Santo Domingo, RD.-El entramado de corrupción llamado Operación Medusa incluye como un aspecto fundamental el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el cual se ha convertido en uno de los motivos para el enjuiciamiento de su principal mentor, el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien podría recibir una medida de coerción de un año de prisión preventiva.Más Noticias
La justicia frente a los pilares de Jean Alain.
Santo Domingo, RD.-El entramado de corrupción llamado Operación Medusa incluye como un aspecto fundamental el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el cual se ha convertido en uno de los motivos para el enjuiciamiento de su principal mentor, el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien podría recibir una medida de coerción de un año de prisión preventiva.Sin embargo, fue este que lo llevó a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a sus colaboradores, por su vinculación en el entramado de corrupción denominado Medusa.
Este jueves, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, conocerá, a las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción en su contra y demás encartados, consistente en prisión preventiva.
El plan fue dividido en dos grandes ejes: uno se enfoca en la solución del hacinamiento y la sobrepoblación histórica de las cárceles dominicanas, mientras que el otro eje concentraba en el tratamiento de los internos dirigido a su rehabilitación y reinserción en la sociedad, aunque ambos están íntimamente vinculados.
Empero, en este proyecto desarrollado por el Ministerio Público durante el último cuatrienio del expresidente Danilo Medina (2016-2020), se cometieron irregularidades en los procesos de compras, por lo que ha resultado en un “fraude” y un “sangrado económico al erario”, según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, que encabezan Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.
El expediente, de 294 páginas, establece que “es un acto criminal que, teniendo un sistema penitenciario con condiciones de hacinamiento de hasta un 800%, en algunos casos se haya invertido aproximadamente RD$10,000 millones y la mayoría de esos recursos han sido invertidos sin criterio o distraídos”.
Y añade que, para adquirir mobiliarios, equipos y electrodomésticos se hicieron inauguraciones, sin haber terminado las obras, cuyas entregas, como es el caso del lote 4, de Las Parras, ha generado “daños cuantiosos para el Estado, ya que la misma tiene vicios de construcción insalvables”.
El entonces procurador Alain Rodríguez presentó los avances del proyecto a los miembros del Patronato Nacional Penitenciario durante un encuentro en el que destacó que este está ideado para modificar la realidad de los centros penitenciarios dominicanos, brindando un trato digno y humano a las y los privados de libertad, como lo establece la constitución, terminando con el hacinamiento, las malas condiciones y el trato inhumano.
“Es imposible hablar de rehabilitación y reinserción en condiciones como esas. ¿Cómo fomentar que un individuo recobre su dignidad y su valor en la sociedad, si durante su tiempo en prisión no lo tratamos con la dignidad ni el valor que queremos promover una vez salga del recinto penitenciario”, explicó en esa ocasión el exprocurador a los miembros del Patronato.
El tema del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario también fue abordado por el exprocurador en una entrevista con Efe en México, destacando que dedicaron los fondos obtenidos del caso Odebrecht) al mismo en el fiel cumplimiento de la ley, pero también cubriendo una enorme necesidad en cuanto a respeto a los derechos humanos y reinserción a la sociedad.
Rodríguez dijo haber logrado que Odebrecht pagará al país 184 millones de dólares, donde además abordó el tema con el modelo penitenciario mexicano para que invirtiera en su país el dinero que ha recuperado del mayor caso de corrupción en América Latina.
El Pepca señala a Rafael Antonio Mercede Marte, entonces encargado de Contabilidad de la Procuraduría, como responsable de “calcular y recoger cantidades en efectivo y que las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas.
También afirma que Alfredo Alexander Solano Augusto, junto a Johannatan Loanders Medina Reyes, quien era encargado de la división de Compras, tuvieron lo referente a los “pozos sépticos” del proyecto de “Humanización de las Cárceles”, mientras Amelia Escaño, encargada de Compras y Contrataciones, habría recibido “los beneficios del equipamiento médico”.
Los fiscales dicen que Jenny Marte Peña, encargada del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, habría obtenido beneficios por la construcción, decidiendo todo esto supuestamente el imputado Rafael Stefano Canó Sacco.
De Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercede Marte se dice beneficiaron de la compra de uniformes que eran parte del plan de humanización y a Alexander Solano Augusto se le indica que obtuvo beneficios en la instalación de camas.
En este caso de carácter corrupto figuran, como imputados, además Miguel José Moya, quien fue asesor del procurador Jean Alain Rodríguez durante su gestión en la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.
Es la persona que ha sido acusada formalmente de haber cometido un delito, cualquiera sea el estado del proceso que se tramita en su contra y mientras no haya una decisión judicial que ponga fin a la cuestión. Un imputado es la persona que está siendo investigada por la supuesta comisión de un delito.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
an/am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
«Tenemos un firme propósito de construir soluciones que transforman, y es lo que hacemos hoy en este gran patio de chatarra«, expresó.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.