Análisis Noticiosos
El PLD va a su congreso sin claro liderazgo y acosado por la fuerte atracción de Leonel
Por Juan Bolívar Díaz
La incertidumbre es el signo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que enfrentaría por primera vez un congreso renovador de sus dirigentes sin un líder que lo unifique, y sin haber hecho una catarsis sobre su desguañangue en un ejercicio gubernamental que llegó a controlar casi absolutamente el Estado y gran parte de los organismos sociales.
El ahora principal partido de oposición está amenazado por el polo de atracción que representa su exlíder Leonel Fernández, mientras se teme que pasen factura los dirigentes relegados por el expresidente Danilo Medina cuando impuso la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, quien no pudo levantar vuelo ni para competir por el liderazgo del partido.
La reunión del Comité Político del PLD del pasado domingo ratificó la convocatoria de su IX Congreso con el propósito de renovar sus dirigentes, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del Comité Político y los organismos intermedios, anquilosados durante los últimos 16 años que estuvo en el gobierno, con un poder tan absoluto que para muchos era insuperable hasta las aplastantes derrotas tanto en las elecciones municipales de marzo como en las presidenciales de julio.
El desafío no es poco para una organización que durante casi dos décadas mantuvo los mismos dirigentes nacionales, incluyendo presidente y secretario general, y que apenas realizó ampliaciones de la matrícula de sus organismos superiores, constituido en refugio de una casta de dirigentes que se llegaron a sentir por encima de la sociedad y proclamaban que el poder era para utilizarlo, que no se cedía y que se imponía por encima de todo.
La otrora maquinaria disciplinada por el genio del profesor Juan Bosch devino en una corporación con dirigencia inamovible y la ambición de poder terminó por dividirla profundamente, con la partida en octubre, tras una traumática convención electiva, de Leonel Fernández, quien encarnó el mayor liderazgo tras el final del fundador, y que condujo a los peledeístas al disfrute del poder durante sus primeros tres períodos de gobierno.
El congreso que está programado para iniciarse con el próximo mes de octubre y culminar con el año, enfrenta el desafío de la renovación, sin el liderazgo y el arbitraje que encarnó Bosch y sin la fuerza de moderación que se derivaba del poder ejercido por tres períodos presidenciales de Leonel y los últimos dos de Danilo Medina, en virtud de la “repartición de los cobrecitos” y un presidencialismo cada vez más pronunciado, pero que no pudo evitar la división.
¿Podrá Danilo sobrevivir?
La primera interrogante sobre el próximo congreso peledeísta gira en torno a si el expresidente Medina podrá retener el poder que ejerció casi omnímodamente en la organización durante sus ocho años de gobierno, tras sus fracasos políticos del último cuatrienio, al intentar una segunda reelección consecutiva, al haber impuesto un candidato presidencial sacado del bolsillo a costa de la división del partido y por el fracaso en las elecciones generales, tras asumir que él las ganaría, aún sin ser candidato.
El principal hándicap de Medina es que ha quedado con una prohibición constitucional de volver a ser candidato presidencial, tras agotar los dos períodos de orden constitucional, y no se vislumbra posibilidad de que pueda cambiarlo para el próximo torneo electoral, dado que necesitaría dos terceras partes del actual Congreso Nacional.
Medina es un gran trabajador de la política, armador de juegos, pero carece del carisma necesario para entusiasmar a sus partidarios. Su liderazgo de los últimos años estaba fundamentado en el poder del Presidente de la República, repartidor de favores que llevó a extremos el clientelismo y la corrupción de sus partidarios, perfeccionando los mecanismos de cooptación del liderazgo social iniciado en los períodos de su antecesor Fernández.
El infortunio de Medina fue tan grande que su delfín Gonzalo Castillo, fue incapaz de levantar vuelo para ser una real opción presidencial, pero ni siquiera para quedar con posibilidad de disputar ahora el liderazgo del PLD, pues ha quedado con más enemigos dentro del partido, donde lo consideran un impostor, que en el resto de la sociedad, donde se le percibe con piedad, al considerarse que “fue un invento de Danilo”. .
Necesidad de una catarsis
Para cualquier analista es obvio que el PLD necesitaría una profunda catarsis primero para regenerarse internamente y escoger nuevo liderazgo, dejando atrás una legión de momias políticas, y segundo para recuperar crédito ante la sociedad. Ninguna de las dos resultarán fáciles después que durante años fue aniquilada toda criticidad y dependerá en gran medida de la capacidad de las nuevas autoridades para documentar y sancionar la enorme corrupción denunciada.
Podría ser contraproducente el desafío del presidente del PLD, Temístocles Montás, para que las nuevas autoridades procesen sus denuncias de corrupción, por lo que ya el líder de Alianza País, Guillermo Moreno, le recordó que él fue el único de los vinculados a los sobornos de Odebrecht que admitió, y por escrito, que había recibido financiamiento del agente de la constructora brasileña, Angel Rondón, para tres campañas electorales.
El desafío o la arrogancia son contraproducentes cuando hay tantos escándalos que pueden ser fácilmente documentados, por ejemplo el que ya fue tramitado el jueves al Ministerio Público, de los 11 mil 500 millones de pesos en contratos para comprar asfalto repartidos nada menos que por Gonzalo Castillo, meses antes de asumir la candidatura presidencial peledeísta.
Más imprudente porque la periodista Alicia Ortega pudo documentar que violó la ley de Compras y Contrataciones, y José Rijo que se saltó la ley de presupuesto gastando diez veces lo establecido, y porque no resulta difícil rastrear los beneficiarios para encontrar vinculados.
Tampoco será difícil demandar a Odebrecht que identifique los 28 seudónimos de los que, según documentó el consorcio internacional de periodistas de investigación, recibieron sobornos por 39 millones de dólares para la contratación de las plantas de Punta Catalina y otras obras del gobierno de Medina. La transnacional está obligada a identificarlos, por el acuerdo de lenidad de que fue beneficiaria. Y hay muchos casos más que originarían procesos judiciales con bastante fundamento.
Las nueva autoridades no deberán inventar persecuciones ni apresurarse para caer en el vacío, pero están compelidas por la inmensa y sostenida demanda nacional, en gran medida generadora del cambio político de este año, de sanción a los que colocaron al país entre los líderes mundiales en corrupción y malversación, con decenas de denuncias públicas y según informes tan autorizados como los del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y los de Transparencia Internacional.
El polo de Leonel Fernández
El futuro del PLD está signado por el polo de atracción que representa en sus militantes medios y de bases el expresidente Fernández, que los llevó al poder por los primeros tres períodos y los prolongó por otros dos al imponer en el 2012 a Danilo Medina utilizando todo el poder del Estado, con un déficit fiscal de todo el Estado ese año del 8%, y más de 150 mil millones de pesos solo del gobierno central.
Leonel con su nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP) sigue atrayendo dirigentes medios y de las bases del PLD, y casi todas las semanas recibe desertores, en la última juramentó a 20 presidentes de comité intermedios capitalinos, y al recuperar dos de los senadores del PLD electos, desplazó a este como segunda fuerza senatorial.
Con la ventaja de que no tiene impedimento para optar por la candidatura presidencial en el 2024 y podría incubar una posibilidad de relevar al debutante Partido Revolucionario Moderno.
El líder de la FP tiene otra ventaja: que aunque fue impulsor de la degeneración del peledeísmo histórico, que Temístocles Montás documentó el 19 de enero del 2019 en crisis orgánica, moral e ideológica, quedó superado por los escándalos de la gestión de Danilo Medina, ahora primera opción para pagar las desproporciones del poder y sancionar la corrupción. Hasta tácticamente habría que concentrarse en los últimos dos períodos.
Varias facturas pendientes
Danilo Medina tiene varias facturas pendientes de quienes dentro de su partido se sintieron “traicionados” o por lo menos relegados en la carrera por la candidatura presidencial, a quienes había incentivado a buscarla sobre la base de que él no aspiraría a un tercer período consecutivo.
Varios de ellos corrieron durante par de años con las riendas tensas, dándose cuenta del doble juego del mandatario, que siguió pretendiendo continuar.
Pero fue peor cuando en julio del 2019 a Medina se le cerraron las posibilidades de la segunda reforma constitucional y entonces se sacó de la manga la precandidatura de Gonzalo Castillo, y la impuso por encima de los que llevaban años persiguiéndola, para lo cual utilizó todo el poder del Estado, nombrando promotores a los ministros y altos funcionarios y forzando el retiro de varios aspirantes con viejos méritos partidistas.
Luego selló la división del PLD y su salida del poder, al extender la votación por varias horas, cuando los cómputos de la elección primaria otorgaban la candidatura presidencial al expresidente Fernández.
Por lo menos el secretario general Reinaldo Pared Pérez, con influyentes hermanos, y otros dos precandidatos, Carlos Amarante Baret, y Manuel Crespo expresaron públicamente su indignación por el abuso del Estado en la campaña interna. Pared dejó por escrito que “se han violado todas las normas de equidad y justicia”.
Ninguno de ellos puso entusiasmo por la candidatura de Gonzalo y se cree que no apostarán por el liderazgo de un Danilo Medina, a no ser que esperen heredarlo de dedo.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.