientos y mareas sin importar lo que piense el resto de la sociedad, confiados en que vencerán las resistencias. Conlleva el riesgo de generar nuevos protagonismos y liderazgos sociales que sustituyan el desgaste de la oposición política y un estado de insubordinación que anule o reduzca lo que se pretende recaudar y derive en mayores confrontaciones. Los políticos no advierten el estado exacerbado de indignación y disposición a la resistencia que se refleja en todos los ambientes y en los medios de comunicación y las redes sociales.
Artículo original publicado en el periódico HOY.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.