Análisis Noticiosos
Los asalariados estatales son el blanco del PLD para aumentar en un 25 por ciento su caudal de votos en elecciones.
Por Juan Bolívar Díaz
Como una expresión de inseguridad el presidente Danilo Medina en su discurso en un acto en Santiago, donde proclamó que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, y su orden de comprar alimentos, electrodomésticos y materiales de construcción para repartos, parecen indicios de debilidad, pero implicaría mayor irrupción del Gobierno en la campaña electoral.
Como en procesos electorales anteriores, el PLD trataría de manipular la conciencia de los empleados estatales, los retirados y los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno, que representan la cuarta parte de los 7 millones 377 mil 374 ciudadanos empadronados para votar en los comicios de este año.
Danilo dirige la campaña
El discurso del presidente Danilo Medina en una asamblea de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago el pasado domingo 2 indica que el mandatario dirige la campaña electoral oficialista, y estaría mostrando inseguridad en los resultados de los próximos comicios municipales, lo que despierta temores de una mayor irrupción del Gobierno al final del proceso y de cara a las presidenciales de mayo.
Causó preocupación la afirmación presidencial de que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, considerada inapropiada para un jefe de Estado en cualquier democracia, aún de mediana intensidad. Pero el mandatario fue más lejos al dar públicas instrucciones a los dirigentes de su partido para que se preparen a montar una plataforma para acarrear electores el día de la votación.
El presidente sostuvo que esa plataforma es fundamental “porque es la única forma de saber quiénes quieren votar por el PLD, dónde están y cuál compañero lo va a llevar a votar“. Precisó que el día 16 “se harán cortes parciales cada dos o tres horas del día, y vamos a saber de antemano quiénes no han ido a votar en cada mesa electoral. Entonces la maquinaria que ustedes tienen organizada se tiene que encargar de llevar a la gente a votar”.
Los términos tan tajantes del domingo recordaron los empleados por el mismo Medina el 21 de octubre cuando, al responder el discurso de renuncia de Leonel Fernández al PLD, del día anterior, proclamó que con los que se quedaran en el partido “yo voy a ganar las elecciones”.
Por encima de las leyes
Al asumir públicamente la dirección de la campaña de su partido, el presidente se coloca por encima de las leyes electorales y de la Función Pública que prohíben a los funcionarios del Estado aprovecharse de su jerarquía para favorecer intereses partidistas, pero también incentiva a violar la prohibición de realizar labores proselitistas prohibidas desde dos días antes de las elecciones y durante la jornada de votación. Es cierto que es una práctica política el acarreo de electores hacia los centros de votación, como también el llevar allá fotos de candidatos, logos e identificaciones partidarias, que son formas de propaganda.
Pero otra cosa es que el jefe del Estado adelante instrucciones en discurso público para desatar plataformas y maquinarias proselitistas a partir de información extraída de las mesas electorales, que deberían formar parte del secreto del voto, como lo es sin duda la identidad de quienes hayan acudido a votar mucho antes de la hora límite, que esa vez no será tan vulnerable como ocurrió en las elecciones primarias de octubre, origen de impugnaciones.
La plataforma a la que se refirió el mandatario es un programa informático de los empleados estatales y los beneficiarios de subsidios sociales. Ya en la observación electoral del 2010 del movimiento Participación Ciudadana pudo establecer la operación de “oficinas de asistencia técnica del PLD” en los alrededores de los centros de votación. A partir del mediodía empezaban a recibir reportes de los delegados del partido en las mesas de votación de los que no habían acudido a votar. Si eran empleados o tarjetahabientes estatales eran mandados a buscar por activistas que se encargaban de decirles que así como sabían que no habían votado, también determinarían por quién lo hicieran.
El peso de los asalariados
Ya para las elecciones del 2016 los que recibían algún ingreso mensual del Estado, como empleados, pensionados o beneficiarios de los programas asistencialistas fueron estimados en 23 por ciento. Actualizados ahora, pasarían de la cuarta parte de un padrón que para mayo está determinado por 7 millones 377 mil 374 electores.
No hay unanimidad en cuanto a la totalidad de los empleados del Estado, que según la Contraloría General eran 631,369 en el primer trimestre del 2019. El economista senior del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco los cuantificó el año pasado en 634, 407, partiendo de los cotizantes a la seguridad social. Si le suman los de una parte de los ayuntamientos, el poder judicial, Congreso Nacional y JCE que no están en el sistema, más los becarios, se aproximan a los 700 mil que estimó el movimiento Participación Ciudadana.
Pero la falta de transparencia no permite alcanzar la cifra definitiva. Por ejemplo en la Oisoe la nómina oficial a abril del año pasado era 25.6 millones de pesos mensuales, mientras otra nómina no transparentada de personal nominal sumaba 21.9 millones de pesos, según lo documentó la periodista Nuria Piera.
Tampoco hay certeza de cuántos son los beneficiarios de los subsidios sociales. A la mitad del 2019 las tarjetas emitidas sumaban 2 millones 608 mil, en los programas comer es primero, bono gas, bono luz, asistencia escolar, ayuda a envejecientes e incentivos a educación superior. Pero gran parte tenían dos, otros tres, y algunos hasta cuatro tarjetas. Se estima que las personas podrían ser unas 1,200. Sumadas a los 700 mil empleados darían un total de 1 millón 900 mil receptores de pagos estatales mensuales. Para un 25.75 por ciento del padrón electoral.
Por supuesto que esa totalidad no son votantes del PLD, y ahora menos por cuanto ese partido acaba de sufrir una profunda división, pero ellos parten del principio de que todos le deben lealtad. Por eso un senador y un diputado dijeron públicamente que los empleados públicos que no apoyen sus candidaturas deben ser despedidos, como en efecto ha hecho el mismo presidente Medina con numerosos funcionarios, diplomáticos y del servicio consular.
Reparto genera alarma
Uno de esos programas, acentuados en la campaña electoral generó alarma esta semana, cuando se denunció que el Plan Social de la Presidencia dispuso compras de materiales de construcción, alimentos y electrodomésticos y enseres del hogar por 846 millones de pesos. El principal partido de oposición, el PRM, levantó una instancia, amparada en la prohibición de programas sociales extraordinarios en la campaña, consignada en la Ley del Régimen Electoral.
El presidente de la JCE, Julio César Castaños, primero recomendó al Gobierno que por propia iniciativa suspendiera esas compras y cuando funcionarios dijeron que él se había excedido, fue más directo indicando que esas actividades y las inauguraciones estaban efectivamente vedadas en la campaña electoral.
Al escándalo debe atribuirse que tres de los principales diarios, HOY, Listín Diario y El Caribe, coincidieran ayer viernes en editorializar desaprobando las muestras de inequidad en la campaña electoral en beneficio del partido de Gobierno, mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia recomendaba al Gobierno actuar con “prudencia y racionabilidad”.
En los ámbitos opositores se cree que el Gobierno incrementará más aún su irrupción en la campaña, por las desventajas que le han atribuido las encuestas a las candidaturas oficialistas y el auge del PRM. Esperan que nada de eso cambie “la avalancha en favor de un cambio de gobierno que se advierte en todos los sectores sociales”.
Mientras sociólogos, como Wilfredo Lozano y César Pérez, creen que los abusos del poder incluso podrían ser contraproducentes y generar votos a favor de la oposición en sectores poco entusiasmados.
Hay mucha formas más de sacar beneficio electoral a los numerosos programas adicionales de ayuda, que existen en la mayoría de las entidades estatales, incluyendo los ayuntamientos, cuyas nóminas tampoco son transparentes. Una forma de verlos es midiendo el gasto general del Gobierno en capítulos como pasajes, gastos de transporte, combustibles o publicidad. Un cuadro anexo, con información del sistema de información financiera del Gobierno, marca el enorme crecimiento registrado en enero, en relación al mismo mes del año pasado, explicable por la campaña electoral, como se documentó en el 2016.
Además de los subsidios sociales (en cuadro anexo) que el año pasado tuvieron una asignación de 15,400 millones de pesos, la presidencia de la República se asigna otras sumas millonarias para asistencias sociales y donaciones de múltiples categorías. Este año la asignación para el Gabinete de Políticas Sociales, en el Presupuesto Nacional, alcanza a 29 mil 184.4 millones de pesos. El Plan Presidencial contra la Pobreza tiene asignados 3 mil 789 millones, y los comedores económicos 1,664.4 millones de pesos.
Gran parte de esas ayudas se entregan a nombre del presidente de la nación, y a través de dirigentes políticos, gobernadores y legisladores, lo que se acentúa en los períodos electorales. Otra ventajas oficialistas se derivan de los barrilitos y cofrecitos que se distribuyen generosamente entre los legisladores, privilegiando a los oficialistas.
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
Fuente de la imagen,Getty Images
Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.