Análisis Noticiosos
El presidente Milei y su novela negra
Muchos argentinos –ya lo anunció su nuevo presidente– van a sufrir mucho: todo depende, una vez más, de cuánto quieran y puedan soportar, cuánto quieran y puedan esperar
Argentina.-Temíamos la motosierra, la dolarización, la voladura del Banco Central, la venta de órganos. Y ahora, por momentos, pareciera que lo más temible de Javier Milei es que será un Macri cualquiera –o un Menem o un Videla.
El licenciado Javier Gerardo Milei ya es el Excelentísimo Señor Presidente de la República Argentina. La ceremonia de traspaso tuvo la pompa efímera que suelen tener estos jabones: un señor feliz porque empieza, un señor amargado porque ya nunca empezará. Aquel verso triste de Calamaro, “Todo lo que termina, termina mal”, debe haber sido escrito para los gobiernos ñamericanos: en las últimas 18 elecciones una sola vez ganó el oficialismo –y fue, con perdón, en Paraguay.
Como asumió debía hablar y, en lugar de hacerlo frente a diputados y senadores y gobernadores, supuestos representantes del país, lo hizo frente a unos pocos miles de seguidores en la Plaza del Congreso. Su discurso era transmitido por esa televisión y radio públicas que pretende privatizar, y empezó diciendo que “hoy comienza una nueva era en la Argentina” –y se quedó pegado a la palabra era, era, era, era. Pero en cuanto pudo se lanzó a su espacio de supuesto saber, la economía. Para decir que había recibido una herencia tremenda, la peor de la historia, y lanzar una catarata de números horribles –siempre en miles de millones de dólares– y enredarlos en unas multiplicaciones muy dudosas y, así, terminar profetizando una inflación del 15.000% anual “la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla”, dijo, literal.
Y que, entonces, el ajuste es inevitable y no puede ser gradual sino modelo shock, todo de golpe. El centro de su política, ahora, parece consistir en amenazar con un futuro tan oscuro que un futuro negro sería su gran triunfo. Anuncia meses de sufrimientos económicos brutales y que “naturalmente eso impactará de modo negativo”, dijo, “sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”. Pero que habrá “una luz al final del camino”, remató, equivocando de nuevo la metáfora.
O mintiendo, como cuando repitió por enésima vez que a principios del siglo XX “la Argentina fue la primera potencia mundial”, dato absolutamente falso. O cuando dijo que “en materia de seguridad, la Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, hablando de un país con cinco homicidios cada 100.000 habitantes por año, por debajo de la media mundial, muy por debajo de los Estados Unidos, Chile o Uruguay –y el público o pueblo gritaba “policía, policía”.
Y, por supuesto, le echaba la culpa de todo el desastre actual al estatismo, eludiendo otro hecho significativo: en la Argentina, en el último medio siglo, hubo tres gobiernos privatizadores: el de los militares (1976-83), el de Carlos Menem (1989-99) y el de Macri (2015-19). O sea que casi la mitad de este medio siglo el país estuvo gobernado por neoliberales –que, en realidad, tomaron medidas mucho más enérgicas e influyentes que los estatistas. Pero una cosa es la realidad y otra el discurso, y el discurso actual es que la única forma de solucionar los problemas argentinos es volver a hacer –con mayor furia– lo mismo que se hizo en 1976, 1989, 2015. Cuyos resultados, cada vez, fueron catástrofes.
El discurso fue, de todos modos, una anécdota menor. Ahora se trata de saber qué hará el señor Milei con su gobierno. Para empezar, su equipo: de sus diez ministros, cinco fueron altos funcionarios de Macri y cuatro integraron la administración de Menem. Son pura “casta”, la tan odiada casta. Solo la canciller no ha tenido cargos públicos previos y todos ellos –y sus subordinados cercanos– exhiben másters de negocios en universidades privadas; la mayoría trabajó, en algún momento, para bancos y grandes fondos de inversión. Mientras tanto, los personajes peculiares que armaron al principio el partido ganador –y que le daban ese aire entre delirante y renovador que tanto lo ayudó– se quedaron sin cargos. El único que desentona un poco, entre ex funcionarios y ex ejecutivos de negocios, es un tal Javier Milei. Todo consistirá en ver, en estos meses, quién logra usar a quién. Si la casta que tanto denunció lo manipula, si él consigue desasirse de ella, si pretende hacerlo.
No parece, porque ahora, además de su gabinete, las medidas que estaría por tomar dejarían su campaña reducida a una farsa excelente. (Y sería un alivio, porque entonces no dolarizará ni volará el Banco Central ni liberará las armas ni se venderán órganos humanos). Pero, en tal caso, el resultado sería un magnífico engaño: que, para imponer la cuarta encarnación neoliberal –tras Videla, Menem y Macri– un señor embarcó a millones con el cuento de la motosierra cuando lo que va a hacer es consolidar el poder de los que siempre tuvieron el poder en la Argentina.
Si es así, nos queda la discusión inútil: ¿lo planeó desde el primer momento o las circunstancias se lo fueron imponiendo? O, incluso: si fue planeado, ¿lo planeó él mismo o solo fue una pieza en un engranaje mucho más complejo?
Es otro debate anecdótico. Ahora, con toda su fuerza, el futuro avanza. Para tratar de reconocerlo juega un dato menor: parece seguro que Milei confirmó, en su reciente visita a Washington, la compra a Estados Unidos de 24 aviones de combate F-16. Para un proyecto cuya gran promesa es recortar el gasto público la medida es curiosa.
Pero nos faltan datos, todavía. El nuevo gobierno había anunciado que este lunes 11, primer día de sesiones extraordinarias del Congreso, mandaría su ley ómnibus con la gran mayoría de los medidas económicas, pero ahora dice que tardarán unos días más.
Mientras tanto, hay tres grandes sectores –grosso modo– que impulsan y celebrarían que al señor Milei le fuera bien.
El principal es el poder empresario y sus grandes canales: esos medios de prensa que semanas atrás se espantaban con sus espantos y que ahora lo ven más alto y más rubio y con posibilidades de salvar a la patria en peligro. Han descubierto un “mileísmo pragmático” que, tras la limpieza de imagen y las concesiones del nuevo presidente, les permite tomarlo como uno de los suyos, el que podría beneficiarlos con sus medidas económicas y la permisividad de un mercado sin controles.
Después está el núcleo duro de los jóvenes mileístas, los apasionados de la motosierra, que querían con buenas razones romper todo. Y están, por fin, muchos millones de argentinos que no tienen nada muy a favor ni muy en contra de Milei salvo la evidencia de que él es ahora el que manda y la esperanza de que si a su gobierno le va bien a ellos les irá menos mal.
Pero los tres sectores podrían chocar contra rompientes muy molestas. Los empresarios, si la situación económica de “esfuerzos y sacrificios” que promete Milei se les vuelve en contra y la inflación reduce aún más el consumo y pierden las obras públicas y no les alcanza con echar empleados y la apertura de las exportaciones los hunde un poco más.
Los motosierros, si descubren que su ídolo, más que romper, va a consolidar las estructuras que los hacen vivir como viven. ¿Qué pasará si los muchachos mileístas –esos tan cacareados jóvenes de clase baja y media baja, menores de 30, sin trabajos formales– ven que el León que se iba a comer el mundo a dentelladas se ha transformado en un Macri con melena y decisión? ¿Cuánto tiempo van a esperar tranquilos que se desencadene esa furia justiciera que el furibundo les prometió a los gritos? ¿Cuánto durará la paciencia de los que votaron la impaciencia más rabiosa?
Y queda, por supuesto, la decepción más silenciosa, más profunda de los millones que esperan algo porque siempre es mejor esperar algo, si descubren que no pueden pagar el agua o la luz o el transporte sin subsidios o simplemente pierden el empleo o las ayudas que les permitían comer de vez en cuando.
Todas estas variables están abiertas y se van a jugar en los próximos meses. Muchos argentinos –ya lo anunció su nuevo presidente– van a sufrir mucho. Todo depende, una vez más, de cuánto quieran y puedan soportar, cuánto quieran y puedan esperar. Ya lo dijo el presidente Milei: la Argentina comenzó una nueva era –y se parece tanto a las de antes.
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Análisis Noticiosos
La necesidad de un nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
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Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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