Análisis Noticiosos
El peligroso costo de imponer la reforma
Por Juan Bolívar Díaz
El gobierno aborta el pretendido pacto fiscal, fundamento de le Estrategia Nacional de Desarrollo, y termina su luna de miel con la sociedad al negarse a confrontar a fondo la malversación y el clientelismo
La firme posición de los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) de no discutir nuevos impuestos sin que antes se pactara una profunda revisión de la totalidad del gasto y la malversación de los recursos públicos y de la calidad de la inversión no constituyó sorpresa. La sociedad está indignada y exige rectificaciones.Lo que sí sorprendió fue la celeridad con que el Gobierno rompió las conversaciones con los sectores sociales y su disposición a jugársela imponiendo un nuevo parche fiscal, sin transar más allá de una reducción del 14 por ciento en el paquete impositivo enviado al Congreso Nacional.
Una resistencia avisada. Durante los últimos años, con mayor énfasis en la campaña electoral, y tras los comicios de mayo, los más diversos sectores sociales, relevantemente el empresarial y las organizaciones sociales comprometidas en la promoción del desarrollo y la pulcritud democrática, advirtieron sistemáticamente que no aceptarían nuevos parches tributarios en aras del dispendio, la corrupción, el clientelismo.
El reclamo de un pacto fiscal que incluyera una revisión del gasto y la exigencia de prioridades para el desarrollo y la competitividad aparecieron en todos los escenarios de concertación política y social y llegaron a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) discutida durante años y promulgada en enero pasado.
El Informe de la Comisión Internacional encabezada por Jacques Attalí por encargo del gobierno del doctor Leonel Fernández diagnosticó en noviembre del 2010, la distancia entre los poderes públicos y la sociedad y especificó como primera de siete grandes iniciativas la adopción de disposiciones “para devolver la confianza en las instituciones”, como requisito para lograr un pacto fiscal.
Desde la campaña electoral y en su discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se abanderó con los tres pactos fundamentales proclamados en la END comenzando con el fiscal. De inmediato anunció que convocaba al CES para buscarlo y este organismo, integrado por representantes de los sectores empresarial, sindical y social, no tuvo dificultad en consensuar nueve “Principios Orientadores del Pacto Fiscal, resumidos en este espacio el 2 de septiembre.
Una y otra vez los dirigentes sociales insistieron en que esta vez no se dejarían engañar ni dividir de los políticos, como había ocurrido en seis reformas tributarias de la última década, que no aceptarían mayores gravámenes sin un pacto integral que rectifique la calidad del gasto y de la inversión, en orden al desarrollo humano y productivo, con participación y contraloría social, con sostenibilidad fiscal y que supere la discrecionalidad, el despilfarro y la malversación.
Rechazo a otro parche. Cuando el 3 de octubre el Gobierno presentó al CES su proyecto para recaudar en el 2013 más de 55 mil millones de pesos adicionales, el mismo ministro de Economía advirtió que no encontraron forma de reducir significativamente el gasto “sin echar más leña al fuego”, sellándolo como estrictamente tributario, provocando rechazo general de los sectores sociales, la dispersa oposición y de los medios de comunicación.
En conocimiento de que el abuso inconstitucional e ilegal y la politiquería más descaradas habían llevado el déficit presupuestario de este año a un 8 por ciento del producto bruto, entre 183 mil y 187 mil millones de pesos y en medio de innumerables escándalos de liquidaciones y pensiones desorbitadas de altos funcionarios, los principios consensuados en el CES tomaron más fuerza.
De ahí el rechazo formal al paquete impositivo y la reiteración de la discusión de “un pacto fiscal integral como lo dispone el artículo 36 de la ley 1-12” (END). El CES con la asesoría de un amplio equipo de economistas y expertos fiscales planteó un “presupuesto de transición” para el 2013, pero no a partir del desorbitado de este año, sino del año pasado, que “representa un 23 por ciento de incremento del gasto ejecutado en el 2011 sin la necesidad inmediata de establecer nuevos gravámenes”. Sería de 410 mil millones de pesos sin incluir las aplicaciones financieras. (Comunicado íntegro en HOY, 26 de octubre, página 3-A).
El planteamiento reclamaba al Gobierno identificar y cuantificar la reducción del gasto por vía de la corrupción, de la malversación, de los altos sueldos y pensiones, de la eliminación de organismos inoperantes reductos de clientelas políticas, de la fusión de otros de similares funciones, de revisión de onerosos contratos mineros y eléctricos, del achicamiento de la escandalosa nómina de vicecónsules y diplomáticos, de consejos directivos, de barrilitos y cofrecitos de repartos, no sólo del Congreso sino también de los ayuntamientos e innumerables instituciones estatales. Nada nuevo, lo que se venía reclamando por años, lo que el informe Attalí consignó como condición para el pacto fiscal: restaurar la confianza de la sociedad.
Lo que siempre se ha hecho. Cuando se esperaba una contraoferta del Gobierno, asumiéndose que su propuesta original podría ser objeto de negociación, sus representantes precipitaron el rompimiento, apenas dos semanas después de iniciada la consulta y con más de dos meses para el nuevo año. El ministro de Economía Temístocles Montás había dicho el 14 de octubre que el presupuesto del 2013 estaría entre 430 y 350 mil millones de pesos por lo que la diferencia con la propuesta del CES oscilaba de 20 a 40 mil millones. Se rechazó la transacción que a la mitad hubiese conllevado entre ingresos y reducción de gastos de 10 a 20 mil millones de pesos.
El problema de fondo es que como dijo Montás al presentar el plan original “las finanzas públicas se hacen insostenibles con esos niveles del déficit” y ahora se depende más que nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reclama un saneamiento radical. La alternativa para el equilibrio sería cortar a fondo el clientelismo y la malversación, pero el sistema político no luce aún en capacidad para emprenderlo.
Contradiciendo el discurso y el compromiso del presidente Medina, su Gobierno optó por lo que siempre se ha hecho: pedirle a la población que siga financiando el dispendio, porque no es posible apretar los cinturones de los políticos. El decreto de austeridad del 22 de agosto fue un buen comienzo, pero no rebasa los de austeridad de Leonel Fernández, incluyendo la ley del 2007, que nunca se cumplieron, por lo que queda todavía en veremos.
Es obvio que la desconfianza de la población es muy grande, y está más que diagnosticada y justificada. El Gobierno perdió la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, cambió su propósito original y volvió a optar por el parche, desconociendo el mandato constitucional y la ley de END que crean el escenario del CES. Previamente ya habían comenzado a descalificar el organismo y un dirigente oficialista llegó al extremo de definirlo como “mezcla de macos y cacatas”.
Un camino muy costoso. El proyecto sometido al Congreso implica una reducción del paquete tributario original de 7 mil 717 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento, al pasar de 55 mil 14 millones a 47 mil 297. Pero sigue siendo gravoso para todos los sectores sociales, en mayor o menor medida y en vez de promover productividad y competitividad, en lo inmediato implicaría serias dificultades, no sólo para los grandes intereses empresariales como vende la política, sino hasta para pequeñas y micros empresas. Por ejemplo, el cobro de 12 mil pesos anuales, ajustables a la inflación, a los detallistas de mercancías “que no tributen en el régimen ordinario”.
Parece obvio que se impuso la línea política leonelista que niega toda reducción de gasto y se sustenta en un clientelismo exacerbado y compra de conciencia arriba, en el medio y debajo de la sociedad, (se sacan dos pesos de cada galón de combustibles para los transportistas) y apela al pragmatismo político salvaje de simplemente utilizar el poder. Fernández no tuvo empacho en reunirse esta semana con sus senadores para que venzan escrúpulos y aprueben el paquete derivado de su descomunal déficit fiscal. La decisión de imponer la reforma en un Congreso bajo su control y a cualquier precio, es alentada por la división del principal partido de oposición que Fernández ha financiado y sostenido y el gobierno de Danilo Medina será cada vez más dependiente del camino viejo que prometió corregir. Rompe prematuramente su luna de miel con la población y se expone a graves problemas de gobernabilidad y hasta de legitimidad, sobre todo si aprueban la reforma sin las dos terceras partes de los votos, que no los tienen en la Cámara de Diputados. Ya el pragmático secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha negado que sea una ley orgánica, aunque el experto constitucionalista Cristóbal Gómez y el diputado Hugo Tolentino han recordado que el artículo 112 de la Constitución incluye en esa categoría “el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública”.
Todavía en el Congreso tendrán que hacer concesiones, sobre todo si sirven para dividir a sectores empresariales y sindicales, pero parece que se impuso la decisión de marchar solos contra vientos y mareas sin importar lo que piense el resto de la sociedad, confiados en que vencerán las resistencias. Conlleva el riesgo de generar nuevos protagonismos y liderazgos sociales que sustituyan el desgaste de la oposición política y un estado de insubordinación que anule o reduzca lo que se pretende recaudar y derive en mayores confrontaciones. Los políticos no advierten el estado exacerbado de indignación y disposición a la resistencia que se refleja en todos los ambientes y en los medios de comunicación y las redes sociales.
Artículo original publicado en el periódico HOY.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.