Opinión
El plan golpista contra Petro: motivos, actores y respuesta
Por Narciso Isa Conde
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
En Colombia, como en muchas partes del continente, el neofascismo político-militar se mezcla con las narco-mafias y sectores de gran capital. Y esas fuerzas pasaron a la ofensiva contra el Gobierno de Gustavo Petro y el partido Colombia Humana.
Los medios de Bogotá dan cuenta de que las redes sociales y la opinión pública nacional e internacional se calentaron en grande por la denuncia del presidente Gustavo Petro respecto a un plan golpista con modalidad institucional y judicialización del presidente.
El pasado 2 de febrero, el jefe de Estado exhortó en un primer comunicado “a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a su denuncia”, la cual da cuenta de una destacada participación del Fiscal General de la República, de filiación ultraderechista, en el plan golpista.
Destacó cómo los juristas que defiende su enjuiciamiento hablan de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido, y no dicen nada de la grave ruptura institucional que implica que la fiscalía investigue al presidente de la república, algo expresamente prohibido por la Constitución colombiana.
A Petro se le acusa de haber recibido dinero del sindicato de maestros para cubrir gastos de la campaña electoral, lo que no tiene nada de ilegal. Incluso la propia fiscalía admite que ni siquiera se empleó en la campaña, sino en los delegados y delegadas en las mesas electorales comprometidos con la defensa del voto, una vez concluida la campaña.
Sin embargo, el presidente colombiano ha denunciado que “se han allanado sindicatos, se ha torturado y se han usado presiones sobre testigos para que se le acuse”; destacando que “sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo», postulado por el partido Colombia Humana.
Precisó que hechos mucho más graves, “repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero”; agregando que “no es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias «El Neñe» que la del sindicato de maestros.
La contribución de alias «El Neñe» la calificaron como legal, la del sindicato de profesores la califican de ilegal.
El presidente colombiano finalmente explicó las razones del plan golpista de la ultraderecha mafiosa de esta manera:
“Esta ruptura institucional –subrayó – ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes», concluyendo en que «la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana”.
En nuestra opinión está cada vez más claro que el neofascismo mafioso y sus padrinos en la Casa Blanca, la CIA y del Pentágono, han decidido avanzar hacia la ruptura institucional, con una nueva modalidad de golpe de estado sin los militares y oligarcas capitalistas a la vista, pero si manipulando soterradamente todo el tinglado conspirativo con la compañía de EEUU.
Esas fuerzas no aceptan ni siquiera un progresismo democrático-liberal que no se suma a la corruptela y a la narco-política, que impulsa políticas anti-patriarcales, anti-racistas y pro-ambientalistas; pero que lamentablemente rehúye las transformaciones estructurales y evade los necesarios cambios constitucionales, el desmonte del terrorismo de Estado, la disolución del paramilitarismo y el firme combate al neofascismo.
El gobierno de Petro y casi todas las fuerzas que lo apoyan, sin bien no abrazan la estrategia neoliberal, no se inclinan por revertir el proceso privatizador y otros impactos altamente negativas de la misma; y lo que a mi entender es peor: evaden la ruptura con la OTAN, la salida de las bases militares y el rescate pleno de la autodeterminación de Colombia.
Estos son déficits cruciales cuando se habla de cambio, dado que está cada vez más claro que en esta época es ilusorio avanzar hacia la defensa de la vida, la democratización, la nueva independencia y la justicia social, coexistiendo a nivel de Estado con el coloniaje y las nuevas modalidades de fascismo, y aceptando la intervención y tutela militar imperialista.
Rehusarse a enfrentar esa realidad, por demás, ni frena la conspiración golpista ni ataca sus raíces en una época de decadencia agresiva del imperialismo occidental, de fuerte hegemonía a su interior de un conservadurismo brutal, gansterización extrema del capitalismo y auge de nuevas modalidades de fascismo.
· PETRO, MOVILIZACIÓN POPULAR Y SOLIDARIDAD.
En un segundo comunicado publicado el sábado 3 de febrero, el presidente Gustavo Petro reiteró “que el desespero por la alternancia democrática en la fiscalía general lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores por un hecho legal que se hace en la mayoría de países del mundo, la donación a un partido político por parte de una organización de trabajadores”.
Para el mandatario colombiano lo malo que ve Barbosa en ese hecho, “no lo vio ni con los cheques del narcotraficante alias «El Ñeñe» ni con los cheques de Odebrecht porque entonces los presidentes, esos sí beneficiarios, eran de su círculo político, y uno de ellos lo nominó”.
Es evidente que lo que se está fraguando con todo eso es “un golpe de estado bajo el manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones”.
Pero hay más: en mi opinión, Barbosa es solo un instrumento de todas las derechas que se han solidarizado con él: uribista, conservadora, verde, paramilitar, fascista, empresarial… y de los halcones yanquis y oligarcas que las tutelan y financian.
Y es un instrumento conectado con la narco-economía capitalista, como bien puede derivarse de la propia denuncia del presidente colombiano cuando afirma responsablemente que Barbosa encabeza una “fiscalía podrida, donde se permite el encubrimiento del crimen y el narcotráfico, al punto, que funcionarios bajo el mando del Fiscal General cargan los alijos en los barcos”.
Para hacer lo que está haciendo el Fiscal General, con una buena ayuda de la bancada uribista y del expresidente Pastrana, hay que contar con padrinos muy poderosos.
Esa modalidad de golpe ha sido puesta en práctica en Nuestra América con respaldo del poder imperialista estadounidense; respaldo que a no pocos gobernantes del llamado progresismo, aquellos que renuncian al antiimperialismo, le cuesta reconocer y, más aún, enfrentar como es debido.
De todas maneras, es muy positivo y merece un buen respaldo que Petro enfatice en que “el mandato popular se respeta”, solicité “transmitir masivamente este mensaje por todas sus redes, emisoras y medios de comunicación populares”, y llame a “alistar jornadas de muy grandes movilizaciones, profundas y contundentes”, para derrotar el golpe.
Vale sí insistir, que además de eso, se requiere pasar de la resistencia defensiva, a la determinación de desmontar ese Estado narco-terrorista y rescatar la autodeterminación de una Colombia intervenida por EEUU (con diez bases militares en su territorio y múltiples mecanismos de control político, económico y militar).
Vale también reiterar la imperiosa necesidad de cambios estructurales y transformaciones que democraticen la sociedad, recuperen soberanía popular y nacional y les den legitimidad a los cambios. Porque el estancamiento frustra y reduce apoyo popular, lo que pudo evidenciarse en las recientes elecciones municipales colombianas, lección que no se debe evadir.
El momento colombiano emplaza a todas las izquierdas reales de ese país y del continente, a las izquierdas realmente revolucionarias, a responder a la contraofensiva imperialista ultraderechista con la profundidad y contundencia que ameritan situaciones tan peligrosas
Nosotros/as en el Movimiento Caamañista-MC y en la izquierda revolucionaria en que militamos, asumimos la irrenunciable solidaridad contra los retrocesos de ultraderecha siempre desde una óptica que favorezca avanzar hacia transformaciones cada vez más radicales. Esto es, en la necesaria batalla de ideas, procuramos influir en dirección de atacar las raíces de los problemas, porque procesos de reformas progresivas que no se profundicen hasta emprender las nuevas revoluciones populares, languidecen y mueren.
A nuestro entender urge superar este prolongado proceso de movimientos pendulares de un progresismo que da pie a la restauración ultraderechista y viceversa, para lograr la transición revolucionaria continúa hacia sociedades justas y solidarias, superadoras del capitalismo decadente; y para conquistar una suma de soberanías nacionales que materialicen el ideal de Patria Grande liberada, socialista de verdad.
Recordando a nuestro inolvidable Orlando Martínez, insistimos en sus palabras plenas de firmeza: ¡Hacia atrás, jamás; ¡hacia adelante, siempre!
Por Rommel Santos Diaz
El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo en cuenta las siguientes circunstancias:
- a)La información de que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de la competencia de la Corte Penal Internacional;
- b)La causa es o sería admisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma;
- c)Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.
El Fiscal, si determinare que no hay fundamento razonable para proceder a la investigación y la determinación se basará únicamente en lo señalado anteriormente, lo comunicará a la Sala de Cuestiones Preliminares.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay fundamento suficiente para el enjuiciamiento ya que:
- a)No existe una base suficiente de hecho o de derecho para pedir una orden de detención o de comparecencia de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma;
- b)La causa es inadmisible de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma ; o
- c)El enjuiciamiento no redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen, notificará su conclusión motivada a la Sala de Cuestiones Preliminares y al Estado que haya remitido el asunto de conformidad con el artículo 14 del Estatuto o al Consejo de Seguridad si se trata de un caso previsto en el artículo 13 del Estatuto de Roma.
Por otro lado, a petición del Estado que haya remitido el asunto con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma o del Consejo de Seguridad de conformidad con el artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del Fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con este mismo artículo y pedir al Fiscal que reconsidere esa decisión.
Además la Sala de Cuestiones Preliminares podrá, de oficio, revisar una decisión del Fiscal de no proceder a la investigación si dicha decisión se basará únicamente en el párrafo 1 c) o 2 c) del artículo 13 del Estatuto de Roma. En este caso, la decisión del Fiscal únicamente surtirá efecto si es confirmada por la Sala de Cuestiones Preliminares.
Finalmente, el Fiscal podrá reconsiderar en cualquier momento su decisión de iniciar una investigación o enjuiciamiento sobre la base de nuevos hechos o nuevas informaciones.
Por Isaías Ramos
Mil doscientos millones de pesos para señalización turística. A la vez, se denuncian escuelas de jornada extendida con carencias de agua, baños, aulas, comedores y espacios adecuados.
No son partidas presupuestarias jurídicamente intercambiables. Pero sí revelan algo más profundo: qué problemas reciben recursos y urgencia del Estado, y cuáles continúan esperando.
La pregunta es inevitable:
¿Para quién está funcionando nuestro crecimiento?
La República Dominicana ha crecido. Negarlo sería absurdo. Han aumentado el turismo, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Pero durante más de tres décadas hemos confundido crecimiento con desarrollo, como si una cifra macroeconómica pudiera sustituir el bienestar de una familia.
Nuestra Constitución establece otra jerarquía. El artículo 8 dispone que la función esencial del Estado es proteger los derechos de la persona, respetar su dignidad y procurar su desarrollo dentro de un marco de justicia social y bienestar general. El artículo 217 ordena orientar el régimen económico hacia el desarrollo humano.
La Constitución no coloca al ciudadano al servicio de la economía. Coloca la economía al servicio del ciudadano.
El crecimiento es un medio, no el fin de la República. Podemos exhibir excelentes indicadores mientras demasiados dominicanos compran agua, pagan de su bolsillo educación y salud y viven en comunidades donde el progreso parece pasar de largo.
El modelo ha consolidado rasgos de rentismo, extractivismo y exclusión. Extraemos minerales, pero también obtenemos rentas del agua, las costas, el suelo y el paisaje. Facilitamos inversiones, concedemos incentivos y construimos infraestructura pública. Eso puede ser legítimo y necesario. La pregunta es qué recibe la nación a cambio.
Las playas muestran esa contradicción con claridad. El artículo 15 de la Constitución las reconoce como bienes de dominio público y de libre acceso. Sin embargo, en distintos lugares el ciudadano encuentra dificultades para acceder a costas rodeadas por proyectos que monetizan aquello que pertenece a todos.
La empresa construyó el hotel.
Pero no construyó el mar.
No creó la playa.
No produjo el paisaje.
Cuando un bien natural colectivo se convierte de hecho en atributo de exclusividad comercial, debemos preguntar quién captura la renta, quién asume los costos y qué pierde la nación.
El turismo no es enemigo del país. La empresa privada tampoco. Necesitamos inversión que genere empleos dignos, fortalezca proveedores nacionales, contribuya fiscalmente, transfiera conocimientos, respete el medioambiente y deje comunidades más prósperas.
No queremos menos crecimiento. Queremos crecimiento que produzca desarrollo.
No queremos menos inversión. Queremos inversión que fortalezca a la nación que la hace posible.
No todo incremento del PIB equivale a mayor bienestar ni necesariamente a mayor riqueza nacional neta. Si al crecer agotamos acuíferos, degradamos costas, acumulamos pasivos ambientales o convertimos privilegios temporales en derechos permanentes, podemos contabilizar como progreso la pérdida de nuestro patrimonio. Ninguna nación puede llamar desarrollo a aquello que mejora las cuentas de esta generación a costa de la siguiente.
El Estado no está ausente. Está selectivamente presente.
Construye carreteras, facilita inversiones, protege propiedades, concede incentivos y promueve destinos. Y debe hacerlo. El problema es que demasiadas veces no muestra la misma eficacia y urgencia para garantizar agua potable, educación, salud, seguridad, saneamiento y servicios públicos dignos.
Ese desequilibrio erosiona la esencia del Estado social y democrático de derecho.
No necesitamos escoger entre empresa y pueblo, ni entre inversión y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. Debemos medir el éxito nacional no solo por cuánto crece la economía, sino por cómo crece, quién recibe sus beneficios, quién asume sus costos y qué deja en el país.
Eso exige proteger el acceso público a los bienes comunes; condicionar los incentivos fiscales a resultados verificables; incorporar los costos ambientales; promover empleo formal, encadenamientos productivos y contribución fiscal; y someter las grandes decisiones al interés general.
Pero la transformación no corresponde únicamente al Estado. Requiere ciudadanos dispuestos a vigilar, participar, exigir cuentas y defender aquello que pertenece a todos.
La República Dominicana necesita más que corregir políticas aisladas. Necesita un proyecto de nación capaz de unificar esfuerzos, ordenar prioridades y fijar metas para saldar una deuda social acumulada durante décadas: un proyecto que convierta crecimiento en desarrollo, desarrollo en derechos y derechos en oportunidades reales.
Ese proyecto no supone renunciar al turismo, al capital ni a empresas prósperas. Supone ponerlos al servicio de algo superior: una economía al servicio de una nación.
Debemos reconocer una verdad incómoda: hemos sido mucho más persistentes construyendo crecimiento que construyendo desarrollo.
Es tiempo de recuperar la jerarquía constitucional:
Primero la persona.
Primero su dignidad.
Primero el bien común.
Y entonces el mercado, la inversión y el crecimiento como instrumentos para alcanzarlos.
Al final, la historia no nos preguntará cuánto creció la economía. Nos preguntará qué país dejamos.
Entonces tendremos que responder:
¿De qué sirvió crecer si, mientras crecíamos, fuimos perdiendo aquello que pertenecía a todos?
Ante esa pregunta, la indiferencia no debe ser una opción.
Por Oscar López Reyes
En 1976, en Barahona yo ganaba 100 pesos mensuales en dos trabajos –en el gobierno y en un medio de comunicación- cubría holgadamente los gastos de mi recién formada familia de cuatro miembros, y me sobraba dinero. Caminaba las calles del pueblo como un privilegiado, sin deudas ni estrés. Dormía como un lirón por el estilo de vida sobrio y albergaba una gran esperanza en el futuro.
Como en la mayoría de las casas, en la mía no había televisión, teléfono, nevera, aire acondicionado y mucho menos un vehículo de motor. Tampoco estufa, licuadora, inversor ni botellones de agua, porque por una tubería llegaba sin pagar un solo centavo, igual que la basura, y se pagaban chelitos por el consumo de luz. En el liceo no se cobraba.
En los patios de las dos casas alquiladas donde vivía, en las céntricas calles Colón casi esquina Duvergé y Jaime Mota casi esquina José María Cabral, había frondosos árboles de mangos y limoncillos (quenepas), y en la última anafres (hornillos para cocinar con carbón) y una letrina surtida con periódicos y fundas de papel –provenientes de colmados- para el aseo defecatorio.
Esos pliegos sanitarios representaban una muestra de progreso, porque en las afueras de la ciudad y en las lomas, como Chene, en Enriquillo, para la limpieza tras las necesidades fisiológicas se acudía, en los montes, a piedras, hojas verdes, tusas de maíz y troncos leñosos -en forma giratoria- que se ramificaban desde el suelo.
Entre 1973-1976 en colmados y almacenes –no existían supermercados- se compraban menos de 20 productos hogareños, con precios establecidos por la Dirección General de Control de Precios. Una libra de arroz costaba 8 centavos, una libra de habichuelas 7 centavos, una libra de azúcar 4 cheles, una libra de carne 10 cheles y una botella de aceite comestible valía 30 centavos.
A primera hora de la mañana y en la tardecita se vendía a 8 y 10 cheles una botella o litro de leche de vaca, bien pura, acabada de llegar en bidones desde fincas ganaderas de Amador Pons, Sarita Báez, Buchinche Pérez Espinosa, los hermanos Milongo y Napó (Napoleón) Pérez, los hermanos Dámaso y Zulema López (mis tíos) y otros.
Los gastos eran restringidos, y los regalos escasos, porque muy pocos celebraban cumpleaños o visitaban restaurantes. Predominaba el consumo de helados, principalmente los domingos, antes y después de las retretas del Parque Central.
Esos precios son recordados por mercaderes y amas de casa de la época, debido a que no existían estadísticas de la canasta básica de consumo en pesos dominicanos, en virtud de que, justamente en 1976, el Banco Central fue cuando inició la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH).
A la postre, la compra alimenticia mensual para ocho personas –porque había que separar manjares para los vecinos más cercanos y los padres de los esposos- ascendía a menos de 20 pesos mensuales. Otros gastos: Un par de zapatos de la fábrica gubernamental Fac Doc costaba 4 pesos, y cuando al prestamista “Viste Encuero”, muy conocido en el mercado público y los predios judiciales de Barahona, los días 25 –fecha de pago en el gobierno- le avanzaban 50 centavos de un crédito de 7 pesos, los aceptaba gustosamente.
En esos años, el peso dominicano tenía una paridad con el dólar estadounidense, o sea, uno por uno. Para las transacciones cotidianas, junto a las monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, la de un centavo circuló hasta 1987, con la efigie de Caonabo, cuyo poder adquisitivo fue anulado por la inflación, aunque no se conoce la emisión de una resolución definitiva del Banco Central que la despoje de su poder liberatorio.
Aquellos conmemorados, bien recordados y limpiecitos 100 pesos mensuales: 60 de la Corte de Apelación (no se registraba ninguna deducción de impuestos sobre la renta ni de seguridad social) y 40 pesos de Radio Barahona equivalen, a junio de 2026, a 125 mil 898 pesos con 56 centavos nominales, calculando el Índice de Precios al Consumidor, año por año, el valor del capital y el efecto inflacionario. A este último salario, la Dirección General de Impuestos Internos le reduce a 98 mil 400 pesos con 44 centavos, porque se le aplica un descuento de 27 mil 498 pesos con 12 por aportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y el Impuesto sobre la Renta (ISR).
¡Ah, consumismo y lujos!
¡Uy, prima del dólar!
¡Guau, globalización!
Entre 1973 y 1976 yo andaba despacio, a pie, relax y divertido, de un sitio a otro por las calles de Barahona como un afortunado, porque en la Corte de Apelación (juicios penales y civiles) me desempeñaba como mecanógrafo y mensajero ocasional, ya que estaba responsabilizado de buscar, el 25 de cada mes en las oficinas de Correo, los cheques de los jueces Federico Neftalio Cuello López (Nene), Doro Buenaventura Vásquez, Máximo Deñó, Rafael Dotel Recio y David Vicente Vidal Matos, y el procurador general de ese tribunal, Secundino Gómez Pérez (Jumito), máximas autoridades judiciales de la provincia.
El día 25, los magistrados arribaban a la Corte más temprano que nunca, caminando desde sus casas, sin parafernalias. Recuerdo cuando los secretarios de la Corte, Rafael Alfredo Pérez Rocha (Fellito Tinina), y la Procuraduría, Alejandro Rocha Peña (Mingolito), les entregaban a los jueces los emolumentos que devengaban: unos 250 pesos. Fungían como alguaciles Rafael Matos (Alito), Ignacio Mota y Luis Marino Arias. De unos 20 empleados de ese tribunal, solo sobreviven este último, hoy notario público; el extogado David Vidal, la entonces escribiente Teresa Peña y este servidor.
Yo era el menor de edad y el de más bajo salario: 60 pesos mensuales, el mínimo estatal, y cumplía el horario de 7:30 a.m. a 1:30 p. m. En la segunda jornada laboraba, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, como secretario auxiliar de Rodolfo Z. Lama Jaar, propietario de Radio Barahona, Radio Pedernales, Radio Jimaní y Radio Neyba. Redactaba cartas, anuncios y notas luctuosas, nutrido por mis primeras prácticas escriturales en los clubes culturales y en los murales de la Juventud Comunista (Pacoredo) del liceo secundario Federico Henríquez y Carvajal.
El 11 de febrero de 2026 -justo 50 años después, porque ingresé en el citado mes- volví a las oficinas de la Corte de Apelación de Barahona y la nostalgia me envolvió con los cambios experimentados: existía uno que otro escritorio de caoba, pero ni en sombra las máquinas mecánicas Olympia, Olivetti y Remington, y prácticamente todos los jueces y empleados de 1973-1976 viajaron a un espacio inhóspito. El salario mínimo es de 20 mil 500 pesos y los titulares de Corte de Apelación ganan desde 260 mil 859 hasta más de 362 mil 304 pesos.
Albricias: Aparecieron los datos de mi ingreso al Poder Judicial, y me expidieron la certificación pertinente. El juez presidente de la Cámara Penal de la Corte y juez coordinador del Departamento Judicial (Barahona, Pedernales, Bahoruco e Independencia), Joselín Moreta Carrasco, me dispensó la más esplendorosa atención. Lo que no dijo el texto fue que fui cancelado -el más próspero premio de mi vida, porque tuve que emigrar forzosamente a Santo Domingo- por negarme a ingresar al Partido Reformista del gobernante presidente Joaquín Balaguer. ¡Qué vida Balaguer!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.