Análisis Noticiosos
El presidente Milei y su novela negra
Muchos argentinos –ya lo anunció su nuevo presidente– van a sufrir mucho: todo depende, una vez más, de cuánto quieran y puedan soportar, cuánto quieran y puedan esperar
Argentina.-Temíamos la motosierra, la dolarización, la voladura del Banco Central, la venta de órganos. Y ahora, por momentos, pareciera que lo más temible de Javier Milei es que será un Macri cualquiera –o un Menem o un Videla.
El licenciado Javier Gerardo Milei ya es el Excelentísimo Señor Presidente de la República Argentina. La ceremonia de traspaso tuvo la pompa efímera que suelen tener estos jabones: un señor feliz porque empieza, un señor amargado porque ya nunca empezará. Aquel verso triste de Calamaro, “Todo lo que termina, termina mal”, debe haber sido escrito para los gobiernos ñamericanos: en las últimas 18 elecciones una sola vez ganó el oficialismo –y fue, con perdón, en Paraguay.
Como asumió debía hablar y, en lugar de hacerlo frente a diputados y senadores y gobernadores, supuestos representantes del país, lo hizo frente a unos pocos miles de seguidores en la Plaza del Congreso. Su discurso era transmitido por esa televisión y radio públicas que pretende privatizar, y empezó diciendo que “hoy comienza una nueva era en la Argentina” –y se quedó pegado a la palabra era, era, era, era. Pero en cuanto pudo se lanzó a su espacio de supuesto saber, la economía. Para decir que había recibido una herencia tremenda, la peor de la historia, y lanzar una catarata de números horribles –siempre en miles de millones de dólares– y enredarlos en unas multiplicaciones muy dudosas y, así, terminar profetizando una inflación del 15.000% anual “la cual vamos a luchar contra uñas y dientes para erradicarla”, dijo, literal.
Y que, entonces, el ajuste es inevitable y no puede ser gradual sino modelo shock, todo de golpe. El centro de su política, ahora, parece consistir en amenazar con un futuro tan oscuro que un futuro negro sería su gran triunfo. Anuncia meses de sufrimientos económicos brutales y que “naturalmente eso impactará de modo negativo”, dijo, “sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”. Pero que habrá “una luz al final del camino”, remató, equivocando de nuevo la metáfora.
O mintiendo, como cuando repitió por enésima vez que a principios del siglo XX “la Argentina fue la primera potencia mundial”, dato absolutamente falso. O cuando dijo que “en materia de seguridad, la Argentina se ha convertido en un baño de sangre”, hablando de un país con cinco homicidios cada 100.000 habitantes por año, por debajo de la media mundial, muy por debajo de los Estados Unidos, Chile o Uruguay –y el público o pueblo gritaba “policía, policía”.
Y, por supuesto, le echaba la culpa de todo el desastre actual al estatismo, eludiendo otro hecho significativo: en la Argentina, en el último medio siglo, hubo tres gobiernos privatizadores: el de los militares (1976-83), el de Carlos Menem (1989-99) y el de Macri (2015-19). O sea que casi la mitad de este medio siglo el país estuvo gobernado por neoliberales –que, en realidad, tomaron medidas mucho más enérgicas e influyentes que los estatistas. Pero una cosa es la realidad y otra el discurso, y el discurso actual es que la única forma de solucionar los problemas argentinos es volver a hacer –con mayor furia– lo mismo que se hizo en 1976, 1989, 2015. Cuyos resultados, cada vez, fueron catástrofes.
El discurso fue, de todos modos, una anécdota menor. Ahora se trata de saber qué hará el señor Milei con su gobierno. Para empezar, su equipo: de sus diez ministros, cinco fueron altos funcionarios de Macri y cuatro integraron la administración de Menem. Son pura “casta”, la tan odiada casta. Solo la canciller no ha tenido cargos públicos previos y todos ellos –y sus subordinados cercanos– exhiben másters de negocios en universidades privadas; la mayoría trabajó, en algún momento, para bancos y grandes fondos de inversión. Mientras tanto, los personajes peculiares que armaron al principio el partido ganador –y que le daban ese aire entre delirante y renovador que tanto lo ayudó– se quedaron sin cargos. El único que desentona un poco, entre ex funcionarios y ex ejecutivos de negocios, es un tal Javier Milei. Todo consistirá en ver, en estos meses, quién logra usar a quién. Si la casta que tanto denunció lo manipula, si él consigue desasirse de ella, si pretende hacerlo.
No parece, porque ahora, además de su gabinete, las medidas que estaría por tomar dejarían su campaña reducida a una farsa excelente. (Y sería un alivio, porque entonces no dolarizará ni volará el Banco Central ni liberará las armas ni se venderán órganos humanos). Pero, en tal caso, el resultado sería un magnífico engaño: que, para imponer la cuarta encarnación neoliberal –tras Videla, Menem y Macri– un señor embarcó a millones con el cuento de la motosierra cuando lo que va a hacer es consolidar el poder de los que siempre tuvieron el poder en la Argentina.
Si es así, nos queda la discusión inútil: ¿lo planeó desde el primer momento o las circunstancias se lo fueron imponiendo? O, incluso: si fue planeado, ¿lo planeó él mismo o solo fue una pieza en un engranaje mucho más complejo?
Es otro debate anecdótico. Ahora, con toda su fuerza, el futuro avanza. Para tratar de reconocerlo juega un dato menor: parece seguro que Milei confirmó, en su reciente visita a Washington, la compra a Estados Unidos de 24 aviones de combate F-16. Para un proyecto cuya gran promesa es recortar el gasto público la medida es curiosa.
Pero nos faltan datos, todavía. El nuevo gobierno había anunciado que este lunes 11, primer día de sesiones extraordinarias del Congreso, mandaría su ley ómnibus con la gran mayoría de los medidas económicas, pero ahora dice que tardarán unos días más.
Mientras tanto, hay tres grandes sectores –grosso modo– que impulsan y celebrarían que al señor Milei le fuera bien.
El principal es el poder empresario y sus grandes canales: esos medios de prensa que semanas atrás se espantaban con sus espantos y que ahora lo ven más alto y más rubio y con posibilidades de salvar a la patria en peligro. Han descubierto un “mileísmo pragmático” que, tras la limpieza de imagen y las concesiones del nuevo presidente, les permite tomarlo como uno de los suyos, el que podría beneficiarlos con sus medidas económicas y la permisividad de un mercado sin controles.
Después está el núcleo duro de los jóvenes mileístas, los apasionados de la motosierra, que querían con buenas razones romper todo. Y están, por fin, muchos millones de argentinos que no tienen nada muy a favor ni muy en contra de Milei salvo la evidencia de que él es ahora el que manda y la esperanza de que si a su gobierno le va bien a ellos les irá menos mal.
Pero los tres sectores podrían chocar contra rompientes muy molestas. Los empresarios, si la situación económica de “esfuerzos y sacrificios” que promete Milei se les vuelve en contra y la inflación reduce aún más el consumo y pierden las obras públicas y no les alcanza con echar empleados y la apertura de las exportaciones los hunde un poco más.
Los motosierros, si descubren que su ídolo, más que romper, va a consolidar las estructuras que los hacen vivir como viven. ¿Qué pasará si los muchachos mileístas –esos tan cacareados jóvenes de clase baja y media baja, menores de 30, sin trabajos formales– ven que el León que se iba a comer el mundo a dentelladas se ha transformado en un Macri con melena y decisión? ¿Cuánto tiempo van a esperar tranquilos que se desencadene esa furia justiciera que el furibundo les prometió a los gritos? ¿Cuánto durará la paciencia de los que votaron la impaciencia más rabiosa?
Y queda, por supuesto, la decepción más silenciosa, más profunda de los millones que esperan algo porque siempre es mejor esperar algo, si descubren que no pueden pagar el agua o la luz o el transporte sin subsidios o simplemente pierden el empleo o las ayudas que les permitían comer de vez en cuando.
Todas estas variables están abiertas y se van a jugar en los próximos meses. Muchos argentinos –ya lo anunció su nuevo presidente– van a sufrir mucho. Todo depende, una vez más, de cuánto quieran y puedan soportar, cuánto quieran y puedan esperar. Ya lo dijo el presidente Milei: la Argentina comenzó una nueva era –y se parece tanto a las de antes.
elpais.com
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.