Análisis Noticiosos
El PLD en desconcierto y a la defensiva mientras se afianzan Leonel y la oposición: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Por Juan Bolívar Díaz
El dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) que validó la candidatura presidencial de Leonel Fernández, aceptada de inmediato por la Junta Central Electoral (JCE), las denuncias de contrataciones irregulares del candidato presidencial Gonzalo Castillo y un brote de desconfianza interna afectaron esta semana al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las posibilidades de los gobiernistas se vieron reducidas al perder el control de la Cámara de Diputados y por decenas de acuerdos entre los partidos opositores para candidaturas comunes al Senado y alcaldías, mientras siguen trascendiendo encuestas que generalizan la percepción de que Luis Abinader se afianza como primer opción para las elecciones presidenciales.
Leonel, primer candidato
La validación de la candidatura presidencial de Leonel Fernández por el TSE se constituyó en el principal acontecimiento político de la semana y un revés para la estrategia del PLD, cuyos voceros y abogados, apostaban a que estaba inhabilitado por las leyes de Partidos y del Régimen Electoral. Irónicamente el expresidente y líder peledeísta, se constituyó en el primer candidato aceptado de inmediato por la JCE, en virtud del Reglamento Contencioso Electoral que establece como vinculantes para todos los órganos electorales las decisiones del TSE.
El dispositivo de la sentencia, que sacudió los ámbitos políticos el lunes, se originó en una instancia que buscaba la nulidad de la decisión del Partido de los Trabajadores Dominicanos, de convertirse en “La Fuerzas del Pueblo” y postular a Fernández como candidato presidencial, lo que aprovecharon sus abogados de éste para formular un pedimento de validación. El texto completo de la sentencia de 5 jueces está pendiente de emisión con un voto disidente.
Todavía quedan quienes esperan que el Tribunal Constitucional (TC), con varias instancias relacionadas, haga prevalecer las leyes electorales que buscan evitar que un perdedor en primaria pueda ser postulado por otro partido en el mismo certamen. Pero parece difícil que reúnan los 9 votos votos necesarios, de 13, sobre todo tras el dictamen del TSE, y con precedentes de que el TC ha privilegiado la supremacía sobre esas leyes del precepto constitucional del derecho a elegir y ser elegido. En lo inmediato, el dictamen ha dejado a la ofensiva a los leonelistas para seguir cooptando dirigentes y militantes de su antiguo partido.
Brotes de incertidumbres
La división del PLD que generó un nuevo bloque de diputados, constituido por 27 leonelistas, mostró esta semana otra de sus consecuencias, que el gobierno ya no tiene el control del Congreso Nacional, como ocurría desde las elecciones del 2006, a través de las dos cámaras. En rueda de prensa se mostraron a la ofensiva como nuevos opositores, motivando su negativa a aprobar el presupuesto complementario del 2019 por 22 mil millones de pesos, sometido por el gobierno. Lo declararon inconstitucional.
El bloque leonelista hizo causa común con los diputados del mayor bloque opositor, el del PRM con 52 miembros, y con parte del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, que postula a Leonel Fernández para presidente, también para bloquear un proyecto de préstamo por 90 millones de dólares para remodelaciones en la zona colonial de Santo Domingo. Eso genera incertidumbre sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2020, bajo estudio del Congreso, el cual contempla financiamiento para cubrir déficit sobre 110 mil millones de pesos.
En el Partido Revolucionario Moderno predomina la decisión de no aprobar ningún nuevo proyecto legislativo que aumente los compromisos de deuda del Estado antes de las próximas elecciones, y mucho menos si consideran que el gobierno pudiera derivar de ellos recursos para gastar en la campaña electoral.
El choque de dos Félix
Otro brote de las incertidumbres en el PLD lo constituyó el choque frontal entre dos Félix, compañeros durante años en su Comité Central, Félix (Felucho) Jiménez y Félix Bautista, cuando el primero dijo que este en vez de ser candidato a senador por San Juan debería estar preso, motivando una agria réplica. El incidente sacó a la luz pública la desconfianza que prevalece entre los peledeístas sobre senadores y alcaldes seguidores de Leonel Fernández, que aseguraron su repostulación en la elección primaria y han permanecido en el partido.
Esa es la situación de los senadores Bautista, Dionis Sánchez, José Rafael Vargas y Amarilis Santana. Esta última dijo públicamente que Leonel les recomendó que se quedaran en el partido para no perder las candidaturas que ganaron. Es la misma situación del alcalde de Santiago, Abel Martínez y de otros de menor jerarquía, igual que algunos diputados. Ellos podrían beneficiarse de los votos de los danilistas como de los leonelistas, pero nada garantiza que no puedan inducir a sus seguidores a votar por Leonel en el nivel presidencial y por otros de los ahora opositores en otros niveles, ya que al suprimirse el arrastre de los senadores, son 4.
La incertidumbre y desconfianza, que afectarían la campaña electoral, incluye a la vicepresidenta Margarita Cedeño, que en la campaña para las primarias esperó a la última semana para apoyar la precandidatura de su esposo Leonel Fernández, con beso y abrazo público. Tras la división ha permanecido en el comité político del PLD, pero tan pronto se produjo la sentencia del TSE en favor de la candidatura de su esposo, dijo que las sentencias de los tribunales “son para cumplirlas”.
En su discurso de confrontación, tras la división formal del PLD, el presidente Danilo Medina planteó que los leonelistas que quisieran podían seguir en el partido, pero advirtió que tendrían que actuar con lealtad, porque “tontos no somos”. La situación no es de fácil solución, ya que, según la Ley de Partidos, los electos en las primarias no pueden ser despojados de sus candidaturas. Mientras tanto, el danilismo no puede colocar los suyos en esas candidaturas.
Gonzalo Castillo en apuros
Otro de los reveses recién registrados por el PLD es la situación en que ha quedado su candidato presidencial Gonzalo Castillo, tras el informe de la periodista Alicia Ortega que documenta cómo otorgó contratos sin concursos, a 39 empresas, algunas vinculadas a él y 9 sin experiencia en el renglón, para la compra de asfalto caliente por 11 mil 500 millones de pesos, en los meses antes de lanzarse a la competencia electoral. Los declararon de urgencia y en convocatorias de un día para otro, para la compra de asfalto caliente, superando muchas veces la suma que tenía destinada para eso, lo que violaría las Leyes de Presupuesto y de Compras y Contrataciones.
En lo que se ha denominado como “festival del asfalto”, el entonces ministro de Obras Públicas parece haber descubierto de un día para otro que necesitaba asfaltar nada menos que 2 mil 730 kilómetros de calles y carreteras. El anunció su renuncia como ministro de Obras Públicas el 31 de julio, para buscar la candidatura presidencial, pero sus contratos siguieron firmándose en paquetes el 13 de agosto y el 4 de septiembre.
En cualquier democracia de mediana intensidad, las escandalosas revelaciones habrían generado la renuncia del candidato, cuya aparente ingenuidad es tal, que tras decir que actuó apegado a la ley, pidió que lo investigue la Dirección de Etica Gubernamental, cuyo titular es nada menos que Lidio Cadet, compañero en el Comité Político del PLD y precisamente quien presidió la comisión electoral del partido que proclamó su victoria en su conflictiva elección primaria. Pudo haber pedido, como corresponde y ha sido demandado, una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, del Ministerio Público.
El auge de la oposición
Otras ocurrencias que han dejado al PLD a la defensiva fueron las decenas de pactos locales para candidaturas senatoriales y municipales registrados al caer el plazo el lunes, de cara a las elecciones del próximo año. La JCE informó que se registraron 200 alianzas, las cuales involucran una madeja sin precedente de los 27 partidos reconocidos, incluidos los tres grandes bloques que postulan a Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández, así como a los partidos que llevan otros cuatro candidatos presidenciales.
El PRM hizo pactos locales para 24 senadurías que incluyó a los partidos que postulan a Fernández, y en 5-6 provincias con el partido Alianza País que postula para presidente a Guillermo Moreno. La sumatoria de votos locales busca hacer difícil la reelección de la mayoría de los senadores peledeístas que cuentan con muchas ventajas de financiamiento.
Los opositores han aparecido a la ofensiva, mientras trascienden encuestas que ratifican la percepción de que la división del PLD dejó a Luis Abinader encabezando las preferencias presidenciales para el 2020, y al PRM en ascenso. Eso incluye encuestas auspiciadas por el gobierno y del ámbito perremeísta.
Mientras tanto esta semana se publicó el reputado estudio sobre cultura democrática del Barómetro de las Américas, donde sigue cayendo la valoración del trabajo del presidente Danilo Medina, quien registró un 41% como bueno y muy bueno, cuando en el 2016 había marcado 64% y 78% en el 2014. Hay que tomar en cuenta que la encuesta base del estudio fue realizada entre abril y mayo pasado, antes que Medina tuviera que declinar su proyecto de reelección y cinco meses antes de la división de su partido, de la cual fue uno de los protagonistas, por lo que ahora podría ser todavía menor.-
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.