Editorial
El PRD: Una Expresión Fiel de Canivalismo Político
El Partido Revolucionario Dominicana fue escenario de un verdadero canivalismo político, donde primó la violencia entre los grupos de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía.
El denominado partido del jacho prendió ya nos tiene acostumbrados a este tipo de espectáculo, el cual habla muy mal del país, porque no se trata de una organización cualquiera, sino del partido político más grande que tiene la República Dominicana, cuyo caudal de votos fue de más del 47 por ciento en las pasadas elecciones e incluso por encima del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los destrozos y los heridos dejados en su local nacional de la capital dominicana, donde los seguidores de Vargas Maldonado habían convocado una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y que la misma no pudo realizarse por los enfrentamientos con los que se identifican con el ex-presidente Hipólito Mejía, dan una idea del primitivismo político que caracteriza a esa entidad y por consiguiente a la República Dominicana.
El conflicto entre los bandos perredeístas, no tiene aparentemente una solución en el marco estrictamente legal, sino a través de una salida política, pero se vislumbra que ésto tampoco es posible, porque por lo menos la facción de Vargas Maldonado no tiene interés en esa salida, dado que parece ser una vía que a él no le beneficia, aparentemente porque no cuenta con la mayoría.
A pesar de la irracionalidad que siempre ha caracterizado a Hipólito Mejía, éste parece tener una posición mucho más flexible que la de Vargas Maldonado, quien proyecta una imagen impenetrable y definitivamente muy poco política.
Este comportamiento de los perredeístas durante la celebracion del bicentenario del natalicio del padre de la patria es como la negacion de la acogencia a sus principios y nos dice a todos los dominicanos lo incierto que resulta que la República Dominicana pueda contar con un Estado más eficiente e institucional, porque por ahora estos partidos son los que tienen reales posibilidades de controlarlo y manejarlo a imagen y semejanza de su visión anárquica y anti-democrática.
El PRD con ese comportamiento nos envía el mensaje de que no está en capacidad de organizar nada en la República Dominicana y que su ascenso al poder es sólo una garantía de llevar más caos y desorden al Estado Dominicano.
Y no es un problema exclusivo de los grupos enfrentados actualmente, sino que el partido blanco desde su fundación ha sido un verdadero ejemplo de confrontación interna, la cual ha sido la principal causa de su fracaso cuando ha estado en el gobierno.
Es un espectáculo de tan mal gusto que avergüenza, que causa sonrojo en los sectores decentes y pensantes de la sociedad dominicana.
Lo más lamentable de todo es que no se trata de una confrontación ideológica, sino por apetencias personales y por intereses individuales, los cuales hoy se imponen en el principal partido de oposición del país.
Es una realidad preocupante, sobre todo si se toma en cuenta que aunque en los demás partidos tradicionales no hay enfrentamientos violentos como los que se producen en el PRD, lo cierto es que también están controlados y manejados por intereses grupales, personales e individuales, los cuales impactan negativamente al Estado, porque sus dirigentes son los que ocupan las posiciones importantes en los gobiernos y en consecuencia trazan las políticas públicas.
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo
Hay quienes piensan que la violación de la Constitución y de la ley es parte del juego democrático, sin darse cuenta que ese detalle es un instrumento de atraso y de los tiempos de la caverna.
Lo preocupante del fenómeno es que un órgano como la Junta Central Electoral sea parte de ese juego sucio y que se constituye en una grave amenaza en contra del progreso y el crecimiento nacionales.
La Junta Central Electoral debe entender que su focalización no pueden ser los partidos políticos, sino los ciudadanos, que son los que conforman el pueblo dominicano y en los que descansa la soberanía nacional.
Apoyándose en los ciudadanos este órgano no está supuesto a hacertar el chantaje de los partidos políticos, que como dijo este periódico ensu reportaje de esta semana, no creen en el respeto a la ley y la transparencia.
La falsa democracia nacional se fundamenta en el fraude, la corrupción y la distorsión de las mejores prácticas del sistema representativo.
El hecho de que la JCE se sume a esa forma de democracia la hace inmerecedora de la confianza que demanda el sistema electoral del país.
Naturalmente, no se puede ver el asunto al margen de fenómeno general, cuya regla del juego consiste en hacer lo mal hecho, fuera del régimen legal, para ser merecedor de jugar un papel de primer orden en la corrompida democracia dominicana.
La JCE debe definir su compromiso con esa partidocracia totalmente corrompida de una sociedad que demanda mejor suerte, un comportamiento diferente de los actores de la vida política nacional.
Talvez es mucho pedir en un sistema en el que todo se fundamenta en la búsqueda de beneficios personales, tráficos de influencia y la componenda entre los actores de una partidocracia que por el camino que va echará todo a perder.