Opinión
El plan golpista contra Petro: motivos, actores y respuesta
Por Narciso Isa Conde
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
En Colombia, como en muchas partes del continente, el neofascismo político-militar se mezcla con las narco-mafias y sectores de gran capital. Y esas fuerzas pasaron a la ofensiva contra el Gobierno de Gustavo Petro y el partido Colombia Humana.
Los medios de Bogotá dan cuenta de que las redes sociales y la opinión pública nacional e internacional se calentaron en grande por la denuncia del presidente Gustavo Petro respecto a un plan golpista con modalidad institucional y judicialización del presidente.
El pasado 2 de febrero, el jefe de Estado exhortó en un primer comunicado “a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a su denuncia”, la cual da cuenta de una destacada participación del Fiscal General de la República, de filiación ultraderechista, en el plan golpista.
Destacó cómo los juristas que defiende su enjuiciamiento hablan de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido, y no dicen nada de la grave ruptura institucional que implica que la fiscalía investigue al presidente de la república, algo expresamente prohibido por la Constitución colombiana.
A Petro se le acusa de haber recibido dinero del sindicato de maestros para cubrir gastos de la campaña electoral, lo que no tiene nada de ilegal. Incluso la propia fiscalía admite que ni siquiera se empleó en la campaña, sino en los delegados y delegadas en las mesas electorales comprometidos con la defensa del voto, una vez concluida la campaña.
Sin embargo, el presidente colombiano ha denunciado que “se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se le acuse”; destacando que “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo», postulado por el partido Colombia Humana.
Precisó que hechos mucho más graves, “repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero”; agregando que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias «El Neñe» que la del sindicato de maestros.
La contribución de alias «El Neñe» la calificaron como legal, la del sindicato de profesores la califican de ilegal.
El presidente colombiano finalmente explicó las razones del plan golpista de la ultraderecha mafiosa de esta manera:
“Esta ruptura institucional –subrayó – ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes», concluyendo en que «la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana”.
En nuestra opinión está cada vez más claro que el neofascismo mafioso y sus padrinos en la Casa Blanca, la CIA y del Pentágono, han decidido avanzar hacia la ruptura institucional, con una nueva modalidad de golpe de estado sin los militares y oligarcas capitalistas a la vista, pero si manipulando soterradamente todo el tinglado conspirativo con la compañía de EEUU.
Esas fuerzas no aceptan ni siquiera un progresismo democrático-liberal que no se suma a la corruptela y a la narco-política, que impulsa políticas anti-patriarcales, anti-racistas y pro-ambientalistas; pero que lamentablemente rehúye las transformaciones estructurales y evade los necesarios cambios constitucionales, el desmonte del terrorismo de Estado, la disolución del paramilitarismo y el firme combate al neofascismo.
El gobierno de Petro y casi todas las fuerzas que lo apoyan, sin bien no abrazan la estrategia neoliberal, no se inclinan por revertir el proceso privatizador y otros impactos altamente negativas de la misma; y lo que a mi entender es peor: evaden la ruptura con la OTAN, la salida de las bases militares y el rescate pleno de la autodeterminación de Colombia.
Estos son déficits cruciales cuando se habla de cambio, dado que está cada vez más claro que en esta época es ilusorio avanzar hacia la defensa de la vida, la democratización, la nueva independencia y la justicia social, coexistiendo a nivel de Estado con el coloniaje y las nuevas modalidades de fascismo, y aceptando la intervención y tutela militar imperialista.
Rehusarse a enfrentar esa realidad, por demás, ni frena la conspiración golpista ni ataca sus raíces en una época de decadencia agresiva del imperialismo occidental, de fuerte hegemonía a su interior de un conservadurismo brutal, gansterización extrema del capitalismo y auge de nuevas modalidades de fascismo.
· PETRO, MOVILIZACIÓN POPULAR Y SOLIDARIDAD.
En un segundo comunicado publicado el sábado 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro reiteró “que el desespero por la alternancia democrática en la fiscalía general lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación a un partido político por parte de una organización de trabajadores”.
Para el mandatario colombiano lo malo que ve Barbosa en ese hecho, “no lo vio ni con los cheques del narcotraficante alias «El Ñeñe» ni con los cheques de Odebrecht porque entonces los presidentes, esos sí beneficiarios, eran de su círculo político, y uno de ellos lo nominó”.
Es evidente que lo que se está fraguando con todo eso es “un golpe de estado bajo el manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones”.
Pero hay más: en mi opinión, Barbosa es solo un instrumento de todas las derechas que se han solidarizado con él: uribista, conservadora, verde, paramilitar, fascista, empresarial… y de los halcones yanquis y oligarcas que las tutelan y financian.
Y es un instrumento conectado con la narco-economía capitalista, como bien puede derivarse de la propia denuncia del presidente colombiano cuando afirma responsablemente que Barbosa encabeza una “fiscalía podrida, donde se permite el encubrimiento del crimen y el narcotráfico, al punto, que funcionarios bajo el mando del Fiscal General cargan los alijos en los barcos”.
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
Esa modalidad de golpe ha sido puesta en práctica en Nuestra América con respaldo del poder imperialista estadounidense; respaldo que a no pocos gobernantes del llamado progresismo, aquellos que renuncian al antiimperialismo, le cuesta reconocer y, más aún, enfrentar como es debido.
De todas maneras, es muy positivo y merece un buen respaldo que Petro enfatice en que “el mandato popular se respeta”, solicité “transmitir masivamente este mensaje por todas sus redes, emisoras y medios de comunicación populares”, y llame a “alistar jornadas de muy grandes movilizaciones, profundas y contundentes”, para derrotar el golpe.
Vale sí insistir, que además de eso, se requiere pasar de la resistencia defensiva, a la determinación de desmontar ese Estado narco-terrorista y rescatar la autodeterminación de una Colombia intervenida por EEUU (con diez bases militares en su territorio y múltiples mecanismos de control político, económico y militar).
Vale también reiterar la imperiosa necesidad de cambios estructurales y transformaciones que democraticen la sociedad, recuperen soberanía popular y nacional y les den legitimidad a los cambios. Porque el estancamiento frustra y reduce apoyo popular, lo que pudo evidenciarse en las recientes elecciones municipales colombianas, lección que no se debe evadir.
El momento colombiano emplaza a todas las izquierdas reales de ese país y del continente, a las izquierdas realmente revolucionarias, a responder a la contraofensiva imperialista ultraderechista con la profundidad y contundencia que ameritan situaciones tan peligrosas
Nosotros/as en el Movimiento Caamañista-MC y en la izquierda revolucionaria en que militamos, asumimos la irrenunciable solidaridad contra los retrocesos de ultraderecha siempre desde una óptica que favorezca avanzar hacia transformaciones cada vez más radicales. Esto es, en la necesaria batalla de ideas, procuramos influir en dirección de atacar las raíces de los problemas, porque procesos de reformas progresivas que no se profundicen hasta emprender las nuevas revoluciones populares, languidecen y mueren.
A nuestro entender urge superar este prolongado proceso de movimientos pendulares de un progresismo que da pie a la restauración ultraderechista y viceversa, para lograr la transición revolucionaria continúa hacia sociedades justas y solidarias, superadoras del capitalismo decadente; y para conquistar una suma de soberanías nacionales que materialicen el ideal de Patria Grande liberada, socialista de verdad.
Recordando a nuestro inolvidable Orlando Martínez, insistimos en sus palabras plenas de firmeza: ¡Hacia atrás, jamás; ¡hacia adelante, siempre!
Por Rommel Santos Díaz
El crimen organizado en torno al narcotráfico y la corrupción transnacional se ha convertido en un problema de primer orden para la región latinoamericana y del Caribe, aumentando la violencia y el conflicto que se constituyen en un serio obstáculo para el desarrollo y avance de los países de la región.
El rápido empeoramiento de la situación en los últimos años afecta gravemente a varios de los países de la región, constituyendo una amenaza concreta a la democracia y a los derechos humanos de la población latinoamericana y caribeña.
Es de conocimiento general que las organizaciones criminales han extendido sus estructuras y actividades más allá de los límites de cada país de la región, regionalización y globalización, razones por las cuales las respuestas nacionales resultan necesarias pero son insuficientes actualmente.
El carácter transnacional del crimen organizado en el siglo XXI hace imprescindible y perentorio el desarrollo de instrumentos jurídicos de cooperación internacional y de instituciones basadas en la integración regional que actúen complementariamente en apoyo de las fuerzas de seguridad y las justicias nacionales.
Se hace necesario y urgente que los estados nacionales signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos complementarios hagan efectivo el compromiso asumido antes sus propios ciudadanos y la comunidad internacional de combatir el crimen transnacional organizado.
Po todas las razones expuestas anteriormente se justifica la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado, de carácter complementario de las justicias nacionales y dedicada a la desarticulación de las cúpulas criminales que incurran en alguno de los delitos previstos por la Convención de Palermo y sus Protocolos.
Los estados de la región deben comprometerse a llevar a cabo todas las acciones posibles para apoyar esta iniciativa, comenzando por la convocatoria a la participación de los gobiernos de la región y por la aprobación de resoluciones parlamentarias de apoyo en cada uno de los países de latinoamérica y el Caribe.
Finalmente, hacer un llamado a los parlamentarios de la República Dominicana, a los fines de que se pronuncien mediante la aprobación de resoluciones de apoyo a la creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe Contra el Crimen Transnacional Organizado.
(tercera parte)
Por Oscar López Reyes
Ser homosexual se ramifica como una tragedia personal y familiar torturante, y basta hacer referencia de un niño que le preguntaba a su madre, bajo llanto, ¿por qué salí así?, y la progenitora le respondía en forma salomónica, mientras a los cercanos ella les decía que no podía matar a su hijo. Otro jovencito de esa preferencia convulsionó en mi presencia, y cuando superó esa impactante crisis lo encaminé -sin deseo yo de comer ese día- hasta el especializado Instituto de la Familia, para un tratamiento en dos vertientes.
El tercer drama: El niño que se quejó de su talante, creció y se declaró homosexual, con el sobrenombre de Salvadora; instaló una sastrería, paseó en horas de la noche, a mediados de 1965, por calles del sector Villa Estela de Barahona junto a sus pares Bebejo y Tony, en una exhibición con recepción de aplausos y bufonadas con la lengua.
Los tres fueron los primeros en salir del clóset en esa ciudad. Después que sus dos compañeros de trajinar fallecieron y, cansado del rechazo social, Salvadora se convirtió a evangélico, y decidió vivir en el cementerio. Vecinos y amigos me ratifican que, desde ese momento, abandonó sus conocidas andanzas. Murió en el 2011, y fue sepultado en otro camposanto.
Cuarta tragedia sumatoria: La muerte a puñaladas -por extraviadas pasiones sentimentales y engaños monetarios en “sexo servicio”- de seis miembros de la comunicación, en Santo Domingo y Santiago:
1.- El director, guionista de cine y productor de televisión Jean Luis Jorge, acuchillado mortalmente el 13 de marzo de 2000, en su apartamento.
2.- El relacionista, articulista de diarios y catedrático Víctor Gulías, victimado de 32 puñaladas el 28 de marzo de 2007, en su apartamento.
3.- El productor televisivo Miguel Bretón Mieses (Micky Bretón), ultimado de varias estocadas el 4 de noviembre de 2009, en un motel.
4.- El gerente de ventas de El Nacional, William Cordero Acevedo, encontrado en ropa interior, en un charco de sangre, el 24 de enero de 2012, en su apartamento.
5.- El presentador de noticias Claudio Nasco, fallecido violentamente el 13 de diciembre de 2013, en una cabaña. A propósito de ese asesinato, el diseñador de “Los grandes espectáculos”, Jorge David Pérez (Jorge Diep, finado el 28 de octubre de 2018) reveló en un tribunal que desde que optó seguir a Cristo se retiró de la homosexualidad.
6.- El coreógrafo y maquillista Víctor Daniel Erarte (Vitico), ahorcado con saña el 30 de octubre de 2022, en su residencia de Santiago.
Cual que sea la clasificación de la comunidad LGBTQI+: Lesbiana, Gais, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual o Pansexual, o tratase de una raíz epigenética o la predilección de género o identidad, ese engendro se empotra con barullo en el individuo, lo domina en la absoluta perdición y lo rinde en sus deseos sin límites, acatando la voluntad del atraído, en una triste y alarmante vulnerabilidad lujuriosa.
Ese desenfreno -fogoso y anárquico – sin techo en su accionar particular y comunitario, que arruina la moral pública, echa sus pétalos en el cerebro y, conforme a investigaciones científicas, abruma en variadas estructurales del hipotálamo vinculadas con el sexo biológico y la orientación sexual. Estas matizan que el tamaño y el número de células de núcleos hipotalámicos son desiguales entre hombres homosexuales y heterosexuales.
Según esos estudios, la diferenciación hipotalámica posnacimiento (“desarrollo biológico en el que las células madres se convierten en neuronas para regular el sueño, el hambre, la sed, la temperatura y el equilibrio hormonal” en unión de componentes ambientales y psicosociales pueden tener una profunda influencia en la determinación sexual del cerebro. Y puntualizan que, en una muestra de cerebros de hombres homosexuales, se localiza una zona del hipotálamo, llamada Núcleo Supraquiasmático (NSQ) –el marcapasos o reloj del cerebro- que contiene el doble de células que el NSQ de un grupo heterosexual.
Psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental concuerdan en que la homosexualidad no es una enfermedad mental, ni una cuestión emocional, causado, en la homosexualidad de los varones, por una predisposición innata, coaligada esencialmente con “las variantes genéticas del receptor de andrógenos ubicadas en el cromosoma X”.
Deriva en acoso sexual, vestirse de mujer, violar a niños, abandonar la Iglesia, casarse con una persona del mismo sexo, sufrir depresión con intentos suicidas, consumir bebidas alcohólicas y drogas y, en tenebrosos celos y odios irracionales, son ahorcados y degollados con objetos punzantes en matorrales, residencias, moteles, calles y otros territorios. Ese ejercicio está tipificado, igual que la prostitución, de alto riesgo, por su exposición al salvajismo corporal, a contagio de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS/VIH) y otras contraídas por el contacto carnal, así como la estigmatización y marginalización social.
¡Qué horizonte más lastimero y compasivo! Obliga, incuestionablemente, al auxilio en endocrinología, psiquiatría, psicología, urología, ginecología, genética y otras especialidades de la salud, conforme a las normas internacionales. En psiquiatría, sí, aunque el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya excluido la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales.
Levantando o no la bandera arcoíris, son incontables las personas -unos pertenecen a los movimientos de exgais (sostienen que ya no los son) y otros al de los ex-ex gais (se retiraron y regresaron), que se han esforzado para variar su orientación sexual. Han acudido a terapias de beber agua bendita, a los rezos de plegarias, a la hipnosis, el exorcismo y a los antidepresivos.
Indistintamente, han apelado a la administración de hormonas, a las terapias por conversión o reparativa, el choque farmacológico, el análisis aplicado de conducta, el tratamiento por electrochoque, terapia grupal, psicoanálisis, terapia Afirmativa LGBTIQ+ y de contexto específico.
Además de las terapias pseudocientíficas e ilegales buscando curar a homosexuales, también han sobresalido tratamientos quirúrgicos, como la vasectomía, la histerectomía, la castración, la cirugía del nervio pudendo, la ablación de clítoris, la ooforectomía y la lobotomía.
El consenso médico aclara que no existe evidencia experimental de que esos tratamientos, que todavía están en uso, sean efectivos para cambiar la orientación sexual, pero sí que son fraudes crueles, degradantes, dañinos y peligrosos en cuanto a que provocan percances psicológicos, espirituales, relacionales, económicos, profesionales o laborales, físicos y sexuales. Estos métodos han sido calificados como “charlatanería”, porque están prohibidos y se apartan de los sistemas éticos de salud mental.
Los métodos y técnicas empleados, y confrontados en una cosa y la otra, persiguiendo el fin preconcebido, igualmente han sido útiles para crear 6 sistemas lógicos y deductivos sobre la homosexualidad: 1) Teorías psicodinámicas, 2) Postulado del determinismo biológico y sanación genética, 3) Inferencias endocrinólogas, 4) Observaciones neurobiológicas, 5) Principios de diversidad biológica y disidencia sexual, y 6) Teoría de la homosexualidad en otras especies.
Una buena psicoterapia y la Biblia son aproximativas para surcar en ese pantano. Las descripciones precedentes invitan a preparar profesionales enfocados en el acompañamiento y la más apropiada y efectiva asistencia sanitaria de los integrantes de esa población endeble, para cuya gestión han sido fundadas numerosas instituciones y grupos delineados.
¿Cuáles? La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), la Asociación Mundial para la Salud Transgénero, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED), la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación de Psiquiatras Gays y Lesbianas (ahora Asociación de Psiquiatras LGTBQ), Human Rights Watch, la Unesco, el Fondo Mama Cash, QuRight Action Internacional y el Fondo para la Igualdad Global.
¿Y en República Dominicana? Operan la estatal Conavihsida y las privadas Trans Siempre Amigos (Transsa), el Voluntariado GLBT Dominicano, el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (Odhpt), el Centro de Orientación e Investigación Integral (Coin) y otras entidades. Ahorita, ¿surgirá en RD un equipo de psiquiatras para explorar, como respuesta facultativa, las vivencias, la ansiedad, la depresión y otras patologías mentales del Colectivo LGBTQI+?
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El autor: expresidente Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), vicepresidente de Asoc. Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD), presidente Asoc. de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) y columnista de decenas de digitales.
Por Isaías Ramos
Febrero no es un mes cualquiera.
Febrero es memoria.
Es advertencia.
Es juramento.
En febrero, el pueblo dominicano dejó de obedecer manos opresoras y decidió ser dueño de su destino. No fue un gesto romántico: fue coraje frente al abuso, la expoliación y el desprecio por la dignidad humana. Por eso febrero no se celebra; febrero se honra. Honrarlo no es repetir consignas: es recordar que la independencia no fue un evento del pasado, sino una tarea permanente.
Hoy, al iniciar este Mes de la Patria, emerge una verdad incómoda: la dominación ya no llega con fusiles, sino con contratos; no con ejércitos, sino con estructuras que llaman “modernización”; no con cadenas visibles, sino con legalidades que pueden despojar cuando faltan control democrático y transparencia.
En días recientes, el país ha presenciado dos movimientos presidenciales que muchos interpretan como aislados, pero que revelan una misma lógica: el control de lo estratégico envuelto en lenguaje técnico que, si no se fiscaliza, sustituye soberanía ciudadana por opacidad.
Por un lado, se anunció la readecuación de la OPRET en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y el fortalecimiento de la ETED bajo “autonomía técnica” y “gobernanza corporativa” (Decretos 55-26 y 60-26, 30 de enero de 2026). Por otro, el Presidente eleva el tono contra AERODOM y advierte sometimientos judiciales si no se construye una nueva terminal. En apariencia, modernización de un lado y defensa del interés nacional del otro. En la práctica, activos estratégicos, contratos y poder.
Pero la Patria exige memoria, no espectáculo.
Conviene recordar lo esencial: en 2023, este Gobierno extendió por 30 años la concesión de AERODOM, del 2030 al 2060, siete años antes del vencimiento original. Decisiones que amarran al país por décadas exigen prudencia democrática, transparencia y control ciudadano. Es legítimo preguntar por qué adelantar una negociación de tan largo alcance y por qué no abrir un debate nacional amplio que blindara el interés público.
Nadie puede erigirse en justiciero de un contrato que su propio Gobierno extendió y aprobó por décadas sin explicar qué se pactó, qué obligaciones rigen y qué sanciones las garantizan. La coherencia institucional no se demuestra con amenazas: se demuestra con transparencia y rendición de cuentas verificables.
Si el Presidente aspira a autoridad moral, hay dos pruebas simples: publicar el estado del pago de la multa de cinco millones de dólares impuesta a AERODOM (con comprobantes o, si no se ha pagado, plazos y razones) y poner a disposición pública, accesible y centralizada, el contrato renovado y sus anexos. La Patria no se defiende con gestos: se defiende con documentos.
Mientras la atención pública se concentra en titulares, avanza lo verdaderamente estructural.
La conversión de la OPRET en empresa operadora, la delimitación de funciones con el fideicomiso del transporte masivo y la redefinición de la ETED no son simples ajustes administrativos: rediseñan el Estado. Modernizar puede ser necesario. Pero si se reduce el control democrático, se debilita la fiscalización y se encierra lo público en arquitecturas opacas, se abre la puerta a la captura.
El riesgo se repite: el Estado asume costos; lo rentable se vuelve concesionable; el ciudadano pasa de titular de derechos a cliente; y los servicios esenciales se convierten en plataformas de rentas, con poca claridad sobre quién decide, quién gana y quién paga.
Esto no es un error aislado. Es una visión de Estado: pérdidas socializadas, ganancias privatizadas; riesgo ciudadano, beneficio concentrado; control democrático debilitado y opacidad creciente. Es la nueva ingeniería de la dominación: elegante, legal y silenciosa. No oprime de golpe; desgasta hasta que el pueblo se acostumbra a perder.
Este modelo no es abstracto. Cuando se alinean decisiones estratégicas, contratos de largo plazo y estructuras opacas, se crean incentivos para capturar rentas y control sin debate público suficiente ni contrapesos eficaces. Y cuando el poder político y económico opera sin control democrático real, el resultado rara vez es desarrollo inclusivo.
Como ciudadanos y sujetos morales, esta responsabilidad no se delega. La libertad no se preserva sola: se defiende. Y defenderla hoy no exige odio ni caos, sino exigencia cívica sostenida. Comprender es actuar.
Desde hace años, el Foro y Frente Cívico y Social advierte que 2026 es un año clave: el punto en que este modelo puede consolidarse si la ciudadanía no exige controles y transparencia reales. El riesgo es que una minoría se quede con “el santo y la limosna”, mientras la mayoría pierde Estado, instituciones y patria como casa común.
Por eso febrero es advertencia. Porque febrero recuerda que la historia cambia cuando la conciencia se organiza.
Todavía estamos a tiempo de impedir que el Estado sea reducido a empresa y la Patria a negocio; de exigir orden con justicia, desarrollo con igualdad y progreso con dignidad; y de recordar que el Estado Social y Democrático de Derecho no es un lema, sino un mandato constitucional.
Este momento exige valentía moral y disciplina cívica. Exige contratos públicos, explicaciones claras, auditoría real y veeduría social activa. Exige, en suma, vencer convenciendo: con argumentos, verdad y memoria histórica.
Porque cuando la Patria se convierte en negocio, el silencio del pueblo se vuelve complicidad. Y la historia no absuelve a quienes, pudiendo defenderla, eligieron mirar hacia otro lado.
Despierta RD!