Editorial
El PRD: Una Expresión Fiel de Canivalismo Político
El Partido Revolucionario Dominicana fue escenario de un verdadero canivalismo político, donde primó la violencia entre los grupos de Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía.
El denominado partido del jacho prendió ya nos tiene acostumbrados a este tipo de espectáculo, el cual habla muy mal del país, porque no se trata de una organización cualquiera, sino del partido político más grande que tiene la República Dominicana, cuyo caudal de votos fue de más del 47 por ciento en las pasadas elecciones e incluso por encima del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los destrozos y los heridos dejados en su local nacional de la capital dominicana, donde los seguidores de Vargas Maldonado habían convocado una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y que la misma no pudo realizarse por los enfrentamientos con los que se identifican con el ex-presidente Hipólito Mejía, dan una idea del primitivismo político que caracteriza a esa entidad y por consiguiente a la República Dominicana.
El conflicto entre los bandos perredeístas, no tiene aparentemente una solución en el marco estrictamente legal, sino a través de una salida política, pero se vislumbra que ésto tampoco es posible, porque por lo menos la facción de Vargas Maldonado no tiene interés en esa salida, dado que parece ser una vía que a él no le beneficia, aparentemente porque no cuenta con la mayoría.
A pesar de la irracionalidad que siempre ha caracterizado a Hipólito Mejía, éste parece tener una posición mucho más flexible que la de Vargas Maldonado, quien proyecta una imagen impenetrable y definitivamente muy poco política.
Este comportamiento de los perredeístas durante la celebracion del bicentenario del natalicio del padre de la patria es como la negacion de la acogencia a sus principios y nos dice a todos los dominicanos lo incierto que resulta que la República Dominicana pueda contar con un Estado más eficiente e institucional, porque por ahora estos partidos son los que tienen reales posibilidades de controlarlo y manejarlo a imagen y semejanza de su visión anárquica y anti-democrática.
El PRD con ese comportamiento nos envía el mensaje de que no está en capacidad de organizar nada en la República Dominicana y que su ascenso al poder es sólo una garantía de llevar más caos y desorden al Estado Dominicano.
Y no es un problema exclusivo de los grupos enfrentados actualmente, sino que el partido blanco desde su fundación ha sido un verdadero ejemplo de confrontación interna, la cual ha sido la principal causa de su fracaso cuando ha estado en el gobierno.
Es un espectáculo de tan mal gusto que avergüenza, que causa sonrojo en los sectores decentes y pensantes de la sociedad dominicana.
Lo más lamentable de todo es que no se trata de una confrontación ideológica, sino por apetencias personales y por intereses individuales, los cuales hoy se imponen en el principal partido de oposición del país.
Es una realidad preocupante, sobre todo si se toma en cuenta que aunque en los demás partidos tradicionales no hay enfrentamientos violentos como los que se producen en el PRD, lo cierto es que también están controlados y manejados por intereses grupales, personales e individuales, los cuales impactan negativamente al Estado, porque sus dirigentes son los que ocupan las posiciones importantes en los gobiernos y en consecuencia trazan las políticas públicas.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.