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El Poder Ejecutivo extiende plazo de discusión del Pacto Educativo
SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El Poder Ejecutivo extendió hasta el 15 de febrero del año venidero los efectos del decreto 228-13, que dispone la organización y discusión de todo lo concerniente al Pacto Nacional para la Reforma Educativa.
El anuncio lo hizo este jueves en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, luego de presentar los resultados de las consultas que sirven de base en la discusión de la reforma.
La consulta contó con la participación de 9,000 personas y organizaciones, que aportaron un total de 50,516 propuestas que, a juicio de Montalvo, “han enriquecido enormemente el debate sobre la mejora de la educación”.
Se realizó por diversas vías, incluyendo una página web, consultas territoriales en las 10 regiones de planificación del Ministerio de Educación (Minerd) y mediante la entrega de encartes distribuidos en las 32 provincias.
También se realizaron 10 consultas infantiles con la participación de 450 niños, niñas y adolescentes con el seguimiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de Estados Iberoamericanos, bajo la coordinación del MINERD.
Preocupación por la carrera docente
Según Montalvo, uno de los temas que concitó mayor atención fue la necesidad de calificar los recursos humanos en la carrera docente.
Expresó que 7,941 personas opinaron sobre la profesionalización, formación y capacitación de los maestros, aportando un total de 3,866 sugerencias. Mientras que los deberes de los educadores hacia los educandos y la propia escuela generaron 1,659 comentarios, seguidos por 1,609 sugerencias sobre la compensación salarial y mejoras de las condiciones laborales.
Montalvo dijo que la muestra es un indicativo “de la preocupación del pueblo dominicano por los derechos y los deberes de los maestros y de que, tan importante es su dignificación como exigirles la máxima responsabilidad a quienes están llamados a educar a las futuras generaciones”.
También hubo preocupación por temas como la universalización de la educación preuniversitaria, la reforma curricular para el Siglo XXI y el cumplimiento de los horarios y el calendario escolar.
Otros temas fueron la educación superior y la ampliación de su cobertura, generando la opinión de 2,573 personas. Le sigue la necesidad de una oferta académica de estándares internacionales orientada al fomento del empleo, que produjo comentarios de 21,000 participantes. La formación técnica profesional fue del interés de 1,905 personas.
La consulta infantil
Otro tema de gran interés fue la consulta infantil dirigida a menores de edad, entre 5 y 13 años. El funcionario expresó la sorpresa por la calidad de las respuestas y las sugerencias vertidas por los menores.
“Los niños, niñas y adolescentes expresaron que la escuela de hoy debe renovarse, ser más creativa, con mayor participación de los padres y donde puedan expresar más libremente sus ideas y su alegría”, afirmó.
Diez mesas de trabajo
Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social (CES), informó que en enero se establecerán las diez mesas de trabajo que deberán culminar con la firma del Pacto Educativo. Las mesas constituyen la tercera fase del proceso de consulta con la participación de los representantes del CES, convocados mediante el decreto 228-13. Empezarán el 14 de enero y concluirán antes del 15 de febrero.
Montalvo concluyó que el Gobierno garantiza la ejecución y la continuidad del Pacto Educativo mediante la creación de una comisión conformada por los representantes de los actores involucrados en su diseño y ejecución.
La rueda de prensa contó con la participación del Comité Técnico de Apoyo integrado por los ministros de Educación, Carlos Amarante Baret; Economía; Temístocles Montás; sin cartera Antonio Isa Conde, así como técnicos del CES.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva etapa en la reforma del servicio exterior dispuso el Gobierno dominicano con una transformación estructural del sistema consular, que incluye que la totalidad de los ingresos de los consulados dominicanos pasen en lo adelante al Estado.
De esta manera, el presidente Luis Abinader dispone continuar la reforma del servicio exterior, con la adopción de medidas decisivas en el ámbito consular que consolidan un modelo de gestión basado en la integridad institucional, la transparencia y la rendición de cuentas.
Esta fase no parte de cero: da continuidad a los cambios ya implementados y profundiza una transformación orientada a ordenar, profesionalizar, fortalecer e integrar el funcionamiento del servicio diplomático y consular en su conjunto.
Como medida central, la totalidad de los ingresos generados por los servicios consulares será transferida a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Con ello, se asegura un manejo centralizado de los recursos públicos bajo criterios estrictos de control y supervisión estatal, lo que permitirá disponer de los recursos necesarios para expandir y abrir nuevos servicios consulares en aquellas localidades donde han sido requeridos por los dominicanos.
Asimismo, se dispone la implementación de una escala salarial digna para el personal consular, en condiciones equiparables a las del servicio diplomático, corrigiendo distorsiones históricas y garantizando un trato más justo y coherente para estos servidores públicos.
De igual forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará avanzando en la organización de los consulados conforme a criterios objetivos de necesidad operativa y servicio al ciudadano, asegurando estructuras más racionales y funcionales.
El nuevo sistema será implementado de manera gradual en todos los consulados y secciones consulares dominicanas en el mundo, conforme a un proceso ordenado que garantice su correcta aplicación y sostenibilidad. La última etapa del proceso iniciará el 1ero de enero del 2027.
Esta reforma se inscribe en el marco del proceso más amplio de institucionalización del Estado impulsado por el presidente Abinader, en el marco del proyecto RD Meta 2036, que procura duplicar el producto interno bruto del país en la próxima década, así como en la estrategia nacional de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige estándares cada vez más elevados de gobernanza pública y gestión de los recursos del Estado.
Con esta decisión, el Gobierno dominicano reafirma su determinación de consolidar un servicio exterior moderno, ordenado y al servicio de los dominicanos, fortaleciendo la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y alineando su gestión con las mejores prácticas internacionales.
Santo Domingo, R.D.-El receso de la audiencia preliminar dispuso el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo caso la continuación fue fijado para el lunes 20 de abril.
La decisión del juez Raymundo Mejía busca otorgar un plazo razonable a los terceros civilmente demandados y a varios querellantes para que respondan a la acusación presentada por el Ministerio Público, la cual ya fue leída un resumen en el día de hoy.
El magistrado explicó que la próxima sesión estará dedicada a las conclusiones de las partes querellantes y aquellos que respaldan la acusación del Ministerio Público y se centran en el reclamo civil tendrán intervenciones breves.
Dispuso que quienes presentan calificaciones jurídicas distintas o análisis de hechos independientes recibirán un tratamiento acorde a la complejidad de sus planteamientos.
Una vez concluyan todos los querellantes, se fijará una fecha exclusiva para los abogados de los hermanos Espaillat y los terceros civilmente demandados.
Aunque inicialmente se evaluó el lunes 13 de abril, el tribunal descartó la fecha debido a la coincidencia con el juicio del caso Búfalo, un proceso complejo que requiere la presencia de los mismos fiscales actuantes en el expediente Jet Set.
«Le vamos a rogar a los querellantes que resuman sus exposiciones lo más que puedan para que podamos avanzar en la próxima jornada», exhortó el juez Mejía durante la audiencia.
El proceso judicial busca determinar la responsabilidad penal y civil de los propietarios del establecimiento tras el desplome del techo ocurrido el 8 de abril de 2025, siniestro que dejó un saldo trágico de 236 fallecidos y decenas de heridos, conmocionando a la sociedad dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El juez del Primer Juzgado de Instruccion del Distrito Nacional recibió una solicitud del Ministerio Público para dictar auto de apertura a juicio en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo colapsó el 8 de abril de 2025 provocando la muerte de 236 personas.
Los fiscales Enmanuel Ramírez , Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, solicitaron al magistrado Raymundo Mejía que los imputados sean enviados a juicio de fondo para responder por los hechos que se les atribuyen.
Igualmente, el órgano acusador solicitó formalmente mantener las medidas de coerción impuestas contra los acusados.
Además de la libertad restringida, el Ministerio Público enfatizó la necesidad de mantener las medidas cautelares reales sobre el patrimonio de los hermanos Espaillat, las cuales incluyen inmovilización de productos bancarios y financieros, oposición al traspaso de bienes inmuebles, oposición al traspaso de vehículos de motor.
De acuerdo con el fiscal Enmanuel Ramírez, estas disposiciones legales tienen como objetivo fundamental asegurar la disponibilidad de activos para el resarcimiento económico de las familias afectadas. «Estas medidas buscan garantizar que los bienes permanezcan disponibles en beneficio de las víctimas, querellantes y actores civiles para cuando se dicte una sentencia definitiva», explicó el magistrado.
El pedido se produjo luego de que los fiscales concluyeran la lectura del resumen de la acusación. Previamente, el juez Raymundo Mejía había rechazado varios incidentes presentados por la defensa que buscaban, una vez más, el aplazamiento de la audiencia.
En la instancia acusatoria, que consta de 156 páginas, el fiscal Collado detalló la presunta responsabilidad de los hermanos Espaillat en el desplome que dejó un saldo de 236 muertos y más de 80 heridos.
El Ministerio Público tipifica los hechos como homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarias. (Artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano).
Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba. Establecieron que los acusados agravaron su situación al sobrecargar la estructura del techo con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos de resistencia.
Además, señalaron que los propietarios ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del local, priorizando el ahorro de recursos sobre la seguridad.