Opinión
El plan golpista contra Petro: motivos, actores y respuesta
Por Narciso Isa Conde
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
En Colombia, como en muchas partes del continente, el neofascismo político-militar se mezcla con las narco-mafias y sectores de gran capital. Y esas fuerzas pasaron a la ofensiva contra el Gobierno de Gustavo Petro y el partido Colombia Humana.
Los medios de Bogotá dan cuenta de que las redes sociales y la opinión pública nacional e internacional se calentaron en grande por la denuncia del presidente Gustavo Petro respecto a un plan golpista con modalidad institucional y judicialización del presidente.
El pasado 2 de febrero, el jefe de Estado exhortó en un primer comunicado “a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a su denuncia”, la cual da cuenta de una destacada participación del Fiscal General de la República, de filiación ultraderechista, en el plan golpista.
Destacó cómo los juristas que defiende su enjuiciamiento hablan de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido, y no dicen nada de la grave ruptura institucional que implica que la fiscalía investigue al presidente de la república, algo expresamente prohibido por la Constitución colombiana.
A Petro se le acusa de haber recibido dinero del sindicato de maestros para cubrir gastos de la campaña electoral, lo que no tiene nada de ilegal. Incluso la propia fiscalía admite que ni siquiera se empleó en la campaña, sino en los delegados y delegadas en las mesas electorales comprometidos con la defensa del voto, una vez concluida la campaña.
Sin embargo, el presidente colombiano ha denunciado que “se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se le acuse”; destacando que “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo», postulado por el partido Colombia Humana.
Precisó que hechos mucho más graves, “repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero”; agregando que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias «El Neñe» que la del sindicato de maestros.
La contribución de alias «El Neñe» la calificaron como legal, la del sindicato de profesores la califican de ilegal.
El presidente colombiano finalmente explicó las razones del plan golpista de la ultraderecha mafiosa de esta manera:
“Esta ruptura institucional –subrayó – ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes», concluyendo en que «la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana”.
En nuestra opinión está cada vez más claro que el neofascismo mafioso y sus padrinos en la Casa Blanca, la CIA y del Pentágono, han decidido avanzar hacia la ruptura institucional, con una nueva modalidad de golpe de estado sin los militares y oligarcas capitalistas a la vista, pero si manipulando soterradamente todo el tinglado conspirativo con la compañía de EEUU.
Esas fuerzas no aceptan ni siquiera un progresismo democrático-liberal que no se suma a la corruptela y a la narco-política, que impulsa políticas anti-patriarcales, anti-racistas y pro-ambientalistas; pero que lamentablemente rehúye las transformaciones estructurales y evade los necesarios cambios constitucionales, el desmonte del terrorismo de Estado, la disolución del paramilitarismo y el firme combate al neofascismo.
El gobierno de Petro y casi todas las fuerzas que lo apoyan, sin bien no abrazan la estrategia neoliberal, no se inclinan por revertir el proceso privatizador y otros impactos altamente negativas de la misma; y lo que a mi entender es peor: evaden la ruptura con la OTAN, la salida de las bases militares y el rescate pleno de la autodeterminación de Colombia.
Estos son déficits cruciales cuando se habla de cambio, dado que está cada vez más claro que en esta época es ilusorio avanzar hacia la defensa de la vida, la democratización, la nueva independencia y la justicia social, coexistiendo a nivel de Estado con el coloniaje y las nuevas modalidades de fascismo, y aceptando la intervención y tutela militar imperialista.
Rehusarse a enfrentar esa realidad, por demás, ni frena la conspiración golpista ni ataca sus raíces en una época de decadencia agresiva del imperialismo occidental, de fuerte hegemonía a su interior de un conservadurismo brutal, gansterización extrema del capitalismo y auge de nuevas modalidades de fascismo.
· PETRO, MOVILIZACIÓN POPULAR Y SOLIDARIDAD.
En un segundo comunicado publicado el sábado 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro reiteró “que el desespero por la alternancia democrática en la fiscalía general lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación a un partido político por parte de una organización de trabajadores”.
Para el mandatario colombiano lo malo que ve Barbosa en ese hecho, “no lo vio ni con los cheques del narcotraficante alias «El Ñeñe» ni con los cheques de Odebrecht porque entonces los presidentes, esos sí beneficiarios, eran de su círculo político, y uno de ellos lo nominó”.
Es evidente que lo que se está fraguando con todo eso es “un golpe de estado bajo el manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones”.
Pero hay más: en mi opinión, Barbosa es solo un instrumento de todas las derechas que se han solidarizado con él: uribista, conservadora, verde, paramilitar, fascista, empresarial… y de los halcones yanquis y oligarcas que las tutelan y financian.
Y es un instrumento conectado con la narco-economía capitalista, como bien puede derivarse de la propia denuncia del presidente colombiano cuando afirma responsablemente que Barbosa encabeza una “fiscalía podrida, donde se permite el encubrimiento del crimen y el narcotráfico, al punto, que funcionarios bajo el mando del Fiscal General cargan los alijos en los barcos”.
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
Esa modalidad de golpe ha sido puesta en práctica en Nuestra América con respaldo del poder imperialista estadounidense; respaldo que a no pocos gobernantes del llamado progresismo, aquellos que renuncian al antiimperialismo, le cuesta reconocer y, más aún, enfrentar como es debido.
De todas maneras, es muy positivo y merece un buen respaldo que Petro enfatice en que “el mandato popular se respeta”, solicité “transmitir masivamente este mensaje por todas sus redes, emisoras y medios de comunicación populares”, y llame a “alistar jornadas de muy grandes movilizaciones, profundas y contundentes”, para derrotar el golpe.
Vale sí insistir, que además de eso, se requiere pasar de la resistencia defensiva, a la determinación de desmontar ese Estado narco-terrorista y rescatar la autodeterminación de una Colombia intervenida por EEUU (con diez bases militares en su territorio y múltiples mecanismos de control político, económico y militar).
Vale también reiterar la imperiosa necesidad de cambios estructurales y transformaciones que democraticen la sociedad, recuperen soberanía popular y nacional y les den legitimidad a los cambios. Porque el estancamiento frustra y reduce apoyo popular, lo que pudo evidenciarse en las recientes elecciones municipales colombianas, lección que no se debe evadir.
El momento colombiano emplaza a todas las izquierdas reales de ese país y del continente, a las izquierdas realmente revolucionarias, a responder a la contraofensiva imperialista ultraderechista con la profundidad y contundencia que ameritan situaciones tan peligrosas
Nosotros/as en el Movimiento Caamañista-MC y en la izquierda revolucionaria en que militamos, asumimos la irrenunciable solidaridad contra los retrocesos de ultraderecha siempre desde una óptica que favorezca avanzar hacia transformaciones cada vez más radicales. Esto es, en la necesaria batalla de ideas, procuramos influir en dirección de atacar las raíces de los problemas, porque procesos de reformas progresivas que no se profundicen hasta emprender las nuevas revoluciones populares, languidecen y mueren.
A nuestro entender urge superar este prolongado proceso de movimientos pendulares de un progresismo que da pie a la restauración ultraderechista y viceversa, para lograr la transición revolucionaria continúa hacia sociedades justas y solidarias, superadoras del capitalismo decadente; y para conquistar una suma de soberanías nacionales que materialicen el ideal de Patria Grande liberada, socialista de verdad.
Recordando a nuestro inolvidable Orlando Martínez, insistimos en sus palabras plenas de firmeza: ¡Hacia atrás, jamás; ¡hacia adelante, siempre!
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!