Santo Domingo, RD.-El entramado de corrupción llamado Operación Medusa incluye como un aspecto fundamental el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el cual se ha convertido en uno de los motivos para el enjuiciamiento de su principal mentor, el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien podría recibir una medida de coerción de un año de prisión preventiva.Más Noticias
La justicia frente a los pilares de Jean Alain.
Santo Domingo, RD.-El entramado de corrupción llamado Operación Medusa incluye como un aspecto fundamental el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, el cual se ha convertido en uno de los motivos para el enjuiciamiento de su principal mentor, el ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien podría recibir una medida de coerción de un año de prisión preventiva.Sin embargo, fue este que lo llevó a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva junto a sus colaboradores, por su vinculación en el entramado de corrupción denominado Medusa.
Este jueves, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, conocerá, a las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción en su contra y demás encartados, consistente en prisión preventiva.
El plan fue dividido en dos grandes ejes: uno se enfoca en la solución del hacinamiento y la sobrepoblación histórica de las cárceles dominicanas, mientras que el otro eje concentraba en el tratamiento de los internos dirigido a su rehabilitación y reinserción en la sociedad, aunque ambos están íntimamente vinculados.
Empero, en este proyecto desarrollado por el Ministerio Público durante el último cuatrienio del expresidente Danilo Medina (2016-2020), se cometieron irregularidades en los procesos de compras, por lo que ha resultado en un “fraude” y un “sangrado económico al erario”, según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución, que encabezan Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.
El expediente, de 294 páginas, establece que “es un acto criminal que, teniendo un sistema penitenciario con condiciones de hacinamiento de hasta un 800%, en algunos casos se haya invertido aproximadamente RD$10,000 millones y la mayoría de esos recursos han sido invertidos sin criterio o distraídos”.
Y añade que, para adquirir mobiliarios, equipos y electrodomésticos se hicieron inauguraciones, sin haber terminado las obras, cuyas entregas, como es el caso del lote 4, de Las Parras, ha generado “daños cuantiosos para el Estado, ya que la misma tiene vicios de construcción insalvables”.
El entonces procurador Alain Rodríguez presentó los avances del proyecto a los miembros del Patronato Nacional Penitenciario durante un encuentro en el que destacó que este está ideado para modificar la realidad de los centros penitenciarios dominicanos, brindando un trato digno y humano a las y los privados de libertad, como lo establece la constitución, terminando con el hacinamiento, las malas condiciones y el trato inhumano.
“Es imposible hablar de rehabilitación y reinserción en condiciones como esas. ¿Cómo fomentar que un individuo recobre su dignidad y su valor en la sociedad, si durante su tiempo en prisión no lo tratamos con la dignidad ni el valor que queremos promover una vez salga del recinto penitenciario”, explicó en esa ocasión el exprocurador a los miembros del Patronato.
El tema del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario también fue abordado por el exprocurador en una entrevista con Efe en México, destacando que dedicaron los fondos obtenidos del caso Odebrecht) al mismo en el fiel cumplimiento de la ley, pero también cubriendo una enorme necesidad en cuanto a respeto a los derechos humanos y reinserción a la sociedad.
Rodríguez dijo haber logrado que Odebrecht pagará al país 184 millones de dólares, donde además abordó el tema con el modelo penitenciario mexicano para que invirtiera en su país el dinero que ha recuperado del mayor caso de corrupción en América Latina.
El Pepca señala a Rafael Antonio Mercede Marte, entonces encargado de Contabilidad de la Procuraduría, como responsable de “calcular y recoger cantidades en efectivo y que las empresas fueron escogidas de manera directa, existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas.
También afirma que Alfredo Alexander Solano Augusto, junto a Johannatan Loanders Medina Reyes, quien era encargado de la división de Compras, tuvieron lo referente a los “pozos sépticos” del proyecto de “Humanización de las Cárceles”, mientras Amelia Escaño, encargada de Compras y Contrataciones, habría recibido “los beneficios del equipamiento médico”.
Los fiscales dicen que Jenny Marte Peña, encargada del Proyecto del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, habría obtenido beneficios por la construcción, decidiendo todo esto supuestamente el imputado Rafael Stefano Canó Sacco.
De Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercede Marte se dice beneficiaron de la compra de uniformes que eran parte del plan de humanización y a Alexander Solano Augusto se le indica que obtuvo beneficios en la instalación de camas.
En este caso de carácter corrupto figuran, como imputados, además Miguel José Moya, quien fue asesor del procurador Jean Alain Rodríguez durante su gestión en la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.
Es la persona que ha sido acusada formalmente de haber cometido un delito, cualquiera sea el estado del proceso que se tramita en su contra y mientras no haya una decisión judicial que ponga fin a la cuestión. Un imputado es la persona que está siendo investigada por la supuesta comisión de un delito.
Por EFE
Santo Domingo, (EFE).- El Gobierno de la República Dominicana designó este martes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo chií libanés Hizbulá como organizaciones terroristas.
Esta designación se lleva a cabo «en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la legislación nacional dominicana», destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano.
En la actualidad Irán cuenta con un cuerpo diplomático designado para cubrir la República Dominicana, aunque la embajada tiene su sede en Cuba.
Esa legación está encabeza por el embajador Seyed Mohammad Hadi Sobhani, quien presentó sus credenciales ante el presidente dominicano, Luis Abinader, en diciembre de 2024.
an/am
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Pruebas demoledoras dice tener el Ministerio Público contra madre acusada de asfixiar a su hija
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público cuenta con más de 25 evidencias demoledoras en contra de Yleidi Linares Araujo, acusada de asfixiar a su hija de seis años en un hecho ocurrido el 11 de marzo en la comunidad de Sabana Toro de la provincia de San Cristóbal, según la procuradora fiscal Laura Segura.
La representante del Ministerio Público y fiscal investigadora del caso afirmó que el expediente contiene una amplia cantidad de pruebas que, según sostuvo, sustentan la imposición de prisión preventiva.
«El Ministerio Público está listo para conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción, contando con más de 25 evidencias demoledoras para que el tribunal acoja la prisión preventiva en contra de la imputada por el homicidio de su hija menor de edad de 6 años», expresó.
Detalló que entre las pruebas figuran evidencias documentales, audiovisuales y testimoniales. Asimismo, mencionó entrevistas, interrogatorios e imágenes de video analizadas como parte de los elementos presentados en el caso.
«Entrevistas, interrogatorios, imágenes de video que fueron debidamente analizadas y un sinnúmero de elementos de pruebas que van a sustentar la imposición de la prisión preventiva, sin duda alguna»Procuradora fiscal de San Cristóbal
Segura explicó, la audiencia fue aplazada para el viernes 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa técnica de la imputada, con el propósito de que le sean notificadas las pruebas audiovisuales depositadas por el órgano acusador.
Cronología del hechoEl día de la tragedia, vecinos relataron que escucharon a la madre pedir auxilio mientras descendía con la menor Milianny Linarez en brazos desde el tercer nivel de un edificio de apartamentos. Posteriormente, la niña fue trasladada al Hospital Juan Pablo Pina, donde fue declarada muerta.
En sus primeras declaraciones, Linarez Araujo aseguró que había salido al colmado y que, al regresar, encontró a la niña tendida en el baño de la vivienda.
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El Ministerio Público presentó formal acusación contra la progenitora, luego de que los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableciera que la niña murió por «asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios», determinando una muerte violenta de etiología homicida.
En el expediente de la solicitud de medida de coerción, el órgano persecutor sostiene que la imputada habría cometido el hecho dentro de su residencia durante las horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada al centro de salud.
«Como coartada posterior a la comisión de los hechos, salir unos 20 minutos a un establecimiento comercial y al retornar fingir encontrar a la víctima sin signos vitales tirada en el suelo en el interior del baño, simulando una causa distinta de la muerte«, señala el expediente.
El documento también establece que estas imputaciones estarían sustentadas en el informe técnico digital de video No. 2026-04-E8566, elaborado por la Dirección Central de Investigación (Dicat).
Según el informe, las imágenes de vigilancia muestran e individualizan a Linarez Araujo como la única persona que ingresó a la vivienda antes y después de la muerte de la menor.
Indica, además, que los familiares de la imputada y de la niña habían salido del lugar, previo a los hechos, y que, dentro del período en que ocurrió el homicidio, la única persona ajena que ingresó a la zona fue la testigo Lennys Lizbeth Angomas Pinales, vecina de la imputada, quien declaró haber observado a la imputada alrededor de las 10:15 de la mañana realizando labores de limpieza frente a su residencia.
A esto, el documento suma entrevistas de otras vecinas, quienes afirmaron haber visto únicamente a la acusada entrar y salir de la vivienda donde ocurrió el hecho.
Según el Ministerio Público, estas evidencias permiten establecer que la imputada era la única persona que tenía el dominio exclusivo de la escena y de la menor fallecida.
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Segun pruebas balísticas pistola incautada en caso Masha fue robada a agente de la Policía en 2018.
Santo Domingo, R.D.-La exponente urbana Ashley Mariel Sanchez Victoriano, conocida como «Masha», quien fue apresada por agentes de la Policía Nacional el pasado sábado luego de que fuese sorprendida con dos armas de fuego ilegales dentro del vehículo en el cual se transportaba junto a otras personas, sera sometida a la justicia por la conducta ilegal en que ha incurrido.
Masha fue detenida mientras conducía por la avenida Mella, en el sector Andrés Boca Chica, acompañanda por Karla Julisa Rodríguez, quien estaba en el asiento delantero del pasajero; ambas con 19 años de edad. Mientras que en la parte trasera se encontraba Alexander Martínez Nolasco, de 18 años.
Dentro de la gaveta situada en el lado del pasajero de la yipeta marca Honda CRV fue donde los patrulleros del cuerpo policial encontraron dos pistolas Glocks calibre 9 milímetros sin documentación.
Según determinó la institución a través de las pruebas balísticas, una de estas fue robada en 2018 a un miembro de la Policía.
“Se la robaron en 2018 a un policía. Esa arma la estaban disparando para comparar los casquillos con otras escenas violentas y ver si ha sido usada en otros crímenes o delitos. Es por eso que sabemos que una de esas se la robaron a una policía”, explicó a reporteros de este medio un agente vinculado a la investigación.
No obstante, de acuerdo con lo informado por la fuente extraoficial, esto no quiere decir que la artista haya participado en el robo realizado al policía.
Además de los dispositivos, los agentes que realizaron el registro aseguran haber confiscado en el interior del automóvil dos cargadores de balas, uno de ellos con capacidad para 30, teniendo en total 14 proyectiles.
Mientras tanto, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona de la Fiscalía de Santo Domingo Este presentó el pasado domingo ante el Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo una solicitud para lograr que los imputados sean sometidos a prisión preventiva.
El Ministerio Público (MP) entiende que los acusados, a pesar de tener un domicilio en el país, no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento judicial. Por lo que “existe un alto riesgo de que intenten sustraerse al proceso y no comparecer” ante el juez.
Asimismo, considera que los tres detenidos deben ser juzgados por porte ilegal de armas de fuego, tipificación penal contemplada en los artículos 43, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Pistolas, cargadores y municiones confiscados por la Policía Nacional.Fuente externa
¿Cómo funciona la depuración?
“La depuramos, la llevamos a balísticas, se disparan esos casquillos, se comparan con otros que han sido levantados en escenas donde hay heridos, fallecidos o robos, luego se analiza a través de una computadora que permite determinar si coinciden con el arma retenida”, de esta manera, según precisó el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, las autoridades pueden identificar la procedencia de un arma de fuego.