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El procurador pide a tres países informes sobre imputados en caso Odebrecht
La mayoría son familiares de Ángel Rondón y Conrado Pittaluga
SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los catorce imputados en el caso Odebrecht así como de hijos, yerno, esposas, hermanos, parientes o allegados a ellos .
Las solicitudes incluyen a 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesados por los US$92 millones que admitió haber pagado la constructora entre el 2001 y el 2014.
En las cartas rogatorias para subvencionar pedidos de cooperación jurídica internacional en materia penal números 05600, 05601 y 05602 en las cuales Jean Alain Rodríguez pide a las autoridades de los referidos países manejar el contenido de los informes de manera confidencial, se solicitan informaciones de los hijos, esposa y otras parientes de Ángel Rondón Rijo.
Igualmente de los hijos, esposa, hermanos, y otros parientes de Conrado Pittaluga Arzeno, también de Leonardo Guzmán Font-Bernard, yerno de Víctor Díaz Rúa, de un hermano de Andrés Bautista, un hijo de Temístocles Montás, entre otras personas.
Alain Rodríguez, pidió indicarle si los referidos en los oficios tienen productos financieros en el sistema financiero de Argentina, Panamá y España. “De ser positiva la respuesta, requerimos nos envíen toda la información que figure registrada con relación a los mismos, entre estas, los montos que mantienen dichos productos a la fecha, copias fotostáticas de los formularios de cualquier transferencia bancaria (swift) que exista, los movimientos o registros que existan con relación a dichos productos financieros desde enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del año 2014, incluyendo copia certificada íntegra del expediente del cliente que preserve la institución financiera”, indicó.
“El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
De igual forma, pidió informarle si existe participación de alguna persona física en calidad de titulares de participación, socios, directores o gestores de alguna razón social registrada en esos países.
De existir, “informarnos con relación a dichas razones sociales los productos financieros que se registren en el sistema financiero a nombres de las mismas, tales como productos bancarios, cambiarios y de valores”, detalla en la solicitud.
Detalla en los oficios que en sus diligencias investigativas, el Ministerio Público determinó que la Odebrecht fue contratada para la ejecución de obras por más de cinco mil millones de dólares en el país, las cuales fueron adjudicadas mediante sobornos realizados a través de su intermediario comercial, Rondón Rijo, a funcionarios públicos utilizando una estructura corporativa de empresas offshore.
Las cartas fueron enviadas a la procurador de Argentina, Alejandra Gils Carbó; Kenia I. Porcell, de Panamá; y a Jualián Sánchez Melgar, fiscal general España.
Documentos auténticosEl Procurador pidió que los documentos sean auténticos para que puedan ser admitidos como prueba en un juicio. “El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
Jean Alain Rodríguez, pidió los productos financieros que también pudieran tener Rondón Rijo, Pittaluga, Díaz Rúa, Montás, Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Máximo D´Oleo, César Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya, Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín y Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.