Análisis Noticiosos
El PRD no logra salir de su calvario
Por Juan Bolívar Díaz
En diversos sectores perredeístas se plantea la necesidad de pactar una presidencia de consenso, encabezada por alguien como José Joaquín Puello, para rescatar los procedimientos democráticos y restablecer la unidad
Las expectativas de inicio de un diálogo que pudiera conducir a la reunificación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), derivadas del reciente encuentro entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, parecieron esfumarse justo al conmemorarse el decimoquinto aniversario de la muerte de su líder José Francisco Peña Gómez.
Sólo el rescate de los procedimientos democráticos para elegir nuevos dirigentes podría permitir al PRD superar su prolongado calvario, pero su presidente sigue boicoteando todos los intentos de mediación y solución, persistiendo en su empeño de concertar afuera e imponerse dentro.
Esperanza que se esfuma. El encuentro verificado el viernes 3 de mayo entre el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado y el expresidente de la República Hipólito Mejía despertó expectativas de reunificación entre diversos sectores de ese partido, pero parecieron esfumarse en apenas una semana al conmemorarse el decimoquinto aniversario de la muerte de su líder José Francisco Peña Gómez.
Al conocerse del encuentro la reacción inicial fue de incredulidad y sorpresa, pues ni en la campaña electoral del año pasado se logró reunir a esos dirigentes políticos, a pesar de múltiples mediaciones, hasta de familiares. Se dio por hecho un cambio de actitud y se comenzaron a trazar rutas para el restablecimiento de la unidad, aunque algunos advertían que no avalarían “acuerdos de aposento”, y que cualquier solución tendría que incluir a todos los sectores, con aval de los organismos partidarios.
La proximidad del aniversario de la desaparición de Peña Gómez alentó las expectativas de que se aprovechara la ocasión para, invocando al líder histórico, realizar una conmemoración unitaria que empujara un compromiso de concertación. Por canales de mediación se propuso restablecer la presencia de todos en una misa conmemorativa, como se hizo hasta el 2010.
La misa unitaria era, para los más eufóricos, una manera de demostrar que se iniciaba una nueva etapa de entendimiento entre los perredeístas. Para los incrédulos y desconfiados era poner a prueba la disposición de los dos protagonistas más allá del encuentro celebrado bajo la sombra del general retirado Miguel Soto Jiménez y el médico José Joaquín Puello.
Un José Joaquín Puello. En la euforia que siguió al encuentro Vargas-Mejía, sectores perredeístas llegaron a plantearse la posibilidad de escoger una nueva dirección plural, presidida por alguien aceptable para todos y que no aspire a la candidatura presidencial, llegándose a identificar al neurocirujano José Joaquín Puello, sin excluir a otros como el también médico Jesús Feris Iglesias.
El doctor Puello fue candidato vicepresidencial del PRD en el 2008 en la boleta que llevó de candidato presidencial a Vargas Maldonado, justamente por su integridad y su carácter conciliador y afable y por su pluralidad y ascendiente en diversos sectores nacionales. Respaldó a Vargas en la lucha por la candidatura presidencial del 2012, pero terminó aceptando y respaldando a Mejía, aunque se ha mantenido entre quienes han mediado para subsanar los conflictos derivados de la lucha interna.
Se afirma que el doctor Puello sería aceptable para los mayores protagonistas de la confrontación perredeísta, pero también para Luis Abinader, quien busca afianzar su propia identidad y camino, aunque se teme que pudiera producir disgusto en algún legítimo aspirante a la presidencia del partido, pero que terminaría en consenso en aras de la unidad.
Varios dirigentes perredeístas consultados se mostraron partidarios de un presidente de consenso, aunque algunos reconocen que es una tarea muy difícil y requeriría una dedicación de tiempo completo, sobre todo cuando se les recordó que personas de la integridad e independencia de Hugo Tolentino, Milagros Ortiz, Enmanuel Esquea y Quico Tabar terminaron siendo impugnados por Miguel Vargas como árbitros en la convención que desató la crisis con la elección de Hipólito Mejía para candidato presidencial del 2012.
El tiempo apremia. En las tertulias políticas se discutió intensamente sobre las causas que determinaron la reciente reunión Vargas-Mejía. Unos la creen resultado de la última encuesta Gallup-HOY que mostró a Abinader como primera opción para la próxima candidatura presidencial con 26 por ciento en el electorado y 41 por ciento entre los que se identificaron como perredeístas, atribuido en parte al cansancio de la pugnacidad entre los dos últimos candidatos presidenciales del PRD.
Vargas con 9 por ciento de las preferencias de los perredeístas, luce muy rezagado, y aunque Mejía registró un 35 por ciento, “ya fue presidente y lleva dos intentos de regreso frustrados y frustratorios”. Una de sus defensoras dijo que, a diferencia de Vargas y Abinader, él no ha dicho que aspira a la candidatura del 2016 y que si lo proclama sube.
Otra explicación de la reunión es el reconocimiento mutuo de que el tiempo apremia y de que en julio termina el período para el que Vargas fue electo presidente del partido. Se reconoce que Mejía siempre ha estado abierto al diálogo, y que lo demostró cuando en la campaña fue al local del partido, anunciando su interés de reunirse con Vargas, lo mismo que al almuerzo con que los hermanos de éste intentaron juntarlos dos semanas antes de los comicios del año pasado.
Se atribuye también la reunión al convencimiento de ambos de que se les puede hacer tarde para relanzar el partido blanco, con 21.7 por ciento de preferencias en la última encuesta Gallup. Y no faltan quienes plantean que Vargas busca ganar tiempo, desconcentrando a sus contradictores que han venido celebrando masivas asambleas partidarias en todas las provincias, lo que él ha limitado a dos o tres, por el alto rechazo de la militancia perredeísta que lo señala como mayor responsable de la crisis.
El presidente del PRD administrará este año unos 225 millones de pesos del presupuesto nacional, lo que le implica una ventaja significativa para el proselitismo interno y atraerse adherentes, sobre todo si logra mantener la facultad para registrar candidaturas para el 2016, cuando millares de perredeístas aspirarán a todos los cargos electivos.
Rescate de la democracia. El rescate del PRD pasa necesariamente por el restablecimiento de los procedimientos democráticos, porque aunque los principales protagonistas de sus luchas internas se pongan de acuerdo en un procedimiento, cuando llegue la hora de escoger candidato volverán a dividirse, a menos que acepten los principios básicos de la democracia que en los partidos tienen expresión en los organismos de dirección.
Ese rescate luce tan difícil como el de los principios ideológicos que durante décadas dieron vigencia al perredeísmo y le permitieron sobrepasar numerosas crisis y divisiones. Pero las ambiciones y los intereses individuales han predominado, con expresiones de clientelismo. Los que aún creen en los principios socialdemócratas que animaron al PRD no tienen recursos económicos para competir con los empresarios de la política.
Mientras tanto, el PRD sigue en proceso de desgaste acelerado, incapacitado para ejercer su responsabilidad como primera fuerza política de oposición, por lo que la sociedad se va acostumbrando a vivir sin contar con esa fuerza predominante por más de medio siglo. Sus principales dirigentes han lucido errantes buscando favores y acuerdos con otras fuerzas políticas, especialmente con contrincantes del partido gobernante, pero negados a dialogar entre ellos mismos.
Un balde de agua fría
Por una carta conciliatoria de Hipólito Mejía a Miguel Vargas del miércoles 8, se supo que éste rechazaba “lo ideal” de celebrar la misa con la presencia de todo el liderazgo partidista.
El expresidente mostró resignación, indicando que no debía ocurrir nada que dañara la memoria de Peña ni el proceso iniciado con el encuentro del día 3, y propuso la integración de una comisión de tres representantes de cada uno de los dos sectores enfrentados para preparar el protocolo que “permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive actualmente el partido, lo que es exigido a gritos por la mayoría de los dominicanos, especialmente los perredeístas”.
Vargas terminó de echar un balde de agua fría al entusiasmo perredeísta cuando el jueves, respondiendo a los reporteros sobre la solicitud de Mejía, dijo que “nosotros no vamos a discutir nada al margen de lo que son los organismos del PRD, porque así es como se fortalece la democracia, donde prevalezca la posición de la mayoría”. Se ignora si alguno de los mediadores habrá podido rescatar la ruta de entendimiento, explicándole a Vargas que la propuesta busca explorar caminos de entendimiento que democráticamente tendrían que desembocar en los organismos máximos del partido que hace tiempo no funcionan.
Uno de los dirigentes consultados expresó su convicción de que los mediadores deberán proseguir una tarea en la que han fracasado numerosos mediadores desde que se originó la crisis tras los resultados de la convención que el 6 de marzo del 2011 escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial para el 2012. Todos los intentos, incluyendo los impulsados por familiares y los que han involucrado a personalidades religiosas, han tropezado con la renuencia de Vargas a aceptar un diálogo. Los otros sectores, incluyendo a Mejía, siempre han mostrado disposición.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
elpais.com
Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
elpais.com