Análisis Noticiosos
El PLD en desconcierto y a la defensiva mientras se afianzan Leonel y la oposición: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Por Juan Bolívar Díaz
El dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) que validó la candidatura presidencial de Leonel Fernández, aceptada de inmediato por la Junta Central Electoral (JCE), las denuncias de contrataciones irregulares del candidato presidencial Gonzalo Castillo y un brote de desconfianza interna afectaron esta semana al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las posibilidades de los gobiernistas se vieron reducidas al perder el control de la Cámara de Diputados y por decenas de acuerdos entre los partidos opositores para candidaturas comunes al Senado y alcaldías, mientras siguen trascendiendo encuestas que generalizan la percepción de que Luis Abinader se afianza como primer opción para las elecciones presidenciales.
Leonel, primer candidato
La validación de la candidatura presidencial de Leonel Fernández por el TSE se constituyó en el principal acontecimiento político de la semana y un revés para la estrategia del PLD, cuyos voceros y abogados, apostaban a que estaba inhabilitado por las leyes de Partidos y del Régimen Electoral. Irónicamente el expresidente y líder peledeísta, se constituyó en el primer candidato aceptado de inmediato por la JCE, en virtud del Reglamento Contencioso Electoral que establece como vinculantes para todos los órganos electorales las decisiones del TSE.
El dispositivo de la sentencia, que sacudió los ámbitos políticos el lunes, se originó en una instancia que buscaba la nulidad de la decisión del Partido de los Trabajadores Dominicanos, de convertirse en “La Fuerzas del Pueblo” y postular a Fernández como candidato presidencial, lo que aprovecharon sus abogados de éste para formular un pedimento de validación. El texto completo de la sentencia de 5 jueces está pendiente de emisión con un voto disidente.
Todavía quedan quienes esperan que el Tribunal Constitucional (TC), con varias instancias relacionadas, haga prevalecer las leyes electorales que buscan evitar que un perdedor en primaria pueda ser postulado por otro partido en el mismo certamen. Pero parece difícil que reúnan los 9 votos votos necesarios, de 13, sobre todo tras el dictamen del TSE, y con precedentes de que el TC ha privilegiado la supremacía sobre esas leyes del precepto constitucional del derecho a elegir y ser elegido. En lo inmediato, el dictamen ha dejado a la ofensiva a los leonelistas para seguir cooptando dirigentes y militantes de su antiguo partido.
Brotes de incertidumbres
La división del PLD que generó un nuevo bloque de diputados, constituido por 27 leonelistas, mostró esta semana otra de sus consecuencias, que el gobierno ya no tiene el control del Congreso Nacional, como ocurría desde las elecciones del 2006, a través de las dos cámaras. En rueda de prensa se mostraron a la ofensiva como nuevos opositores, motivando su negativa a aprobar el presupuesto complementario del 2019 por 22 mil millones de pesos, sometido por el gobierno. Lo declararon inconstitucional.
El bloque leonelista hizo causa común con los diputados del mayor bloque opositor, el del PRM con 52 miembros, y con parte del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, que postula a Leonel Fernández para presidente, también para bloquear un proyecto de préstamo por 90 millones de dólares para remodelaciones en la zona colonial de Santo Domingo. Eso genera incertidumbre sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2020, bajo estudio del Congreso, el cual contempla financiamiento para cubrir déficit sobre 110 mil millones de pesos.
En el Partido Revolucionario Moderno predomina la decisión de no aprobar ningún nuevo proyecto legislativo que aumente los compromisos de deuda del Estado antes de las próximas elecciones, y mucho menos si consideran que el gobierno pudiera derivar de ellos recursos para gastar en la campaña electoral.
El choque de dos Félix
Otro brote de las incertidumbres en el PLD lo constituyó el choque frontal entre dos Félix, compañeros durante años en su Comité Central, Félix (Felucho) Jiménez y Félix Bautista, cuando el primero dijo que este en vez de ser candidato a senador por San Juan debería estar preso, motivando una agria réplica. El incidente sacó a la luz pública la desconfianza que prevalece entre los peledeístas sobre senadores y alcaldes seguidores de Leonel Fernández, que aseguraron su repostulación en la elección primaria y han permanecido en el partido.
Esa es la situación de los senadores Bautista, Dionis Sánchez, José Rafael Vargas y Amarilis Santana. Esta última dijo públicamente que Leonel les recomendó que se quedaran en el partido para no perder las candidaturas que ganaron. Es la misma situación del alcalde de Santiago, Abel Martínez y de otros de menor jerarquía, igual que algunos diputados. Ellos podrían beneficiarse de los votos de los danilistas como de los leonelistas, pero nada garantiza que no puedan inducir a sus seguidores a votar por Leonel en el nivel presidencial y por otros de los ahora opositores en otros niveles, ya que al suprimirse el arrastre de los senadores, son 4.
La incertidumbre y desconfianza, que afectarían la campaña electoral, incluye a la vicepresidenta Margarita Cedeño, que en la campaña para las primarias esperó a la última semana para apoyar la precandidatura de su esposo Leonel Fernández, con beso y abrazo público. Tras la división ha permanecido en el comité político del PLD, pero tan pronto se produjo la sentencia del TSE en favor de la candidatura de su esposo, dijo que las sentencias de los tribunales “son para cumplirlas”.
En su discurso de confrontación, tras la división formal del PLD, el presidente Danilo Medina planteó que los leonelistas que quisieran podían seguir en el partido, pero advirtió que tendrían que actuar con lealtad, porque “tontos no somos”. La situación no es de fácil solución, ya que, según la Ley de Partidos, los electos en las primarias no pueden ser despojados de sus candidaturas. Mientras tanto, el danilismo no puede colocar los suyos en esas candidaturas.
Gonzalo Castillo en apuros
Otro de los reveses recién registrados por el PLD es la situación en que ha quedado su candidato presidencial Gonzalo Castillo, tras el informe de la periodista Alicia Ortega que documenta cómo otorgó contratos sin concursos, a 39 empresas, algunas vinculadas a él y 9 sin experiencia en el renglón, para la compra de asfalto caliente por 11 mil 500 millones de pesos, en los meses antes de lanzarse a la competencia electoral. Los declararon de urgencia y en convocatorias de un día para otro, para la compra de asfalto caliente, superando muchas veces la suma que tenía destinada para eso, lo que violaría las Leyes de Presupuesto y de Compras y Contrataciones.
En lo que se ha denominado como “festival del asfalto”, el entonces ministro de Obras Públicas parece haber descubierto de un día para otro que necesitaba asfaltar nada menos que 2 mil 730 kilómetros de calles y carreteras. El anunció su renuncia como ministro de Obras Públicas el 31 de julio, para buscar la candidatura presidencial, pero sus contratos siguieron firmándose en paquetes el 13 de agosto y el 4 de septiembre.
En cualquier democracia de mediana intensidad, las escandalosas revelaciones habrían generado la renuncia del candidato, cuya aparente ingenuidad es tal, que tras decir que actuó apegado a la ley, pidió que lo investigue la Dirección de Etica Gubernamental, cuyo titular es nada menos que Lidio Cadet, compañero en el Comité Político del PLD y precisamente quien presidió la comisión electoral del partido que proclamó su victoria en su conflictiva elección primaria. Pudo haber pedido, como corresponde y ha sido demandado, una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, del Ministerio Público.
El auge de la oposición
Otras ocurrencias que han dejado al PLD a la defensiva fueron las decenas de pactos locales para candidaturas senatoriales y municipales registrados al caer el plazo el lunes, de cara a las elecciones del próximo año. La JCE informó que se registraron 200 alianzas, las cuales involucran una madeja sin precedente de los 27 partidos reconocidos, incluidos los tres grandes bloques que postulan a Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández, así como a los partidos que llevan otros cuatro candidatos presidenciales.
El PRM hizo pactos locales para 24 senadurías que incluyó a los partidos que postulan a Fernández, y en 5-6 provincias con el partido Alianza País que postula para presidente a Guillermo Moreno. La sumatoria de votos locales busca hacer difícil la reelección de la mayoría de los senadores peledeístas que cuentan con muchas ventajas de financiamiento.
Los opositores han aparecido a la ofensiva, mientras trascienden encuestas que ratifican la percepción de que la división del PLD dejó a Luis Abinader encabezando las preferencias presidenciales para el 2020, y al PRM en ascenso. Eso incluye encuestas auspiciadas por el gobierno y del ámbito perremeísta.
Mientras tanto esta semana se publicó el reputado estudio sobre cultura democrática del Barómetro de las Américas, donde sigue cayendo la valoración del trabajo del presidente Danilo Medina, quien registró un 41% como bueno y muy bueno, cuando en el 2016 había marcado 64% y 78% en el 2014. Hay que tomar en cuenta que la encuesta base del estudio fue realizada entre abril y mayo pasado, antes que Medina tuviera que declinar su proyecto de reelección y cinco meses antes de la división de su partido, de la cual fue uno de los protagonistas, por lo que ahora podría ser todavía menor.-
Análisis Noticiosos
El déficit comercial de E.U se disparó un 60% en febrero por los aranceles de Trump
Las importaciones crecieron con fuerza al acelerar las empresas las compras para evitar la subida de impuestos del presidente
Washington.-Los aranceles de Donald Trump están teniendo por ahora el efecto contrario al deseado por el mandatario. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de imponer altos impuestos a las importaciones de mercancías de todo tipo han provocado una aceleración de las compras. El déficit comercial ya pulverizó récords en enero y en febrero sigue disparado, según los datos provisionales publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ese desfase contribuye también a lastrar a la economía estadounidense, a la que no le están sentando nada bien las políticas de Trump.
El déficit comercial internacional fue de 147.914 millones de dólares en febrero, según los datos con ajuste estacional. Aunque supone una ligera reducción frente a la cifra sin precedentes de enero, es la segunda cifra más alta de la serie histórica y aumenta un 60% frente a los 92.309 millones del mismo mes del año anterior.
El tirón de las importaciones y del déficit se concentra en los suministros industriales (donde se incluye el petróleo), bienes de capital y de consumo. Los datos avanzados por el censo no desglosan la evolución de las importaciones, las exportaciones y el déficit por países, datos que se publicarán más adelante.
Los aranceles decretados por el presidente apenas habían entrado en vigor en marzo. Dentro de su errática política comercial, Trump aplazó los gravámenes a los productos mexicanos y canadienses poco antes de que entrasen en vigor, después de haberlos aprobado. En cambio, en el caso de China sí entró en vigor un impuesto del 10% a todas las importaciones antes de que el presidente rectificase y dejase exentos a la mayoría de los envíos, los de menos de 800 dólares, tras provocar el colapso aduanero con su improvisación y falta de preparativos.
Trump ha seguido dando pasos adelante y atrás en la guerra comercial que ha declarado a todo el mundo. En marzo entraron en vigor los aranceles del 25% al acero y el aluminio, se aplicó otro 10% adicional a las importaciones chinas (excluidas las de pequeño volumen) y entraron en vigor fugazmente los aranceles a México y Canadá, antes de otra rectificación que dejó exentos hasta el 2 de abril a los productos acogidos al Tratado entré México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Esta misma semana, Trump ha autorizado imponer aranceles del 25% a los productos procedentes de todos los países que compren petróleo a Venezuela y, además, ha aprobado aranceles del 25% a la importación de automóviles y componentes a aplicar desde el 3 de abril con unas mínimas excepciones. El arancel del 25% se aplicará a los vehículos de pasajeros importados (sedanes, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camiones ligeros, así como a las piezas clave de automóviles (motores, transmisiones, piezas del tren motriz y componentes eléctricos). Cabe ampliar los aranceles a piezas adicionales si es necesario, según la Casa Blanca.
Los importadores de automóviles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tendrán la oportunidad de certificar su contenido estadounidense y se implementarán sistemas para que el arancel del 25% solo se aplique al valor de su contenido no estadounidense. Además, las piezas de automóvil que cumplan con el TMEC permanecerán libres de aranceles hasta que el secretario de Comercio establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense.
Con todo, la gran andanada de la guerra comercial llega en teoría la semana próxima (sujeta siempre a los caprichos y cambios de humor del presidente). Trump ha bautizado el 2 de abril como “Día de la Liberación”. Se espera que en esa fecha se apliquen los que la Administración estadounidense llama de forma engañosa “aranceles recíprocos”. Es una cifra arbitraria fijada por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para las importaciones de cada país o bloque comercial.
Trump quiso este miércoles quitar hierro a las medidas a adoptar. “Vamos a ser muy indulgentes”, dijo en el Despacho Oval. “Creo que la gente se va a sorprender mucho. En muchos casos, será inferior al arancel que nos han estado cobrando durante décadas. Otros países no nos han tratado bien, pero nosotros vamos a ser amables. Así que creo que la gente se llevará una grata sorpresa”, añadió. La credibilidad del presidente en materia comercial está muy en entredicho tras sus medidas erráticas y sus declaraciones contradictorias.
Los criterios no parecen ser realmente los aranceles que los demás países imponen a Estados Unidos, sino más bien la cuantía del déficit comercial. Así, aunque los aranceles europeos son menores que los estadounidenses, Trump quiere castigar a la Unión Europea por su éxito en el intercambio comercial alegando falsamente que el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es proteccionista o que la UE pone otras barreras no arancelarias a los productos estadounidenses.
Maroš Šefčovič, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la materia, se reunió el martes con Lutnick en Washington para intentar negociar, pero sin éxito. Šefčovič se volvió a Bruselas con la impresión de que Estados Unidos impondrá la semana próxima aranceles de doble dígito, quizá incluso del 20%, a los productos europeos.
“El trabajo duro continúa. La prioridad de la UE es un acuerdo justo y equilibrado en lugar de aranceles injustificados. Compartimos el objetivo de la fortaleza industrial en ambos lados”, tuiteó Šefčovič tras el encuentro con Lutnick y otros altos cargos estadounidenses.
Mientras, el discurso de Trump ha generado incertidumbre y confusión entre los agentes económicos. Las grandes empresas han alertado de los riesgos que supone una guerra comercial para sus ingresos, sus márgenes y su negocio, pero también para la evolución de la economía internacional. También hay compañías que temen una disrupción en su cadena de suministros. La confianza de los consumidores se ha hundido y las expectativas de inflación se han disparado. La economía de Estados Unidos, cuyo producto interior bruto creció un 2,8% en 2024, está perdiendo fuelle.
La Oficina de Análisis Económico ha ratificado este jueves, en su tercera lectura, esa tasa del 2,8% para el conjunto del año 2024, aunque ha revisado ligeramente al alza el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre, que pasa del 2,3% al 2,4% anualizado por un menor peso de las importaciones.
elpais.com
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com