Editorial
El Periodismo y la «Democracia»
Nadie puede negar que la sociedad dominicana en las últimas décadas ha entrado en una crisis que lo ha dañado prácticamente todo.
La industria de la comunicación social ha sufrido unos reveses muy duros, porque ha sido el vehículo para promover y preconizar anti-valores.
Sólo con medios de comunicación de masas muy claros de su función y un sistema educativo científico y eficiente se podría enfrentar el proceso que se profundiza en la sociedad dominicana, donde incluso la mayoría de los profesionales académicos no están preparados para el rol que supuestamente fueron formados.
Los periódicos, la radio y la televisión convencionales han sido, en cierto modo, una retranca para que la sociedad pueda excluir de su camino de progreso y bienestar a las lacras que lo dañan todo.
Por esta razón el periodismo por encomienda o por encargo y relativamente ético constituyen un peligro que amenazan la democracia.
El periodista con una imagen de hombre serio tiene mucha credibilidad, por lo que cualquier cosa que diga es asimilada por la gente como una verdad absoluta, pero si ese informador público es relativamente ético y defiende los intereses de aquellos que buscan fortunas a cualquier precio, entonces ésto representa un serio problema para el logro del desarrollo nacional, ya sea económico o institucional.
El periodismo de hoy, el cual tiene como base de sustentación las redes sociales, todavía no supera en credibilidad a los medios convencionales, porque el internet se presta a muchas distorsiones y en consecuencia el profesional de la comunicación social relativamente ético sigue y seguirá con un papel de primer orden en la aparente democracia.
En el país se puede afirmar que los periodistas de mayor prestigio trabajan para grupos económicos que tienen muy claro cual debe ser la política informativa de sus medios y aunque estos informadores públicos combatan muchos de los problemas que aquejan a la sociedad y que jamás reciban dinero de nadie para que hablen o escriban por encargo, pero siempre están maniatados por los empresarios dueños de medios que han acumulado grandes riquezas sobre la base del contrabando, el lavado de activos y otras vertientes de la corrupción, cuya responsabilidad por comisión o omisión se extiende hasta los propios hacedores de opinión pública.
Este es sólo un aspecto de una democracia, como la dominicana, que cada día se deteriora como resultado de los niveles de complicidad y componenda entre los grupos económicos y los actores de la clase política, quienes ejecutan sus acciones con la mirada complaciente o hacia otro lado del periodista que habla o escribe por encargo, encomienda o porque ejerce la profesión sobre la base de una conducta relativamente ética.
El periodismo relativamente ético, por encargo o por encomienda toma cuerpo en el país, sobre todo porque el neo-liberalismo se ha apoderado de toda la sociedad, en la que importa más una mercancía llamada dinero que la defensa de los valores democráticos y la ética para el logro de un mejor país y unos medios de comunicación de masas al servicio de las mejores causas de la Nación.
El Colegio Dominicano de Periodistas y las escuelas de periodismo del país tienen en estos momentos de crisis una gran responsabilidad y reto para contrarrestar el mal que podría destruir todo el sistema democrático nacional.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.