Análisis Noticiosos
El PRD no logra salir de su calvario
Por Juan Bolívar Díaz
En diversos sectores perredeístas se plantea la necesidad de pactar una presidencia de consenso, encabezada por alguien como José Joaquín Puello, para rescatar los procedimientos democráticos y restablecer la unidad
Las expectativas de inicio de un diálogo que pudiera conducir a la reunificación del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), derivadas del reciente encuentro entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas, parecieron esfumarse justo al conmemorarse el decimoquinto aniversario de la muerte de su líder José Francisco Peña Gómez.
Sólo el rescate de los procedimientos democráticos para elegir nuevos dirigentes podría permitir al PRD superar su prolongado calvario, pero su presidente sigue boicoteando todos los intentos de mediación y solución, persistiendo en su empeño de concertar afuera e imponerse dentro.
Esperanza que se esfuma. El encuentro verificado el viernes 3 de mayo entre el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado y el expresidente de la República Hipólito Mejía despertó expectativas de reunificación entre diversos sectores de ese partido, pero parecieron esfumarse en apenas una semana al conmemorarse el decimoquinto aniversario de la muerte de su líder José Francisco Peña Gómez.
Al conocerse del encuentro la reacción inicial fue de incredulidad y sorpresa, pues ni en la campaña electoral del año pasado se logró reunir a esos dirigentes políticos, a pesar de múltiples mediaciones, hasta de familiares. Se dio por hecho un cambio de actitud y se comenzaron a trazar rutas para el restablecimiento de la unidad, aunque algunos advertían que no avalarían “acuerdos de aposento”, y que cualquier solución tendría que incluir a todos los sectores, con aval de los organismos partidarios.
La proximidad del aniversario de la desaparición de Peña Gómez alentó las expectativas de que se aprovechara la ocasión para, invocando al líder histórico, realizar una conmemoración unitaria que empujara un compromiso de concertación. Por canales de mediación se propuso restablecer la presencia de todos en una misa conmemorativa, como se hizo hasta el 2010.
La misa unitaria era, para los más eufóricos, una manera de demostrar que se iniciaba una nueva etapa de entendimiento entre los perredeístas. Para los incrédulos y desconfiados era poner a prueba la disposición de los dos protagonistas más allá del encuentro celebrado bajo la sombra del general retirado Miguel Soto Jiménez y el médico José Joaquín Puello.
Un José Joaquín Puello. En la euforia que siguió al encuentro Vargas-Mejía, sectores perredeístas llegaron a plantearse la posibilidad de escoger una nueva dirección plural, presidida por alguien aceptable para todos y que no aspire a la candidatura presidencial, llegándose a identificar al neurocirujano José Joaquín Puello, sin excluir a otros como el también médico Jesús Feris Iglesias.
El doctor Puello fue candidato vicepresidencial del PRD en el 2008 en la boleta que llevó de candidato presidencial a Vargas Maldonado, justamente por su integridad y su carácter conciliador y afable y por su pluralidad y ascendiente en diversos sectores nacionales. Respaldó a Vargas en la lucha por la candidatura presidencial del 2012, pero terminó aceptando y respaldando a Mejía, aunque se ha mantenido entre quienes han mediado para subsanar los conflictos derivados de la lucha interna.
Se afirma que el doctor Puello sería aceptable para los mayores protagonistas de la confrontación perredeísta, pero también para Luis Abinader, quien busca afianzar su propia identidad y camino, aunque se teme que pudiera producir disgusto en algún legítimo aspirante a la presidencia del partido, pero que terminaría en consenso en aras de la unidad.
Varios dirigentes perredeístas consultados se mostraron partidarios de un presidente de consenso, aunque algunos reconocen que es una tarea muy difícil y requeriría una dedicación de tiempo completo, sobre todo cuando se les recordó que personas de la integridad e independencia de Hugo Tolentino, Milagros Ortiz, Enmanuel Esquea y Quico Tabar terminaron siendo impugnados por Miguel Vargas como árbitros en la convención que desató la crisis con la elección de Hipólito Mejía para candidato presidencial del 2012.
El tiempo apremia. En las tertulias políticas se discutió intensamente sobre las causas que determinaron la reciente reunión Vargas-Mejía. Unos la creen resultado de la última encuesta Gallup-HOY que mostró a Abinader como primera opción para la próxima candidatura presidencial con 26 por ciento en el electorado y 41 por ciento entre los que se identificaron como perredeístas, atribuido en parte al cansancio de la pugnacidad entre los dos últimos candidatos presidenciales del PRD.
Vargas con 9 por ciento de las preferencias de los perredeístas, luce muy rezagado, y aunque Mejía registró un 35 por ciento, “ya fue presidente y lleva dos intentos de regreso frustrados y frustratorios”. Una de sus defensoras dijo que, a diferencia de Vargas y Abinader, él no ha dicho que aspira a la candidatura del 2016 y que si lo proclama sube.
Otra explicación de la reunión es el reconocimiento mutuo de que el tiempo apremia y de que en julio termina el período para el que Vargas fue electo presidente del partido. Se reconoce que Mejía siempre ha estado abierto al diálogo, y que lo demostró cuando en la campaña fue al local del partido, anunciando su interés de reunirse con Vargas, lo mismo que al almuerzo con que los hermanos de éste intentaron juntarlos dos semanas antes de los comicios del año pasado.
Se atribuye también la reunión al convencimiento de ambos de que se les puede hacer tarde para relanzar el partido blanco, con 21.7 por ciento de preferencias en la última encuesta Gallup. Y no faltan quienes plantean que Vargas busca ganar tiempo, desconcentrando a sus contradictores que han venido celebrando masivas asambleas partidarias en todas las provincias, lo que él ha limitado a dos o tres, por el alto rechazo de la militancia perredeísta que lo señala como mayor responsable de la crisis.
El presidente del PRD administrará este año unos 225 millones de pesos del presupuesto nacional, lo que le implica una ventaja significativa para el proselitismo interno y atraerse adherentes, sobre todo si logra mantener la facultad para registrar candidaturas para el 2016, cuando millares de perredeístas aspirarán a todos los cargos electivos.
Rescate de la democracia. El rescate del PRD pasa necesariamente por el restablecimiento de los procedimientos democráticos, porque aunque los principales protagonistas de sus luchas internas se pongan de acuerdo en un procedimiento, cuando llegue la hora de escoger candidato volverán a dividirse, a menos que acepten los principios básicos de la democracia que en los partidos tienen expresión en los organismos de dirección.
Ese rescate luce tan difícil como el de los principios ideológicos que durante décadas dieron vigencia al perredeísmo y le permitieron sobrepasar numerosas crisis y divisiones. Pero las ambiciones y los intereses individuales han predominado, con expresiones de clientelismo. Los que aún creen en los principios socialdemócratas que animaron al PRD no tienen recursos económicos para competir con los empresarios de la política.
Mientras tanto, el PRD sigue en proceso de desgaste acelerado, incapacitado para ejercer su responsabilidad como primera fuerza política de oposición, por lo que la sociedad se va acostumbrando a vivir sin contar con esa fuerza predominante por más de medio siglo. Sus principales dirigentes han lucido errantes buscando favores y acuerdos con otras fuerzas políticas, especialmente con contrincantes del partido gobernante, pero negados a dialogar entre ellos mismos.
Un balde de agua fría
Por una carta conciliatoria de Hipólito Mejía a Miguel Vargas del miércoles 8, se supo que éste rechazaba “lo ideal” de celebrar la misa con la presencia de todo el liderazgo partidista.
El expresidente mostró resignación, indicando que no debía ocurrir nada que dañara la memoria de Peña ni el proceso iniciado con el encuentro del día 3, y propuso la integración de una comisión de tres representantes de cada uno de los dos sectores enfrentados para preparar el protocolo que “permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive actualmente el partido, lo que es exigido a gritos por la mayoría de los dominicanos, especialmente los perredeístas”.
Vargas terminó de echar un balde de agua fría al entusiasmo perredeísta cuando el jueves, respondiendo a los reporteros sobre la solicitud de Mejía, dijo que “nosotros no vamos a discutir nada al margen de lo que son los organismos del PRD, porque así es como se fortalece la democracia, donde prevalezca la posición de la mayoría”. Se ignora si alguno de los mediadores habrá podido rescatar la ruta de entendimiento, explicándole a Vargas que la propuesta busca explorar caminos de entendimiento que democráticamente tendrían que desembocar en los organismos máximos del partido que hace tiempo no funcionan.
Uno de los dirigentes consultados expresó su convicción de que los mediadores deberán proseguir una tarea en la que han fracasado numerosos mediadores desde que se originó la crisis tras los resultados de la convención que el 6 de marzo del 2011 escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial para el 2012. Todos los intentos, incluyendo los impulsados por familiares y los que han involucrado a personalidades religiosas, han tropezado con la renuencia de Vargas a aceptar un diálogo. Los otros sectores, incluyendo a Mejía, siempre han mostrado disposición.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.