Análisis Noticiosos
Los asalariados estatales son el blanco del PLD para aumentar en un 25 por ciento su caudal de votos en elecciones.
Por Juan Bolívar Díaz
Como una expresión de inseguridad el presidente Danilo Medina en su discurso en un acto en Santiago, donde proclamó que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, y su orden de comprar alimentos, electrodomésticos y materiales de construcción para repartos, parecen indicios de debilidad, pero implicaría mayor irrupción del Gobierno en la campaña electoral.
Como en procesos electorales anteriores, el PLD trataría de manipular la conciencia de los empleados estatales, los retirados y los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno, que representan la cuarta parte de los 7 millones 377 mil 374 ciudadanos empadronados para votar en los comicios de este año.
Danilo dirige la campaña
El discurso del presidente Danilo Medina en una asamblea de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago el pasado domingo 2 indica que el mandatario dirige la campaña electoral oficialista, y estaría mostrando inseguridad en los resultados de los próximos comicios municipales, lo que despierta temores de una mayor irrupción del Gobierno al final del proceso y de cara a las presidenciales de mayo.
Causó preocupación la afirmación presidencial de que “no hay forma de que el PLD pueda perder estas elecciones”, considerada inapropiada para un jefe de Estado en cualquier democracia, aún de mediana intensidad. Pero el mandatario fue más lejos al dar públicas instrucciones a los dirigentes de su partido para que se preparen a montar una plataforma para acarrear electores el día de la votación.
El presidente sostuvo que esa plataforma es fundamental “porque es la única forma de saber quiénes quieren votar por el PLD, dónde están y cuál compañero lo va a llevar a votar“. Precisó que el día 16 “se harán cortes parciales cada dos o tres horas del día, y vamos a saber de antemano quiénes no han ido a votar en cada mesa electoral. Entonces la maquinaria que ustedes tienen organizada se tiene que encargar de llevar a la gente a votar”.
Los términos tan tajantes del domingo recordaron los empleados por el mismo Medina el 21 de octubre cuando, al responder el discurso de renuncia de Leonel Fernández al PLD, del día anterior, proclamó que con los que se quedaran en el partido “yo voy a ganar las elecciones”.
Por encima de las leyes
Al asumir públicamente la dirección de la campaña de su partido, el presidente se coloca por encima de las leyes electorales y de la Función Pública que prohíben a los funcionarios del Estado aprovecharse de su jerarquía para favorecer intereses partidistas, pero también incentiva a violar la prohibición de realizar labores proselitistas prohibidas desde dos días antes de las elecciones y durante la jornada de votación. Es cierto que es una práctica política el acarreo de electores hacia los centros de votación, como también el llevar allá fotos de candidatos, logos e identificaciones partidarias, que son formas de propaganda.
Pero otra cosa es que el jefe del Estado adelante instrucciones en discurso público para desatar plataformas y maquinarias proselitistas a partir de información extraída de las mesas electorales, que deberían formar parte del secreto del voto, como lo es sin duda la identidad de quienes hayan acudido a votar mucho antes de la hora límite, que esa vez no será tan vulnerable como ocurrió en las elecciones primarias de octubre, origen de impugnaciones.
La plataforma a la que se refirió el mandatario es un programa informático de los empleados estatales y los beneficiarios de subsidios sociales. Ya en la observación electoral del 2010 del movimiento Participación Ciudadana pudo establecer la operación de “oficinas de asistencia técnica del PLD” en los alrededores de los centros de votación. A partir del mediodía empezaban a recibir reportes de los delegados del partido en las mesas de votación de los que no habían acudido a votar. Si eran empleados o tarjetahabientes estatales eran mandados a buscar por activistas que se encargaban de decirles que así como sabían que no habían votado, también determinarían por quién lo hicieran.
El peso de los asalariados
Ya para las elecciones del 2016 los que recibían algún ingreso mensual del Estado, como empleados, pensionados o beneficiarios de los programas asistencialistas fueron estimados en 23 por ciento. Actualizados ahora, pasarían de la cuarta parte de un padrón que para mayo está determinado por 7 millones 377 mil 374 electores.
No hay unanimidad en cuanto a la totalidad de los empleados del Estado, que según la Contraloría General eran 631,369 en el primer trimestre del 2019. El economista senior del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado Di Franco los cuantificó el año pasado en 634, 407, partiendo de los cotizantes a la seguridad social. Si le suman los de una parte de los ayuntamientos, el poder judicial, Congreso Nacional y JCE que no están en el sistema, más los becarios, se aproximan a los 700 mil que estimó el movimiento Participación Ciudadana.
Pero la falta de transparencia no permite alcanzar la cifra definitiva. Por ejemplo en la Oisoe la nómina oficial a abril del año pasado era 25.6 millones de pesos mensuales, mientras otra nómina no transparentada de personal nominal sumaba 21.9 millones de pesos, según lo documentó la periodista Nuria Piera.
Tampoco hay certeza de cuántos son los beneficiarios de los subsidios sociales. A la mitad del 2019 las tarjetas emitidas sumaban 2 millones 608 mil, en los programas comer es primero, bono gas, bono luz, asistencia escolar, ayuda a envejecientes e incentivos a educación superior. Pero gran parte tenían dos, otros tres, y algunos hasta cuatro tarjetas. Se estima que las personas podrían ser unas 1,200. Sumadas a los 700 mil empleados darían un total de 1 millón 900 mil receptores de pagos estatales mensuales. Para un 25.75 por ciento del padrón electoral.
Por supuesto que esa totalidad no son votantes del PLD, y ahora menos por cuanto ese partido acaba de sufrir una profunda división, pero ellos parten del principio de que todos le deben lealtad. Por eso un senador y un diputado dijeron públicamente que los empleados públicos que no apoyen sus candidaturas deben ser despedidos, como en efecto ha hecho el mismo presidente Medina con numerosos funcionarios, diplomáticos y del servicio consular.
Reparto genera alarma
Uno de esos programas, acentuados en la campaña electoral generó alarma esta semana, cuando se denunció que el Plan Social de la Presidencia dispuso compras de materiales de construcción, alimentos y electrodomésticos y enseres del hogar por 846 millones de pesos. El principal partido de oposición, el PRM, levantó una instancia, amparada en la prohibición de programas sociales extraordinarios en la campaña, consignada en la Ley del Régimen Electoral.
El presidente de la JCE, Julio César Castaños, primero recomendó al Gobierno que por propia iniciativa suspendiera esas compras y cuando funcionarios dijeron que él se había excedido, fue más directo indicando que esas actividades y las inauguraciones estaban efectivamente vedadas en la campaña electoral.
Al escándalo debe atribuirse que tres de los principales diarios, HOY, Listín Diario y El Caribe, coincidieran ayer viernes en editorializar desaprobando las muestras de inequidad en la campaña electoral en beneficio del partido de Gobierno, mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia recomendaba al Gobierno actuar con “prudencia y racionabilidad”.
En los ámbitos opositores se cree que el Gobierno incrementará más aún su irrupción en la campaña, por las desventajas que le han atribuido las encuestas a las candidaturas oficialistas y el auge del PRM. Esperan que nada de eso cambie “la avalancha en favor de un cambio de gobierno que se advierte en todos los sectores sociales”.
Mientras sociólogos, como Wilfredo Lozano y César Pérez, creen que los abusos del poder incluso podrían ser contraproducentes y generar votos a favor de la oposición en sectores poco entusiasmados.
Hay mucha formas más de sacar beneficio electoral a los numerosos programas adicionales de ayuda, que existen en la mayoría de las entidades estatales, incluyendo los ayuntamientos, cuyas nóminas tampoco son transparentes. Una forma de verlos es midiendo el gasto general del Gobierno en capítulos como pasajes, gastos de transporte, combustibles o publicidad. Un cuadro anexo, con información del sistema de información financiera del Gobierno, marca el enorme crecimiento registrado en enero, en relación al mismo mes del año pasado, explicable por la campaña electoral, como se documentó en el 2016.
Además de los subsidios sociales (en cuadro anexo) que el año pasado tuvieron una asignación de 15,400 millones de pesos, la presidencia de la República se asigna otras sumas millonarias para asistencias sociales y donaciones de múltiples categorías. Este año la asignación para el Gabinete de Políticas Sociales, en el Presupuesto Nacional, alcanza a 29 mil 184.4 millones de pesos. El Plan Presidencial contra la Pobreza tiene asignados 3 mil 789 millones, y los comedores económicos 1,664.4 millones de pesos.
Gran parte de esas ayudas se entregan a nombre del presidente de la nación, y a través de dirigentes políticos, gobernadores y legisladores, lo que se acentúa en los períodos electorales. Otra ventajas oficialistas se derivan de los barrilitos y cofrecitos que se distribuyen generosamente entre los legisladores, privilegiando a los oficialistas.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader estuvo en estos días en Praga en el Forum 2000, donde pronunció un discurso que no tiene nada que ver con la realidad nacional.
Habló, entre otras cosas, de la supuesta fortaleza de la democracia dominicana, cuya narrativa sólo se la cree él mismo, el PRM y los funcionarios de su gobierno.
Cualquiera se queda estupefacto, porque el presidente ha vendido la idea allí de que él ha sido el protagonista de la prohibición de la reelección presidencial, pese a que cuando el mandatario llegó al puesto la misma ya estaba consignada en la carta magna.
Pero eso no fue lo peor de Abinader, sino que ha querido dejar sentado en la comunidad internacional que él es un defensor y protector de la Constitución cuando su práctica ha sido todo lo contrario.
Han sido incontables los decretos promulgados por el presidente en franca violación de leyes orgánicas y de la jurisprudencia constitucional en violación de la Constitución de la República.
Cualquiera podría preguntarse si esas travesuras de Abinader es porque tiene la vocación de violar la ley y la Constitución o sencillamente se trata de un problema de ignorancia.
Cualquiera que sea la causa habla muy mal de un hombre que ha ido al Palacio Nacional ha reproducir todos los vicios de que adolecen los partidos políticos, incluido el suyo, el Revolucionario Moderno.
Nunca pensé que Abinader tuviera tanta capacidad para mentir o para distorsionar la realidad que sufre la democracia dominicana.
Independientemente de que el presidente luce como una persona bonachona, pero el pueblo dominicano está frente a un político en el que no se puede saber con exactitud si es más mentiroso que inepto.
Aunque estos defectos nadie puede negar que lo caracterizan, cuyo peso de esa distorsión lo llevará, en algún momento, a entrar en conflicto con conciencia.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.