Análisis Noticiosos
El potencial del gas natural para ser un puente hacia las energías renovables en México
México.-Existe una clara tensión entre los países desarrollados y emergentes en torno a la ruta hacia la transición energética. Mientras Europa insiste en que ha llegado el momento de acelerar el paso, en Asia, Latinoamérica y África se advierten rezagos en materia de crecimiento económico, que dificultan el salto monumental hacia la generación eólica o solar. En este debate, algunos sectores proponen el gas natural como un combustible de transición: menos contaminante que otros fósiles, accesible y visto como un primer escalón hacia las energías renovables.
Para el sector gasífero mexicano, alcanzar esa meta requerirá una serie de decisiones que incluyan innovación, políticas públicas y el fortalecimiento de la producción, almacenamiento y distribución nacional, sin que ello implique la eliminación inmediata del gas.
“Es necesario abrir la conversación para poder establecer todos los puntos de vista y llegar a consensos que permitan el desarrollo, pensando en el gas natural como un combustible de transición que va a permitir la interacción o la diversificación de la matriz energética con otro tipo de energías como la eólica o fotovoltaica. Incluso, a nivel nacional, poco a poco se han ido adoptando de manera muy sorprendente los biocombustibles, en específico, el biogás, que tiene una gran similitud química con el gas natural”, explica Guillermo Gómez, director técnico de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, GNL, GNC y Biogás (AMGNV) y director de la consultoría sustentable G2H.
La quema de gas natural genera aproximadamente la mitad del dióxido de carbono (CO2) que produce la misma cantidad de carbón, según la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica. En el uso vehicular, reduce hasta en 35% las emisiones de CO2, frente a la gasolina o el diésel, que aún alimentan a la vasta mayoría del parque automotor, agrega la AMGNV. Su uso también contribuye a disminuir las partículas suspendidas que deterioran la calidad del aire y provocan enfermedades respiratorias en ciudades altamente contaminadas, como la capital mexicana. El biogás, por su parte, puede emplearse en los mismos procesos térmicos que el gas natural y se obtiene de la descomposición de materia orgánica –residuos sólidos urbanos, restos agrícolas o excretas de animales– que se captura y refina. “Va a permitir enverdecer en algunos procesos del gas natural”, añade Gómez.
El equilibrio entre crecer y conservar
Estos avances científicos serán cruciales en la próxima década de desarrollo en Latinoamérica, más aún cuando gobiernos, corporaciones y consumidores empiezan a sentir con mayor fuerza los efectos de un planeta cada vez más caliente, contaminado y vulnerable a emergencias naturales.
La presidenta Claudia Sheinbaum, una científica de profesión con formación ambiental, ha dicho que su gestión espera duplicar la cantidad de electricidad que se genera con energías renovables, una meta altamente ambiciosa. En 2024, México generó el 22% de su electricidad a partir de fuentes renovables, “por debajo de la media mundial del 32%, y muy por debajo de la media latinoamericana del 62%”, de acuerdo con Ember.
El país también se ha comprometido en tratados internacionales, como el Acuerdo de París, a reducir hasta en 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero. “Al día de hoy, estamos carentes de poder llegar”, resume Rubén Ponce, ingeniero ambiental y consultor en Valora, firma especializada en sostenibilidad corporativa. Destaca que, aunque México es uno de los pocos países con paridad de red, es decir, donde resulta más barato consumir renovables que energía convencional, antes de aprovechar esa ventaja es necesario resolver los cuellos de botella de la demanda eléctrica insatisfecha. Actualmente, pocas empresas pueden costear proyectos de autogeneración y almacenamiento, aunque el interés está creciendo, señala.
“Y aquí tenemos una visión dual. La parte social, a nivel de gobernanza privada y gobiernos, que dice: ¿cómo nos preocupamos por nuestra sociedad, la cuidamos a través de nuevas regulaciones y la búsqueda y desarrollo de nuevas tecnologías, para lograr esto de manera inmediata? Y por el otro lado, la parte económica que se pregunta: ¿cómo desarrollamos nuestra economía, porque no podemos parar y perder calidad de vida?”, agrega.
Esta realidad también refleja un cambio de paradigma que ha empezado a tomar tracción global y que reconoce con humildad que intentar eliminar totalmente la huella ambiental que genera la acción humana es prácticamente una utopía. Por ende, los esfuerzos deben enfocarse en reducir, mitigar y compensar los impactos.
“Mucha de la crítica es que, si se aumenta el consumo de gas natural, existirá también una gran cantidad de emisiones, sobre todo fugitivas, que no se van a poder controlar”, reconoce Gómez, del sector gasífero. “Sin embargo, la contribución de emisiones de metano (el principal componente del gas natural) del sector de petróleo y gas es del 10% de las emisiones fugitivas en México. El resto proviene del sector agropecuario, por el consumo de carne de animales, ya sean puercos o reses principalmente, que generan alrededor del 60%. Y el otro 30% está en los residuos sólidos. Y ahí hay un punto a favor para el biogás”, concluye.
elpais.com
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.