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Continúa rechazo a exoneraciones de vehículos para legisladores, pero el privilegio no para.
Santo Domingo, R.D.-Un rechazo general se produce en el seno de la sociedad a las exoneraciones de impuestos para vehículos otorgadas a legisladores, pese a los esfuerzos que se han hecho para eliminar el privilegio.
Por la presión que surge cada cierto tiempo, en ambas cámaras se han sometido proyectos de leyes para poner tope o desaparecer esa facultad creada por ley y para beneficios propios por parte de los congresistas, piezas que solo se quedan en la intención de los muy pocos senadores y diputados que la proponen.
En los años 2011 y 2012 se sometieron dos proyectos de leyes por los senadores de ese entonces Tommy Galán y Félix Nova, los cuales se volvieron a discutir cuatro años después. Las propuestas, una buscaba poner un límite de 90 mil dólares al costo del vehículo de motor importado, la otra proponía la eliminación total del beneficio a los congresistas.
En el 2010, la organización apartidista Participación Ciudadana sometió un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, debido a que todavía no existía el Tribunal Constitucional, y ya creada esta alta corte también la Fundación Transparencia Total por la Democracia igualmente se animó a elevar una acción en contra de la cuestionada Ley 57-96.
La fundación alegaba que la Ley 57-96 para que los diputados y senadores importaran vehículos de motor sin pagar al fisco es un privilegio que viola el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República.
La fallida reforma fiscal que sometió el Gobierno del presidente Luis Abinader en octubre de este año y que fue retirada del Congreso pocos días después, también contemplaba derogar la Ley 57-96.
No obstante, el mandatario ha insistido en que los congresistas deben asumir su «idea» y «limitarse las exoneraciones: limitarse a una y limitar el monto también».
Dos proyectos más
Este miércoles, los senadores de María Trinidad Sánchez y San Juan, Alexis Victoria Yeb y Félix Bautista, anunciaron el sometimiento de dos piezas diferentes, uno para eliminar una de las dos exoneraciones con las que cuentan los legisladores, y otra para eliminarla totalmente.
La de Bautista procura suprimir totalmente la Ley 57-96. En cambio, la de Victoria Yeb solo una de las dos importaciones libres de impuestos.
El pasado martes, un grupo de diputados reaccionó a las críticas, de poder traer al país vehículos de alta gama sin límite de costos y sin pagar al fisco, respondiendo que también hay que eliminar los privilegios en combustibles, viáticos y otros beneficios que poseen funcionarios del Poder Ejecutivo.
«Corrupción legalizada«
El exfiscal del Distrito Nacional Guillermo Moreno calificó las exoneraciones otorgadas a los legisladores dominicanos, «como una forma de corrupción legalizada que atenta contra los recursos del Estado».
«Es repulsivo que quienes son responsables de elaborar las leyes se beneficien de este privilegio y, al hacerlo, incurran en fraude. Esto constituye un verdadero acto de estafa contra el Estado», afirmó Moreno, enfatizando que la práctica no solo es inmoral, sino ilegal.
Otros beneficios de los senadoresOtro de los beneficios muy criticado que poseen, por ejemplo, los senadores es el llamado «barrilito», debido a que la justificación para cobrarlo es que son para «ayudar» a los ciudadanos de sus provincias.Los que cuestionan esos recursos que reciben esos legisladores, cuyo monto depende de la proporción de habitantes de las jurisdicciones que representan y que puede ascender hasta más de un millón de pesos, alegan que los congresistas no fueron electos para ofrecer «ayudas», sino para fiscalizar al Poder Ejecutivo.
Sobre la venta del beneficio a terceros, Moreno instó al Ministerio Público a investigar y actuar contra los legisladores involucrados «en la venta fraudulenta de estas exoneraciones«, al señalar que constituyen un mecanismo de enriquecimiento ilícito.
Moreno sostuvo que en Alianza País, el partido que lidera, sus legisladores han rechazado categóricamente este privilegio. Tanto el diputado Fidelio Despradel (2016-2020) como Pedro Martínez (2020-2024 y 2024-2028) «han sido ejemplos de una política ética al no aceptar estas exoneraciones«, recordó el exfiscal.
Otro jurista que explica que los congresistas violan la ley al vender el beneficio a terceros es Cándido Simó, quien asegura que la práctica de reventa no solo viola la ley de Aduanas, sino que podría configurarse dentro de la ley de lavado de activos, que sanciona la evasión de impuestos como una modalidad de crimen organizado, en algunos casos con consecuencias similares a las del terrorismo.
Santo Domingo, R.D.-Unos 34 recursos directos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) han sido acogidos por el órgano facultado para garantizar el apego de las disposiciones y leyes a la carta magna y a la protección de los derechos fundamentales, el cual está obligado a poner por encima el derecho internacional y continental sobre el derecho interno en materia de derechos humanos.
Según la página web de consulta de este organismo extrapoder, desde enero de 2020 al 26 de diciembre de 2024, se han conocido aproximadamente 148 recursos de acción directa de inconstitucionalidad, que es un procedimiento que busca declarar contraria a la Constitución alguna disposición normativa.
En estos cuatro años, 34 acciones han sido acogidas por la alta corte, lo que significa que en el 22.9 % de los casos, el TC ha tenido que declarar no conforme con la Constitución uno o varios artículos de una ley.
El año en el que se fallaron más acciones directas de inconstitucionalidad fue el 2021, con 38 sentencias. Asimismo, el año con menos decisiones en esta categoría fue el 2024.
El presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, informó que, hasta el 6 de noviembre del 2024, esa alta corte falló 976 expedientes.
Del total de casos resueltos, 242 fueron dictados en materia de amparo, lo que quiere decir que cerca del 25 % de las sentencias emitidas por esta institución fue relativo a derechos fundamentales.
El magistrado aseguró que los togados del Tribunal Constitucional han asumido la responsabilidad de ser los más altos garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía.
La ley de la DNI
Uno de los casos más recientes en los que se ha declarado la inconstitucional una ley data del 6 de diciembre, cuando el TC anuló la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En la Sentencia TC/0767/24, acogió la acción incoada por partidos de oposición alega que afectaba un derecho fundamental de forma indirecta o incidental.
De acuerdo con el último resumen del Tribunal Constitucional, desde el 2012 al 30 de septiembre de 2024 se han recibido 10,201 casos y los jueces han logrado la aprobación y publicación en el portal web institucional de 7,823 recursos fallados.
Desde su puesta en funcionamiento, han sido fusionados unos 242 expedientes y la «revisión constitucional de sentencia de amparo» ha sido el proceso más destacado.
SANTO DOMINGO. Los directores de Elecciones, de Informática, del Voto dominicano en el Exterior, de Registro del Estado Civil, de la Cédula de Identidad Personal y Electoral y de Registro Electoral fueron ratificados por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE)
La el órgano explicó que la ratificación fue acogida sin objeciones por los principales partidos políticos del país, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo.
Además, otros partidos como la Alianza por la Democracia, el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), la Unión Demócrata Cristiana y Dominicanos por el Cambio también respaldaron la decisión.
Este proceso de ratificación sigue la línea de la reciente reelección de cuatro de los cinco titulares de la JCE por parte del Senado en noviembre pasado, incluidos su presidente, Román Jáquez, y los miembros Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises, mientras que Hirayda Fernández Guzmán fue seleccionada por primera vez.
Con esta resolución, la JCE refuerza su estructura operativa y garantiza la estabilidad y transparencia en la administración de los procesos electorales y el registro civil del país.
Azua.-Un autobús con 70 haitianos indocumentados fue detenido por el Ejército en Azua cuando eran trasladados durante la madrugada de este viernes.
El autobús marca Hyundai, color blanco era conducido por un hombre identificado como Edward Aquino.
Mientras que en otro hecho, efectivos del Ejército detuvieron un carro Nissan Note, negro, conducido por el ciudadano Yoan Figuereo Encarnación, acompañado por José David Gómez, donde se trasladaban otros siete indocumentados, en el puesto de chequeo 15 de Azua.
Los conductores y el acompañante, serán entregados al Ministerio Público, mientras que los extranjeros a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes.