Nacionales
El procurador pide a tres países informes sobre imputados en caso Odebrecht
La mayoría son familiares de Ángel Rondón y Conrado Pittaluga
SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó a Argentina, Panamá y España informes sobre productos financieros de los catorce imputados en el caso Odebrecht así como de hijos, yerno, esposas, hermanos, parientes o allegados a ellos .
Las solicitudes incluyen a 34 personas y 51 empresas vinculadas a los procesados por los US$92 millones que admitió haber pagado la constructora entre el 2001 y el 2014.
En las cartas rogatorias para subvencionar pedidos de cooperación jurídica internacional en materia penal números 05600, 05601 y 05602 en las cuales Jean Alain Rodríguez pide a las autoridades de los referidos países manejar el contenido de los informes de manera confidencial, se solicitan informaciones de los hijos, esposa y otras parientes de Ángel Rondón Rijo.
Igualmente de los hijos, esposa, hermanos, y otros parientes de Conrado Pittaluga Arzeno, también de Leonardo Guzmán Font-Bernard, yerno de Víctor Díaz Rúa, de un hermano de Andrés Bautista, un hijo de Temístocles Montás, entre otras personas.
Alain Rodríguez, pidió indicarle si los referidos en los oficios tienen productos financieros en el sistema financiero de Argentina, Panamá y España. “De ser positiva la respuesta, requerimos nos envíen toda la información que figure registrada con relación a los mismos, entre estas, los montos que mantienen dichos productos a la fecha, copias fotostáticas de los formularios de cualquier transferencia bancaria (swift) que exista, los movimientos o registros que existan con relación a dichos productos financieros desde enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del año 2014, incluyendo copia certificada íntegra del expediente del cliente que preserve la institución financiera”, indicó.
“El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
De igual forma, pidió informarle si existe participación de alguna persona física en calidad de titulares de participación, socios, directores o gestores de alguna razón social registrada en esos países.
De existir, “informarnos con relación a dichas razones sociales los productos financieros que se registren en el sistema financiero a nombres de las mismas, tales como productos bancarios, cambiarios y de valores”, detalla en la solicitud.
Detalla en los oficios que en sus diligencias investigativas, el Ministerio Público determinó que la Odebrecht fue contratada para la ejecución de obras por más de cinco mil millones de dólares en el país, las cuales fueron adjudicadas mediante sobornos realizados a través de su intermediario comercial, Rondón Rijo, a funcionarios públicos utilizando una estructura corporativa de empresas offshore.
Las cartas fueron enviadas a la procurador de Argentina, Alejandra Gils Carbó; Kenia I. Porcell, de Panamá; y a Jualián Sánchez Melgar, fiscal general España.
Documentos auténticosEl Procurador pidió que los documentos sean auténticos para que puedan ser admitidos como prueba en un juicio. “El presente oficio tiene el carácter de confidencialidad, por lo que agradecemos que las autoridades que tengan conocimiento o participen de la ejecución del mismo, mantener la confidencialidad sobre el contenido de la misma y los documentos que resulten de esta”, dijo Jean Rodríguez.
Jean Alain Rodríguez, pidió los productos financieros que también pudieran tener Rondón Rijo, Pittaluga, Díaz Rúa, Montás, Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Máximo D´Oleo, César Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya, Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín y Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.
diariolibre.com
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.