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Se confirma la mala fe en contra de imputados de corrupción, según la óptica del PLD.
Santo Domingo, R.D.-La reacción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) este jueves a la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que encontró culpable a Alexis Medina, quien era acusado de cometer actos de corrupción durante el Gobierno dirigido por su hermano, el expresidente Danilo Medina, fue que en la misma hay mala fe e intereses que defiende la Procuraduría General de la República.
Para la organización política opositora, el dictamen de los jueces reafirma lo que desde el inicio del proceso judicial los dirigentes habían denunciado: “afirma que la sentencia del Tribunal (es) de mala fe”, al igual que evidencia el “uso político del Ministerio Público”.
“El Ministerio Público (MP) actuó con falta de objetividad y con ensañamiento en contra de exfuncionarios y dirigentes del PLD que hoy han sido descargados por el tribunal”, indica una nota de prensa publicada en el portal de la entidad política.
La dirección del partido no se refirió en su declaración, de manera específica, a la condena de siete años de prisión impuesta al consanguíneo del examandatario Medina, quien fue acusado de aprovecharse para crear un entramado societario que le permitió beneficiarse de obras, bienes y servicios del Estado, a través de maniobras fraudulentas.
No obstante, la nota de prensa asegura que el descargo de diversos imputados establecido por la decisión judicial demuestra la inexistencia de una “estructura criminal”.
“Este fallo ratifica que la acusación en contra de nuestros compañeros carecía de sustento probatorio real y que se intentó vincular, de manera infundada, a una organización política con actos ajenos a su naturaleza y a su práctica institucional”, señala la declaración.
El PLD reiteró su posición de que, durante todo el proceso, el órgano acusador “desconoció garantías fundamentales, afectó reputaciones y utilizó filtraciones y declaraciones sin sustento para construir una narrativa política”.
“La justicia no se construye con titulares, sino con pruebas; este caso ha evidenciado que las imputaciones carecían de la base legal y probatoria necesaria”, afirma el documento.
Asimismo, la organización política criticó que el Ministerio Público incluyera en el expediente a personas que, por las pruebas disponibles, debieron ser excluidas desde el inicio. Esto, a pesar de que no mencionó, de manera específica, a las personas que se refería.
“No bastaba con investigar a uno o dos acusados puntuales; aquí se armó un caso para perseguir a figuras políticas y dar apariencia de una red criminal inexistente”, dice el comunicado.
El partido consideró que la sentencia es también una clara demostración de cómo, durante cinco años, “se intentó sustituir el debido proceso por campañas de descrédito orquestadas desde el poder político”.
“No se trató de un proceso judicial serio, sino de un esfuerzo deliberado por utilizar al Ministerio Público como herramienta de persecución política, con características propias del lawfare, judicialización de la política, que durante mucho tiempo denunciamos”, sostiene la nota.
La entidad opositora resaltó que este hecho erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, debilita la democracia y distorsiona la lucha legítima contra la corrupción, convirtiéndola en un instrumento de venganza, así como de manipulación política.
“El PLD reiteró su compromiso con la verdad, la legalidad y la defensa de las libertades públicas, y permanecerá vigilante ante cualquier intento de socavar la independencia judicial o criminalizar, la acción política legítima en la República Dominicana”, concluye la declaración.
Otros condenados
El tribunal también dictó cinco años de prisión suspendida a Víctor Matías Encarnación Montero y al pago de una multa de RD$500,000.
La otra hermana del expresidente Medina implicada en la acusación, Carmen Magaly Medina Sánchez, fue absuelta del caso.
José Dolores Santana Carmona también fue hallado culpable y condenado a seis años para ser cumplida en Najayo Hombres; de la misma manera fue sentenciado Wascar Bernabé Méndez, quien deberá cumplir cinco años en el mismo recinto carcelario.
Por igual fueron condenados Paola Molina Suazo a cinco años en Najayo Mujeres y su esposo Martín Monte de Oca a la misma cantidad de años en Najayo Hombres.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.