Opinión
El PRM y sus Primarias.
Por José Cabral
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) acaba de celebrar sus primarias, sobre todo para escoger su candidato presidencial, cuya elección recayó en el presidente Luis Abinader.
La decisión de los perremeístas no sorprendió a nadie por varios razones, la primera de las cuales tiene que ver con el hecho de que se hace muy difícil competir con quien ostenta la jefatura del Estado en cualquier nación del mundo.
Esa posición otorga ventajas en favor de quien ocupa la Presidencia de la República, muchas veces porque éste tiene la posibilidad de usar los recursos del Estado en ese propósito y cuando no por el hecho de ser el que maneja la nómina pública.
De manera, que nadie podía tener dudas de que Abinader ganaría aplastantemente, pero además porque los contrincantes que tenía eran personas, podría decirse, no con mucha trascendencia en la sociedad dominicana y con muy poco perfil presidencial.
Sin embargo, debe decirse que en esa contienda hay que tomar en cuenta una serie de aristas, como por ejemplo el hecho de que el PRM tuviera registrado un padrón de más de tres millones de personas y que sólo votara alrededor de un millón, podría plantear un asunto de legitimidad.
Empero, si también se parte del hecho de que la participación fue de un millón de personas, entonces hay que admitir que es una cantidad importante, tanto así que tal vez no haya asidero para plantear un problema de falta de legitimidad de la elección hecha.
En esa perspectiva, podría decirse que el PRM ha llenado una exigencia con una buena puntuación, aunque sólo votó un 33 y algo por ciento de los registrados para ejercer ese derecho.
Otro aspecto a valorar en esta contienda son las virtudes de los contrincantes de Abinader en la búsqueda de la candidatura presidencial del partido oficial.
Tanto Guido Gómez Mazara como Ramon Alburquerque en realidad no reúnen el perfil para ser buenos candidatos presidenciales, ya que ambos podrán pretender exhibir una cierta intelectualidad, pero en ellos hay muchas cosas que no cuadran.
Pero debe decirse que ambos lograron su propósito de que se les tome en cuenta, ya que su oposición al Gobierno obedece a que fueron dejados fuera de la administración pública, no porque tengan diferencias de fondo con Abinader.
En lo que respecta a Gómez Mazara, quien tiene muchas cosas que no le ayudan, ha logrado sacar una cantidad de votos, según lo que se ha publicado, que lo coloca en una posición importante para negociar con Luis Abinader.
El asunto es que Gómez Mazara fundamentó su precandidatura en los atropellos cometidos en contra de muchos perremeístas y ahora falta ver como honra su palabra empeñada, ya que si acepta una posición pública y no mantiene el mismo nivel de critica en contra de esa realidad, porque no es verdad que se vaya a corregir, entonces se convertiría en uno más de los tantos que aprovechan circunstancias como esas para sólo ganar capital político.
En ese mismo contexto esta Alburquerque, ya que incluso se ha proyectado como una victima del presidente Abinader por ofrecerle un cargo que no fue el que se le prometió y ante la realidad de que sacó una cantidad de votos en las primarias, podría decirse considerable, habría que ver que manejo político le daría a su nueva circunstancia.
El presidente Abinader en su discurso luego de salir triunfante en las primarias envió un mensajito a ambos precandidatos, porque en la contienda electoral del próximo año cerca de cien mil votos sacados por los aspirantes perdedores representan un caudal importante para perder o para ganar.
Ahora falta ver cuál será la actitud de por los menos los aspirantes hombres perdedores de las primarias y hasta dónde podrán cumplir con su palabra de defender hasta las últimas consecuencias a los perremeístas olvidados y discriminados en su propio gobierno.
Sólo falta ver que ocurre en el próximo proceso electoral, porque el partido oficial podría perder o ganar los comicios, lo que entonces llevaría a Guido Gómez y a Ramon Alburquerque a seguir en la búsqueda de pretender ser candidato del PRM, lo cual, aunque puede ser prematuro decirlo, no luce tan posible en virtud de una serie de razones que podrían ser expuestas en otro artículo periodístico.
Por el momento ambos aspirantes serán parte, pero desde una posición diferente, de un gobierno y de un partido al que no se le puede pedir mucho, ya que está más que claro que esta organización carece de lo fundamental para salir bien parada de la cima del poder, ya que carece de las condiciones y capacidad para asumir un programa a corto, mediano y largo plazo que genere por lo menos algunos cambios de fondo en el país.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!