Nacionales
El procurador pide a tres países informes sobre imputados en caso Odebrecht
La mayoría son familiares de Ángel Rondón y Conrado Pittaluga
SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los catorce imputados en el caso Odebrecht así como de hijos, yerno, esposas, hermanos, parientes o allegados a ellos .
Las solicitudes incluyen a 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesados por los US$92 millones que admitió haber pagado la constructora entre el 2001 y el 2014.
En las cartas rogatorias para subvencionar pedidos de cooperación jurídica internacional en materia penal números 05600, 05601 y 05602 en las cuales Jean Alain Rodríguez pide a las autoridades de los referidos países manejar el contenido de los informes de manera confidencial, se solicitan informaciones de los hijos, esposa y otras parientes de Ángel Rondón Rijo.
Igualmente de los hijos, esposa, hermanos, y otros parientes de Conrado Pittaluga Arzeno, también de Leonardo Guzmán Font-Bernard, yerno de Víctor Díaz Rúa, de un hermano de Andrés Bautista, un hijo de Temístocles Montás, entre otras personas.
Alain Rodríguez, pidió indicarle si los referidos en los oficios tienen productos financieros en el sistema financiero de Argentina, Panamá y España. “De ser positiva la respuesta, requerimos nos envíen toda la información que figure registrada con relación a los mismos, entre estas, los montos que mantienen dichos productos a la fecha, copias fotostáticas de los formularios de cualquier transferencia bancaria (swift) que exista, los movimientos o registros que existan con relación a dichos productos financieros desde enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del año 2014, incluyendo copia certificada íntegra del expediente del cliente que preserve la institución financiera”, indicó.
“El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
De igual forma, pidió informarle si existe participación de alguna persona física en calidad de titulares de participación, socios, directores o gestores de alguna razón social registrada en esos países.
De existir, “informarnos con relación a dichas razones sociales los productos financieros que se registren en el sistema financiero a nombres de las mismas, tales como productos bancarios, cambiarios y de valores”, detalla en la solicitud.
Detalla en los oficios que en sus diligencias investigativas, el Ministerio Público determinó que la Odebrecht fue contratada para la ejecución de obras por más de cinco mil millones de dólares en el país, las cuales fueron adjudicadas mediante sobornos realizados a través de su intermediario comercial, Rondón Rijo, a funcionarios públicos utilizando una estructura corporativa de empresas offshore.
Las cartas fueron enviadas a la procurador de Argentina, Alejandra Gils Carbó; Kenia I. Porcell, de Panamá; y a Jualián Sánchez Melgar, fiscal general España.
Documentos auténticosEl Procurador pidió que los documentos sean auténticos para que puedan ser admitidos como prueba en un juicio. “El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
Jean Alain Rodríguez, pidió los productos financieros que también pudieran tener Rondón Rijo, Pittaluga, Díaz Rúa, Montás, Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Máximo D´Oleo, César Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya, Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín y Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
diariolibre.com
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Cientos de agentes y socorristas trabajan sin descanso para salvar vidas, mientras la gente celebra en familia
Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.
De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.
En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.
Balance de incidentes y atención médica durante el asueto
El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.
Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.
Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.
Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.
Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.
En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.
El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.
En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.
Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.
El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.
Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.
«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.
El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.
Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.
Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.
«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.
El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.
Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.
Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.