Opinión
El plan golpista contra Petro: motivos, actores y respuesta
Por Narciso Isa Conde
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
En Colombia, como en muchas partes del continente, el neofascismo político-militar se mezcla con las narco-mafias y sectores de gran capital. Y esas fuerzas pasaron a la ofensiva contra el Gobierno de Gustavo Petro y el partido Colombia Humana.
Los medios de Bogotá dan cuenta de que las redes sociales y la opinión pública nacional e internacional se calentaron en grande por la denuncia del presidente Gustavo Petro respecto a un plan golpista con modalidad institucional y judicialización del presidente.
El pasado 2 de febrero, el jefe de Estado exhortó en un primer comunicado “a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a su denuncia”, la cual da cuenta de una destacada participación del Fiscal General de la República, de filiación ultraderechista, en el plan golpista.
Destacó cómo los juristas que defiende su enjuiciamiento hablan de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido, y no dicen nada de la grave ruptura institucional que implica que la fiscalía investigue al presidente de la república, algo expresamente prohibido por la Constitución colombiana.
A Petro se le acusa de haber recibido dinero del sindicato de maestros para cubrir gastos de la campaña electoral, lo que no tiene nada de ilegal. Incluso la propia fiscalía admite que ni siquiera se empleó en la campaña, sino en los delegados y delegadas en las mesas electorales comprometidos con la defensa del voto, una vez concluida la campaña.
Sin embargo, el presidente colombiano ha denunciado que “se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se le acuse”; destacando que “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo», postulado por el partido Colombia Humana.
Precisó que hechos mucho más graves, “repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero”; agregando que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias «El Neñe» que la del sindicato de maestros.
La contribución de alias «El Neñe» la calificaron como legal, la del sindicato de profesores la califican de ilegal.
El presidente colombiano finalmente explicó las razones del plan golpista de la ultraderecha mafiosa de esta manera:
“Esta ruptura institucional –subrayó – ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes», concluyendo en que «la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana”.
En nuestra opinión está cada vez más claro que el neofascismo mafioso y sus padrinos en la Casa Blanca, la CIA y del Pentágono, han decidido avanzar hacia la ruptura institucional, con una nueva modalidad de golpe de estado sin los militares y oligarcas capitalistas a la vista, pero si manipulando soterradamente todo el tinglado conspirativo con la compañía de EEUU.
Esas fuerzas no aceptan ni siquiera un progresismo democrático-liberal que no se suma a la corruptela y a la narco-política, que impulsa políticas anti-patriarcales, anti-racistas y pro-ambientalistas; pero que lamentablemente rehúye las transformaciones estructurales y evade los necesarios cambios constitucionales, el desmonte del terrorismo de Estado, la disolución del paramilitarismo y el firme combate al neofascismo.
El gobierno de Petro y casi todas las fuerzas que lo apoyan, sin bien no abrazan la estrategia neoliberal, no se inclinan por revertir el proceso privatizador y otros impactos altamente negativas de la misma; y lo que a mi entender es peor: evaden la ruptura con la OTAN, la salida de las bases militares y el rescate pleno de la autodeterminación de Colombia.
Estos son déficits cruciales cuando se habla de cambio, dado que está cada vez más claro que en esta época es ilusorio avanzar hacia la defensa de la vida, la democratización, la nueva independencia y la justicia social, coexistiendo a nivel de Estado con el coloniaje y las nuevas modalidades de fascismo, y aceptando la intervención y tutela militar imperialista.
Rehusarse a enfrentar esa realidad, por demás, ni frena la conspiración golpista ni ataca sus raíces en una época de decadencia agresiva del imperialismo occidental, de fuerte hegemonía a su interior de un conservadurismo brutal, gansterización extrema del capitalismo y auge de nuevas modalidades de fascismo.
· PETRO, MOVILIZACIÓN POPULAR Y SOLIDARIDAD.
En un segundo comunicado publicado el sábado 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro reiteró “que el desespero por la alternancia democrática en la fiscalía general lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación a un partido político por parte de una organización de trabajadores”.
Para el mandatario colombiano lo malo que ve Barbosa en ese hecho, “no lo vio ni con los cheques del narcotraficante alias «El Ñeñe» ni con los cheques de Odebrecht porque entonces los presidentes, esos sí beneficiarios, eran de su círculo político, y uno de ellos lo nominó”.
Es evidente que lo que se está fraguando con todo eso es “un golpe de estado bajo el manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones”.
Pero hay más: en mi opinión, Barbosa es solo un instrumento de todas las derechas que se han solidarizado con él: uribista, conservadora, verde, paramilitar, fascista, empresarial… y de los halcones yanquis y oligarcas que las tutelan y financian.
Y es un instrumento conectado con la narco-economía capitalista, como bien puede derivarse de la propia denuncia del presidente colombiano cuando afirma responsablemente que Barbosa encabeza una “fiscalía podrida, donde se permite el encubrimiento del crimen y el narcotráfico, al punto, que funcionarios bajo el mando del Fiscal General cargan los alijos en los barcos”.
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
Esa modalidad de golpe ha sido puesta en práctica en Nuestra América con respaldo del poder imperialista estadounidense; respaldo que a no pocos gobernantes del llamado progresismo, aquellos que renuncian al antiimperialismo, le cuesta reconocer y, más aún, enfrentar como es debido.
De todas maneras, es muy positivo y merece un buen respaldo que Petro enfatice en que “el mandato popular se respeta”, solicité “transmitir masivamente este mensaje por todas sus redes, emisoras y medios de comunicación populares”, y llame a “alistar jornadas de muy grandes movilizaciones, profundas y contundentes”, para derrotar el golpe.
Vale sí insistir, que además de eso, se requiere pasar de la resistencia defensiva, a la determinación de desmontar ese Estado narco-terrorista y rescatar la autodeterminación de una Colombia intervenida por EEUU (con diez bases militares en su territorio y múltiples mecanismos de control político, económico y militar).
Vale también reiterar la imperiosa necesidad de cambios estructurales y transformaciones que democraticen la sociedad, recuperen soberanía popular y nacional y les den legitimidad a los cambios. Porque el estancamiento frustra y reduce apoyo popular, lo que pudo evidenciarse en las recientes elecciones municipales colombianas, lección que no se debe evadir.
El momento colombiano emplaza a todas las izquierdas reales de ese país y del continente, a las izquierdas realmente revolucionarias, a responder a la contraofensiva imperialista ultraderechista con la profundidad y contundencia que ameritan situaciones tan peligrosas
Nosotros/as en el Movimiento Caamañista-MC y en la izquierda revolucionaria en que militamos, asumimos la irrenunciable solidaridad contra los retrocesos de ultraderecha siempre desde una óptica que favorezca avanzar hacia transformaciones cada vez más radicales. Esto es, en la necesaria batalla de ideas, procuramos influir en dirección de atacar las raíces de los problemas, porque procesos de reformas progresivas que no se profundicen hasta emprender las nuevas revoluciones populares, languidecen y mueren.
A nuestro entender urge superar este prolongado proceso de movimientos pendulares de un progresismo que da pie a la restauración ultraderechista y viceversa, para lograr la transición revolucionaria continúa hacia sociedades justas y solidarias, superadoras del capitalismo decadente; y para conquistar una suma de soberanías nacionales que materialicen el ideal de Patria Grande liberada, socialista de verdad.
Recordando a nuestro inolvidable Orlando Martínez, insistimos en sus palabras plenas de firmeza: ¡Hacia atrás, jamás; ¡hacia adelante, siempre!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.