Análisis Noticiosos
El potencial del gas natural para ser un puente hacia las energías renovables en México
México.-Existe una clara tensión entre los países desarrollados y emergentes en torno a la ruta hacia la transición energética. Mientras Europa insiste en que ha llegado el momento de acelerar el paso, en Asia, Latinoamérica y África se advierten rezagos en materia de crecimiento económico, que dificultan el salto monumental hacia la generación eólica o solar. En este debate, algunos sectores proponen el gas natural como un combustible de transición: menos contaminante que otros fósiles, accesible y visto como un primer escalón hacia las energías renovables.
Para el sector gasífero mexicano, alcanzar esa meta requerirá una serie de decisiones que incluyan innovación, políticas públicas y el fortalecimiento de la producción, almacenamiento y distribución nacional, sin que ello implique la eliminación inmediata del gas.
“Es necesario abrir la conversación para poder establecer todos los puntos de vista y llegar a consensos que permitan el desarrollo, pensando en el gas natural como un combustible de transición que va a permitir la interacción o la diversificación de la matriz energética con otro tipo de energías como la eólica o fotovoltaica. Incluso, a nivel nacional, poco a poco se han ido adoptando de manera muy sorprendente los biocombustibles, en específico, el biogás, que tiene una gran similitud química con el gas natural”, explica Guillermo Gómez, director técnico de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, GNL, GNC y Biogás (AMGNV) y director de la consultoría sustentable G2H.
La quema de gas natural genera aproximadamente la mitad del dióxido de carbono (CO2) que produce la misma cantidad de carbón, según la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica. En el uso vehicular, reduce hasta en 35% las emisiones de CO2, frente a la gasolina o el diésel, que aún alimentan a la vasta mayoría del parque automotor, agrega la AMGNV. Su uso también contribuye a disminuir las partículas suspendidas que deterioran la calidad del aire y provocan enfermedades respiratorias en ciudades altamente contaminadas, como la capital mexicana. El biogás, por su parte, puede emplearse en los mismos procesos térmicos que el gas natural y se obtiene de la descomposición de materia orgánica –residuos sólidos urbanos, restos agrícolas o excretas de animales– que se captura y refina. “Va a permitir enverdecer en algunos procesos del gas natural”, añade Gómez.
El equilibrio entre crecer y conservar
Estos avances científicos serán cruciales en la próxima década de desarrollo en Latinoamérica, más aún cuando gobiernos, corporaciones y consumidores empiezan a sentir con mayor fuerza los efectos de un planeta cada vez más caliente, contaminado y vulnerable a emergencias naturales.
La presidenta Claudia Sheinbaum, una científica de profesión con formación ambiental, ha dicho que su gestión espera duplicar la cantidad de electricidad que se genera con energías renovables, una meta altamente ambiciosa. En 2024, México generó el 22% de su electricidad a partir de fuentes renovables, “por debajo de la media mundial del 32%, y muy por debajo de la media latinoamericana del 62%”, de acuerdo con Ember.
El país también se ha comprometido en tratados internacionales, como el Acuerdo de París, a reducir hasta en 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero. “Al día de hoy, estamos carentes de poder llegar”, resume Rubén Ponce, ingeniero ambiental y consultor en Valora, firma especializada en sostenibilidad corporativa. Destaca que, aunque México es uno de los pocos países con paridad de red, es decir, donde resulta más barato consumir renovables que energía convencional, antes de aprovechar esa ventaja es necesario resolver los cuellos de botella de la demanda eléctrica insatisfecha. Actualmente, pocas empresas pueden costear proyectos de autogeneración y almacenamiento, aunque el interés está creciendo, señala.
“Y aquí tenemos una visión dual. La parte social, a nivel de gobernanza privada y gobiernos, que dice: ¿cómo nos preocupamos por nuestra sociedad, la cuidamos a través de nuevas regulaciones y la búsqueda y desarrollo de nuevas tecnologías, para lograr esto de manera inmediata? Y por el otro lado, la parte económica que se pregunta: ¿cómo desarrollamos nuestra economía, porque no podemos parar y perder calidad de vida?”, agrega.
Esta realidad también refleja un cambio de paradigma que ha empezado a tomar tracción global y que reconoce con humildad que intentar eliminar totalmente la huella ambiental que genera la acción humana es prácticamente una utopía. Por ende, los esfuerzos deben enfocarse en reducir, mitigar y compensar los impactos.
“Mucha de la crítica es que, si se aumenta el consumo de gas natural, existirá también una gran cantidad de emisiones, sobre todo fugitivas, que no se van a poder controlar”, reconoce Gómez, del sector gasífero. “Sin embargo, la contribución de emisiones de metano (el principal componente del gas natural) del sector de petróleo y gas es del 10% de las emisiones fugitivas en México. El resto proviene del sector agropecuario, por el consumo de carne de animales, ya sean puercos o reses principalmente, que generan alrededor del 60%. Y el otro 30% está en los residuos sólidos. Y ahí hay un punto a favor para el biogás”, concluye.
elpais.com
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.