Análisis Noticiosos
El PRM salva las primarias del dinero, que dejan al PLD al borde de la división
Por: Juan Bolivar Díaz
La adolescente democracia dominicana, las debilidades institucionales y el imperio del presidencialismo, del clientelismo y el rentismo, del dinero y la compra de votos quedaron al desnudo marchitando la primera materialización de las elecciones primarias y simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral (JCE).
Los abusos del poder y las ambiciones desenfrenadas dejan mal parado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que controla gran parte del Estado y la sociedad, mientras el Partido Revolucionario Moderno (PRM) logró salir airoso y unido en torno a la candidatura presidencial del economista y empresario Luis Abinader.
Un impúdico mercado.- El experimento de las elecciones primarias simultáneas y organizadas por la JCE ya había perdido su carácter democrático cuando casi todos los ministros del gobierno fueron designados jefes de la campaña del delfín del presidente Danilo Medina y su publicidad sin límites apabulló a la sociedad, superando muchas veces lo que gastaron en conjunto los otros 9 precandidatos presidenciales de los dos partidos mayoritarios. También cuando la maquinaria gubernamental presionó a los empleados públicos y a contrataciones, suplidores y consultores por apoyo económico y de votos, incluso fijándoles cuotas.
Pero tal como se había advertido, desde la víspera del 6 de octubre y en la jornada misma de votación se llevó al paroxismo el viejo delito de la compra de votos, que hasta ahora era disimulado, pero esta vez se hizo abiertamente. A observadores electorales les llegaron a preguntar si eran ellos quienes entregaban el dinero. Participación Ciudadana dejó constancia de haber comprobado ese mercado en el 32.73%, de los recintos de votación.
La jornada quedó también manchada por otra violación legal, la propaganda electoral aún dentro de las mesas, comprobada en el 42% de los recintos, y por la publicación de encuestas a boca de urna amañadas en extremos insólitos. De hecho las encuestas constituyeron la primera baja del proceso, porque la mayoría de las que antecedieron la votación también presentaron resultados extremos en favor de los dos competidores del partido oficial, no así en el de la oposición, donde casi todas se aproximaron a lo que resultaría. El 30% de los empadronados que votó, una parte incentivada con dinero, quedó por debajo de las expectativas generales.
Volvió a vencer el Estado.- Después de la revisión de los votos físicos depositados en las urnas y los resultados ofrecidos ayer viernes por la JCE es obvio que el presidente Medina alcanzó su objetivo de impedir que su archirrival Leonel Fernández fuera el candidato presidencial del PLD. Gonzalo Castillo consiguió superarlo por 1.43%, al recibir 911 mil 324 votos, para un 48.72% del total, contra 884 mil 630 votos, 47.29% del expresidente. En cantidad de votos la diferencia fue de 26 mil 694.
Los leonelistas argumentan que ni el conteo de los votos físicos ya era confiable, porque cuatro días después pudieron haber sido cambiados, o que en cientos de colegios se llevó gente a votar después del horario establecido, lo que pudiera explicar el fenómeno estadístico de que Gonzalo creció más de 2% en el último 15% del cómputo, rompiendo la ventaja de Leonel, que al 85% nunca llegó al 1%, lo que marcaba una tendencia equilibrada, de ínfimas variaciones.
En cualquier caso, la evidencia física no podría ser variada, y menos en lucha contra el gobierno, por lo que Gonzalo Castillo será el candidato presidencial del PLD. La pendiente auditoría a los equipos y programas, que la JCE anunció el miércoles, aunque lo había decidido desde enero, tomaría meses entre concurso para seleccionar empresa y su realización.
A la luz del estrecho resultado, habría que convenir que la irrupción del Estado fue lo que definió el candidato, cuestión en la que los leonelistas no podrán insistir, porque eso dijo Danilo Medina cuando perdió la nominación para el 2008 luchando contra Leonel que buscaba reelegirse. Irónicamente, las mismas expresiones del Estado en campaña las puso en vigencia el presidente Fernández para que Danilo ganara la presidencia en 2012, por 51 a 47% contra Hipólito Mejía, cuando incurrió en un déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos.
El PRM fue el triunfador.- Aunque la dramática confrontación en el partido dominante ha acaparado la atención pública, el gran triunfador de las primarias fue el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que votó en base a su padrón de miembros, y no registró el menor incidente ni descalificaciones o confrontaciones entre seis precandidatos, aunque siempre la competencia estuvo polarizada entre el elegido Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía.
Contribuyó a ese resultado que desde la elección para el 2016, ninguna encuesta redujo la ventaja que aquella vez obtuvo Abinader, de 70 a 29%. Ahora la diferencia aumentó, con 74 a 21%. El tercer aspirante, el diputado Wellington Arnaud, apenas consiguió 6 mil 412 sufragios para 1.67% y otros tres con fracciones del 1%. La votación total del PRM sumó 29.48% de sus empadronados con derecho al sufragio. En el PLD, con su gran incentivo monetario y clientela amarrada, llegó a un millón 870 mil 552, equivalente al 25% del padrón abierto, y al 26.62% del mismo, descontando los que lo hicieron por el PRM. De los votantes del PLD 39 mil 539, el 2.1% fueron por ninguno, en el PRM 5 mil 405, equivalentes al 1.4%.
La inmediata reunificación del PRM en torno a la candidatura de Luis Abinader le otorga mayores posibilidades de capitalizar la quiebra del PLD, de concentrarse en golpear sus fracasos y capitalizar el hastío que genera su prolongación en el poder, estableciendo una sola línea de trabajo, sin las distracciones de la competencia interna, especialmente para cerrar alianzas con otros partidos y sectores sociales.
El PLD en vía de división.- El precario predominio de Gonzalo Castillo demostró la fortaleza de Leonel Fernández en la base de miembros y simpatizantes del PLD, razón por la cual, como se había advertido, el presidente Medina peleó durante más de un año por imponer el padrón abierto. Debe asumirse que fue entre los no peledeístas donde se cosechó mayor cantidad de votos comprados, de ambos lados, especialmente entre los lumpen, los indiferentes y los más necesitados.
Esa circunstancia y que Leonel predominara absolutamente en el DN, donde ganó 60 a 36%, y en Santo Domingo 55 a 40% lo dejan con fuerza para aguarle la fiesta a Gonzalo y Danilo, a no ser que los grandes intereses de la corporación político-económica que lideran los obliguen a encontrar un camino de entendimiento. Por el momento la reconciliación está descartada de ambas partes, y chocan con el odio y resentimientos elevados al infinito en una competencia que superó la racionalidad. A Leonel le pusieron una soga al cuello y la apretaron al máximo, pero al quedar vivo y sin perspectivas de recuperarse dentro del partido, lo impulsan a pelear lo más posible dentro y a buscar otros caminos.
Entre sus más fieles se da por hecho que Leonel será candidato presidencial, con la posibilidad de ser postulado al menos por cinco o seis partidos tradicionalmente aliados del PLD, y el vice-vocero del Partido Reformista en la Cámara de Diputados lo propuso públicamente por esa organización. Tiene el límite del numeral 4 del artículo 49 de la Ley de Partidos donde se condiciona la postulación a “que no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral”. Pero creen que lograrían ante el Tribunal Constitucional que prevalezca el derecho constitucional a ser postulado y a ser elegido. Ya fue anulado el numeral 3 del mismo artículo que establecía la condición de tener “un tiempo de militancia o permanencia mínimo en el partido”, como también otro artículo que prohibía a los partidos de nuevo reconocimiento aliarse en su primera participación electoral.
Lecciones para el 2020
Múltiples son las lecciones que dejan las traumáticas primarias, en las que predominaron como candidatos tres cuartas partes de los senadores, diputados y alcaldes que buscaron nueva postulación, porque compitieron sin freno y con ventajas, incluyendo sus “barrilitos y cofrecitos”. El alcalde peledeísta del mayor municipio del país, Santo Domingo Este, fue vencido por el dueño de una cadena de bancas de apuestas, el sector más representado en el Congreso.
Para la oposición política queda el desafío de reunir fuerzas para frenar la irrupción del Estado en la campaña electoral, que es un fraude adelantado a la votación, responsabilidad que constitucionalmente concierne a la JCE. Para esta también la lección de que es imprescindible la previa auditoría de los equipos y programas informáticos para reducir los cuestionamientos a sistemas que los expertos reconocen que no son invulnerables, razón por la que solo se utilizan en elecciones en una decena de países, casi todos del tercer mundo. Y para toda la sociedad dominicana el gran reto de revocar el enorme imperio del dinero que deteriora la competencia democrática, dejando atrás el cinismo de que “siempre se ha hecho así”, con el que se quiere justificar iniquidades como la compra de votos o el abuso de los recursos del Estado en las campañas electorales.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.