Nacionales
El procurador pide a tres países informes sobre imputados en caso Odebrecht
La mayoría son familiares de Ángel Rondón y Conrado Pittaluga
SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los catorce imputados en el caso Odebrecht así como de hijos, yerno, esposas, hermanos, parientes o allegados a ellos .
Las solicitudes incluyen a 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesados por los US$92 millones que admitió haber pagado la constructora entre el 2001 y el 2014.
En las cartas rogatorias para subvencionar pedidos de cooperación jurídica internacional en materia penal números 05600, 05601 y 05602 en las cuales Jean Alain Rodríguez pide a las autoridades de los referidos países manejar el contenido de los informes de manera confidencial, se solicitan informaciones de los hijos, esposa y otras parientes de Ángel Rondón Rijo.
Igualmente de los hijos, esposa, hermanos, y otros parientes de Conrado Pittaluga Arzeno, también de Leonardo Guzmán Font-Bernard, yerno de Víctor Díaz Rúa, de un hermano de Andrés Bautista, un hijo de Temístocles Montás, entre otras personas.
Alain Rodríguez, pidió indicarle si los referidos en los oficios tienen productos financieros en el sistema financiero de Argentina, Panamá y España. “De ser positiva la respuesta, requerimos nos envíen toda la información que figure registrada con relación a los mismos, entre estas, los montos que mantienen dichos productos a la fecha, copias fotostáticas de los formularios de cualquier transferencia bancaria (swift) que exista, los movimientos o registros que existan con relación a dichos productos financieros desde enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del año 2014, incluyendo copia certificada íntegra del expediente del cliente que preserve la institución financiera”, indicó.
“El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
De igual forma, pidió informarle si existe participación de alguna persona física en calidad de titulares de participación, socios, directores o gestores de alguna razón social registrada en esos países.
De existir, “informarnos con relación a dichas razones sociales los productos financieros que se registren en el sistema financiero a nombres de las mismas, tales como productos bancarios, cambiarios y de valores”, detalla en la solicitud.
Detalla en los oficios que en sus diligencias investigativas, el Ministerio Público determinó que la Odebrecht fue contratada para la ejecución de obras por más de cinco mil millones de dólares en el país, las cuales fueron adjudicadas mediante sobornos realizados a través de su intermediario comercial, Rondón Rijo, a funcionarios públicos utilizando una estructura corporativa de empresas offshore.
Las cartas fueron enviadas a la procurador de Argentina, Alejandra Gils Carbó; Kenia I. Porcell, de Panamá; y a Jualián Sánchez Melgar, fiscal general España.
Documentos auténticosEl Procurador pidió que los documentos sean auténticos para que puedan ser admitidos como prueba en un juicio. “El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
Jean Alain Rodríguez, pidió los productos financieros que también pudieran tener Rondón Rijo, Pittaluga, Díaz Rúa, Montás, Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Máximo D´Oleo, César Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya, Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín y Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
diariolibre.com
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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.