Análisis Noticiosos
El PLD en desconcierto y a la defensiva mientras se afianzan Leonel y la oposición: Análisis de Juan Bolívar Díaz
Por Juan Bolívar Díaz
El dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) que validó la candidatura presidencial de Leonel Fernández, aceptada de inmediato por la Junta Central Electoral (JCE), las denuncias de contrataciones irregulares del candidato presidencial Gonzalo Castillo y un brote de desconfianza interna afectaron esta semana al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las posibilidades de los gobiernistas se vieron reducidas al perder el control de la Cámara de Diputados y por decenas de acuerdos entre los partidos opositores para candidaturas comunes al Senado y alcaldías, mientras siguen trascendiendo encuestas que generalizan la percepción de que Luis Abinader se afianza como primer opción para las elecciones presidenciales.
Leonel, primer candidato
La validación de la candidatura presidencial de Leonel Fernández por el TSE se constituyó en el principal acontecimiento político de la semana y un revés para la estrategia del PLD, cuyos voceros y abogados, apostaban a que estaba inhabilitado por las leyes de Partidos y del Régimen Electoral. Irónicamente el expresidente y líder peledeísta, se constituyó en el primer candidato aceptado de inmediato por la JCE, en virtud del Reglamento Contencioso Electoral que establece como vinculantes para todos los órganos electorales las decisiones del TSE.
El dispositivo de la sentencia, que sacudió los ámbitos políticos el lunes, se originó en una instancia que buscaba la nulidad de la decisión del Partido de los Trabajadores Dominicanos, de convertirse en “La Fuerzas del Pueblo” y postular a Fernández como candidato presidencial, lo que aprovecharon sus abogados de éste para formular un pedimento de validación. El texto completo de la sentencia de 5 jueces está pendiente de emisión con un voto disidente.
Todavía quedan quienes esperan que el Tribunal Constitucional (TC), con varias instancias relacionadas, haga prevalecer las leyes electorales que buscan evitar que un perdedor en primaria pueda ser postulado por otro partido en el mismo certamen. Pero parece difícil que reúnan los 9 votos votos necesarios, de 13, sobre todo tras el dictamen del TSE, y con precedentes de que el TC ha privilegiado la supremacía sobre esas leyes del precepto constitucional del derecho a elegir y ser elegido. En lo inmediato, el dictamen ha dejado a la ofensiva a los leonelistas para seguir cooptando dirigentes y militantes de su antiguo partido.
Brotes de incertidumbres
La división del PLD que generó un nuevo bloque de diputados, constituido por 27 leonelistas, mostró esta semana otra de sus consecuencias, que el gobierno ya no tiene el control del Congreso Nacional, como ocurría desde las elecciones del 2006, a través de las dos cámaras. En rueda de prensa se mostraron a la ofensiva como nuevos opositores, motivando su negativa a aprobar el presupuesto complementario del 2019 por 22 mil millones de pesos, sometido por el gobierno. Lo declararon inconstitucional.
El bloque leonelista hizo causa común con los diputados del mayor bloque opositor, el del PRM con 52 miembros, y con parte del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, que postula a Leonel Fernández para presidente, también para bloquear un proyecto de préstamo por 90 millones de dólares para remodelaciones en la zona colonial de Santo Domingo. Eso genera incertidumbre sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2020, bajo estudio del Congreso, el cual contempla financiamiento para cubrir déficit sobre 110 mil millones de pesos.
En el Partido Revolucionario Moderno predomina la decisión de no aprobar ningún nuevo proyecto legislativo que aumente los compromisos de deuda del Estado antes de las próximas elecciones, y mucho menos si consideran que el gobierno pudiera derivar de ellos recursos para gastar en la campaña electoral.
El choque de dos Félix
Otro brote de las incertidumbres en el PLD lo constituyó el choque frontal entre dos Félix, compañeros durante años en su Comité Central, Félix (Felucho) Jiménez y Félix Bautista, cuando el primero dijo que este en vez de ser candidato a senador por San Juan debería estar preso, motivando una agria réplica. El incidente sacó a la luz pública la desconfianza que prevalece entre los peledeístas sobre senadores y alcaldes seguidores de Leonel Fernández, que aseguraron su repostulación en la elección primaria y han permanecido en el partido.
Esa es la situación de los senadores Bautista, Dionis Sánchez, José Rafael Vargas y Amarilis Santana. Esta última dijo públicamente que Leonel les recomendó que se quedaran en el partido para no perder las candidaturas que ganaron. Es la misma situación del alcalde de Santiago, Abel Martínez y de otros de menor jerarquía, igual que algunos diputados. Ellos podrían beneficiarse de los votos de los danilistas como de los leonelistas, pero nada garantiza que no puedan inducir a sus seguidores a votar por Leonel en el nivel presidencial y por otros de los ahora opositores en otros niveles, ya que al suprimirse el arrastre de los senadores, son 4.
La incertidumbre y desconfianza, que afectarían la campaña electoral, incluye a la vicepresidenta Margarita Cedeño, que en la campaña para las primarias esperó a la última semana para apoyar la precandidatura de su esposo Leonel Fernández, con beso y abrazo público. Tras la división ha permanecido en el comité político del PLD, pero tan pronto se produjo la sentencia del TSE en favor de la candidatura de su esposo, dijo que las sentencias de los tribunales “son para cumplirlas”.
En su discurso de confrontación, tras la división formal del PLD, el presidente Danilo Medina planteó que los leonelistas que quisieran podían seguir en el partido, pero advirtió que tendrían que actuar con lealtad, porque “tontos no somos”. La situación no es de fácil solución, ya que, según la Ley de Partidos, los electos en las primarias no pueden ser despojados de sus candidaturas. Mientras tanto, el danilismo no puede colocar los suyos en esas candidaturas.
Gonzalo Castillo en apuros
Otro de los reveses recién registrados por el PLD es la situación en que ha quedado su candidato presidencial Gonzalo Castillo, tras el informe de la periodista Alicia Ortega que documenta cómo otorgó contratos sin concursos, a 39 empresas, algunas vinculadas a él y 9 sin experiencia en el renglón, para la compra de asfalto caliente por 11 mil 500 millones de pesos, en los meses antes de lanzarse a la competencia electoral. Los declararon de urgencia y en convocatorias de un día para otro, para la compra de asfalto caliente, superando muchas veces la suma que tenía destinada para eso, lo que violaría las Leyes de Presupuesto y de Compras y Contrataciones.
En lo que se ha denominado como “festival del asfalto”, el entonces ministro de Obras Públicas parece haber descubierto de un día para otro que necesitaba asfaltar nada menos que 2 mil 730 kilómetros de calles y carreteras. El anunció su renuncia como ministro de Obras Públicas el 31 de julio, para buscar la candidatura presidencial, pero sus contratos siguieron firmándose en paquetes el 13 de agosto y el 4 de septiembre.
En cualquier democracia de mediana intensidad, las escandalosas revelaciones habrían generado la renuncia del candidato, cuya aparente ingenuidad es tal, que tras decir que actuó apegado a la ley, pidió que lo investigue la Dirección de Etica Gubernamental, cuyo titular es nada menos que Lidio Cadet, compañero en el Comité Político del PLD y precisamente quien presidió la comisión electoral del partido que proclamó su victoria en su conflictiva elección primaria. Pudo haber pedido, como corresponde y ha sido demandado, una investigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, del Ministerio Público.
El auge de la oposición
Otras ocurrencias que han dejado al PLD a la defensiva fueron las decenas de pactos locales para candidaturas senatoriales y municipales registrados al caer el plazo el lunes, de cara a las elecciones del próximo año. La JCE informó que se registraron 200 alianzas, las cuales involucran una madeja sin precedente de los 27 partidos reconocidos, incluidos los tres grandes bloques que postulan a Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández, así como a los partidos que llevan otros cuatro candidatos presidenciales.
El PRM hizo pactos locales para 24 senadurías que incluyó a los partidos que postulan a Fernández, y en 5-6 provincias con el partido Alianza País que postula para presidente a Guillermo Moreno. La sumatoria de votos locales busca hacer difícil la reelección de la mayoría de los senadores peledeístas que cuentan con muchas ventajas de financiamiento.
Los opositores han aparecido a la ofensiva, mientras trascienden encuestas que ratifican la percepción de que la división del PLD dejó a Luis Abinader encabezando las preferencias presidenciales para el 2020, y al PRM en ascenso. Eso incluye encuestas auspiciadas por el gobierno y del ámbito perremeísta.
Mientras tanto esta semana se publicó el reputado estudio sobre cultura democrática del Barómetro de las Américas, donde sigue cayendo la valoración del trabajo del presidente Danilo Medina, quien registró un 41% como bueno y muy bueno, cuando en el 2016 había marcado 64% y 78% en el 2014. Hay que tomar en cuenta que la encuesta base del estudio fue realizada entre abril y mayo pasado, antes que Medina tuviera que declinar su proyecto de reelección y cinco meses antes de la división de su partido, de la cual fue uno de los protagonistas, por lo que ahora podría ser todavía menor.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.