Opinión
El plan golpista contra Petro: motivos, actores y respuesta
Por Narciso Isa Conde
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
En Colombia, como en muchas partes del continente, el neofascismo político-militar se mezcla con las narco-mafias y sectores de gran capital. Y esas fuerzas pasaron a la ofensiva contra el Gobierno de Gustavo Petro y el partido Colombia Humana.
Los medios de Bogotá dan cuenta de que las redes sociales y la opinión pública nacional e internacional se calentaron en grande por la denuncia del presidente Gustavo Petro respecto a un plan golpista con modalidad institucional y judicialización del presidente.
El pasado 2 de febrero, el jefe de Estado exhortó en un primer comunicado “a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a su denuncia”, la cual da cuenta de una destacada participación del Fiscal General de la República, de filiación ultraderechista, en el plan golpista.
Destacó cómo los juristas que defiende su enjuiciamiento hablan de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido, y no dicen nada de la grave ruptura institucional que implica que la fiscalía investigue al presidente de la república, algo expresamente prohibido por la Constitución colombiana.
A Petro se le acusa de haber recibido dinero del sindicato de maestros para cubrir gastos de la campaña electoral, lo que no tiene nada de ilegal. Incluso la propia fiscalía admite que ni siquiera se empleó en la campaña, sino en los delegados y delegadas en las mesas electorales comprometidos con la defensa del voto, una vez concluida la campaña.
Sin embargo, el presidente colombiano ha denunciado que “se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se le acuse”; destacando que “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo», postulado por el partido Colombia Humana.
Precisó que hechos mucho más graves, “repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero”; agregando que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias «El Neñe» que la del sindicato de maestros.
La contribución de alias «El Neñe» la calificaron como legal, la del sindicato de profesores la califican de ilegal.
El presidente colombiano finalmente explicó las razones del plan golpista de la ultraderecha mafiosa de esta manera:
“Esta ruptura institucional –subrayó – ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes», concluyendo en que «la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana”.
En nuestra opinión está cada vez más claro que el neofascismo mafioso y sus padrinos en la Casa Blanca, la CIA y del Pentágono, han decidido avanzar hacia la ruptura institucional, con una nueva modalidad de golpe de estado sin los militares y oligarcas capitalistas a la vista, pero si manipulando soterradamente todo el tinglado conspirativo con la compañía de EEUU.
Esas fuerzas no aceptan ni siquiera un progresismo democrático-liberal que no se suma a la corruptela y a la narco-política, que impulsa políticas anti-patriarcales, anti-racistas y pro-ambientalistas; pero que lamentablemente rehúye las transformaciones estructurales y evade los necesarios cambios constitucionales, el desmonte del terrorismo de Estado, la disolución del paramilitarismo y el firme combate al neofascismo.
El gobierno de Petro y casi todas las fuerzas que lo apoyan, sin bien no abrazan la estrategia neoliberal, no se inclinan por revertir el proceso privatizador y otros impactos altamente negativas de la misma; y lo que a mi entender es peor: evaden la ruptura con la OTAN, la salida de las bases militares y el rescate pleno de la autodeterminación de Colombia.
Estos son déficits cruciales cuando se habla de cambio, dado que está cada vez más claro que en esta época es ilusorio avanzar hacia la defensa de la vida, la democratización, la nueva independencia y la justicia social, coexistiendo a nivel de Estado con el coloniaje y las nuevas modalidades de fascismo, y aceptando la intervención y tutela militar imperialista.
Rehusarse a enfrentar esa realidad, por demás, ni frena la conspiración golpista ni ataca sus raíces en una época de decadencia agresiva del imperialismo occidental, de fuerte hegemonía a su interior de un conservadurismo brutal, gansterización extrema del capitalismo y auge de nuevas modalidades de fascismo.
· PETRO, MOVILIZACIÓN POPULAR Y SOLIDARIDAD.
En un segundo comunicado publicado el sábado 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro reiteró “que el desespero por la alternancia democrática en la fiscalía general lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación a un partido político por parte de una organización de trabajadores”.
Para el mandatario colombiano lo malo que ve Barbosa en ese hecho, “no lo vio ni con los cheques del narcotraficante alias «El Ñeñe» ni con los cheques de Odebrecht porque entonces los presidentes, esos sí beneficiarios, eran de su círculo político, y uno de ellos lo nominó”.
Es evidente que lo que se está fraguando con todo eso es “un golpe de estado bajo el manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones”.
Pero hay más: en mi opinión, Barbosa es solo un instrumento de todas las derechas que se han solidarizado con él: uribista, conservadora, verde, paramilitar, fascista, empresarial… y de los halcones yanquis y oligarcas que las tutelan y financian.
Y es un instrumento conectado con la narco-economía capitalista, como bien puede derivarse de la propia denuncia del presidente colombiano cuando afirma responsablemente que Barbosa encabeza una “fiscalía podrida, donde se permite el encubrimiento del crimen y el narcotráfico, al punto, que funcionarios bajo el mando del Fiscal General cargan los alijos en los barcos”.
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
Esa modalidad de golpe ha sido puesta en práctica en Nuestra América con respaldo del poder imperialista estadounidense; respaldo que a no pocos gobernantes del llamado progresismo, aquellos que renuncian al antiimperialismo, le cuesta reconocer y, más aún, enfrentar como es debido.
De todas maneras, es muy positivo y merece un buen respaldo que Petro enfatice en que “el mandato popular se respeta”, solicité “transmitir masivamente este mensaje por todas sus redes, emisoras y medios de comunicación populares”, y llame a “alistar jornadas de muy grandes movilizaciones, profundas y contundentes”, para derrotar el golpe.
Vale sí insistir, que además de eso, se requiere pasar de la resistencia defensiva, a la determinación de desmontar ese Estado narco-terrorista y rescatar la autodeterminación de una Colombia intervenida por EEUU (con diez bases militares en su territorio y múltiples mecanismos de control político, económico y militar).
Vale también reiterar la imperiosa necesidad de cambios estructurales y transformaciones que democraticen la sociedad, recuperen soberanía popular y nacional y les den legitimidad a los cambios. Porque el estancamiento frustra y reduce apoyo popular, lo que pudo evidenciarse en las recientes elecciones municipales colombianas, lección que no se debe evadir.
El momento colombiano emplaza a todas las izquierdas reales de ese país y del continente, a las izquierdas realmente revolucionarias, a responder a la contraofensiva imperialista ultraderechista con la profundidad y contundencia que ameritan situaciones tan peligrosas
Nosotros/as en el Movimiento Caamañista-MC y en la izquierda revolucionaria en que militamos, asumimos la irrenunciable solidaridad contra los retrocesos de ultraderecha siempre desde una óptica que favorezca avanzar hacia transformaciones cada vez más radicales. Esto es, en la necesaria batalla de ideas, procuramos influir en dirección de atacar las raíces de los problemas, porque procesos de reformas progresivas que no se profundicen hasta emprender las nuevas revoluciones populares, languidecen y mueren.
A nuestro entender urge superar este prolongado proceso de movimientos pendulares de un progresismo que da pie a la restauración ultraderechista y viceversa, para lograr la transición revolucionaria continúa hacia sociedades justas y solidarias, superadoras del capitalismo decadente; y para conquistar una suma de soberanías nacionales que materialicen el ideal de Patria Grande liberada, socialista de verdad.
Recordando a nuestro inolvidable Orlando Martínez, insistimos en sus palabras plenas de firmeza: ¡Hacia atrás, jamás; ¡hacia adelante, siempre!
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.