Análisis Noticiosos
El PRD al borde de su peor división
Por Juan Bolívar Díaz
Aunque el más antiguo partido del país ha superado siete divisiones, tres de ellas de consideración, la que afronta actualmente podría ser la peor, ya que ésta vez carece de arbitraje y de un líder capaz de reunificarlo
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afronta lo que podría ser su peor división, tras haber superado seis anteriores en los 74 años que acaba de cumplir, ya que actualmente carece de grandes propósitos y de un líder en capacidad de reunificarlo y devolver la vida a sus órganos atrofiados.
Con ventajas en los tribunales Electoral y Constitucional, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, encarnando un “nuevo PRD” se encamina a quedarse no sólo con la casa nacional partidaria, que el viejo perredeísmo ya perdió dos veces, sino también con el nombre y los símbolos, y también con la subvención estatal.
Pasos hacia el abismo
Cada semana el perredeísmo da nuevos pasos hacia el abismo de una división que esta vez tiene signos ominosos por la ausencia de líderes como Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez que en el pasado mantuvieron o rescataron la mística que ha extendido por tres cuartos de siglo de existencia de la más prolongada organización política nacional y de las más antiguas de América Latina.
A pocos ha sorprendido que el Tribunal Superior Electoral (TSE) siguiera dando aprobación a las expulsiones y suspensiones dictadas por un tribunal disciplinario constituido en juez y parte, en contradicción con elementales principios del derecho, dejando a los afectados sin más recurso que apelar ante el Tribunal Constitucional. Pero en éste como en el Electoral el grupo de Vargas cuenta con ventaja fruto del pacto que, sin aprobación partidaria, hizo en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández.
El presidente del PRD rechazó de inmediato la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que la Iglesia Católica mediaran en busca de una salida concertada a la crisis, y para no dejar dudas de su firmeza convocó para hoy domingo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ratificaría las sanciones de la semana anterior.
Con el expresidente Hipólito Mejía y el presidente en funciones Andrés Bautista expulsados, e impedidos de participar en la reunión del CEN, al igual que los suspendidos Orlando Jorge y Geanilda Vásquez, se ignora si el grueso de sus seguidores y aliados internos concurrirán a la cita de este domingo. En cualquier caso estarían en desventaja dentro de un local donde no caben los 2,307 miembros que constituyen el organismo de acuerdo con la nómina que registró Vargas ante la Junta Electoral el 18 de mayo pasado, justo el día en que su partido concluía la campaña electoral.
Esa nómina ya está reconocida por el TSE, aunque Enmanuel Esquea, expresidente del PRD y abogado de los expulsados y suspendidos sostiene que excluye a unos 300 de los 1,790 miembros que tenía cuando ratificaron a Vargas como presidente en el 2009 y cuando en el 2011 fue proclamado Mejía como candidato presidencial, y que incluye a unos 550 nuevos.
En manos de Vargas
La división es un hecho porque Vargas Maldonado ha demostrado que quiere el partido para él solo, el “nuevo PRD” que proclamó al ser investido presidente, donde nadie le dispute su preponderancia y que no se le ocurra volver a descartarlo como candidato presidencial, como ocurrió en la última convención del 6 de marzo del 2011. Cuenta con las ventajas de las cortes y el apoyo del expresidente Leonel Fernández y su partido en el poder, y con la dispersión e ineficacia de la mayoría de sus contradictores.
Se quedará no sólo con la casa nacional, que mantiene encadenada desde mediados del año pasado, sino también con el nombre y los símbolos del viejo partido, así como con la subvención del presupuesto nacional, que el año pasado significó 374 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales. Para 2013, como no hay elección se reduce al 0.25 por ciento, pero como crecen las recaudaciones, alcanzaría 254 millones de pesos, con el estimado de ingresos de 384 mil millones de pesos.
Con apenas un puñado de los dirigentes nacionales del PRD, y dado que confrontó al candidato presidencial que arrastró a más del 90 por ciento de sus militantes y obtuvo el 47 por ciento de la votación nacional, Vargas tendrá escasas posibilidades de reunificar ese partido y rescatar sus apoyos externos. Más aún por su limitado carisma político y por girar hacia la derecha política, un espacio que corresponde a Leonel Fernández, el próximo candidato presidencial del partido oficial.
Con un poco de suerte, el “nuevo PRD” podría sobrevivir gracias al financiamiento público y con el reparto de candidaturas para los comicios del 2016. Pero le resultará muy difícil remontar el descrédito que sufrirá en la imagen democrática que acumuló durante décadas y que le dio vigencia a pesar de la frecuencia con que la pluralidad ha devenido en confrontación abierta.
Una prolongada agonía
El PRD es víctima de una prolongada agonía, originada en el pragmatismo que afecta al sistema partidista, y que en su caso ha adolecido de una renovación del liderazgo en todos sus niveles. Decenas de dirigentes nacionales ya cansados, frustrados o resignados, ni siquiera han protestado tras haber sido excluidos por acción individual.
Los organismos perredeístas, desde los comités de base al CEN dejaron de ser operantes y sólo eso explica que se permitieran el lujo de ir a las elecciones presidenciales del año pasado con un presidente que junto a un pequeño núcleo, trabajaba para provocar la derrota, algo insólito y sin precedente en la democracia.
La mayoría de los dirigentes del partido blanco, incluyendo los de edad media, y cientos de jóvenes formados en los cursos de gestión política quedaron inmovilizados en medio del conflicto, a lo que contribuyó la reducción del conflicto a la confrontación entre Vargas y Mejía, y que éste aceptó el juego sin echarse a un lado y llamar a la renovación del partido para preservarlo, aunque tanto en la campaña electoral como después dejó abiertas las puertas a un entendimiento que salvara la unidad.
Hipólito Mejía fue responsable en parte de la degradación de la mística y la democracia interna del perredeísmo cuando desde la presidencia, entre el 2000 y el 2004 practicó el autoritarismo y compró voluntades para imponer una inútil reforma constitucional que le permitiera buscar la reelección en condiciones que obligaban a una alternativa. Se impuso sobre símbolos perredeístas como, Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea, Hugo Tolentino y Hatuey de Camps quien terminó expulsado.
Dos derrotas consecutivas como candidato presidencial debieron ser suficientes para que Mejía promoviera una renovación. El haber obtenido el 47 por ciento de la votación en una elección tan desigual, luchando hasta con el presidente de su partido en contra, le ha permitido mantener su esperanza de volver al poder, ignorando que una parte de ese sufragio fue por sanción a la gestión del PLD. Eso ha contribuido a inhibir a muchos partidarios de la renovación.
No hay quien salve al PRD
La validación de las expulsiones y suspensiones por el TSE puede ser el golpe de gracia a la unidad del PRD que quedaría profundamente escindido y con un nuevo liderazgo fundado en el pragmatismo político. Sería la octava división del partido blanco y esta vez con preponderancia de una minoría de sus dirigentes y sin un líder en capacidad de reunificarlo. La primera fragmentación ocurrió en 1940, al año de fundado en el exilio, protagonizada por su primer secretario general, Juan Isidro Jiménes Grullón, quien luego crearía la Alianza Social Demócrata.
Recién llegado al país en 1961, dos de sus tres precursores, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se fueron casi solos para constituir el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico y el Partido Progresista Demócrata Cristiano. No hicieron mella a un partido que lideraba Juan Bosch. Otra insignificante fue la salida de Rafael Peguero Méndez, quien con otros nueve diputados expulsados, adquirió la franquicia del Partido Popular Cristiano en 1998.
La mayor división del PRD fue la protagonizada por el profesor Juan Bosch en diciembre de 1973 cuando renunció para constituir el Partido de la Liberación Dominicana. Se quedó con el local nacional pero la mayoría se mantuvo en el partido blanco que ya contaba con liderazgo de relevo de Peña Gómez, que 4 años y medio después lo llevaría al poder.
La escisión del perredeísmo fue casi a la mitad tras la derrota electoral de 1986, protagonizada por las rivalidades de los grupos del candidato perdedor Jacobo Majluta y Peña Gómez que dieron origen a dos partidos el Revolucionario Independiente y el Bloque Institucional Social Demócrata. Otra vez el liderazgo peñagomista logró rescatar la unidad para resurgir con fuerza. La séptima y última fue originada en la expulsión de Hatuey de Camps, quien lo presidía, y constituyó el Partido Revolucionario Social Demócrata, quedándose con el local nacional.
Ironía de la política nacional: Hipólito Mejía contribuyó a elevar el protagonismo político de Miguel Vargas. Lo mantuvo sus cuatro años como ministro de Obras Pública clave para aumentar fortunas, y luego lo respaldó para la candidatura presidencial del 2008, prefiriéndolo a Milagros Ortiz Bosch, y un año después para la presidencia del partido. El expresidente propició el rescate de Fiquito Vásquez, que había sido expulsado por traición y quien ahora preside el tribunal que lo extraña del partido que más votos recibió, con Mejía de candidato, en la última consulta democrática hace sólo 8 meses.
De espalda a la realidad del país, la división del PRD auspiciará el retorno al poder dentro de tres años del nuevo caudillo Leonel Fernández, dueño del escenario judicial y político nacional, quien ya hace tiempo se apropió del Partido Reformista Social Cristiano que durante más de tres décadas compartió con el perredeísmo el dominio de la política dominicana.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.