Opinión
El PRSC no ha podido vivir fuera del gobierno
Por Juan Bolívar Díaz
El anuncio del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de que se desliga de la alianza con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para tratar de recuperar el poder en las elecciones generales del 2016 agarró desapercibida a la opinión pública nacional.
Pero al mantenerse como funcionarios ejecutivos de una decena de organismos estatales, con miles de empleos, botellas y canonjías, generan escepticismo y burlas, porque ya anunciaron lo mismo antes de los últimos comicios. Al parecer quienes gobernaron 22 años, 1966-78 y 1986-96, no pueden vivir fuera del presupuesto nacional.
Un anuncio sorpresivo
La segunda mitad del año comenzó con un anuncio que cogió fuera de base a la opinión pública. El 1 de julio la máxima dirección del PRSC, encabezada por su presidente Federico (Quique) Antún, gerente general del estatal Banco Nacional de la Vivienda (BNV), anunciaba que esa organización trillará su propio camino, con candidaturas propias en las elecciones generales del 2016.
Antún dio lectura a la “Declaración de Restauración de la Independencia Política del Partido Reformista Social Cristiano” contentiva de interesantes propósitos políticos y una convocatoria a los diversos sectores nacionales a cerrar filas en un proyecto sustentado en las enseñanzas de los gobiernos de Joaquín Balaguer para presentar “candidaturas propias y viables” en el 2016.
“Proclamamos nuestra decisión de corregir los errores del pasado y asumir con humildad el indeclinable compromiso de construir un partido renovado para un nuevo comienzo de cambios y transformaciones de la República Dominicana”, indica el documento, fruto de una reunión del Directorio Presidencial del PRSC celebrada el 21 de junio en San José de las Matas.
Se quedan en el gobierno
La decisión fue recibida con escepticismo y hasta burlas en la opinión pública, porque pretende el rescate de un partido desarticulado, sin organismos operativos, ni en la base ni en la superestructura y manteniendo sus altos dirigentes en cargos del gobierno del partido del que pretenden distanciarse. Y también porque en coyunturas anteriores el mismo propósito ha quedado en el papel.
Al respecto en uno de sus últimos párrafos la “Declaración de restauración de la independencia política” dice que “Conscientes de que Joaquín Balaguer visualizaba el Estado y el Gobierno como expresión inclusiva de todos los ciudadanos y que el servicio público no es ámbito exclusivo de un sector partidario, entendemos el que algunos compatriotas ofrezcan su concurso en posiciones de gobierno. Sin embargo, eso en nada compromete nuestra independencia ni el compromiso ineludible de volver a gobernar el país”.
Reformistas como el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram, recibieron el anuncio con optimismo y comprensión de que no se rompa con el gobierno del presidente Medina, aunque abandonen la alianza con el PLD, pero advirtiendo que “esto es una cuestión de honor”, aludiendo al compromiso contraído en el Congreso Joaquín Balaguer (noviembre 2010-febrero 2011), que acordó llevar candidaturas propias para el 2012, lo que luego fue evadido por la dirección encarnada en el ingeniero Carlos Morales Troncoso, canciller de la República desde el 2004.
Antún bajo cuestionamiento
La directiva del PRSC no sólo tiene a Antún como funcionario gubernamental, sino también al primer vicepresidente Luis Bogaert y al secretario de Organización Miguel Bogaert, familiares políticos de Morales Troncoso y funcionarios de la Cancillería. La segunda vicepresidencia es de la embajadora Rafaela Alburquerque y el secretario de Asuntos Internacionales Marino Berigüete es embajador en Paraguay.
Quique Antún, en períodos anteriores contratista del Estado, tiene la gerencia del BNV desde el 2010, período en el que se acentuaron las pérdidas que ya venía registrando en las anteriores administraciones, también de políticos, de Joaquín Gerónimo y Leonardo Matos Berrido. El Banco está ahora intervenido por la Superintendencia de Bancos. Se le pretende transformar en Banco de Exportaciones. Antún dijo que había presentado su renuncia, pero el Presidente le pidió completar la transformación.
Entre tanto, Humberto Salazar circuló documentos reveladores de que a fines del año pasado 54 altos funcionarios del BNV recibieron fondos de pensiones por un total de 180 millones 238 mil 496 pesos, provenientes de un remanente de 106 millones de pesos que había quedado del viejo plan de pensiones disuelto en el 2002 por la Ley de Seguridad Social, después que se devolvieron sus aportes a los empleados, a los que se sumaron “préstamos no reembolsables” del BNV por 58 millones de pesos. De esa manera se cerraba un nuevo “Plan Complementario de Pensiones” creado en la gestión de Antún, pero que hubo que disolver el año pasado cuando el gobierno prohibió esas prácticas a raíz del escándalo por las pensiones que se dieron en la Superintendencia de Bancos. Los beneficiarios de este último cotizaron por menos de 3 años.
Antún aceptó que recibió 12.3 millones de pesos como pensión, cuando tenía 3 años en el banco y aunque sigue de gerente. Otros funcionarios reformistas como el contralor Frank Nicolás y el subgerente José Román recibieron 6.3 y 10.6 millones de pesos. El subgerente general Administrativo y de Finanzas Roberto Payano fue el más beneficiado, con 13.1 millones de pesos.
Una alianza bien cara
Las dificultades para que el PRSC recupere su independencia del PLD están determinadas por los amplios beneficios que derivan de su alianza, bien cara para el presupuesto nacional, ya que implica cientos de altos cargos y millares de puestos para sus partidarios, familiares y asociados.
Además del BNV, los reformistas controlan el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se estima en 800 los empleados por la gestión de Morales, la inoperante Liga Municipal Dominicana, donde también hay cientos de empleados de la actual gestión de Johnny Jones y la anterior de Amable Aristy Castro. También el Instituto Postal Dominicano, ProIndustria, la Comisión Aeroportuaria y la Comisión para Reforma del Sector Salud, además del Consejo Nacional de Drogas y el Consejo de la Generadora Hidroeléctrica. Reformistas son los embajadores en Taiwán, Paraguay, Honduras y Nicaragua, además de varios adscritos a la Cancillería.
La destacada dirigente reformista Licelotte Marte de Barrios fue electa para presidir la Cámara de Cuentas de la República y Zoila Martínez como Defensora del Pueblo. Otros, como César Féliz y Féliz y Víctor Gómez Bergés fueron designados en la Junta Central Electoral y la Suprema Corte de Justicia.
Tras la muerte de Balaguer, quien nunca se preocupó por institucionalizar su partido para que le sobreviviera, los reformistas han sido funcionarios de los gobiernos de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández. Ya en 1996 se aliaron al PLD para la segunda vuelta. El PRSC se alió al PRD para los comicios legislativos y municipales del 2006, gracias a lo cual consiguieron 4 senadores, 22 diputados y 28 sindicaturas. Cambiaron para el PLD en el 2010, excepto en la provincia Altagracia, donde Aristy Castro reafirmó su predominio, con resultados más modestos.
En el 2012 se aliaron desde la primera vuelta con el PLD, aportando el 5.8 por ciento de los votos. En el 2004 y 2008 llevaron candidatura presidencial propia y quedaron por debajo del 5 por ciento. Al igual que los dos partidos mayoritarios, el PRSC recibirá este año como subsidio estatal unos 220 millones de pesos, 0.25 por ciento de los ingresos fiscales, Para el año de las elecciones serán 0.50 por ciento, más de 500 millones de pesos.
“Chantaje al gobierno”
Quien reaccionó con hostilidad fue Humberto Salazar, dirigente reformista que para los comicios del 2012 fue de los más firmes partidarios de la alianza PRSC-PLD, quien califica el anuncio de ahora como un “intento de chantaje al Gobierno”, asegurando que no renunciará a sus puestos ninguno de los altos dirigentes reformistas. Lo dice por la experiencia de la anterior elección, cuando él presentó una carta de renuncia condicionada a que lo hicieran todos.
En realidad, el doctor Salazar, quien lleva años como coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma del Sector Salud, ya no cree que el PRSC pueda recuperarse, porque sus organismos son hace tiempo infuncionales y su dirección no se renueva desde 1993: “El PRSC murió con Balaguer en el 2002”.
Como en los otros dos partidos dominantes, los organismos del PRSC están hipertrofiados: El Directorio Central Ejecutivo con más de 2 mil, la Comisión Ejecutiva, 501, una Comisión Política de 201 y el Directorio Presidencial 50, con cuatro vacantes, según las cuentas de Salazar.
Quique Antún asumió la presidencia del partido en enero pasado fruto de una “plancha de consenso presentada a último momento por su antecesor, el canciller Morales Troncoso, a una asamblea nacional ordinaria, por lo que Amable Aristy y José Hazim declinaron, aunque juntos parecían dominar la asamblea. Entonces se dijo que Antún llegaba con la bendición del presidente Danilo Medina.
Por Isaías Ramos
Una nación no se empobrece solamente cuando le roban dinero. Se empobrece cuando el robo se normaliza, cuando la impunidad se administra, cuando la persecución de la corrupción se percibe como selectiva y cuando la justicia se convierte en espectáculo para entretener la indignación, pero no para devolverle al pueblo lo que le quitaron.
La corrupción no vive solo en expedientes, titulares o ruedas de prensa. Se siente cuando falta medicina en un hospital, cuando una escuela se deteriora, cuando un apagón apaga un negocio, cuando una familia se endeuda para comer y cuando un joven descubre que el mérito no pesa tanto como la conexión.
Después de hablar de un país donde la movilidad social está bloqueada, hay que decirlo con claridad: la corrupción es una fábrica de inmovilidad social. Roba dinero, sí; pero también roba confianza, oportunidades, futuro y dignidad.
El informe de clima social de LS Consulting confirma que corrupción y costo de vida se consolidan como ejes del malestar: el costo de vida es la experiencia diaria; la corrupción, la explicación de por qué ese costo no se administra mejor. También muestra que 78% de los consultados siente que el gobierno no da el ejemplo cuando pide austeridad.
Ahí está el fondo: el pueblo recorta, se endeuda, sacrifica salud, alimentación, transporte y tranquilidad; mientras observa que arriba muchas veces no hay la misma disciplina, transparencia ni sacrificio.
Por eso la lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni teatral. Cuando no recupera bienes, no desmonta redes, no cambia reglas, no audita subsidios, no transparenta concesiones, no revisa exenciones y no devuelve recursos al pueblo, deja de ser justicia y se convierte en espectáculo. Una justicia-espectáculo puede producir titulares, pero no reconstruye movilidad social.
El país no necesita “pan y circo” anticorrupción. Necesita justicia con recuperación de activos y reforma institucional.
Y aquí cabe una pregunta que la República debe hacerse sin miedo: ¿para qué se aprobó y promulgó una Ley de Extinción de Dominio si los bienes ilícitos no se persiguen con firmeza, si lo robado no se recupera con transparencia y si esos recursos no vuelven a escuelas, hospitales, agua, seguridad, electricidad y oportunidades?
La Ley núm. 340-22 regula la extinción de dominio como acción autónoma, independiente y patrimonial, ejercida contra bienes ilícitos y no como sustituto del juicio penal contra una persona. Reconoce derechos y garantías de las partes afectadas y exige declaración judicial a favor del Estado.
Hay que hablar con rigor. La extinción de dominio no significa quitar bienes por discurso, presión política o condena mediática. La ley dispone que el juicio sea en audiencia pública, oral y contradictoria; que las pruebas se debatan; que el Ministerio Público pruebe las causales de procedencia y la ausencia de buena fe; y que el estándar aplicable sea la preponderancia de la prueba.
Pero tampoco puede convertirse en letra muerta. Frente a una acción debidamente sustentada, quien ostenta bienes cuestionados tiene derecho a defenderse y aportar prueba fehaciente sobre su origen lícito y su buena fe. Si un tribunal competente determina que esos bienes tienen origen o destino ilícito y que no existe buena fe jurídicamente protegida, no deben seguir amparados por la lentitud, la influencia o el poder económico. Deben pasar al Estado y volver al bien común.
Cada peso robado que no se recupera se convierte en deuda moral, fiscal y social que terminarán pagando nuestros hijos.
No basta con presentar culpables si los bienes robados no regresan al patrimonio público. Y no basta con perseguir casos si las mismas prácticas vuelven con otro contrato, otra nómina, otra exención o una nueva concesión.
La verdadera lucha contra la corrupción debe responder tres preguntas: ¿dónde está el dinero?, ¿quiénes se beneficiaron?, ¿qué reglas deben cambiar para que no vuelva a ocurrir?
La corrupción también se disfraza de legalidad. A veces ocurre con contratos blindados, incentivos eternos, obras sobrevaluadas, compras sin competencia real, subsidios sin beneficiario claro y privilegios convertidos en política pública.
Por eso el combate a la corrupción no puede limitarse al funcionario que mete la mano. También debe mirar al modelo que permite capturar decisiones públicas, recibir beneficios sin retorno y trasladar el costo al ciudadano común.
Esto no es contra empresarios productivos ni contra inversión responsable. Es contra privilegios sin consecuencia, subsidios sin auditoría, incentivos sin resultados e impunidad vestida de normalidad.
La Constitución dominicana no manda un Estado de espectáculo. Manda un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en dignidad humana, derechos fundamentales, trabajo, soberanía popular y separación de poderes. Cuando los recursos se pierden en corrupción, clientelismo o privilegios, no solo se viola la ética pública: se contradice el mandato constitucional.
En el Frente Cívico y Social estamos convencidos de que la lucha anticorrupción debe dejar de ser temporada de titulares y convertirse en política permanente de Estado: registro público de bienes recuperados, auditorías de subsidios y exenciones, contrataciones transparentes, control ciudadano de obras, protección a denunciantes, sanción patrimonial y destino social de los recursos recuperados.
Cada peso recuperado debe tener rostro y destino: escuelas, hospitales, agua, seguridad, transporte, electricidad, apoyo productivo, juventud y movilidad social. Porque lo robado no puede quedarse en expedientes. Lo robado debe volver al pueblo.
No se trata de venganza. Se trata de República. No se trata de dividir al país. Se trata de unir a la ciudadanía alrededor de una regla básica: quien robe al pueblo debe responder ante la justicia y ante la República.
Porque un país donde la corrupción entretiene más de lo que repara no está haciendo justicia: está administrando indignación. Y una nación que administra indignación, pero no recupera lo robado, no abre camino. Lo bloquea.
Ya basta de justicia-espectáculo: lo robado debe volver al pueblo y la República debe ser gobernada con orden constitucional.
Por Robinson Lebrón
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El bloque de constitucionalidad y la dimensión sustantiva del sufragio
La proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010 supuso una ruptura paradigmática en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, al transicional formalmente desde un Estado clásico de derecho hacia un Estado Social y Democrático de Derecho. Esta transformación situó a la dignidad humana en la cúspide axiológica del sistema, definiéndola en su artículo 5 como el fundamento ético y ontológico de la República, y reforzándola en el artículo 38 como un valor sagrado, innato e inviolable.
Bajo esta nueva matriz dogmática, los derechos políticos tradicionalmente interpretados como meras facultades procedimentales para la alternancia del poder adquirieron la categoría de derechos fundamentales vinculados directamente al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual. Votar y ser elegible dejaron de ser simples mecanismos técnicos de agregación de preferencias para convertirse en un canal de autorrealización ciudadana.
El Tribunal Constitucional dominicano, a través de su prolífica jurisprudencia a partir de 2012, consolidó este criterio al establecer que los derechos de ciudadanía no pueden ejercerse plenamente si se despoja al individuo de las condiciones mínimas materiales y de respeto a su integridad moral. Por consiguiente, la legitimidad de los procesos electorales en los últimos veinte años empezó a medirse no solo por la pulcritud del cómputo de las boletas, sino por la capacidad del Estado para garantizar que cada ciudadano concurra a las urnas en condiciones de libertad, igualdad y no discriminación.
Mecanismos de inclusión fáctica: El Voto Accesible
Uno de los hitos más tangibles en la operativización de la dignidad humana dentro del sistema electoral dominicano ha sido el desmantelamiento progresivo de las barreras arquitectónicas y metodológicas que históricamente excluyeron a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. En consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el mandato de igualdad del artículo 39 de la Carta Magna, la Junta Central Electoral (JCE) implementó de manera sistemática a partir de la década de 2010 la política de Voto Accesible.
Esta política institucionalizada se ramificó en tres componentes principales que devolvieron la autonomía al elector:
- Colegios Electorales en Primeros Niveles: La reubicación obligatoria de las mesas de votación en las plantas bajas de los recintos escolares y recintos públicos para garantizar el libre acceso de ciudadanos con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas.
- Plantillas Braille: La introducción de boletas auxiliares con relieve para las personas con discapacidad visual, permitiendo por primera vez el ejercicio del voto secreto e independiente, eliminando la necesidad de delegar su voluntad en un tercero, práctica que lesionaba directamente su dignidad y privacidad.
- El Programa de Voto en Casa: Un plan piloto ejecutado en los últimos ciclos electorales diseñado para trasladar al personal de las mesas de votación y las urnas directamente a los hogares de ciudadanos con condiciones de salud extremas o inmovilidad absoluta, reconociendo su estatus de miembros plenos de la soberanía política del Estado.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma dispone lo que debe realizarse luego del cumplimiento de la condena, según las limitaciones sobre el enjuiciamiento o el castigo de otros delitos. El Estatuto prevé sobre la transferencia de la persona que no sea un nacional de Estado que ejecuta, extradita o entrega al Estado que lo solicite.
La descripción que hace el Estatuto de Roma podría verse detallada de la regla de especialidad. Regula el derecho individual de proteger a una persona que esta condenada o que cumple una condena, para que no sea enjuiciada o extraditada, salvo que la CPI lo acepte a solicitud del Estado.
Sin embargo, el Estatuto de Roma establece que la Corte Penal Internacional sólo podrá referirse a la solicitud de un Estado ¨¨¨luego de haber escuchado la opinión de la persona condenada¨.
Si un Estado acepta a una persona condenada, se necesitaran procedimientos apropiados para que se respete a cabalidad con este requisito. Particularmente los Estados de ejecución deberán adherirse a lo dispuesto en varias partes del Estatuto de Roma.
En cuanto a las medidas de parte de los Estados Partes de la CPI para la implementación cabe destacar que esto podría requerir de cambios tanto legislativos como administrativos por parte de los Estados aceptantes.
En lo referente a la revisión por parte de la CPI para reducir condenas, el Estatuto de Roma establece claramente que solo la Corte tiene la potestad de reducir la condena luego de haber dado audiencia a la persona condenada.
La revisión de una sentencia por parte de la CPI deberá llevarse a cabo cuando la persona haya cumplido dos tercios de la condena, o 25 años en el caso de la cadena perpetua. La CPI podrá reducir la sentencia basándose en los elementos en lo que al respecto establece el Estatuto de Roma.
En el contexto de cumplimiento de las obligaciones los Estados no deberán interferir con las condenas impuestas por la Corte Penal Internacional, ya sea reduciendo o modificando la sentencia. En este sentido se recomienda que los Estados deberán revisar su legislación para evitar esta posibilidad.