Sin embargo, fue este que lo llevó a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a sus colaboradores, por su vinculación en el entramado de corrupción denominado Medusa.

Este jueves, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, conocerá, a las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción en su contra y demás encartados, consistente en prisión preventiva.

El plan fue dividido en dos grandes ejes: uno se enfoca en la solución del hacinamiento y la sobrepoblación histórica de las cárceles dominicanas, mientras que el otro eje concentraba en el tratamiento de los internos dirigido a su rehabilitación y reinserción en la sociedad, aunque ambos están íntimamente vinculados.

Empero, en este proyecto desarrollado por el Ministerio Público durante el último cuatrienio del expresidente Danilo Medina (2016-2020), se cometieron irregularidades en los procesos de compras, por lo que ha resultado en un “fraude” y un “sangrado económico al erario”, según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, que encabezan Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.

El expediente, de 294 páginas, establece que “es un acto criminal que, teniendo un sistema penitenciario con condiciones de hacinamiento de hasta un 800%, en algunos casos se haya invertido aproximadamente RD$10,000 millones y la mayoría de esos recursos han sido invertidos sin criterio o distraídos”.

Y añade que, para adquirir mobiliarios, equipos y electrodomésticos se hicieron inauguraciones, sin haber terminado las obras, cuyas entregas, como es el caso del lote 4, de Las Parras, ha generado “daños cuantiosos para el Estado, ya que la misma tiene vicios de construcción insalvables”.

El entonces procurador Alain Rodríguez presentó los avances del proyecto a los miembros del Patronato Nacional Penitenciario durante un encuentro en el que destacó que este está ideado para modificar la realidad de los centros penitenciarios dominicanos, brindando un trato digno y humano a las y los privados de libertad, como lo establece la constitución, terminando con el hacinamiento, las malas condiciones y el trato inhumano.

“Es imposible hablar de rehabilitación y reinserción en condiciones como esas. ¿Cómo fomentar que un individuo recobre su dignidad y su valor en la sociedad, si durante su tiempo en prisión no lo tratamos con la dignidad ni el valor que queremos promover una vez salga del recinto penitenciario”, explicó en esa ocasión el exprocurador a los miembros del Patronato.

El tema del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario también fue abordado por el exprocurador en una entrevista con Efe en México, destacando que dedicaron los fondos obtenidos del caso Odebrecht) al mismo en el fiel cumplimiento de la ley, pero también cubriendo una enorme necesidad en cuanto a respeto a los derechos humanos y reinserción a la sociedad.

Rodríguez dijo haber logrado que Odebrecht pagará al país 184 millones de dólares, donde además abordó el tema con el modelo penitenciario mexicano para que invirtiera en su país el dinero que ha recuperado del mayor caso de corrupción en América Latina.

El Pepca señala a Rafael Antonio Mercede Marte, entonces encargado de Contabilidad de la Procuraduría, como responsable de “calcular y recoger cantidades en efectivo y que las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas.

También afirma que Alfredo Alexander Solano Augusto, junto a Johannatan Loanders Medina Reyes, quien era encargado de la división de Compras, tuvieron lo referente a los “pozos sépticos” del proyecto de “Humanización de las Cárceles”, mientras Amelia Escaño, encargada de Compras y Contrataciones, habría recibido “los beneficios del equipamiento médico”.

Los fiscales dicen que Jenny Marte Peña, encargada del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, habría obtenido beneficios por la  construcción, decidiendo todo esto supuestamente el imputado Rafael Stefano Canó Sacco.

De Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercede Marte se dice beneficiaron de la compra de uniformes que eran parte del plan de humanización y a Alexander Solano Augusto se le indica que obtuvo beneficios en la instalación de camas.

En este caso de carácter corrupto figuran, como imputados, además Miguel José Moya, quien fue asesor del procurador Jean Alain Rodríguez durante su gestión en la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.

Es la persona que ha sido acusada formalmente de haber cometido un delito, cualquiera sea el estado del proceso que se tramita en su contra y mientras no haya una decisión judicial que ponga fin a la cuestión. Un imputado es la persona que está siendo investigada por la supuesta comisión de un delito.