Análisis Noticiosos
El PRM salva las primarias del dinero, que dejan al PLD al borde de la división
Por: Juan Bolivar Díaz
La adolescente democracia dominicana, las debilidades institucionales y el imperio del presidencialismo, del clientelismo y el rentismo, del dinero y la compra de votos quedaron al desnudo marchitando la primera materialización de las elecciones primarias y simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral (JCE).
Los abusos del poder y las ambiciones desenfrenadas dejan mal parado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que controla gran parte del Estado y la sociedad, mientras el Partido Revolucionario Moderno (PRM) logró salir airoso y unido en torno a la candidatura presidencial del economista y empresario Luis Abinader.
Un impúdico mercado.- El experimento de las elecciones primarias simultáneas y organizadas por la JCE ya había perdido su carácter democrático cuando casi todos los ministros del gobierno fueron designados jefes de la campaña del delfín del presidente Danilo Medina y su publicidad sin límites apabulló a la sociedad, superando muchas veces lo que gastaron en conjunto los otros 9 precandidatos presidenciales de los dos partidos mayoritarios. También cuando la maquinaria gubernamental presionó a los empleados públicos y a contrataciones, suplidores y consultores por apoyo económico y de votos, incluso fijándoles cuotas.
Pero tal como se había advertido, desde la víspera del 6 de octubre y en la jornada misma de votación se llevó al paroxismo el viejo delito de la compra de votos, que hasta ahora era disimulado, pero esta vez se hizo abiertamente. A observadores electorales les llegaron a preguntar si eran ellos quienes entregaban el dinero. Participación Ciudadana dejó constancia de haber comprobado ese mercado en el 32.73%, de los recintos de votación.
La jornada quedó también manchada por otra violación legal, la propaganda electoral aún dentro de las mesas, comprobada en el 42% de los recintos, y por la publicación de encuestas a boca de urna amañadas en extremos insólitos. De hecho las encuestas constituyeron la primera baja del proceso, porque la mayoría de las que antecedieron la votación también presentaron resultados extremos en favor de los dos competidores del partido oficial, no así en el de la oposición, donde casi todas se aproximaron a lo que resultaría. El 30% de los empadronados que votó, una parte incentivada con dinero, quedó por debajo de las expectativas generales.
Volvió a vencer el Estado.- Después de la revisión de los votos físicos depositados en las urnas y los resultados ofrecidos ayer viernes por la JCE es obvio que el presidente Medina alcanzó su objetivo de impedir que su archirrival Leonel Fernández fuera el candidato presidencial del PLD. Gonzalo Castillo consiguió superarlo por 1.43%, al recibir 911 mil 324 votos, para un 48.72% del total, contra 884 mil 630 votos, 47.29% del expresidente. En cantidad de votos la diferencia fue de 26 mil 694.
Los leonelistas argumentan que ni el conteo de los votos físicos ya era confiable, porque cuatro días después pudieron haber sido cambiados, o que en cientos de colegios se llevó gente a votar después del horario establecido, lo que pudiera explicar el fenómeno estadístico de que Gonzalo creció más de 2% en el último 15% del cómputo, rompiendo la ventaja de Leonel, que al 85% nunca llegó al 1%, lo que marcaba una tendencia equilibrada, de ínfimas variaciones.
En cualquier caso, la evidencia física no podría ser variada, y menos en lucha contra el gobierno, por lo que Gonzalo Castillo será el candidato presidencial del PLD. La pendiente auditoría a los equipos y programas, que la JCE anunció el miércoles, aunque lo había decidido desde enero, tomaría meses entre concurso para seleccionar empresa y su realización.
A la luz del estrecho resultado, habría que convenir que la irrupción del Estado fue lo que definió el candidato, cuestión en la que los leonelistas no podrán insistir, porque eso dijo Danilo Medina cuando perdió la nominación para el 2008 luchando contra Leonel que buscaba reelegirse. Irónicamente, las mismas expresiones del Estado en campaña las puso en vigencia el presidente Fernández para que Danilo ganara la presidencia en 2012, por 51 a 47% contra Hipólito Mejía, cuando incurrió en un déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos.
El PRM fue el triunfador.- Aunque la dramática confrontación en el partido dominante ha acaparado la atención pública, el gran triunfador de las primarias fue el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que votó en base a su padrón de miembros, y no registró el menor incidente ni descalificaciones o confrontaciones entre seis precandidatos, aunque siempre la competencia estuvo polarizada entre el elegido Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía.
Contribuyó a ese resultado que desde la elección para el 2016, ninguna encuesta redujo la ventaja que aquella vez obtuvo Abinader, de 70 a 29%. Ahora la diferencia aumentó, con 74 a 21%. El tercer aspirante, el diputado Wellington Arnaud, apenas consiguió 6 mil 412 sufragios para 1.67% y otros tres con fracciones del 1%. La votación total del PRM sumó 29.48% de sus empadronados con derecho al sufragio. En el PLD, con su gran incentivo monetario y clientela amarrada, llegó a un millón 870 mil 552, equivalente al 25% del padrón abierto, y al 26.62% del mismo, descontando los que lo hicieron por el PRM. De los votantes del PLD 39 mil 539, el 2.1% fueron por ninguno, en el PRM 5 mil 405, equivalentes al 1.4%.
La inmediata reunificación del PRM en torno a la candidatura de Luis Abinader le otorga mayores posibilidades de capitalizar la quiebra del PLD, de concentrarse en golpear sus fracasos y capitalizar el hastío que genera su prolongación en el poder, estableciendo una sola línea de trabajo, sin las distracciones de la competencia interna, especialmente para cerrar alianzas con otros partidos y sectores sociales.
El PLD en vía de división.- El precario predominio de Gonzalo Castillo demostró la fortaleza de Leonel Fernández en la base de miembros y simpatizantes del PLD, razón por la cual, como se había advertido, el presidente Medina peleó durante más de un año por imponer el padrón abierto. Debe asumirse que fue entre los no peledeístas donde se cosechó mayor cantidad de votos comprados, de ambos lados, especialmente entre los lumpen, los indiferentes y los más necesitados.
Esa circunstancia y que Leonel predominara absolutamente en el DN, donde ganó 60 a 36%, y en Santo Domingo 55 a 40% lo dejan con fuerza para aguarle la fiesta a Gonzalo y Danilo, a no ser que los grandes intereses de la corporación político-económica que lideran los obliguen a encontrar un camino de entendimiento. Por el momento la reconciliación está descartada de ambas partes, y chocan con el odio y resentimientos elevados al infinito en una competencia que superó la racionalidad. A Leonel le pusieron una soga al cuello y la apretaron al máximo, pero al quedar vivo y sin perspectivas de recuperarse dentro del partido, lo impulsan a pelear lo más posible dentro y a buscar otros caminos.
Entre sus más fieles se da por hecho que Leonel será candidato presidencial, con la posibilidad de ser postulado al menos por cinco o seis partidos tradicionalmente aliados del PLD, y el vice-vocero del Partido Reformista en la Cámara de Diputados lo propuso públicamente por esa organización. Tiene el límite del numeral 4 del artículo 49 de la Ley de Partidos donde se condiciona la postulación a “que no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral”. Pero creen que lograrían ante el Tribunal Constitucional que prevalezca el derecho constitucional a ser postulado y a ser elegido. Ya fue anulado el numeral 3 del mismo artículo que establecía la condición de tener “un tiempo de militancia o permanencia mínimo en el partido”, como también otro artículo que prohibía a los partidos de nuevo reconocimiento aliarse en su primera participación electoral.
Lecciones para el 2020
Múltiples son las lecciones que dejan las traumáticas primarias, en las que predominaron como candidatos tres cuartas partes de los senadores, diputados y alcaldes que buscaron nueva postulación, porque compitieron sin freno y con ventajas, incluyendo sus “barrilitos y cofrecitos”. El alcalde peledeísta del mayor municipio del país, Santo Domingo Este, fue vencido por el dueño de una cadena de bancas de apuestas, el sector más representado en el Congreso.
Para la oposición política queda el desafío de reunir fuerzas para frenar la irrupción del Estado en la campaña electoral, que es un fraude adelantado a la votación, responsabilidad que constitucionalmente concierne a la JCE. Para esta también la lección de que es imprescindible la previa auditoría de los equipos y programas informáticos para reducir los cuestionamientos a sistemas que los expertos reconocen que no son invulnerables, razón por la que solo se utilizan en elecciones en una decena de países, casi todos del tercer mundo. Y para toda la sociedad dominicana el gran reto de revocar el enorme imperio del dinero que deteriora la competencia democrática, dejando atrás el cinismo de que “siempre se ha hecho así”, con el que se quiere justificar iniquidades como la compra de votos o el abuso de los recursos del Estado en las campañas electorales.
Análisis Noticiosos
Empieza una temporada de huracanes más activa que el promedio y con la amenaza de los recortes de Estados Unidos
A los despidos en la NOAA, se suma la suspensión de varios programas de USAID dirigidos a la gestión del riesgo de desastres
Bogotá.-La temporada de huracanes en al Atlántico acaba de empezar cuando el sinsabor que dejaron tormentas como Milton, Beryl o Helene en 2024 aún no se ha ido. Con un pronóstico de entre 13 y 19 tormentas tropicales, de las cuales entre seis y diez se pueden convertir en huracanes, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha dicho que, a pesar de esperar una temporada menos activa que la del año pasado, lo que viene en 2025 sigue por encima del promedio normal.
Monitorear huracanes con una NOAA minimizada
Las cifras no son claras, pero lo cierto es que la NOAA, encargada de hacer investigación y monitoreo de las tormentas a lo largo de todo el continente, ha sido víctima del tijeretazo de Trump. Medios como la BBC reportan despidos de casi 800 trabajadores, mientras que expertos cercanos al sector han escuchado que a uno de cada cinco trabajadores les han terminado su contrato.
Esto, asegura Mario Salgado, oficial para Conocimiento del Riesgo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riegos de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, se podría traducir en menos datos y de menor calidad. “Es un trabajo que se hace con casi 120 radares Doppler, 16 satélites ambientales y lo que se conoce como cazadores de huracanes”, recuerda. Y, aunque hasta el momento no hay cómo saber si todo este sistema se está viendo golpeado, las señales serán evidentes cuando se rastree la primera tormenta de 2025.
“Hasta ese momento, podremos medir qué tan grande es el impacto”, agrega el doctor Rafael Méndez Tejeda, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y miembro del Comité de Cambio Climático del Gobierno de la isla. “No hay que olvidar que la NOAA está dentro del Departamento de Comercio de Estados Unidos porque, precisamente, los pronósticos sirven para informar las decisiones de los cruceros, de los buques petroleros, de los aviones”. Así que, si el cambio climático no le preocupa a Trump, quizá sí lo haga el comercio.
Prepararse sin USAID
Si una posible falta de información inquieta, el desasosiego es aún mayor sobre cómo se vivirá la primera temporada de huracanes tras la pausa de las ayudas de USAID a lo largo de América Latina y el Caribe. Cálculos realizados por el Centro del Desarrollo Global (CGD) a partir de los últimos documentos compartidos por el Congreso en marzo, estiman que 265.038.208 dólares fueron cortados para la preparación ante catástrofes a nivel mundial.
“USAID ha sido una fuente muy confiable de financiamiento para diferentes actividades de reducción, preparación y respuesta de desastres”, insiste Salgado. “En la región, una de las iniciativas que se ha visto altamente afectada es la de sistemas de alerta temprana para todas las personas que, es, además, una iniciativa encomendada por el secretario General de las Naciones Unidas”. Un aviso de 24 horas, recuerda, puede reducir las pérdidas económicas y de subsistencia en hasta un 30%.
Toda esa cadena, desde la alerta temprana hasta poder recuperarse tras un huracán, se ha tambaleado en la región. Saber hasta qué punto es difícil por la poca transparencia del Gobierno de Estados Unidos, pero hay casos específicos. La periodista de ciencia Justine Calma reveló en The Verge que el Programa Regional de Asistencia en Casos de Desastre (RDAP) que USAID financiaba desde 1989 fue terminado en América Latina y el Caribe. Este incluía actividades como realizar simulacros, comprar insumos para los refugios de evacuación o garantizar acceso a recursos para personas en condición de discapacidad.
En una carta pública, la Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción del Riesgo de Catástrofes (GNDR) también denunció que un proyecto dirigido a Honduras, Colombia y Guatemala para aumentar la resiliencia de las comunidades en riesgo de catástrofes, incluyendo las relacionadas con el cambio climático, fue cancelado.
Desde Honduras, Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana, confirma ambas cosas: que no se ha “percibido una baja en la información técnica de la NOAA” hasta el momento y que la ausencia de USAID sí ha limitado ciertas acciones de gestión del riesgo. En el valle de Sula, en concreto, se hacían ejercicios de alerta temprana de inundaciones junto a la agencia estadunidense. De todas formas, Reyes prefiere quedarse con un parte de esperanza. “Se va a cubrir el hueco”, dice, comentando que hay otros cooperantes, como Alemania e Irlanda, que ya los apoyan.
La sensación es similar en el Caribe. La semana pasada, ante la temporada de huracanes, Elizabeth Riley, directora de la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA), explicó que los recortes de USAID no han perjudicado a la agencia directamente, ya que no recibe financiación de Estados Unidos. Sin embargo, confirmó que los países bajo esta sombrilla, incluyendo los 15 miembros de la Comunidad del Caribe, Caricom, han visto algunos frentes desprotegidos con la suspensión de los programas de asistencia.
Otros Estados, sin embargo, ya están llenando un rompecabezas que veían desmoronarse. CDEMA y el Reino Unido, por ejemplo, firmaron un memorando para garantizar el apoyo financiero para la respuesta rápida ante emergencias como las que se podrían dar con las venideras tormentas. Cada país miembro puede recibir hasta 375.000 dólares de apoyo por esta alianza.
La temporada de huracanes será una de las primeras pruebas de realidad para medir el nuevo orden mundial que quiere instaurar Trump. “Personalmente, creo que lo que vamos a ver no es una falta de información, sino una privatización de esta”, lanza con cierto miedo Salgado. Los datos científicos, del clima, de los huracanes, se necesitan para los seguros y para los bonos catastróficos que emiten los países para cubrir los riesgos soberanos. “Nadie se puede dar el lujo de desaparecer esa información, pero la duda es si su acceso seguirá siendo gratis”, se pregunta. Como concluye Tejeda, ahora mismo “se puede dar un pronóstico del tiempo, pero no un pronóstico de Trump”.
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Washington.-El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor de la Administración de Donald Trump y permite que se retire el permiso de residencia temporal (TPS) a 350.000 venezolanos. La Corte respondió a una solicitud de emergencia presentada por el Gobierno, que quiere acabar con la protección humanitaria que la Administración de Joe Biden concedió a los venezolanos por entender que el país era demasiado peligroso bajo el régimen de Nicolás Maduro. El caso sigue ahora en tribunales inferiores, pero el dictamen del Tribunal Supremo deja a los afectados vulnerables ante las deportaciones.
“Mi hija y yo no podemos regresar de forma segura a Venezuela, que está en crisis. La pérdida inmediata de nuestro TPS causa un increíble daño. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, declaró E.R., demandante en el caso.
La orden del Supremo, de mayoría conservadora, solo contó con el voto en contra de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson y suspende el fallo de un juez federal de San Francisco, que mantuvo vigente el TPS para los venezolanos. Este estatus permite a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros debido a los desastres naturales o los conflictos civiles.
En respuesta a la demanda presentada por venezolanos afectados y varias organizaciones de defensa de los migrantes, el juez federal Ed Chen dictaminó en marzo que la cancelación del TPS violaba las normas procesales y probablemente estaba motivada por animosidad racial. El magistrado dijo que la eliminación del programa “amenaza con causar daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”. El dictamen fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
La decisión de la Corte Suprema solo afecta a quienes obtuvieron el TPS en 2023. Unos 250.000 venezolanos a quienes se les otorgó en 2021 no se verán afectados y conservan su estatus legal y autorización de empleo.
La cancelación del TPS fue una de las primeras medidas de la campaña antiinmigración emprendida por la Administración Trump. La defensa del Gobierno había declarado ante el Alto Tribunal que una extensión de 18 meses, como aprobó Biden antes de dejar la presidencia, “perjudicaría la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos, al tiempo que saturaría las comisarías, los refugios municipales y los servicios de ayuda en comunidades locales que habían llegado a la quiebra”.
Esas fueron también las razones que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, alegó para anular la prórroga otorgada por Biden en febrero, antes de que entrara en vigor. Además de considerar que los venezolanos eran una carga para los recursos locales, Noem justificó que muchos de ellos son miembros de la pandilla venezolana El Tren de Aragua, considerada organización terrorista por el Gobierno de Trump, por lo que representaban una amenaza para la seguridad pública.
“Esta es la mayor medida que retira el estatus migratorio a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, declaró Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de UCLA y uno de los abogados de los demandantes. “Que la Corte Suprema la haya autorizado en una orden de dos párrafos sin justificación es verdaderamente impactante. El efecto humanitario y económico se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones”.
Este caso es el más reciente de una serie de apelaciones de emergencia que la Administración Trump ha presentado ante la Corte Suprema. La semana pasada, el Gobierno solicitó cancelar el programa de parole humanitario, que dejaría a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela sin su permiso de residencia.
La semana pasada, el Supremo falló en contra del Gobierno por la deportación de venezolanos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII y solo se ha usado en tiempos de conflicto armado. El Alto Tribunal reprochó a la Administración no haber informado a los migrantes sobre sus planes de deportación y aunque no se pronuncia directamente sobre la norma, que se decide en los tribunales, el fallo del Supremo supone en la práctica la suspensión de su aplicación.
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Análisis Noticiosos
Digitalización, la clave de las empresas para aumentar su eficiencia y minimizar fraudes
Automatizar procesos en el gasto de las empresas, optimizar recursos y adoptar soluciones innovadoras permitirá a las compañías crecer con eficiencia en un mercado en constante evolución
México.-En el acelerado panorama empresarial actual, donde la tecnología está redefiniendo todas las industrias, la digitalización ha dejado de ser un diferenciador para convertirse en un requisito de supervivencia. Las organizaciones que hoy dudan en modernizar sus procesos financieros y operativos se arriesgan a quedar irrelevantes en un mercado que premia la agilidad y castiga la obsolescencia.
México enfrenta este desafío con particular urgencia. Según análisis del Foro Económico Mundial, las empresas que implementan soluciones digitales logran reducir sus costos administrativos hasta en un 25%, al tiempo que incrementan su productividad en un 20%. Estas cifras adquieren mayor relevancia cuando se contrastan con el preocupante aumento de fraudes financieros: datos de LexisNexis Risk Solutions revelan que 54% de las compañías mexicanas reportaron un incremento en estos delitos durante el último año, con un impacto económico que multiplica por 4.08 las pérdidas directas.
El corazón del problema reside en procesos manuales obsoletos que facilitan prácticas fraudulentas como la falsificación de facturas y la manipulación de reportes de gastos. Estas vulnerabilidades no solo generan pérdidas económicas inmediatas, sino que erosionan la confianza institucional y desvían recursos que podrían destinarse a innovación y crecimiento.
Ante este escenario, soluciones tecnológicas integrales como Tickelia emergen como aliados estratégicos. Su capacidad para digitalizar el ciclo completo de gestión de gastos – desde la captura de recibos hasta la contabilización y reembolso – elimina los cuellos de botella de los procesos manuales, reduce los errores, minimiza el fraude interno derivado de esta gestión, todo esto cumpliendo con los requisitos del SAT. Más importante aún, su integración con otros sistemas empresariales proporciona una visión unificada y en tiempo real de las finanzas corporativas, permitiendo no solo mayor eficiencia operativa sino también una supervisión más robusta.
El Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad (PNIC) 2025 representa el marco institucional que México ha establecido para esta transformación, pero el verdadero impulso debe venir de las empresas. Aquellas organizaciones que comprendan que la digitalización no es un gasto sino una inversión estratégica estarán mejor posicionadas para competir no solo en el mercado local, sino en el escenario global.
En este contexto, 2025 se presenta como un año decisivo: el momento en que la brecha entre las empresas que adoptaron la transformación digital y las que postergaron esta decisión se volverá prácticamente insalvable. La tecnología ya no es el futuro, es el presente inmediato de los negocios competitivos.
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