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El PLD tiene hoy otra cita para su futuro político
Por Cristina Rodríguez
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) inicia hoy una jornada complicada con la elección de una serie de precandidatos presidenciales que no marcan en las encuestas y con muy poca capacidad de convencimiento.
Esta realidad pone en una situación al PLD que en los últimos años ha tenido que dedicarle más tiempo a la lucha intrapartidaria, principalmente entre danilistas y leonalistas, grupos que monopolizan el control de sus organismos internos, que a su funcionamiento, lo que ha provocado que esa organizacion no tenga practicamente ningun local abierto.
El PLD a partir de hoy inicia un proceso lleno de confusión y escepticismo sobre las posibilidades de que pueda conservar el poder en las elecciones del 2020.
A la reunión del Comité Central para escoger los precandidatos presidenciales están convocados hoy 613 miembros que tendrán que evaluar a unos catorce aspirantes presidenciales.
A la reunión del Comité Central para elegir a sus precandidatos presidenciales están convocados 613 miembros y se habla de que el número de aspirantes presidenciales podría superar los 14.
En la importante reunión de hoy todavía existe la creencia de que el grupo de Danilo Medina tratara de cerrarle el paso a Leonel Fernández, aunque esto no parece tan fácil por lo que ha sido la tradición en el Comité Central del PLD en lo que respecta a la escogencia de los aspirantes presidenciales.
Si se aprueba el método de que los principales aspirantes sean electos juntos mediante una plancha, no habría problemas mayores, no así si se deja a la votación individual, lo que divide las fuerzas entre leonelistas y danilistas, en donde el sector del presidente Danilo Medina asegura que tiene más de 400 miembros.
Cada aspirante tendría que obtener el 33%, equivalente a 202 votos, para poder ser electo.
Lidio Cadet, coordinador de la Comisión Nacional Electoral, dijo que en cuanto a las modalidades a usarse para la elección de los precandidatos que competirán en las primarias del 6 de octubre de este año, la Comisión hará la sugerencia o recomendación que considere resulte factible, pero la decisión final la adoptará el Comité Central.
Informó que la Comisión Nacional Electoral se inclina por una modalidad, que se abstiene de divulgar porque “no queremos en absoluto que el Comité Central pueda llegar a imaginar que nosotros nos estemos arrogando un derecho que no nos corresponde”, dijo.
Los aspirantes presidenciales son el expresidente Leonel Fernández, Reinaldo Pared Pérez, Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez, Carlos Amarante, Andrés Navarro, Radhamés Segura, Temístocles Montás, Manuel Crespo y Maritza Hernández. Hay otros dirigentes que quieren ser tomados en cuenta como Melanio Paredes e Hipólito Polanco.
Cadet expresó que existe una gran expectativa para esta reunión y que, según los informes recibidos, desde el jueves han comenzado a llegar los miembros del Comité Central que residen en el exterior y de algunas provincias se están organizando para venir de manera colectiva en guaguas.
También se destacó que 613 son los miembros de ese organismo de dirección que ya han sido convocados para el encuentro que se realizará en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del PLD en Gascue.
El registro
La Comisión Nacional Electoral, apoderada para la organización y montaje de la reunión, está solicitando a los miembros del Comité Central llegar con su cédula de identidad y electoral a mano, puesto que esa es la garantía para su registro de asistencia, mediante las facilidades tecnológicas instaladas por la Junta Central Electoral.
Un despacho de la Secretaría de Comunicaciones explica que a la entrada del recinto se realizará un primer registro y luego el registro formal antes de ascender a la segunda planta en donde se ubica el salón de la reunión.
Al registrarse se le entregará un gafete con el cual la persona podrá acceder al Salón Bienvenido Sandoval en la segunda planta.
Melanio Paredes formaliza aspiraciones
Melanio Paredes, exministro de Educación, presentó ayer su precandidatura a la presidencia por el PLD, en un acto que realizó en la casa nacional del partido. Aunque reconoció que las simpatías en el PLD están polarizadas “hasta el antagonismo irracional”, pidió a sus seguidores “trabajar juntos para hacer realidad la auténtica tercera vía”. Dijo que participar es unir a la familia peledeísta.
“No queremos en absoluto que el Comité Central pueda llegar a imaginar que nosotros nos estemos arrogando un derecho que no nos corresponde”
Lidio Cadet Pte. Comisión Electoral
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.