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El Poder Ejecutivo extiende plazo de discusión del Pacto Educativo
SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El Poder Ejecutivo extendió hasta el 15 de febrero del año venidero los efectos del decreto 228-13, que dispone la organización y discusión de todo lo concerniente al Pacto Nacional para la Reforma Educativa.
El anuncio lo hizo este jueves en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, luego de presentar los resultados de las consultas que sirven de base en la discusión de la reforma.
La consulta contó con la participación de 9,000 personas y organizaciones, que aportaron un total de 50,516 propuestas que, a juicio de Montalvo, “han enriquecido enormemente el debate sobre la mejora de la educación”.
Se realizó por diversas vías, incluyendo una página web, consultas territoriales en las 10 regiones de planificación del Ministerio de Educación (Minerd) y mediante la entrega de encartes distribuidos en las 32 provincias.
También se realizaron 10 consultas infantiles con la participación de 450 niños, niñas y adolescentes con el seguimiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de Estados Iberoamericanos, bajo la coordinación del MINERD.
Preocupación por la carrera docente
Según Montalvo, uno de los temas que concitó mayor atención fue la necesidad de calificar los recursos humanos en la carrera docente.
Expresó que 7,941 personas opinaron sobre la profesionalización, formación y capacitación de los maestros, aportando un total de 3,866 sugerencias. Mientras que los deberes de los educadores hacia los educandos y la propia escuela generaron 1,659 comentarios, seguidos por 1,609 sugerencias sobre la compensación salarial y mejoras de las condiciones laborales.
Montalvo dijo que la muestra es un indicativo “de la preocupación del pueblo dominicano por los derechos y los deberes de los maestros y de que, tan importante es su dignificación como exigirles la máxima responsabilidad a quienes están llamados a educar a las futuras generaciones”.
También hubo preocupación por temas como la universalización de la educación preuniversitaria, la reforma curricular para el Siglo XXI y el cumplimiento de los horarios y el calendario escolar.
Otros temas fueron la educación superior y la ampliación de su cobertura, generando la opinión de 2,573 personas. Le sigue la necesidad de una oferta académica de estándares internacionales orientada al fomento del empleo, que produjo comentarios de 21,000 participantes. La formación técnica profesional fue del interés de 1,905 personas.
La consulta infantil
Otro tema de gran interés fue la consulta infantil dirigida a menores de edad, entre 5 y 13 años. El funcionario expresó la sorpresa por la calidad de las respuestas y las sugerencias vertidas por los menores.
“Los niños, niñas y adolescentes expresaron que la escuela de hoy debe renovarse, ser más creativa, con mayor participación de los padres y donde puedan expresar más libremente sus ideas y su alegría”, afirmó.
Diez mesas de trabajo
Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social (CES), informó que en enero se establecerán las diez mesas de trabajo que deberán culminar con la firma del Pacto Educativo. Las mesas constituyen la tercera fase del proceso de consulta con la participación de los representantes del CES, convocados mediante el decreto 228-13. Empezarán el 14 de enero y concluirán antes del 15 de febrero.
Montalvo concluyó que el Gobierno garantiza la ejecución y la continuidad del Pacto Educativo mediante la creación de una comisión conformada por los representantes de los actores involucrados en su diseño y ejecución.
La rueda de prensa contó con la participación del Comité Técnico de Apoyo integrado por los ministros de Educación, Carlos Amarante Baret; Economía; Temístocles Montás; sin cartera Antonio Isa Conde, así como técnicos del CES.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.