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Opinión

El Principio de Complementariedad de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

El Estatuto de Roma anima a los Estados para que sean ellos quienes ejerzan competencia sobre los delitos de la CPI. En su preámbulo se establece que se deberá garantizar el efectivo enjuiciamiento de los delitos de la CPI, tomando medidas a nivel nacional y reforzando la cooperación internacional.

Adicionalmente, todo Estado tiene el deber de ejercer su competencia penal sobre aquellos que sean responsables de delitos internacionales. Sin embargo, el Estatuto de Roma no establece explícitamente la obligación de enjuiciar por delitos de la CPI.

Esta obligación se establece en otros tratados, para algunos de los delitos enumerados en el Estatuto,  pero no para todos ellos, según la IV Convención de Ginebra de 1949, los Estados Partes se comprometen a crear cualquier legislación necesaria que prevea las sanciones penales efectivas para aquellas personas  que cometan graves violaciones contra la Convención.

Según el artículo 5 de la Convención sobre el Genocidio, los Estados Partes se comprometen a legislar para darle eficacia a las disposiciones de la Convención y establecer penas efectivas para aquellos culpables de genocidio. La historia de la segunda mitad del Siglo XX demuestra que el respeto a la obligación es mínimo.

No obstante, el Estatuto de Roma no impide que los Estados lleven a cabo el enjuiciamiento de aquellos  que cometen delitos internacionales. Aún más, la competencia de la CPI es distinta a aquella de los Estados Partes.

El Estatuto de Roma no priva a los Estados de su potestad de enjuiciamiento  por crímenes de su jurisdicción, si establece que  la  Corte Penal Internacional  lo hará en el caso en que los Estados Partes se nieguen  o no puedan enjuiciar a este delincuente.

Según el principio de complementariedad, la CPI sólo ejercerá su competencia cuando los Estados Partes no investiguen o establezcan un proceso judicial de buena fe, cuando se cometió un delito incluido en el Estatuto de Roma. La CPI no puede tomar un caso cuando un Estado Parte ha decidido tomar una acción penal sobre el mismo.

Sin embargo, es fundamental que los procedimientos iniciados por un Estado sean llevados a cabo de buena fe,  es decir, conforme al derecho internacional. Por ende, existen algunas excepciones bajo las cuales la CPI podrá tomar un caso que ya ha sido referido a un Estado.Esto se establece en el artículo 17 del Estatuto de Roma:

  1. a)Cuando el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento;
  2. b)Cuando el Estado no  pueda realmente investigar o enjuiciar;
  3. c)Cuando, luego de la investigación, la decisión del Estado a no enjuiciar a la persona  esté motivada por un deseo de proteger  a la persona para que no sea llevada ante la justicia;
  4. d)Cuando, luego de la investigación, la decisión del Estado de no enjuiciar a la persona esté motivada por su incapacidad para llevar a cabo un procedimiento judicial.

La Corte Penal Internacional tomará manos en el asunto cuando no exista disposición a actuar o  capacidad por parte del Estado. Según el artículo 17, ¨falta de disposición significa:

  1. El juicio haya ocurrido con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal;
  2. La decisión nacional de no enjuiciar el caso haya sido tomada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal;
  3. El proceso haya sido sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, es incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona ante la justicia;
  4. El proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial que sea compatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

El término ̈incapaz significa el colapso total o sustancial de la administración nacional de justicia del Estado Parte. También quiere decir que el sistema judicial nacional del Estado no puede hacer comparecer al acusado, o no dispone de las pruebas y testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo un juicio.

Aunque era imperativo que se le diera prioridad a los Estados para enjuiciar y condenar a los responsables de delitos internacionales, era igualmente necesario  contar con un mecanismo que estuviera listo para funcionar en el caso en que un Estado llevará a cabo juicios falsos o no contara con los medios técnicos requeridos para llevar a cabo una investigación y un juicio apropiado.

Finalmente, sin este mecanismo, sería muy difícil burlarse de la justicia. Un Estado que no estaba dispuesto a enjuiciar al responsable de un delito podría manipular al procedimiento para asegurar una sentencia absolutoria, ingeniando el estancamiento del proceso, la corrupción del jurado, la violación deliberada de los derechos fundamentales del defensor, o creando  atrasos irrazonables. Aún más fácil, un Estado podría simplemente negarse a presentar prueba de cargo para el juicio.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

«¡Salvemos la patria!»

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Por Isaías Ramos

Han transcurrido seis semanas desde la promulgación de la Ley 1-24, una normativa que socava el Estado Democrático de Derecho consagrado por nuestra Constitución, infringiendo los derechos fundamentales que esta establece.

Nos encontramos ante un ataque directo a la democracia y a los derechos de los ciudadanos, ejecutado por aquellos congresistas de la partidocracia y miembros del ejecutivo que han traicionado su juramento de respetar, proteger y hacer cumplir nuestra Carta Magna.

Este acto no tiene precedentes desde 1978, cuando el PRD, bajo el liderazgo de Don Antonio Guzmán, devolvió al pueblo dominicano sus derechos fundamentales tras una larga lucha llena de sacrificios, lágrimas y sangre. Es una verdadera deshonra que hoy sean sus propios descendientes quienes lideren este acto reprochable, fallando así a la memoria de sus antepasados.

En estos momentos críticos para nuestra nación, y en plena campaña electoral donde se intenta ahogar a las voces disidentes, es provechoso recordar las palabras del profeta Isaías: «¡Ay de aquellos que dictan leyes injustas y prescriben tiranía…!»

Debemos señalar y responsabilizar a quienes están detrás de esta grave ofensa a la democracia. No podemos tolerar la impunidad cuando se atentan contra los derechos más elementales de los ciudadanos. Si permitimos que la corrupción y la injusticia se perpetúen, corremos el riesgo de sufrir el mismo destino que otras naciones sumidas en la miseria y el horror por décadas.

La advertencia no podría ser más clara: es urgente tomar medidas para evitar un futuro sombrío. Ha llegado el momento de despertar nuestras conciencias y movilizar acciones hacia una transformación profunda, basada en la justicia, la igualdad y el respeto por la dignidad humana.

Desde el Frente Cívico Social, convocamos al pueblo dominicano a unirse en estos tiempos de prueba, donde nuestra libertad se ve amenazada. Es crucial exigir la derogación inmediata de esta ley para restituir el Estado Democrático de Derecho, hoy vulnerado por esta partidocracia traidora.

De no revertirse este adefesio y participar en las elecciones legislativas y presidenciales, estaríamos legitimizando la anticonstitucionalidad que reviste a esta ley. A la vez, estaríamos abriendo las puertas a épocas de terror y miedo ya superadas.

Debemos prepararnos para, en caso de que no sea derogada antes de las elecciones, movilizarnos hacia una abstención máxima en el sufragio o el llamado al voto nulo.

El Frente Cívico y Social se erige como una luz de esperanza en medio de la oscuridad institucional, proponiendo un cambio radical para poner fin a la corrupción e impunidad que han plagado nuestro sistema durante décadas. Es esencial respaldar iniciativas que busquen restaurar el orden y construir una sociedad más justa y equitativa.

Nos enfrentamos a un desafío histórico: romper el ciclo de opresión y desesperanza al que hemos estado atados. La clave de nuestro éxito residirá en nuestra capacidad colectiva para organizarnos, resistir juntos y construir un futuro basado en valores éticos sólidos.

El llamado del FCS es a no permanecer indiferentes ante la injusticia que nos rodea. Es hora de levantar la voz contra el engaño político, la manipulación mediática y toda forma de opresión que amenace nuestros derechos fundamentales.

El tiempo apremia. La urgencia de actuar con determinación ante el desafío histórico que enfrentamos nos convoca. ¡Unámonos en este camino hacia una sociedad más justa e igualitaria! Es momento de despertar y actuar juntos para salvaguardar nuestra patria, nuestros derechos y nuestra democracia. La unión, la perseverancia y el compromiso de cada dominicano serán cruciales para superar esta encrucijada. La historia nos observa, y el futuro de nuestra nación descansa en nuestras manos.

Juntos, podemos revertir el curso de estos acontecimientos y asegurar que nuestra patria retome el camino de la justicia, la libertad y la prosperidad.

¡Despierta, RD!

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Opinión

Una  vía apropiada para recibir las solicitudes de la Corte Penal Internacional.

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Por Rommel Santos Díaz

Según el artículo 87 del Estatuto de Roma, las solicitudes de la Corte ¨se tramitarán por vía diplomática o por cualquier otro conducto adecuado  que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ̈. Se podrán realizar cambios subsiguientes a este establecimiento, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. Adicionalmente, cada Estado deberá indicar el idioma más apropiado para la correspondencia en el momento de ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto.

Según el artículo 87, las solicitudes de la Corte Penal Internacional podrán ser tramitadas por medio de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o de cualquier otra organización regional competente.

En cuanto a las obligaciones el artículo 87 requiere que cada Estado, al ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al Estatuto de Roma designe:

  1. a)Una via para comunicarse, ya sea diplomática o no; y
  2. b)Un idioma de correspondencia, ya sea el idioma oficial del Estado o un idioma de trabajo de la Corte ( inglés o francés).

Respecto a la vía diplomática o cualquier otra vía apropiada, el Estado podría preferir la práctica ya establecida por ese Estado para el Tribunal Penal Internacional  de la Antigua Yugoslavia. Por ejemplo, muchos han recibido correspondencia  de este tribunal a través de sus embajadas con sede en La Haya. En los casos en que el Estado no tenga una práctica establecida  con el tribunal de referencia, este podría designar a una sección o departamento del Ministerio de Relaciones Exteriores o del Ministerio de Justicia para que tenga comunicación directa con la Corte Penal Internacional.

Respecto a la elección de un idioma para la comunicación con la Corte Penal Internacional, el Estado puede elegir uno de sus idiomas oficiales o uno de los idiomas de trabajo de la  Corte. Asimismo los Estados podrían seguir con la práctica de comunicación establecida con  el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Claramente, el Estado deberá tomar en cuenta cualquier legislación existente sobre el idioma oficial.

Finalmente, las solicitudes podrán tramitarse desde la Corte a la Organización Internacional de Policía Criminal  o cualquier organización regional competente. Respecto a los Estados, normalmente la Corte sólo tramitará las solicitudes a una organización regional cuando requiera la asistencia de cada Estado en esa organización o requiera asistencia de la misma organización regional. La organización regional deberá contar con una estructura para tramitar tales solicitudes los Estados miembros. Los Estados a su vez deberán garantizar la posibilidad de recibir y ejecutar las solicitudes  hechas por medio de organizaciones regionales y la Interpol.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Elecciones y mucha tela para cortar

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Por Nelson Encarnación

El recién transcurrido proceso electoral del domingo 18 de febrero tiene tantas vertientes importantes para analizar que habría que dedicarles varias entregas para tratar de abordarlas lo más ampliamnente que podamos.

Por lo pronto, me voy a concentrar en dos aspectos que entiendo de mucha relevancia, sobre todo por la cercanía del evento mayor, o sea, las presidenciales y congresuales de mayo.

Uno de ellos se refiere al caso muy particular de las encuestas, y de estas uno tiene mucho más de particular aún.

Los días 6,7 y 8 de febrero, el Centro Económico del Cibao publicó tres entregas sucesivas en las cuales recogía las proyecciones de los resultados probables en los 25 municipios más poblados del país, en los que vaticinaba el triunfo de los respectivos candidatos.

Como suele ocurrir en cada evento electoral, esas proyecciones fueron atacadas como el producto de “la sastrería de Aguilera”, en obvia elucubración de que se trataba de muestras prefabricadas.

¿Qué ocurrió el domingo 18? De los 25 pronósticos, el CEC falló en dos con un acierto de 99.92%, algo sencillamente impresionante cuando se trata de un proceso tan complejo como son las elecciones municipales, debido a la elevada dispersión que dificulta la muestra estadística.

De modo que, del proceso recién culminado han salido dos claros ganadores: el PRM electoralmente, y la credibilidad de Leonardo Aguilera y el Centro Económico del Cibao.

El otro elemento que abordaré tiene que ver con la narrativa de la elevada abstención como factor determinante—o por lo menos muy relevante—para la debacle electoral de la alianza opositora.

Es un argumento falaz, pues si las estadísticas no han cambiado, es bastante probable que el incremento de la votación registrara la misma distribución en términos porcentuales de lo surgido de las urnas el domingo.

Es decir que, si la población que se abstuvo hubiese acudido, su votación se habría distribuido exactamente en la relación que conocemos.

¿O puede caberle a alguien en la cabeza que los abstencionistas fueron de un litoral específico y que de haber votado se irían todos a engrosar el caudal de ese hemisferio electoral?

Argumentar sobre ese desatino tiene la única intención de justificar un desenlace adverso y una forma de evadir la responsabilidad en una serie de costosos errores políticos. Volveremos.

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