Opinión
El PRSC no ha podido vivir fuera del gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
El anuncio del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de que se desliga de la alianza con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para tratar de recuperar el poder en las elecciones generales del 2016 agarró desapercibida a la opinión pública nacional.
Pero al mantenerse como funcionarios ejecutivos de una decena de organismos estatales, con miles de empleos, botellas y canonjías, generan escepticismo y burlas, porque ya anunciaron lo mismo antes de los últimos comicios. Al parecer quienes gobernaron 22 años, 1966-78 y 1986-96, no pueden vivir fuera del presupuesto nacional.
Un anuncio sorpresivo
La segunda mitad del año comenzó con un anuncio que cogió fuera de base a la opinión pública. El 1 de julio la máxima dirección del PRSC, encabezada por su presidente Federico (Quique) Antún, gerente general del estatal Banco Nacional de la Vivienda (BNV), anunciaba que esa organización trillará su propio camino, con candidaturas propias en las elecciones generales del 2016.
Antún dio lectura a la “Declaración de Restauración de la Independencia Política del Partido Reformista Social Cristiano” contentiva de interesantes propósitos políticos y una convocatoria a los diversos sectores nacionales a cerrar filas en un proyecto sustentado en las enseñanzas de los gobiernos de Joaquín Balaguer para presentar “candidaturas propias y viables” en el 2016.
“Proclamamos nuestra decisión de corregir los errores del pasado y asumir con humildad el indeclinable compromiso de construir un partido renovado para un nuevo comienzo de cambios y transformaciones de la República Dominicana”, indica el documento, fruto de una reunión del Directorio Presidencial del PRSC celebrada el 21 de junio en San José de las Matas.
Se quedan en el gobierno
La decisión fue recibida con escepticismo y hasta burlas en la opinión pública, porque pretende el rescate de un partido desarticulado, sin organismos operativos, ni en la base ni en la superestructura y manteniendo sus altos dirigentes en cargos del gobierno del partido del que pretenden distanciarse. Y también porque en coyunturas anteriores el mismo propósito ha quedado en el papel.
Al respecto en uno de sus últimos párrafos la “Declaración de restauración de la independencia política” dice que “Conscientes de que Joaquín Balaguer visualizaba el Estado y el Gobierno como expresión inclusiva de todos los ciudadanos y que el servicio público no es ámbito exclusivo de un sector partidario, entendemos el que algunos compatriotas ofrezcan su concurso en posiciones de gobierno. Sin embargo, eso en nada compromete nuestra independencia ni el compromiso ineludible de volver a gobernar el país”.
Reformistas como el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram, recibieron el anuncio con optimismo y comprensión de que no se rompa con el gobierno del presidente Medina, aunque abandonen la alianza con el PLD, pero advirtiendo que “esto es una cuestión de honor”, aludiendo al compromiso contraído en el Congreso Joaquín Balaguer (noviembre 2010-febrero 2011), que acordó llevar candidaturas propias para el 2012, lo que luego fue evadido por la dirección encarnada en el ingeniero Carlos Morales Troncoso, canciller de la República desde el 2004.
Antún bajo cuestionamiento
La directiva del PRSC no sólo tiene a Antún como funcionario gubernamental, sino también al primer vicepresidente Luis Bogaert y al secretario de Organización Miguel Bogaert, familiares políticos de Morales Troncoso y funcionarios de la Cancillería. La segunda vicepresidencia es de la embajadora Rafaela Alburquerque y el secretario de Asuntos Internacionales Marino Berigüete es embajador en Paraguay.
Quique Antún, en períodos anteriores contratista del Estado, tiene la gerencia del BNV desde el 2010, período en el que se acentuaron las pérdidas que ya venía registrando en las anteriores administraciones, también de políticos, de Joaquín Gerónimo y Leonardo Matos Berrido. El Banco está ahora intervenido por la Superintendencia de Bancos. Se le pretende transformar en Banco de Exportaciones. Antún dijo que había presentado su renuncia, pero el Presidente le pidió completar la transformación.
Entre tanto, Humberto Salazar circuló documentos reveladores de que a fines del año pasado 54 altos funcionarios del BNV recibieron fondos de pensiones por un total de 180 millones 238 mil 496 pesos, provenientes de un remanente de 106 millones de pesos que había quedado del viejo plan de pensiones disuelto en el 2002 por la Ley de Seguridad Social, después que se devolvieron sus aportes a los empleados, a los que se sumaron “préstamos no reembolsables” del BNV por 58 millones de pesos. De esa manera se cerraba un nuevo “Plan Complementario de Pensiones” creado en la gestión de Antún, pero que hubo que disolver el año pasado cuando el gobierno prohibió esas prácticas a raíz del escándalo por las pensiones que se dieron en la Superintendencia de Bancos. Los beneficiarios de este último cotizaron por menos de 3 años.
Antún aceptó que recibió 12.3 millones de pesos como pensión, cuando tenía 3 años en el banco y aunque sigue de gerente. Otros funcionarios reformistas como el contralor Frank Nicolás y el subgerente José Román recibieron 6.3 y 10.6 millones de pesos. El subgerente general Administrativo y de Finanzas Roberto Payano fue el más beneficiado, con 13.1 millones de pesos.
Una alianza bien cara
Las dificultades para que el PRSC recupere su independencia del PLD están determinadas por los amplios beneficios que derivan de su alianza, bien cara para el presupuesto nacional, ya que implica cientos de altos cargos y millares de puestos para sus partidarios, familiares y asociados.
Además del BNV, los reformistas controlan el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se estima en 800 los empleados por la gestión de Morales, la inoperante Liga Municipal Dominicana, donde también hay cientos de empleados de la actual gestión de Johnny Jones y la anterior de Amable Aristy Castro. También el Instituto Postal Dominicano, ProIndustria, la Comisión Aeroportuaria y la Comisión para Reforma del Sector Salud, además del Consejo Nacional de Drogas y el Consejo de la Generadora Hidroeléctrica. Reformistas son los embajadores en Taiwán, Paraguay, Honduras y Nicaragua, además de varios adscritos a la Cancillería.
La destacada dirigente reformista Licelotte Marte de Barrios fue electa para presidir la Cámara de Cuentas de la República y Zoila Martínez como Defensora del Pueblo. Otros, como César Féliz y Féliz y Víctor Gómez Bergés fueron designados en la Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia.
Tras la muerte de Balaguer, quien nunca se preocupó por institucionalizar su partido para que le sobreviviera, los reformistas han sido funcionarios de los gobiernos de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández. Ya en 1996 se aliaron al PLD para la segunda vuelta. El PRSC se alió al PRD para los comicios legislativos y municipales del 2006, gracias a lo cual consiguieron 4 senadores, 22 diputados y 28 sindicaturas. Cambiaron para el PLD en el 2010, excepto en la provincia Altagracia, donde Aristy Castro reafirmó su predominio, con resultados más modestos.
En el 2012 se aliaron desde la primera vuelta con el PLD, aportando el 5.8 por ciento de los votos. En el 2004 y 2008 llevaron candidatura presidencial propia y quedaron por debajo del 5 por ciento. Al igual que los dos partidos mayoritarios, el PRSC recibirá este año como subsidio estatal unos 220 millones de pesos, 0.25 por ciento de los ingresos fiscales, Para el año de las elecciones serán 0.50 por ciento, más de 500 millones de pesos.
“Chantaje al gobierno”
Quien reaccionó con hostilidad fue Humberto Salazar, dirigente reformista que para los comicios del 2012 fue de los más firmes partidarios de la alianza PRSC-PLD, quien califica el anuncio de ahora como un “intento de chantaje al Gobierno”, asegurando que no renunciará a sus puestos ninguno de los altos dirigentes reformistas. Lo dice por la experiencia de la anterior elección, cuando él presentó una carta de renuncia condicionada a que lo hicieran todos.
En realidad, el doctor Salazar, quien lleva años como coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sector Salud, ya no cree que el PRSC pueda recuperarse, porque sus organismos son hace tiempo infuncionales y su dirección no se renueva desde 1993: “El PRSC murió con Balaguer en el 2002”.
Como en los otros dos partidos dominantes, los organismos del PRSC están hipertrofiados: El Directorio Central Ejecutivo con más de 2 mil, la Comisión Ejecutiva, 501, una Comisión Política de 201 y el Directorio Presidencial 50, con cuatro vacantes, según las cuentas de Salazar.
Quique Antún asumió la presidencia del partido en enero pasado fruto de una “plancha de consenso presentada a último momento por su antecesor, el canciller Morales Troncoso, a una asamblea nacional ordinaria, por lo que Amable Aristy y José Hazim declinaron, aunque juntos parecían dominar la asamblea. Entonces se dijo que Antún llegaba con la bendición del presidente Danilo Medina.
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.