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Se confirma la mala fe en contra de imputados de corrupción, según la óptica del PLD.
Santo Domingo, R.D.-La reacción del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) este jueves a la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que encontró culpable a Alexis Medina, quien era acusado de cometer actos de corrupción durante el Gobierno dirigido por su hermano, el expresidente Danilo Medina, fue que en la misma hay mala fe e intereses que defiende la Procuraduría General de la República.
Para la organización política opositora, el dictamen de los jueces reafirma lo que desde el inicio del proceso judicial los dirigentes habían denunciado: “afirma que la sentencia del Tribunal (es) de mala fe”, al igual que evidencia el “uso político del Ministerio Público”.
“El Ministerio Público (MP) actuó con falta de objetividad y con ensañamiento en contra de exfuncionarios y dirigentes del PLD que hoy han sido descargados por el tribunal”, indica una nota de prensa publicada en el portal de la entidad política.
La dirección del partido no se refirió en su declaración, de manera específica, a la condena de siete años de prisión impuesta al consanguíneo del examandatario Medina, quien fue acusado de aprovecharse para crear un entramado societario que le permitió beneficiarse de obras, bienes y servicios del Estado, a través de maniobras fraudulentas.
No obstante, la nota de prensa asegura que el descargo de diversos imputados establecido por la decisión judicial demuestra la inexistencia de una “estructura criminal”.
“Este fallo ratifica que la acusación en contra de nuestros compañeros carecía de sustento probatorio real y que se intentó vincular, de manera infundada, a una organización política con actos ajenos a su naturaleza y a su práctica institucional”, señala la declaración.
El PLD reiteró su posición de que, durante todo el proceso, el órgano acusador “desconoció garantías fundamentales, afectó reputaciones y utilizó filtraciones y declaraciones sin sustento para construir una narrativa política”.
“La justicia no se construye con titulares, sino con pruebas; este caso ha evidenciado que las imputaciones carecían de la base legal y probatoria necesaria”, afirma el documento.
Asimismo, la organización política criticó que el Ministerio Público incluyera en el expediente a personas que, por las pruebas disponibles, debieron ser excluidas desde el inicio. Esto, a pesar de que no mencionó, de manera específica, a las personas que se refería.
“No bastaba con investigar a uno o dos acusados puntuales; aquí se armó un caso para perseguir a figuras políticas y dar apariencia de una red criminal inexistente”, dice el comunicado.
El partido consideró que la sentencia es también una clara demostración de cómo, durante cinco años, “se intentó sustituir el debido proceso por campañas de descrédito orquestadas desde el poder político”.
“No se trató de un proceso judicial serio, sino de un esfuerzo deliberado por utilizar al Ministerio Público como herramienta de persecución política, con características propias del lawfare, judicialización de la política, que durante mucho tiempo denunciamos”, sostiene la nota.
La entidad opositora resaltó que este hecho erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, debilita la democracia y distorsiona la lucha legítima contra la corrupción, convirtiéndola en un instrumento de venganza, así como de manipulación política.
“El PLD reiteró su compromiso con la verdad, la legalidad y la defensa de las libertades públicas, y permanecerá vigilante ante cualquier intento de socavar la independencia judicial o criminalizar, la acción política legítima en la República Dominicana”, concluye la declaración.
Otros condenados
El tribunal también dictó cinco años de prisión suspendida a Víctor Matías Encarnación Montero y al pago de una multa de RD$500,000.
La otra hermana del expresidente Medina implicada en la acusación, Carmen Magaly Medina Sánchez, fue absuelta del caso.
José Dolores Santana Carmona también fue hallado culpable y condenado a seis años para ser cumplida en Najayo Hombres; de la misma manera fue sentenciado Wascar Bernabé Méndez, quien deberá cumplir cinco años en el mismo recinto carcelario.
Por igual fueron condenados Paola Molina Suazo a cinco años en Najayo Mujeres y su esposo Martín Monte de Oca a la misma cantidad de años en Najayo Hombres.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.