Análisis Noticiosos
El presidente y su partido evaden discutir las garantías electorales
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Todo parece indicar que el presidente Danilo Medina está evadiendo el reclamo de equidad democrática y transparencia en las elecciones generales que alcanzó dimensiones históricas al expresarse masivamente y por todos los medios y sectores nacionales, mientras su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados guardan un espeso silencio.
Un intento de mediación protagonizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) no acaba de rendir frutos por las dificultades en integrar una comisión de notables que facilite un diálogo político de alto nivel, mientras las aplazadas elecciones municipales están a dos semanas y se cree que los oficialistas buscarían otra dilación.
Prevalece la desconfianza
A dos semanas de la nueva fecha para celebrar las elecciones municipales frustradas el 16 de febrero prevalece la desconfianza entre los actores políticos, sin que se haya ofrecido la menor explicación de si fueron errores humanos o manipulación criminal lo que impidió la votación, con el agravamiento de que no se espera que las investigaciones solicitadas a la Organización de Estados Americanos concluya antes.
Sigue extrañando que la Junta Central Electoral no haya emitido un comunicado formal con las explicaciones de sus técnicos sobre lo ocurrido en el sistema de voto automatizado, indicando lo que impidió su operación, o por lo menos lo que presumen que pudo haber ocurrido. Si fue por deficiencias humanas o del diseño, lo que contradicen las múltiples pruebas previas, debieron ser comprobadas y admitidas para reducir la desconfianza derivada y evitar que se generalizara la convicción de que se trató de un asalto criminal como denunciaron los opositores al enterarse del colapso en víspera de la votación, o del sabotaje que denunciaron el PLD y sus aliados la tarde de la frustración y que la Procuraduría General asumió con un “sainete de investigación”, detenido luego por disposición presidencial.
El discurso del 27 de febrero en la última presentación de memoria anual del presidente Danilo Medina ha sido definido como de una especie de “canto a mí mismo”, donde el mandatario magnificó los aspectos que se le reconocen a su gestión gubernamental, como la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, la inversión en escuelas y alimentación escolar, más atención a las pequeñas empresas y al crédito agrícola
La investigación solicitada a la OEA no ha comenzado formalmente y se descarta que puedan concluir antes de la nueva cita electoral del 15 de marzo, lo que justifica más el clamor nacional por un pacto político social que reste presión a la JCE y genere confianza, sobre todo en los partidos de oposición que han denunciado reiteradas veces que el PLD y su gobierno violentan la equidad democrática preconizada en la Constitución y las leyes.
Semana de definiciones
Esta semana comenzó con una marcha multitudinaria de 13 partidos opositores que tras responsabilizar al PLD y su gobierno de lo que consideran fue un asalto a las elecciones, que afecta la estabilidad de la nación,enarbolaron un pliego de diez garantías de equidad y transparencia. Fue seguido por el comunicado de casi un centenar de asociaciones empresariales con enérgica condena al colapso electoral y reclamo de sanciones, y formulando un “llamado al liderazgo político nacional para que, con la madurez que ameritan las circunstancias suscriban un gran acuerdo que recoja los compromisos necesarios para que se respete el voto y así garantizar la plena democracia”.
Al día siguiente la Fundación Institucionalidad y Justicia, entidad del empresariado con treinta años de lucha por el fortalecimiento democrático, fue específica al pedir energía “para eliminar la inequidad por el uso de recursos estatales para promover candidaturas”, perseguir y condenar todos los delitos electorales, especialmente la compra de votos,integrar la Procuraduría Especial para estos fines, en consulta con los partidos, y que los órganos públicos se manejen con moderación, razonabilidad y ponderación.
El pleno del Consejo Económico Social, un órgano estatal de participación social, sorprendió cuando formuló “un llamado a las autoridades responsables a preservar la estabilidad política, social, económica e institucional del país” y un “pacto político que contribuya a restablecer la confianza necesaria para la celebración de un proceso electoral libre, transparente y democrático”.
La mayor expresión de la indignación y reclamo de respeto a los derechos políticos lo constituyó el “Trabucazo” en la Plaza de la Bandera, por donde desfilaron durante 12 horas decenas de miles de personas, con participación de relevantes artistas y comunicadores, en lo que puede ser la mayor manifestación política de la historia nacional, tras diez días de concentraciones y marchas en múltiples ciudades del país y de las naciones que concentran emigrantes dominicanos. Los cacerolazos y otras expresiones de protesta proliferaron hasta en los restaurantes de clases altas, decretando una mayúscula insatisfacción impactante en el proceso electoral.
Ya en noviembre fue publicado un “Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral”, suscrito por decenas de entidades y personalidades religiosas, académicas y sociales y personalidades, y en enero la Conferencia del Episcopado Dominicano emitió una pastoral con fuertes reclamos para la libre elección.
Oportunidad desperdiciada
Con tan amplio consenso nacional hubo quienes creyeron que el presidente Danilo Medina aprovecharía su comparecencia anual ante el Congreso Nacional para ofrecer alguna repuesta que contribuyera a superar lo que se considera una grave crisis política e institucional y a restablecer la confianza en las instituciones. Pero creyó suficiente expresar su coincidencia con el clamor, especialmente de los jóvenes, para que se investiguen las causas del colapso electoral.
El mandatario ignoró las propuestas de pacto político y social, de los partidos y de tant diversos sectores, que lo incluyen por su condición de jefe del Estado y de director de la campaña electoral de su partido, hasta el punto de haber proclamado públicamente “yo voy a ganar las elecciones” y luego que no hay forma de que las pierdan.
Mientras trascendió que hasta ayer no había fructificado una gestión emprendida a comienzo de semana por dirigentes del CONEP para constituir una comisión mediadora que promovería el pacto político-social propuesto por diversos sectores. Desde la oposición política se reclama que sea plural o diversa, mientras desde el poder se inclinan por personalidades moderadas, incluyendo al retirado exrector Agripino Núñez Collado, cuestionado por haber aceptado presidir la comisión que investigó el contrato de las plantas de carbón del actual gobierno siendo del consejo directivo de una de las empresas ejecutoras de la polémica obra.
Riesgos de complicaciones
Por todos los sectores se expanden los temores de que en el actual clima de incertidumbre y desconfianzas, la cita electoral dentro de dos semanas agrave la crisis político-institucional y repercuta sobre la estabilidad económica y social. Más aún en momentos de graves dificultades para el turismo, la mayor actividad económica nacional, derivadas de la expansión del coronavirus, que está provocando drástica reducción de viajes y hasta suspensión de eventos internacionales.
Las encuestas publicadas en lo que va del año, incluyendo las dos más acreditadas durante décadas en el país, han arrojado consistente y amplia ventaja al principal partido de oposición, el PRM. Fuentes de crédito testimonian que una “encuesta jumbo”, con 5 mil entrevistas, auspiciada por las máximas organizaciones empresariales le otorgó 49% de preferencias al candidadoperremeísta Luis Abinader, y avasallante ventaja a su partido en las mayores provincias y municipios, anyes del colapso electoral.
Persiste preocupación por el silencio del partido de gobierno y que buscaría retrasar acuerdos para ver si pueden provocar otro aplazamiento de las elecciones municipales, y hasta la reunificación con las presidenciales y congresuales de mayo, como se planteó cuando Danilo Medina capituló en su empeño por reformar la Constitución para aspirar a otro período de gobierno. Requeriría la reforma constitucional y se adelantaba que incluiría rehabilitar a Medina para que volviera a postularse a partir del 2024, por lo que cayó en el vacío.
Un discurso de autocomplacencia
El discurso del 27 de febrero en la última presentación de memoria anual del presidente Danilo Medina ha sido definido como de una especie de “canto a mí mismo”, donde el mandatario magnificó los aspectos que se le reconocen a su gestión gubernamental, como la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, la inversión en escuelas y alimentación escolar, más atención a las pequeñas empresas y al crédito agrícola.
No fue la memoria del 2019, sino de sus 7 años y medio de gobierno, con múltiples manipulaciones de cifras y sin abordar aspectos medulares, como la quiebra institucional, que doblega el Congreso, la justicia, el Ministerio Público y los ayuntamientos, así como los organismos de control, y el uso de los recursos públicos para afianzar un enorme entramado de dominación social y de la comunicación.
Otros déficits de la pieza oratoria fueron el de la corrupción y la impunidad que agobian al país y se inscriben en los mayores escalones de las mediciones internacionales, y el deterioro persistente de los servicios, incluyendo la calidad de la salud, de la seguridad social, la seguridad pública y hasta de la calidad de la educación pese a la inversión del 4% del PIB en ese sector. Tampoco se refirió el mandatario a los déficits fiscales consecutivos y al consiguiente endeudamiento que duplicó la deuda pública en su período.
El incremento del empleo, hasta reducir el desempleo a un 6%, cuando en España es 14 y en Francia 9%, y la reducción de la pobreza fueron sobredimensionados, y en esto último se ignoró el aporte de las remesas de la diáspora dominicana que sólo en el 2019 envió al país 7 mil 87 millones de dólares, a la tasa actual 375 mil 611 millones de pesos, que promedian 35 mil 714 pesos por cada uno de los 10.5 millones de habitantes. Se apropió hasta de las inversiones privadas en la producción agropecuaria y en energía limpia, cuando él construyó la mayor planta, pero de carbón, que en 7 años y medio todavía ni genera plenamente ni ha reducido las tarifas, como se prometió.-
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.