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El PLD admite el tranque de la Ley de Partidos Políticos: Danilo y Leonel difieren sobre las primarias
SANTO DOMINGO. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, admitió ayer que el mayor obstáculo para aprobar la Ley de Partidos Políticos en el Congreso Nacional es que el presidente Danilo Medina y el presidente de esa organización, Leonel Fernández no se han puesto de acuerdo con relación al establecimiento o no de las primarias para todos los partidos políticos en un mismo día.
Argumentó que el desacuerdo sobre ese tema no sólo existe en el PLD, sino también en otras organizaciones políticas.
Sin embargo, el presidente del Senado y vocero del partido oficial aclaró que aunque gozan de una mayoría en el Congreso Nacional, no pueden imponer la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, porque se trata de una legislación muy importante.
Confía en que este año se produzca un acuerdo entre todos los sectores para aprobar esa legislación. «En este caso todos somos responsables, lo digo con responsabilidad», expuso.
Precisamente ayer, la Junta Central Electoral (JCE) concluyó un seminario internacional, cuyo tema central fue: «Elecciones Primarias en América Latina y República Dominicana: Experiencias, balance y perspectivas».
Ese escenario sirvió para que nueva vez, los líderes y representantes de partidos políticos en el país, así como connotados expertos internacionales expusieran sus criterios en torno a las primarias e incluso, sobre la aprobación de las leyes de Partidos Políticos y Electoral que regirán el sistema de partidos en la República Dominicana.
El politólogo y jurista Flavio Darío Espinal consideró que hay que ser cuidadosos sobre establecer legalmente la obligatoriedad o no de las primarias, debido a que el escenario nacional no es el mismo de otras experiencias en el mundo.
Sugirió que se instaure una ley flexible para que se pueda dejar a la discrecionalidad de los propios partidos que se organicen procesos eleccionarios internos o no para elegir a sus candidatos a cargos electivos. No está de acuerdo en que se haga las primarias de forma simultánea a menos que la JCE fiscalice esos procesos.
Sobre si se hacen con listas abiertas o cerradas de electores, Espinal cree que aunque suena más democrático que se establezcan de forma abierta, existe el riesgo de que ese sistema permita la incidencia de otros partidos en esas elecciones internas.
El presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, expresó su criterio de que las primarias no se efectúen de forma simultánea, porque serían muy costosas. Favorece establecer listas cerradas para no permitir que voten miembros de otros partidos como afirma ocurrió en el pasado.
Reiteró su compromiso de impulsar en la aprobación de las leyes de Partidos Políticos y Electoral, e informó que dio instrucciones a los diputados del PRD para que voten a su favor, en caso de que sea conocida en la próxima legislatura.
Mientras que el secretario de Asuntos Internacionales del Partido Reformista Socialcristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, afirmó que ese partido ha demostrado que cree en las primarias, porque constituyen un método democrático, y dijo que existen vulnerabilidades que deben ser corregidas para que éstas no se conviertan en una retranca para el sistema de partidos. Citó la incidencia del «clientelismo, el transfuguismo y el caciquismo».
«Pienso que el gran reto que tenemos por delante es implementar procesos que sean incuestionables, y que obliguen a resultados transparentes, creíbles y por tanto aceptados por las partes», expresó.
El director de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, Daniel Zovatto, dijo que los partidos tienen la «prueba de fuego» de «auto-regularse» para «destrabar» la aprobación de ambas leyes, y garantizar el marco regulatorio necesario. Abogó por que se establezcan normas flexibles.
LEY PP antes 16
Los miembros de partidos políticos, politólogos y expertos internacionales creen que hay que hacer los esfuerzos necesarios para que en el Congreso sean aprobadas las leyes de Partidos y Electoral antes de los comicios del 2016, porque que se vislumbra serán complicadas.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.