Análisis Noticiosos
Reciclaje en Nueva York trabajo mal pagado a cargo de inmigrantes indocumentados
El sector lleva 15 años sin recibir un aumento por sus servicios, lo que ha llevado a muchos centros de reciclaje a cerrar. Una propuesta de ley busca duplicar el pago que se les da
New York.-Todos los días, a las 7 de la mañana, Graciela Cieza y Robert Romero, un matrimonio de inmigrantes peruanos, abre las puertas de la bodega donde tienen su centro de reciclaje en Queens, Nueva York. Es un pequeño negocio por el que recolectan latas y botellas para canjearlas por dinero. Allí guardan cientos de bolsas con miles de botellas y latas de agua, soda y cerveza clasificadas por marca, producto y tamaño. Llevan ocho años trabajando en este centro de redención —como también se les llama— y hace cinco meses se convirtieron en dueños del negocio. “El señor que tenía la bodega antes cerró porque se declaró en bancarrota”, cuenta Cieza, de 65 años, quien llegó a Estados Unidos hace 12 con sus dos hijos y su esposo.
El frágil ecosistema de reciclaje de botellas y otros materiales en el Estado de Nueva York es manejado mayormente por trabajadores inmigrantes y adultos mayores, que ganan aproximadamente 30 dólares al día si son recicladores independientes y 40 si son centros de redención, y que no han visto un aumento en el valor de los artículos que recolectan en 15 años.
El reciclaje en el Estado de Nueva York es un proceso en cadena. Primero, el consumidor deja su botella o lata en el bote de basura azul para materiales reciclables. Luego, los recicladores independientes, recolectan el material y lo llevan a un centro de redención, como el de Cieza y Romero, en donde les pagan 5 centavos por unidad. Allí categorizan los materiales recibidos por marca, tipo de contenedor y tamaño para venderlos a los distribuidores, que pueden ser las empresas que fabrican el contenedor de la bebida, las que las venden, o las embotelladoras, que les pagan 8,5 centavos por contenedor y lo mandan a fábricas que los transforman.
En los dos últimos años, 150 de los alrededor de 700 centros de redención del Estado han cerrado sus puertas porque no les sale rentable, de acuerdo con el New York Public Interest Research Group. Y quienes los dirigen han alertado que, sin un aumento en el valor de las latas y plásticos establecido por la ley, habrá más cierres. Mientras tanto, algunos esfuerzos de legisladores estatales para rescatar la industria se topan con las campañas de opositores políticos y grandes embotelladoras, que alegan que aumentar el pago de las tarifas de reciclaje impactaría a los consumidores.
Sure We Can es uno de los centros de reciclaje y espacios comunitarios para recicladores más importantes de la ciudad, ubicado en Brooklyn, Nueva York.CORTESÍA
El debate del proyecto de ley de la Bigger Better Bottle Bill (mejor y más grande, en español, o ley de la botella), que fue propuesto el año pasado por la senadora estatal demócrata Rachel May, quedó aplazado hasta el 28 de enero de 2025. Mientras esperan un pago que consideran más justo, los centros de redención se están quebrando, aseguran las organizaciones que firmaron la solicitud de ayuda inmediata a la gobernadora Kathy Hochul.
Centros de redención obligados a cerrar
La nueva Ley de la Botella propone que la tarifa de depósito suba de 5 a 10 centavos por unidad recolectada y de 3,5 a 6 centavos por unidad por el manejo, lo que hacen Graciela Cieza y Robert Romero. Esto duplicaría los ingresos actuales de los centros de redención y los recicladores independientes. Adicionalmente, se espera que aumenten las tasas de reciclaje de un Estado, que actualmente solo recicla el 17,2% de sus residuos, de acuerdo a cifras del Departamento de Sanidad. Esto está por debajo del promedio nacional, que es 35% y de Estados como Oregón, que ha implementado una ley similar a la que se debate en Nueva York y donde la tasa de reciclaje es de 85,5%.
Jade Eddy, dueña del centro de redención MT Retornables en Queensbury y miembro de la asociación de centros de redención Empire State Redemption Association, está pensando en cerrar su bodega porque no tiene dinero para mantenerse a flote. Eddy ha perdido la esperanza de que esta ley se apruebe antes de que pierda el negocio que le dio de comer a su familia por 20 años. “Actualmente, estoy recibiendo un auxilio por pobreza, gasté todos mis ahorros para la jubilación y perdí mi casa para intentar mantener mi negocio”, dice la mujer de 40 años, en una videollamada. “La posición en la que nos han puesto es criminal porque veo a los legisladores de Albany más preocupados por grandes compañías como Pepsi, que se oponen a la Ley de la Botella, que por los pequeños negocios que sirven a sus comunidades”, asegura.
En Nueva York los materiales cubiertos por la ley de la botella actual son latas y botellas de bebidas carbonatadas, cerveza, bebidas de malta, agua con gas y sin gas.CORTESÍA
Si la nueva ley se aprueba, las embotelladoras tendrán que invertir más en reciclar los contenedores de los productos que comercializan, pues pasarían de pagar 8,5 centavos a 16 a los centros de redención. De acuerdo al Container Recycling Institute, una organización no gubernamental dedicada a investigar el reciclaje y recolección en Estados Unidos, los principales opositores de la Ley de la Botella son embotelladoras como PepsiCo, Coca Cola y Anheuser Busch. Sin embargo, la vocera de PepsiCo, Andrea Foote, le dijo a Político que “PepsiCo está abogando por la Ley de la Botella de Nueva York y proyectos de ley que amplíen la responsabilidad del productor”.
“Si cierran, nos vamos a quedar sin nada”
La amenaza contra los centros de redención impacta a los recicladores independientes, que son en su mayoría inmigrantes, casi la mitad de ellos latinos, con un nivel de ingresos menor a 400 dólares mensuales, según un informe de Sure We Can, un centro de redención y espacio comunitario para recicladores independientes en Bushwick, Brooklyn.
“Antes íbamos a un centro que nos quedaba más cerca a la casa, pero lo cerraron por problemas económicos. Entonces ahora venimos acá, pero nos toca caminar mucho y ya estamos cansados”, cuentan Pedro Romero y Josefa Marín, una pareja de inmigrantes indocumentados mexicanos de 68 años, que llevan el material reciclable que recogen al centro de Sure We Can. Ambos comenzaron a trabajar como recicladores independientes debido a que no tienen una pensión que cubra todos sus gastos. “Nos afectaría mucho que este centro cerrara. Si cierran, creo que es mejor devolvernos a México de una vez”, asegura Marín.
Ángela, una recicladora independiente de 50 años originaria de República Dominicana, se dedica a recoger material reciclable desde hace dos años, cuando perdió su trabajo como cocinera en un restaurante en Manhattan. Trabaja todos los días y lleva el material al centro de redención de Graciela Cieza y Robert Romero en Queens. “Esta labor es la que me está dando dinero para mantener a mis tres hijos y pagar la renta. Si estos centros los cierran, nos vamos a quedar sin nada”, dijo la dominicana, quien prefirió no dar su nombre completo debido a su estatus migratorio irregular.
La Ley de la Botella actual —vigente desde 1982— determina una tarifa de depósito de 5 centavos que los consumidores pagan al comprar bebidas embotelladas o enlatadas, reembolsables si el consumidor devuelve el envase para su reciclaje; y una tarifa de manejo de 1,5 centavos que comprende un pago adicional que los distribuidores y embotelladores deben hacer a los centros de redención.
De acuerdo al reporte de Sure We Can, 45.5% de los recicladores independientes son latinos y el 69% del dinero obtenido por esta labor es utilizado para comprar comida.CORTESÍA
En el 2009, la Asamblea de Nueva York aumentó la tarifa de manejo a 3,5 centavos y redistribuyó los fondos no reclamados. Antes de eso, los 5 centavos de la tarifa de depósito quedaban en manos de las embotelladoras. A partir de la reforma, el 80% de los depósitos no reclamados se comenzaron a destinar al Fondo de Protección Ambiental de Nueva York, y el resto permanece con las embotelladoras.
El dinero recaudado por el fondo público se usa para financiar programas de medio ambiente, educación, infraestructura y servicios comunitarios, de acuerdo a la página web del mismo. El más reciente informe de los proyectos beneficiarios por el Fondo de Protección Ambiental data del 2013.
Sure We Can argumenta que el fondo no está ayudando en la crisis de desfinanciación del sector. “El programa de subvenciones no ha entregado fondos a los centros de redención afectados. Nosotros enviamos una solicitud y nunca recibimos un centavo”, dice su director, Ryan Castalia.
En los últimos 15 años, los precios en Estados Unidos han incrementado un 36,4% y la capacidad adquisitiva de las personas ha disminuido constantemente. En el mismo periodo, el valor del trabajo de los centros de redención y recicladores no ha recibido un solo aumento. “Tengo esperanza de que Nueva York defienda el medio ambiente a partir de proteger a sus trabajadores y el desarrollo de infraestructura verde dentro del estado”, añade Castalia, quien se muestra esperanzado con que el congreso del Estado apruebe la ley.
Pese a haber sido una de las promotoras de la nueva norma, la recicladora Josefa Marín teme que, de aprobarse, su trabajo se vea afectado. “Antes recogíamos muchas más botellas que ahora y eso que solo pagaban 5 centavos por botella. Si la ley se llega a aprobar, los consumidores de bebidas van a comenzar a llevar las botellas ellos mismos porque se van a dar cuenta que pueden obtener una buena cantidad de dinero al devolverlas”, dice.
Elpais.com
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.