Análisis Noticiosos
El PRD al borde de su peor división
Por Juan Bolívar Díaz
Aunque el más antiguo partido del país ha superado siete divisiones, tres de ellas de consideración, la que afronta actualmente podría ser la peor, ya que ésta vez carece de arbitraje y de un líder capaz de reunificarlo
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afronta lo que podría ser su peor división, tras haber superado seis anteriores en los 74 años que acaba de cumplir, ya que actualmente carece de grandes propósitos y de un líder en capacidad de reunificarlo y devolver la vida a sus órganos atrofiados.
Con ventajas en los tribunales Electoral y Constitucional, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, encarnando un “nuevo PRD” se encamina a quedarse no sólo con la casa nacional partidaria, que el viejo perredeísmo ya perdió dos veces, sino también con el nombre y los símbolos, y también con la subvención estatal.
Pasos hacia el abismo
Cada semana el perredeísmo da nuevos pasos hacia el abismo de una división que esta vez tiene signos ominosos por la ausencia de líderes como Juan Bosch o José Francisco Peña Gómez que en el pasado mantuvieron o rescataron la mística que ha extendido por tres cuartos de siglo de existencia de la más prolongada organización política nacional y de las más antiguas de América Latina.
A pocos ha sorprendido que el Tribunal Superior Electoral (TSE) siguiera dando aprobación a las expulsiones y suspensiones dictadas por un tribunal disciplinario constituido en juez y parte, en contradicción con elementales principios del derecho, dejando a los afectados sin más recurso que apelar ante el Tribunal Constitucional. Pero en éste como en el Electoral el grupo de Vargas cuenta con ventaja fruto del pacto que, sin aprobación partidaria, hizo en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández.
El presidente del PRD rechazó de inmediato la propuesta del expresidente Hipólito Mejía para que la Iglesia Católica mediaran en busca de una salida concertada a la crisis, y para no dejar dudas de su firmeza convocó para hoy domingo una reunión del Comité Ejecutivo Nacional que ratificaría las sanciones de la semana anterior.
Con el expresidente Hipólito Mejía y el presidente en funciones Andrés Bautista expulsados, e impedidos de participar en la reunión del CEN, al igual que los suspendidos Orlando Jorge y Geanilda Vásquez, se ignora si el grueso de sus seguidores y aliados internos concurrirán a la cita de este domingo. En cualquier caso estarían en desventaja dentro de un local donde no caben los 2,307 miembros que constituyen el organismo de acuerdo con la nómina que registró Vargas ante la Junta Electoral el 18 de mayo pasado, justo el día en que su partido concluía la campaña electoral.
Esa nómina ya está reconocida por el TSE, aunque Enmanuel Esquea, expresidente del PRD y abogado de los expulsados y suspendidos sostiene que excluye a unos 300 de los 1,790 miembros que tenía cuando ratificaron a Vargas como presidente en el 2009 y cuando en el 2011 fue proclamado Mejía como candidato presidencial, y que incluye a unos 550 nuevos.
En manos de Vargas
La división es un hecho porque Vargas Maldonado ha demostrado que quiere el partido para él solo, el “nuevo PRD” que proclamó al ser investido presidente, donde nadie le dispute su preponderancia y que no se le ocurra volver a descartarlo como candidato presidencial, como ocurrió en la última convención del 6 de marzo del 2011. Cuenta con las ventajas de las cortes y el apoyo del expresidente Leonel Fernández y su partido en el poder, y con la dispersión e ineficacia de la mayoría de sus contradictores.
Se quedará no sólo con la casa nacional, que mantiene encadenada desde mediados del año pasado, sino también con el nombre y los símbolos del viejo partido, así como con la subvención del presupuesto nacional, que el año pasado significó 374 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales. Para 2013, como no hay elección se reduce al 0.25 por ciento, pero como crecen las recaudaciones, alcanzaría 254 millones de pesos, con el estimado de ingresos de 384 mil millones de pesos.
Con apenas un puñado de los dirigentes nacionales del PRD, y dado que confrontó al candidato presidencial que arrastró a más del 90 por ciento de sus militantes y obtuvo el 47 por ciento de la votación nacional, Vargas tendrá escasas posibilidades de reunificar ese partido y rescatar sus apoyos externos. Más aún por su limitado carisma político y por girar hacia la derecha política, un espacio que corresponde a Leonel Fernández, el próximo candidato presidencial del partido oficial.
Con un poco de suerte, el “nuevo PRD” podría sobrevivir gracias al financiamiento público y con el reparto de candidaturas para los comicios del 2016. Pero le resultará muy difícil remontar el descrédito que sufrirá en la imagen democrática que acumuló durante décadas y que le dio vigencia a pesar de la frecuencia con que la pluralidad ha devenido en confrontación abierta.
Una prolongada agonía
El PRD es víctima de una prolongada agonía, originada en el pragmatismo que afecta al sistema partidista, y que en su caso ha adolecido de una renovación del liderazgo en todos sus niveles. Decenas de dirigentes nacionales ya cansados, frustrados o resignados, ni siquiera han protestado tras haber sido excluidos por acción individual.
Los organismos perredeístas, desde los comités de base al CEN dejaron de ser operantes y sólo eso explica que se permitieran el lujo de ir a las elecciones presidenciales del año pasado con un presidente que junto a un pequeño núcleo, trabajaba para provocar la derrota, algo insólito y sin precedente en la democracia.
La mayoría de los dirigentes del partido blanco, incluyendo los de edad media, y cientos de jóvenes formados en los cursos de gestión política quedaron inmovilizados en medio del conflicto, a lo que contribuyó la reducción del conflicto a la confrontación entre Vargas y Mejía, y que éste aceptó el juego sin echarse a un lado y llamar a la renovación del partido para preservarlo, aunque tanto en la campaña electoral como después dejó abiertas las puertas a un entendimiento que salvara la unidad.
Hipólito Mejía fue responsable en parte de la degradación de la mística y la democracia interna del perredeísmo cuando desde la presidencia, entre el 2000 y el 2004 practicó el autoritarismo y compró voluntades para imponer una inútil reforma constitucional que le permitiera buscar la reelección en condiciones que obligaban a una alternativa. Se impuso sobre símbolos perredeístas como, Milagros Ortiz Bosch, Enmanuel Esquea, Hugo Tolentino y Hatuey de Camps quien terminó expulsado.
Dos derrotas consecutivas como candidato presidencial debieron ser suficientes para que Mejía promoviera una renovación. El haber obtenido el 47 por ciento de la votación en una elección tan desigual, luchando hasta con el presidente de su partido en contra, le ha permitido mantener su esperanza de volver al poder, ignorando que una parte de ese sufragio fue por sanción a la gestión del PLD. Eso ha contribuido a inhibir a muchos partidarios de la renovación.
No hay quien salve al PRD
La validación de las expulsiones y suspensiones por el TSE puede ser el golpe de gracia a la unidad del PRD que quedaría profundamente escindido y con un nuevo liderazgo fundado en el pragmatismo político. Sería la octava división del partido blanco y esta vez con preponderancia de una minoría de sus dirigentes y sin un líder en capacidad de reunificarlo. La primera fragmentación ocurrió en 1940, al año de fundado en el exilio, protagonizada por su primer secretario general, Juan Isidro Jiménes Grullón, quien luego crearía la Alianza Social Demócrata.
Recién llegado al país en 1961, dos de sus tres precursores, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se fueron casi solos para constituir el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico y el Partido Progresista Demócrata Cristiano. No hicieron mella a un partido que lideraba Juan Bosch. Otra insignificante fue la salida de Rafael Peguero Méndez, quien con otros nueve diputados expulsados, adquirió la franquicia del Partido Popular Cristiano en 1998.
La mayor división del PRD fue la protagonizada por el profesor Juan Bosch en diciembre de 1973 cuando renunció para constituir el Partido de la Liberación Dominicana. Se quedó con el local nacional pero la mayoría se mantuvo en el partido blanco que ya contaba con liderazgo de relevo de Peña Gómez, que 4 años y medio después lo llevaría al poder.
La escisión del perredeísmo fue casi a la mitad tras la derrota electoral de 1986, protagonizada por las rivalidades de los grupos del candidato perdedor Jacobo Majluta y Peña Gómez que dieron origen a dos partidos el Revolucionario Independiente y el Bloque Institucional Social Demócrata. Otra vez el liderazgo peñagomista logró rescatar la unidad para resurgir con fuerza. La séptima y última fue originada en la expulsión de Hatuey de Camps, quien lo presidía, y constituyó el Partido Revolucionario Social Demócrata, quedándose con el local nacional.
Ironía de la política nacional: Hipólito Mejía contribuyó a elevar el protagonismo político de Miguel Vargas. Lo mantuvo sus cuatro años como ministro de Obras Pública clave para aumentar fortunas, y luego lo respaldó para la candidatura presidencial del 2008, prefiriéndolo a Milagros Ortiz Bosch, y un año después para la presidencia del partido. El expresidente propició el rescate de Fiquito Vásquez, que había sido expulsado por traición y quien ahora preside el tribunal que lo extraña del partido que más votos recibió, con Mejía de candidato, en la última consulta democrática hace sólo 8 meses.
De espalda a la realidad del país, la división del PRD auspiciará el retorno al poder dentro de tres años del nuevo caudillo Leonel Fernández, dueño del escenario judicial y político nacional, quien ya hace tiempo se apropió del Partido Reformista Social Cristiano que durante más de tres décadas compartió con el perredeísmo el dominio de la política dominicana.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.