Economía
El precio medio de la gasolina en América es 120 veces mayor al de Venezuela
BOGOTÁ.- Los venezolanos disfrutan por ahora, pues su Gobierno acaba de anunciar una posible subida, de la gasolina premium o extra más barata del continente americano y posiblemente del mundo, un centavo de dólar por litro, muy por debajo del promedio continental: 1,26 dólares.
Mantener ese valor del combustible en el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo le cuesta al Estado venezolano 12.500 millones de dólares anuales en subsidios, por lo que el anuncio oficial tiene tanto detractores como partidarios.
Para ver lo desfasado del costo de los combustibles en ese país basta con ver el caso de Ecuador, donde el Estado también los subvenciona (3.800 millones de dólares al año) y tiene el segundo precio más barato a nivel continental: 0,59 dólares por un litro de gasolina premium.
Bolivia es otro país donde hay subsidios para los hidrocarburos (700 millones de dólares en 2012), lo que permite que el litro de gasolina premium esté en 0,68 dólares.
Además, los precios están congelados desde hace casi 10 años, una situación que el Gobierno de Evo Morales intentó cambiar en 2010, cuando los subió entre un 57 % y un 82 %, pero una semana después se retractó debido a una ola de protestas sociales.
Les sigue EE.UU., donde es el mercado el que pone los precios, con un valor promedio de la gasolina en el país de 0,86 dólares. Aunque no hay ni subsidios ni regulación, las autoridades influyen en el precio a través de impuestos estatales y federales.
Después está México, donde gracias a la subvención estatal (7.062 millones de dólares entre enero y octubre de este año) el litro de gasolina premium cuesta 0,98 dólares.
Por ahora, pues está e marcha una reforma energética ya aprobada en el Congreso, el Gobierno mexicano fija los precios de los combustibles y hace correcciones cada mes, algo que este año ha supuesto un aumento mensual de menos de un centavo de dólar.
Al igual que en México, Uruguay, un país que importa todo el petróleo que consume, fija el valor de los combustibles y monopoliza el mercado de los hidrocarburos, pero el litro de gasolina premium cuesta 2 dólares, el más alto del continente.
Tanto es así que recientemente el Gobierno rebajó en 24 % el precio de la gasolina en los departamentos fronterizos con Brasil y Argentina para evitar que sus ciudadanos crucen la frontera para llenar los depósitos de combustible.
Otro caso particular es el de Cuba, que desde 2000 recibe 100.000 barriles diarios de petróleo de Venezuela, su principal socio comercial y político, crudo que paga en buena parte con los servicios que prestan en el país suramericano más de 40.000 médicos y técnicos de diversas áreas.
Sin embargo, y aunque los precios los fija el Estado, desde 2011 el litro de la gasolina especial vale 1,3 dólares.
Brasil tiene otro tipo de modelo, según el cual las diferentes empresas comercializadoras de combustibles tienen libertad para imponer sus precios, pero el Gobierno establece el valor que la petrolera estatal Petrobras, prácticamente la única empresa que refina en el país, cobra a los distribuidores.
En la segunda semana de diciembre, el costo promedio de la gasolina en todo el país era de 1,28 dólares por litro. Un tema que es complejo, ya que Petrobras cobra un valor inferior al del exterior pero tiene que importar a precios del mercado internacional.
Por eso, el Gobierno le autorizó en noviembre pasado a elevar en un 4 % el valor de la gasolina.
En Argentina, entre tanto, el Gobierno congeló el pasado 2 de abril el valor de los combustibles durante seis meses, medida que prorrogó hasta noviembre. Al liberarse los precios hubo un aumento de un 11 % en el último mes, lo que ubica el costo de la gasolina premium en 1,5 dólares, en promedio.
En Panamá, los precios de los derivados del petróleo los fija la Secretaría de Energía cada 14 días. Actualmente, en la capital el litro de la gasolina premium se vende a 1,06 dólares, pero en el resto del país llega a costar hasta un dólar más.
Precios fijados por el Estado también se ven en Costa Rica (1,32 dólares cada litro de gasolina premium), en Honduras (1,18 dólares), y en República Dominicana (1,5 dólares), nación esta última donde el alto costo de los combustibles siempre ha sido motivo de protestas sociales.
En Colombia, el Gobierno fija los precios cada mes para la gasolina normal, aunque después cada distribuidor puede variarlos. Por el contrario, el precio de la gasolina extra se rige por la libre competencia y está ahora en unos 1,44 dólares el litro.
Los transportistas protestan periódicamente por el costo de los combustibles, mientras que la industria ha denunciado los efectos nocivos del contrabando de la gasolina venezolana.
El Gobierno salvadoreño, por su parte, cada 15 días establece valores de referencia. Actualmente, el litro de gasolina especial se vende en promedio a 1,11 dólares.
La libertad de precios con valores de referencia oficiales también existe en Chile (1,63 dólares) y Perú (1,6 dólares en promedio)
Por último, los precios son regulados por el mercado en Guatemala, donde el litro de gasolina premium cuesta 1,1 dólares; Paraguay, 1,54 dólares, y Nicaragua, donde vale 1,24 dólares, aunque en este último país grupos de defensa de los consumidores piden que los precios los regule el Estado.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.