Análisis Noticiosos
El PRD en tránsito a su desguañangue
Por Juan Bolívar Díaz
El desastre convencional del domingo 20 parece marcar el desguañangue, a los 75 años, de uno de los partidos más antiguos de América Latina, con repercusiones en el proyecto de larga dominación política de Leonel Fernández y su PLD.
El espectáculo antidemocrático y violento de lo que debió ser una convención eleccionaria sume en el mayor descrédito y auto descalificación al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el más antiguo del país y uno de los más tradicionales de América Latina, fundado hace tres cuartos de siglo.
En lo inmediato el desguañangue del perredeísmo abona la muy probable repostulación del ex presidente Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su anunciado proyecto de dominación política por lo menos para los próximos 30 años.
Escenario poco auspicioso
El virtual secuestro en que había caído el PRD, que tuvo su mayor expresión en expulsiones y suspensiones sumarias que incluyeron al expresidente de la nación Hipólito Mejía quien como último candidato presidencial dos años antes había obtenido el 47 por ciento del voto luchando contra todo el Estado, decretaba una profunda división, pero nadie podía esperar que fuera tan torpemente fraguada como ocurrió en la convención eleccionaria del 20 de julio.
El escenario para la imposición fue montado a lo largo de un año, excluyendo a cientos de miembros del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del partido, luego durante una sesión en diciembre sin previa convocatoria, eligiendo una Comisión
Organizadora de la convención presidida por Julio Maríñez, uno de los más radicales y sectarios promotores de la expulsión de Mejía y del presidente en funciones Andrés Bautista, y de la suspensión del secretario general Orlando Jorge, y de la secretaria de organización Geanilda Vásquez.
Miguel Vargas Maldonado, quien había excedido en un año el cuatrienio para el que fue juramentado presidente del PRD en el 2009, se negó a integrar una comisión organizadora plural, por lo que la mayoría de los dirigentes conocidos, encabezados por
Mejía y Luis Abinader, decidieron abstenerse, iniciando la constitución de su propia alternativa que recién se materializa en el Partido Revolucionario Mayoritario (PRM).
De los contradictores sólo Guido Gómez Mazara y un grupo que lo ha sustentado, optaron por la pelea dentro, lo que parecía una quijotada, pero ni con ellos se montó un escenario de competencia democrática. Tuvieron que apelar al Tribunal
Superior Electoral (TSE) para que le entregaran el padrón de votantes del que se excluyó a cerca de las dos terceras partes del anterior, y hasta para que le proporcionaran el listado de las mesas electorales.
Mucho peor de lo esperado
Se vaticinaban graves incidentes si muchos de los excluidos del padrón procuraban ejercer su derecho, pero lo ocurrido el domingo 20 superó lo previsible, al punto de que no se pudo votar en municipios tan grandes como Santo Domingo Este,
San Cristóbal, La Vega, Baní, Azua, Bonao, Higuey y Montecristi, y se hizo parcialmente en Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, Santiago y hasta en el mismo Distrito Nacional, donde la violencia montada en la Casa Nacional perredeísta fue tan desbordada que opacó lo ocurrido a nivel nacional. En muchos municipios hubo enfrentamientos con heridos, destrozo de urnas y boletas de votación, y general exclusión de delegados de la candidatura de Gómez Mazara.
Pero lo ocurrido en la Casa Nacional perredeísta fue suficiente para descalificar todo el proceso, cuando al principal candidato alternativo se le impidió el acceso al local y ejercer el voto. Como prueba de voluntad pacifista, Guido Gómez se hizo acompañar de su madre Carmen Mazara. Las cámaras televisivas mostraron cómo se desató una balacera contra ellos y sus seguidores, cuando se alejaban alejarse del local.
El lanzamiento de una botella plástica no podía justificar decenas de disparos de escopetas que hirieron por lo menos a dos personas, por parte de quienes debían ser los más preocupados por mantener el orden, mucho menos las exhortaciones a disparar a matar formuladas por el diputado Fiquito Vásquez, el “juez” que presidió el tribunal que expulsó a Mejía y Bautista, recogidas por el camarógrafo Víctor Vicente de Noticias SIN, por la que le incautaron el vídeo que tuvieron que devolver al tercer día.
Los atropellos contra otros periodistas, incluyendo el arrebato de celulares para impedir que grabaran y transmitieran la agresión, completaron el desproporcionado escenario de una absurda convención fundada en la protección de miles de policías y decenas de vigilantes privados. En Santiago el trato a los periodistas fue distinto, repartieron sobres con diez mil pesos por cabeza.
Increíble fiesta democrática
Si todo ese despliegue de violencia era inverosímil, como si hubiese sido dispuesto para deslegitimar aquella convención, fue más increíble que ese mismo día, cuando ya se autoproclamaba reelecto como presidente del PRD, Vargas Maldonado dijera que aquello había sido una “fiesta de la democracia”. Y al día siguiente el cómputo arrojó 233 mil 428 votos, apenas el 43 por ciento del padrón reducido a 538 mil 478 electores, sin detallarlo por municipio. Más realista podrían ser los 124 mil 586 votos computados para la elección de secretario nacional de Organización. Por el secretario general no se votó porque sólo hubo un candidato.
Los 198 mil 175 votos atribuidos a Vargas son apenas el 31 por ciento de su propio padrón, el 14 por ciento del anterior que incluía más de 1 millón 400 mil perredeístas, y el 10 por ciento del 1 millón 911 mil 341 votos que ese partido obtuvo en la elección presidencial del 2012.
Esa farsa política fue montada con la complicidad de la JCE que se negó a fiscalizar un acto fundamental de un partido que este año recibirá 220 millones de pesos del presupuesto nacional, y más de mil millones hasta los próximos comicios, y del TSE que avaló las exclusiones en abierta violación a los derechos adquiridos, ambos organismos actuando en congruencia con su integración, fruto del pacto político que Vargas suscribió en el 2009 con el expresidente Leonel Fernández, entonces sólo como
Sella la división del PRD
El conato de convención y la constitución días antes del PRM sellan definitivamente la quinta división del partido más antiguo del país, motor de los avances democráticos del período post Trujillo. La primera protagonizada por uno de sus fundadores Nicolás Silfa, la segunda por su primer gran líder Juan Bosch, luego la de Jacobo Majluta y finalmente la que encarnó Hatuey de Camps. En cada caso nació un nuevo partido, pero con una clara mayoría quedando con el nombre y los símbolos.
Desde antes del desastre convencional todas las encuestas y la percepción de los analistas atribuyen un apoyo minoritario a quienes esta vez quedarían con la matrícula del partido, lo que podría condenarlo a transitar el derrotero seguido por el otro partido más antiguo, el Reformista Social Cristiano, cuyo apoyo determinó la victoria del PLD en 1996, pero se auto relegó al tercer lugar, y en las dos últimas elecciones presidenciales ha caído a votación de 4 y 6 por ciento.
Uno de los mayores absurdos políticos que se recuerden ha sido el que el grupo de Vargas Maldonado dejara fuera casi dos tercios de sus empadronados, en vez de sumar como hacen todos los que pretenden ganar elecciones. En la presidencial del 2012, con Hipólito Mejía de candidato y Vargas Maldonado en la acera del frente, el PRD fue el partido más votado con un millón 911 mil 341 votos, 199 mil 605 más que el millón 711mil 732 votos que obtuvo el PLD. Los aliados pusieron la diferencia.
Beneficia a Leonel y el PLD
El grupo de Vargas parte de la convicción de que ese partido ha sobrevivido a todas sus divisiones, pero esta tiene características de secuestro de la democracia interna que podría condenarlo a la insignificancia política o la desaparición, como ha ocurrido con los partidos tradicionales de su época, con la excepción del Revolucionario Institucional (PRI) porque logró gobernar México durante siete décadas, con gran capacidad para reciclar sus cuadros dirigenciales, y el subdividido peronismo argentino.
La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), inspirador y aliado del PRD, no pudo escoger candidato para la última elección en Perú en el 2011.
La suerte del PRD como fuerza política podría depender de la capacidad que demuestren Mejía y Abinader para sacar adelante el PRM y la Convergencia electoral que vienen armando, y del uso que haga Guido Gómez del capital político que le ha dejado su habilidosa confrontación. Pero mientras tanto la división luce tan profunda como para relegar al partido blanco en los comicios del 2016 y en lo inmediato amplía la perspectiva del expresidente Fernández de conseguir una nueva postulación por el PLD. Con el principal opositor dividido a fondo, su liderazgo y la lealtad de los beneficiarios de su gestión gubernamental de 12 años pasarán por encima del rechazo que en el universo le atribuyen las encuestas.
Mientras se define si surge un fuerte relevo del PRD, como ha ocurrido en toda la región tras las crisis de los partidos tradicionales, crecen las posibilidades de Fernández volver al poder en el 2016 y de materializar su vaticinio de que el PLD gobernará hasta el bicentenario de la República en el 2044.-
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Partidos contemporáneos del PRD devenidos a menos
Acción Democrática de Venezuela, (fundado en 1941)
Liberación Nacional de Costa Rica (1951),
Renovación Nacional de Guatemala (1944)
Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia (1952)
Partido Liberal de Honduras (1954).
COPEI socialcristiano de Venezuela (1946)
Partido Panameñista (1932)
Izquierda Democrática, Ecuador (1970)
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.