Análisis Noticiosos
El PLD va a su congreso sin claro liderazgo y acosado por la fuerte atracción de Leonel
Por Juan Bolívar Díaz
La incertidumbre es el signo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que enfrentaría por primera vez un congreso renovador de sus dirigentes sin un líder que lo unifique, y sin haber hecho una catarsis sobre su desguañangue en un ejercicio gubernamental que llegó a controlar casi absolutamente el Estado y gran parte de los organismos sociales.
El ahora principal partido de oposición está amenazado por el polo de atracción que representa su exlíder Leonel Fernández, mientras se teme que pasen factura los dirigentes relegados por el expresidente Danilo Medina cuando impuso la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, quien no pudo levantar vuelo ni para competir por el liderazgo del partido.
La reunión del Comité Político del PLD del pasado domingo ratificó la convocatoria de su IX Congreso con el propósito de renovar sus dirigentes, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del Comité Político y los organismos intermedios, anquilosados durante los últimos 16 años que estuvo en el gobierno, con un poder tan absoluto que para muchos era insuperable hasta las aplastantes derrotas tanto en las elecciones municipales de marzo como en las presidenciales de julio.
El desafío no es poco para una organización que durante casi dos décadas mantuvo los mismos dirigentes nacionales, incluyendo presidente y secretario general, y que apenas realizó ampliaciones de la matrícula de sus organismos superiores, constituido en refugio de una casta de dirigentes que se llegaron a sentir por encima de la sociedad y proclamaban que el poder era para utilizarlo, que no se cedía y que se imponía por encima de todo.
La otrora maquinaria disciplinada por el genio del profesor Juan Bosch devino en una corporación con dirigencia inamovible y la ambición de poder terminó por dividirla profundamente, con la partida en octubre, tras una traumática convención electiva, de Leonel Fernández, quien encarnó el mayor liderazgo tras el final del fundador, y que condujo a los peledeístas al disfrute del poder durante sus primeros tres períodos de gobierno.
El congreso que está programado para iniciarse con el próximo mes de octubre y culminar con el año, enfrenta el desafío de la renovación, sin el liderazgo y el arbitraje que encarnó Bosch y sin la fuerza de moderación que se derivaba del poder ejercido por tres períodos presidenciales de Leonel y los últimos dos de Danilo Medina, en virtud de la “repartición de los cobrecitos” y un presidencialismo cada vez más pronunciado, pero que no pudo evitar la división.
¿Podrá Danilo sobrevivir?
La primera interrogante sobre el próximo congreso peledeísta gira en torno a si el expresidente Medina podrá retener el poder que ejerció casi omnímodamente en la organización durante sus ocho años de gobierno, tras sus fracasos políticos del último cuatrienio, al intentar una segunda reelección consecutiva, al haber impuesto un candidato presidencial sacado del bolsillo a costa de la división del partido y por el fracaso en las elecciones generales, tras asumir que él las ganaría, aún sin ser candidato.
El principal hándicap de Medina es que ha quedado con una prohibición constitucional de volver a ser candidato presidencial, tras agotar los dos períodos de orden constitucional, y no se vislumbra posibilidad de que pueda cambiarlo para el próximo torneo electoral, dado que necesitaría dos terceras partes del actual Congreso Nacional.
Medina es un gran trabajador de la política, armador de juegos, pero carece del carisma necesario para entusiasmar a sus partidarios. Su liderazgo de los últimos años estaba fundamentado en el poder del Presidente de la República, repartidor de favores que llevó a extremos el clientelismo y la corrupción de sus partidarios, perfeccionando los mecanismos de cooptación del liderazgo social iniciado en los períodos de su antecesor Fernández.
El infortunio de Medina fue tan grande que su delfín Gonzalo Castillo, fue incapaz de levantar vuelo para ser una real opción presidencial, pero ni siquiera para quedar con posibilidad de disputar ahora el liderazgo del PLD, pues ha quedado con más enemigos dentro del partido, donde lo consideran un impostor, que en el resto de la sociedad, donde se le percibe con piedad, al considerarse que “fue un invento de Danilo”. .
Necesidad de una catarsis
Para cualquier analista es obvio que el PLD necesitaría una profunda catarsis primero para regenerarse internamente y escoger nuevo liderazgo, dejando atrás una legión de momias políticas, y segundo para recuperar crédito ante la sociedad. Ninguna de las dos resultarán fáciles después que durante años fue aniquilada toda criticidad y dependerá en gran medida de la capacidad de las nuevas autoridades para documentar y sancionar la enorme corrupción denunciada.
Podría ser contraproducente el desafío del presidente del PLD, Temístocles Montás, para que las nuevas autoridades procesen sus denuncias de corrupción, por lo que ya el líder de Alianza País, Guillermo Moreno, le recordó que él fue el único de los vinculados a los sobornos de Odebrecht que admitió, y por escrito, que había recibido financiamiento del agente de la constructora brasileña, Angel Rondón, para tres campañas electorales.
El desafío o la arrogancia son contraproducentes cuando hay tantos escándalos que pueden ser fácilmente documentados, por ejemplo el que ya fue tramitado el jueves al Ministerio Público, de los 11 mil 500 millones de pesos en contratos para comprar asfalto repartidos nada menos que por Gonzalo Castillo, meses antes de asumir la candidatura presidencial peledeísta.
Más imprudente porque la periodista Alicia Ortega pudo documentar que violó la ley de Compras y Contrataciones, y José Rijo que se saltó la ley de presupuesto gastando diez veces lo establecido, y porque no resulta difícil rastrear los beneficiarios para encontrar vinculados.
Tampoco será difícil demandar a Odebrecht que identifique los 28 seudónimos de los que, según documentó el consorcio internacional de periodistas de investigación, recibieron sobornos por 39 millones de dólares para la contratación de las plantas de Punta Catalina y otras obras del gobierno de Medina. La transnacional está obligada a identificarlos, por el acuerdo de lenidad de que fue beneficiaria. Y hay muchos casos más que originarían procesos judiciales con bastante fundamento.
Las nueva autoridades no deberán inventar persecuciones ni apresurarse para caer en el vacío, pero están compelidas por la inmensa y sostenida demanda nacional, en gran medida generadora del cambio político de este año, de sanción a los que colocaron al país entre los líderes mundiales en corrupción y malversación, con decenas de denuncias públicas y según informes tan autorizados como los del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y los de Transparencia Internacional.
El polo de Leonel Fernández
El futuro del PLD está signado por el polo de atracción que representa en sus militantes medios y de bases el expresidente Fernández, que los llevó al poder por los primeros tres períodos y los prolongó por otros dos al imponer en el 2012 a Danilo Medina utilizando todo el poder del Estado, con un déficit fiscal de todo el Estado ese año del 8%, y más de 150 mil millones de pesos solo del gobierno central.
Leonel con su nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP) sigue atrayendo dirigentes medios y de las bases del PLD, y casi todas las semanas recibe desertores, en la última juramentó a 20 presidentes de comité intermedios capitalinos, y al recuperar dos de los senadores del PLD electos, desplazó a este como segunda fuerza senatorial.
Con la ventaja de que no tiene impedimento para optar por la candidatura presidencial en el 2024 y podría incubar una posibilidad de relevar al debutante Partido Revolucionario Moderno.
El líder de la FP tiene otra ventaja: que aunque fue impulsor de la degeneración del peledeísmo histórico, que Temístocles Montás documentó el 19 de enero del 2019 en crisis orgánica, moral e ideológica, quedó superado por los escándalos de la gestión de Danilo Medina, ahora primera opción para pagar las desproporciones del poder y sancionar la corrupción. Hasta tácticamente habría que concentrarse en los últimos dos períodos.
Varias facturas pendientes
Danilo Medina tiene varias facturas pendientes de quienes dentro de su partido se sintieron “traicionados” o por lo menos relegados en la carrera por la candidatura presidencial, a quienes había incentivado a buscarla sobre la base de que él no aspiraría a un tercer período consecutivo.
Varios de ellos corrieron durante par de años con las riendas tensas, dándose cuenta del doble juego del mandatario, que siguió pretendiendo continuar.
Pero fue peor cuando en julio del 2019 a Medina se le cerraron las posibilidades de la segunda reforma constitucional y entonces se sacó de la manga la precandidatura de Gonzalo Castillo, y la impuso por encima de los que llevaban años persiguiéndola, para lo cual utilizó todo el poder del Estado, nombrando promotores a los ministros y altos funcionarios y forzando el retiro de varios aspirantes con viejos méritos partidistas.
Luego selló la división del PLD y su salida del poder, al extender la votación por varias horas, cuando los cómputos de la elección primaria otorgaban la candidatura presidencial al expresidente Fernández.
Por lo menos el secretario general Reinaldo Pared Pérez, con influyentes hermanos, y otros dos precandidatos, Carlos Amarante Baret, y Manuel Crespo expresaron públicamente su indignación por el abuso del Estado en la campaña interna. Pared dejó por escrito que “se han violado todas las normas de equidad y justicia”.
Ninguno de ellos puso entusiasmo por la candidatura de Gonzalo y se cree que no apostarán por el liderazgo de un Danilo Medina, a no ser que esperen heredarlo de dedo.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.