Santo Domingo, RD.-El entramado de corrupción llamado Operación Medusa incluye como un aspecto fundamental el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el cual se ha convertido en uno de los motivos para el enjuiciamiento de su principal mentor, el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien podría recibir una medida de coerción de un año de prisión preventiva.Más Noticias
La justicia frente a los pilares de Jean Alain.
Santo Domingo, RD.-El entramado de corrupción llamado Operación Medusa incluye como un aspecto fundamental el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el cual se ha convertido en uno de los motivos para el enjuiciamiento de su principal mentor, el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien podría recibir una medida de coerción de un año de prisión preventiva.Sin embargo, fue este que lo llevó a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a sus colaboradores, por su vinculación en el entramado de corrupción denominado Medusa.
Este jueves, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, conocerá, a las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción en su contra y demás encartados, consistente en prisión preventiva.
El plan fue dividido en dos grandes ejes: uno se enfoca en la solución del hacinamiento y la sobrepoblación histórica de las cárceles dominicanas, mientras que el otro eje concentraba en el tratamiento de los internos dirigido a su rehabilitación y reinserción en la sociedad, aunque ambos están íntimamente vinculados.
Empero, en este proyecto desarrollado por el Ministerio Público durante el último cuatrienio del expresidente Danilo Medina (2016-2020), se cometieron irregularidades en los procesos de compras, por lo que ha resultado en un “fraude” y un “sangrado económico al erario”, según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, que encabezan Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.
El expediente, de 294 páginas, establece que “es un acto criminal que, teniendo un sistema penitenciario con condiciones de hacinamiento de hasta un 800%, en algunos casos se haya invertido aproximadamente RD$10,000 millones y la mayoría de esos recursos han sido invertidos sin criterio o distraídos”.
Y añade que, para adquirir mobiliarios, equipos y electrodomésticos se hicieron inauguraciones, sin haber terminado las obras, cuyas entregas, como es el caso del lote 4, de Las Parras, ha generado “daños cuantiosos para el Estado, ya que la misma tiene vicios de construcción insalvables”.
El entonces procurador Alain Rodríguez presentó los avances del proyecto a los miembros del Patronato Nacional Penitenciario durante un encuentro en el que destacó que este está ideado para modificar la realidad de los centros penitenciarios dominicanos, brindando un trato digno y humano a las y los privados de libertad, como lo establece la constitución, terminando con el hacinamiento, las malas condiciones y el trato inhumano.
“Es imposible hablar de rehabilitación y reinserción en condiciones como esas. ¿Cómo fomentar que un individuo recobre su dignidad y su valor en la sociedad, si durante su tiempo en prisión no lo tratamos con la dignidad ni el valor que queremos promover una vez salga del recinto penitenciario”, explicó en esa ocasión el exprocurador a los miembros del Patronato.
El tema del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario también fue abordado por el exprocurador en una entrevista con Efe en México, destacando que dedicaron los fondos obtenidos del caso Odebrecht) al mismo en el fiel cumplimiento de la ley, pero también cubriendo una enorme necesidad en cuanto a respeto a los derechos humanos y reinserción a la sociedad.
Rodríguez dijo haber logrado que Odebrecht pagará al país 184 millones de dólares, donde además abordó el tema con el modelo penitenciario mexicano para que invirtiera en su país el dinero que ha recuperado del mayor caso de corrupción en América Latina.
El Pepca señala a Rafael Antonio Mercede Marte, entonces encargado de Contabilidad de la Procuraduría, como responsable de “calcular y recoger cantidades en efectivo y que las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas.
También afirma que Alfredo Alexander Solano Augusto, junto a Johannatan Loanders Medina Reyes, quien era encargado de la división de Compras, tuvieron lo referente a los “pozos sépticos” del proyecto de “Humanización de las Cárceles”, mientras Amelia Escaño, encargada de Compras y Contrataciones, habría recibido “los beneficios del equipamiento médico”.
Los fiscales dicen que Jenny Marte Peña, encargada del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, habría obtenido beneficios por la construcción, decidiendo todo esto supuestamente el imputado Rafael Stefano Canó Sacco.
De Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercede Marte se dice beneficiaron de la compra de uniformes que eran parte del plan de humanización y a Alexander Solano Augusto se le indica que obtuvo beneficios en la instalación de camas.
En este caso de carácter corrupto figuran, como imputados, además Miguel José Moya, quien fue asesor del procurador Jean Alain Rodríguez durante su gestión en la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.
Es la persona que ha sido acusada formalmente de haber cometido un delito, cualquiera sea el estado del proceso que se tramita en su contra y mientras no haya una decisión judicial que ponga fin a la cuestión. Un imputado es la persona que está siendo investigada por la supuesta comisión de un delito.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
«Hay que decir que quienes aprobaron la ley de Contrataciones en el 2006, en el mismo año la modificaron y la extirparon, le eliminaron el régimen de consecuencias. En el 2006, con esa acción, se sembró el régimen de impunidad en la República Dominicana«, afirmó.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.