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Luis Abinader es el responsable de designar como regulador a un regulado en un evidente conflicto de intereses.
Por Elba García
No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda justificar la designación de un regulado como regulador, como ocurrió con el ahora involucrado en el fraude cometido con los premios de la Lotería Nacional, ya que el presidente Luis Abinader sabia de antemano que designaba en esa posición a un dueño de bancas de loterías, lo cual creaba un conflicto de intereses.
El presidente Luis Abinader cuando decidió escoger para esa posición a un dueño de bancas se supone que sabía a quién designaba y que esa decisión generaba conflictos de intereses, pero todo parece indicar que pesaron más los vínculos de negocios, partidarios y la posible donación económica de ese sector a su campaña electoral que la emisión de un decreto a todas luces cuestionables.
Lo propio ha ocurrido en otros casos, como por ejemplo el director ejecutivo del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Rafael Arias, quien el único mérito que se le conoce es ser empresario del transporte o guagüero, lo cual también implica la repetición de la misma práctica de colocar a un regulado como regulador…
En el caso que nos ocupa, el fraude cometido en la Lotería Nacional, en el que está supuestamente involucrado el señor Luis Maisichell Dicent, quien fue apresado este fin de semana y está a la espera que de que se imponga una medida de coerción, hay que decir que si bien el jefe de Estado no manda a nadie a hacer lo mal hecho, pero esa decisión no podía arrojar otro resultado que lo ocurrido ahora.
Este personaje, dueño de bancas y dirigente del PRM, fue tan audaz que cuando se descubre el fraude procedió a cancelar al personal ciego como una forma de proyectar la idea de que él no tenía nada que ver con el asunto, lo cual indica que se está frente a un delincuente profesional y a toda una asociación de malhechores que operaba desde las altas instancias de la Lotería Nacional.
Este suspendido funcionario ha sido imputado por la locutora, Rosario Cruz, quien admitió que no recibió el bolo de Miguel Mejía y que el propio administrador de la Lotería Nacional le había dicho en el ascensor de la institución que hablara con su asistente sobre un asunto de interés, mientras que el no vidente reveló que todo se había ensayado en una casa de la capital dominicana.
En la operación fraudulenta de la Lotería Nacional hay pérdidas que superan los 150 millones de pesos, pero en la operación engañosa ninguna de las bancas del funcionario y ahora imputado fueron afectadas, siempre de acuerdo a lo dicho por el Ministerio Público, cuyos resultados indican que fue un plan muy bien concebido, cuyos fiscales realizaron el pasado sábado alrededor de 15 allanamientos para apresar a todos los involucrados en el ilícito penal.
Los hechos dejan claro que sin bien cuando una persona es designada en una posición pública el responsable de esa escogencia no lo hace con el propósito de que el funcionario incurre en este tipo de delito, pero si la autoridad competente escoge a alguien para que se auto regule es algo prácticamente provocado.
El presidente Luis Abinader ha sido reincidente en este tipo de decisiones, por decirlo de alguna manera, y se asume que esas designaciones no han sido inocentes y que el presidente sabe muy bien los pasos dados al respecto, cuya salvación para la sociedad ha sido el hecho de que por la presión ciudadana en la República Dominicana se ha escogido un Ministerio Público independiente.
Ahí está la explicación de que la designación de Miriam German como procuradora general de la República no cayera bien dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya que la agenda de la gran mayoría de los actuales funcionarios del Gobierno no dista mucho de las actuaciones de los salientes y algunos ahora perseguidos por la comisión de grandes fraudes en contra del patrimonio nacional.
La audacia de este funcionario habla claro de como los partidos políticos que han tenido el control del Estado y aun de aquellos que les sirven de bisagras, no midan las consecuencias de sus actos, lo cual le ha dejado un daño irreparable a la sociedad dominicana.
Este periódico tiene la tesis que si bien es cierto que Luis Abinader proyecta la idea de tener buenas intenciones, lo cierto es que no hay igual actitud de sus subalternos en la administración pública y por esa razón cada día surge un escándalo, que aunque no es mayor que los que se producen alrededor de los desalojados de los puestos del Estado, no dejan de enviar el mensaje de que el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD, sin sacar a los demás partidos, tienen la misma visión en lo que se refiere al manejo del patrimonio nacional.
Lo saludable es que el sistema de justicia pueda sobre la base del debido proceso imponer sanciones ejemplarizadoras a los responsables de estos hechos, a fin de que en la República Dominicana se creen importantes precedentes en lo torno a la corrupción.
Este lunes los inculpados serán presentados ante el juez de Atención Permanente para que se les imponga medidas de coerción y la sociedad espera que las mismas sean tan severas como el caso lo amerita, sin desproporcionalidad y atropellos en contra de los supuestos involucrados.
Este medio de comunicación siempre ha dicho que la corrupción es mucho mayor de lo que cualquiera se pueda imaginar, ya que se trata de un verdadero cáncer que cubre todo el tejido social de la República Dominicana y que no se puede negar que ya forma parte de una cultura nacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.