Análisis Noticiosos
El PRM salva las primarias del dinero, que dejan al PLD al borde de la división
Por: Juan Bolivar Díaz
La adolescente democracia dominicana, las debilidades institucionales y el imperio del presidencialismo, del clientelismo y el rentismo, del dinero y la compra de votos quedaron al desnudo marchitando la primera materialización de las elecciones primarias y simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral (JCE).
Los abusos del poder y las ambiciones desenfrenadas dejan mal parado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que controla gran parte del Estado y la sociedad, mientras el Partido Revolucionario Moderno (PRM) logró salir airoso y unido en torno a la candidatura presidencial del economista y empresario Luis Abinader.
Un impúdico mercado.- El experimento de las elecciones primarias simultáneas y organizadas por la JCE ya había perdido su carácter democrático cuando casi todos los ministros del gobierno fueron designados jefes de la campaña del delfín del presidente Danilo Medina y su publicidad sin límites apabulló a la sociedad, superando muchas veces lo que gastaron en conjunto los otros 9 precandidatos presidenciales de los dos partidos mayoritarios. También cuando la maquinaria gubernamental presionó a los empleados públicos y a contrataciones, suplidores y consultores por apoyo económico y de votos, incluso fijándoles cuotas.
Pero tal como se había advertido, desde la víspera del 6 de octubre y en la jornada misma de votación se llevó al paroxismo el viejo delito de la compra de votos, que hasta ahora era disimulado, pero esta vez se hizo abiertamente. A observadores electorales les llegaron a preguntar si eran ellos quienes entregaban el dinero. Participación Ciudadana dejó constancia de haber comprobado ese mercado en el 32.73%, de los recintos de votación.
La jornada quedó también manchada por otra violación legal, la propaganda electoral aún dentro de las mesas, comprobada en el 42% de los recintos, y por la publicación de encuestas a boca de urna amañadas en extremos insólitos. De hecho las encuestas constituyeron la primera baja del proceso, porque la mayoría de las que antecedieron la votación también presentaron resultados extremos en favor de los dos competidores del partido oficial, no así en el de la oposición, donde casi todas se aproximaron a lo que resultaría. El 30% de los empadronados que votó, una parte incentivada con dinero, quedó por debajo de las expectativas generales.
Volvió a vencer el Estado.- Después de la revisión de los votos físicos depositados en las urnas y los resultados ofrecidos ayer viernes por la JCE es obvio que el presidente Medina alcanzó su objetivo de impedir que su archirrival Leonel Fernández fuera el candidato presidencial del PLD. Gonzalo Castillo consiguió superarlo por 1.43%, al recibir 911 mil 324 votos, para un 48.72% del total, contra 884 mil 630 votos, 47.29% del expresidente. En cantidad de votos la diferencia fue de 26 mil 694.
Los leonelistas argumentan que ni el conteo de los votos físicos ya era confiable, porque cuatro días después pudieron haber sido cambiados, o que en cientos de colegios se llevó gente a votar después del horario establecido, lo que pudiera explicar el fenómeno estadístico de que Gonzalo creció más de 2% en el último 15% del cómputo, rompiendo la ventaja de Leonel, que al 85% nunca llegó al 1%, lo que marcaba una tendencia equilibrada, de ínfimas variaciones.
En cualquier caso, la evidencia física no podría ser variada, y menos en lucha contra el gobierno, por lo que Gonzalo Castillo será el candidato presidencial del PLD. La pendiente auditoría a los equipos y programas, que la JCE anunció el miércoles, aunque lo había decidido desde enero, tomaría meses entre concurso para seleccionar empresa y su realización.
A la luz del estrecho resultado, habría que convenir que la irrupción del Estado fue lo que definió el candidato, cuestión en la que los leonelistas no podrán insistir, porque eso dijo Danilo Medina cuando perdió la nominación para el 2008 luchando contra Leonel que buscaba reelegirse. Irónicamente, las mismas expresiones del Estado en campaña las puso en vigencia el presidente Fernández para que Danilo ganara la presidencia en 2012, por 51 a 47% contra Hipólito Mejía, cuando incurrió en un déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos.
El PRM fue el triunfador.- Aunque la dramática confrontación en el partido dominante ha acaparado la atención pública, el gran triunfador de las primarias fue el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que votó en base a su padrón de miembros, y no registró el menor incidente ni descalificaciones o confrontaciones entre seis precandidatos, aunque siempre la competencia estuvo polarizada entre el elegido Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía.
Contribuyó a ese resultado que desde la elección para el 2016, ninguna encuesta redujo la ventaja que aquella vez obtuvo Abinader, de 70 a 29%. Ahora la diferencia aumentó, con 74 a 21%. El tercer aspirante, el diputado Wellington Arnaud, apenas consiguió 6 mil 412 sufragios para 1.67% y otros tres con fracciones del 1%. La votación total del PRM sumó 29.48% de sus empadronados con derecho al sufragio. En el PLD, con su gran incentivo monetario y clientela amarrada, llegó a un millón 870 mil 552, equivalente al 25% del padrón abierto, y al 26.62% del mismo, descontando los que lo hicieron por el PRM. De los votantes del PLD 39 mil 539, el 2.1% fueron por ninguno, en el PRM 5 mil 405, equivalentes al 1.4%.
La inmediata reunificación del PRM en torno a la candidatura de Luis Abinader le otorga mayores posibilidades de capitalizar la quiebra del PLD, de concentrarse en golpear sus fracasos y capitalizar el hastío que genera su prolongación en el poder, estableciendo una sola línea de trabajo, sin las distracciones de la competencia interna, especialmente para cerrar alianzas con otros partidos y sectores sociales.
El PLD en vía de división.- El precario predominio de Gonzalo Castillo demostró la fortaleza de Leonel Fernández en la base de miembros y simpatizantes del PLD, razón por la cual, como se había advertido, el presidente Medina peleó durante más de un año por imponer el padrón abierto. Debe asumirse que fue entre los no peledeístas donde se cosechó mayor cantidad de votos comprados, de ambos lados, especialmente entre los lumpen, los indiferentes y los más necesitados.
Esa circunstancia y que Leonel predominara absolutamente en el DN, donde ganó 60 a 36%, y en Santo Domingo 55 a 40% lo dejan con fuerza para aguarle la fiesta a Gonzalo y Danilo, a no ser que los grandes intereses de la corporación político-económica que lideran los obliguen a encontrar un camino de entendimiento. Por el momento la reconciliación está descartada de ambas partes, y chocan con el odio y resentimientos elevados al infinito en una competencia que superó la racionalidad. A Leonel le pusieron una soga al cuello y la apretaron al máximo, pero al quedar vivo y sin perspectivas de recuperarse dentro del partido, lo impulsan a pelear lo más posible dentro y a buscar otros caminos.
Entre sus más fieles se da por hecho que Leonel será candidato presidencial, con la posibilidad de ser postulado al menos por cinco o seis partidos tradicionalmente aliados del PLD, y el vice-vocero del Partido Reformista en la Cámara de Diputados lo propuso públicamente por esa organización. Tiene el límite del numeral 4 del artículo 49 de la Ley de Partidos donde se condiciona la postulación a “que no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral”. Pero creen que lograrían ante el Tribunal Constitucional que prevalezca el derecho constitucional a ser postulado y a ser elegido. Ya fue anulado el numeral 3 del mismo artículo que establecía la condición de tener “un tiempo de militancia o permanencia mínimo en el partido”, como también otro artículo que prohibía a los partidos de nuevo reconocimiento aliarse en su primera participación electoral.
Lecciones para el 2020
Múltiples son las lecciones que dejan las traumáticas primarias, en las que predominaron como candidatos tres cuartas partes de los senadores, diputados y alcaldes que buscaron nueva postulación, porque compitieron sin freno y con ventajas, incluyendo sus “barrilitos y cofrecitos”. El alcalde peledeísta del mayor municipio del país, Santo Domingo Este, fue vencido por el dueño de una cadena de bancas de apuestas, el sector más representado en el Congreso.
Para la oposición política queda el desafío de reunir fuerzas para frenar la irrupción del Estado en la campaña electoral, que es un fraude adelantado a la votación, responsabilidad que constitucionalmente concierne a la JCE. Para esta también la lección de que es imprescindible la previa auditoría de los equipos y programas informáticos para reducir los cuestionamientos a sistemas que los expertos reconocen que no son invulnerables, razón por la que solo se utilizan en elecciones en una decena de países, casi todos del tercer mundo. Y para toda la sociedad dominicana el gran reto de revocar el enorme imperio del dinero que deteriora la competencia democrática, dejando atrás el cinismo de que “siempre se ha hecho así”, con el que se quiere justificar iniquidades como la compra de votos o el abuso de los recursos del Estado en las campañas electorales.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.