Análisis Noticiosos
Reciclaje en Nueva York trabajo mal pagado a cargo de inmigrantes indocumentados
El sector lleva 15 años sin recibir un aumento por sus servicios, lo que ha llevado a muchos centros de reciclaje a cerrar. Una propuesta de ley busca duplicar el pago que se les da
New York.-Todos los días, a las 7 de la mañana, Graciela Cieza y Robert Romero, un matrimonio de inmigrantes peruanos, abre las puertas de la bodega donde tienen su centro de reciclaje en Queens, Nueva York. Es un pequeño negocio por el que recolectan latas y botellas para canjearlas por dinero. Allí guardan cientos de bolsas con miles de botellas y latas de agua, soda y cerveza clasificadas por marca, producto y tamaño. Llevan ocho años trabajando en este centro de redención —como también se les llama— y hace cinco meses se convirtieron en dueños del negocio. “El señor que tenía la bodega antes cerró porque se declaró en bancarrota”, cuenta Cieza, de 65 años, quien llegó a Estados Unidos hace 12 con sus dos hijos y su esposo.
El frágil ecosistema de reciclaje de botellas y otros materiales en el Estado de Nueva York es manejado mayormente por trabajadores inmigrantes y adultos mayores, que ganan aproximadamente 30 dólares al día si son recicladores independientes y 40 si son centros de redención, y que no han visto un aumento en el valor de los artículos que recolectan en 15 años.
El reciclaje en el Estado de Nueva York es un proceso en cadena. Primero, el consumidor deja su botella o lata en el bote de basura azul para materiales reciclables. Luego, los recicladores independientes, recolectan el material y lo llevan a un centro de redención, como el de Cieza y Romero, en donde les pagan 5 centavos por unidad. Allí categorizan los materiales recibidos por marca, tipo de contenedor y tamaño para venderlos a los distribuidores, que pueden ser las empresas que fabrican el contenedor de la bebida, las que las venden, o las embotelladoras, que les pagan 8,5 centavos por contenedor y lo mandan a fábricas que los transforman.
En los dos últimos años, 150 de los alrededor de 700 centros de redención del Estado han cerrado sus puertas porque no les sale rentable, de acuerdo con el New York Public Interest Research Group. Y quienes los dirigen han alertado que, sin un aumento en el valor de las latas y plásticos establecido por la ley, habrá más cierres. Mientras tanto, algunos esfuerzos de legisladores estatales para rescatar la industria se topan con las campañas de opositores políticos y grandes embotelladoras, que alegan que aumentar el pago de las tarifas de reciclaje impactaría a los consumidores.
Sure We Can es uno de los centros de reciclaje y espacios comunitarios para recicladores más importantes de la ciudad, ubicado en Brooklyn, Nueva York.CORTESÍA
El debate del proyecto de ley de la Bigger Better Bottle Bill (mejor y más grande, en español, o ley de la botella), que fue propuesto el año pasado por la senadora estatal demócrata Rachel May, quedó aplazado hasta el 28 de enero de 2025. Mientras esperan un pago que consideran más justo, los centros de redención se están quebrando, aseguran las organizaciones que firmaron la solicitud de ayuda inmediata a la gobernadora Kathy Hochul.
Centros de redención obligados a cerrar
La nueva Ley de la Botella propone que la tarifa de depósito suba de 5 a 10 centavos por unidad recolectada y de 3,5 a 6 centavos por unidad por el manejo, lo que hacen Graciela Cieza y Robert Romero. Esto duplicaría los ingresos actuales de los centros de redención y los recicladores independientes. Adicionalmente, se espera que aumenten las tasas de reciclaje de un Estado, que actualmente solo recicla el 17,2% de sus residuos, de acuerdo a cifras del Departamento de Sanidad. Esto está por debajo del promedio nacional, que es 35% y de Estados como Oregón, que ha implementado una ley similar a la que se debate en Nueva York y donde la tasa de reciclaje es de 85,5%.
Jade Eddy, dueña del centro de redención MT Retornables en Queensbury y miembro de la asociación de centros de redención Empire State Redemption Association, está pensando en cerrar su bodega porque no tiene dinero para mantenerse a flote. Eddy ha perdido la esperanza de que esta ley se apruebe antes de que pierda el negocio que le dio de comer a su familia por 20 años. “Actualmente, estoy recibiendo un auxilio por pobreza, gasté todos mis ahorros para la jubilación y perdí mi casa para intentar mantener mi negocio”, dice la mujer de 40 años, en una videollamada. “La posición en la que nos han puesto es criminal porque veo a los legisladores de Albany más preocupados por grandes compañías como Pepsi, que se oponen a la Ley de la Botella, que por los pequeños negocios que sirven a sus comunidades”, asegura.
En Nueva York los materiales cubiertos por la ley de la botella actual son latas y botellas de bebidas carbonatadas, cerveza, bebidas de malta, agua con gas y sin gas.CORTESÍA
Si la nueva ley se aprueba, las embotelladoras tendrán que invertir más en reciclar los contenedores de los productos que comercializan, pues pasarían de pagar 8,5 centavos a 16 a los centros de redención. De acuerdo al Container Recycling Institute, una organización no gubernamental dedicada a investigar el reciclaje y recolección en Estados Unidos, los principales opositores de la Ley de la Botella son embotelladoras como PepsiCo, Coca Cola y Anheuser Busch. Sin embargo, la vocera de PepsiCo, Andrea Foote, le dijo a Político que “PepsiCo está abogando por la Ley de la Botella de Nueva York y proyectos de ley que amplíen la responsabilidad del productor”.
“Si cierran, nos vamos a quedar sin nada”
La amenaza contra los centros de redención impacta a los recicladores independientes, que son en su mayoría inmigrantes, casi la mitad de ellos latinos, con un nivel de ingresos menor a 400 dólares mensuales, según un informe de Sure We Can, un centro de redención y espacio comunitario para recicladores independientes en Bushwick, Brooklyn.
“Antes íbamos a un centro que nos quedaba más cerca a la casa, pero lo cerraron por problemas económicos. Entonces ahora venimos acá, pero nos toca caminar mucho y ya estamos cansados”, cuentan Pedro Romero y Josefa Marín, una pareja de inmigrantes indocumentados mexicanos de 68 años, que llevan el material reciclable que recogen al centro de Sure We Can. Ambos comenzaron a trabajar como recicladores independientes debido a que no tienen una pensión que cubra todos sus gastos. “Nos afectaría mucho que este centro cerrara. Si cierran, creo que es mejor devolvernos a México de una vez”, asegura Marín.
Ángela, una recicladora independiente de 50 años originaria de República Dominicana, se dedica a recoger material reciclable desde hace dos años, cuando perdió su trabajo como cocinera en un restaurante en Manhattan. Trabaja todos los días y lleva el material al centro de redención de Graciela Cieza y Robert Romero en Queens. “Esta labor es la que me está dando dinero para mantener a mis tres hijos y pagar la renta. Si estos centros los cierran, nos vamos a quedar sin nada”, dijo la dominicana, quien prefirió no dar su nombre completo debido a su estatus migratorio irregular.
La Ley de la Botella actual —vigente desde 1982— determina una tarifa de depósito de 5 centavos que los consumidores pagan al comprar bebidas embotelladas o enlatadas, reembolsables si el consumidor devuelve el envase para su reciclaje; y una tarifa de manejo de 1,5 centavos que comprende un pago adicional que los distribuidores y embotelladores deben hacer a los centros de redención.
De acuerdo al reporte de Sure We Can, 45.5% de los recicladores independientes son latinos y el 69% del dinero obtenido por esta labor es utilizado para comprar comida.CORTESÍA
En el 2009, la Asamblea de Nueva York aumentó la tarifa de manejo a 3,5 centavos y redistribuyó los fondos no reclamados. Antes de eso, los 5 centavos de la tarifa de depósito quedaban en manos de las embotelladoras. A partir de la reforma, el 80% de los depósitos no reclamados se comenzaron a destinar al Fondo de Protección Ambiental de Nueva York, y el resto permanece con las embotelladoras.
El dinero recaudado por el fondo público se usa para financiar programas de medio ambiente, educación, infraestructura y servicios comunitarios, de acuerdo a la página web del mismo. El más reciente informe de los proyectos beneficiarios por el Fondo de Protección Ambiental data del 2013.
Sure We Can argumenta que el fondo no está ayudando en la crisis de desfinanciación del sector. “El programa de subvenciones no ha entregado fondos a los centros de redención afectados. Nosotros enviamos una solicitud y nunca recibimos un centavo”, dice su director, Ryan Castalia.
En los últimos 15 años, los precios en Estados Unidos han incrementado un 36,4% y la capacidad adquisitiva de las personas ha disminuido constantemente. En el mismo periodo, el valor del trabajo de los centros de redención y recicladores no ha recibido un solo aumento. “Tengo esperanza de que Nueva York defienda el medio ambiente a partir de proteger a sus trabajadores y el desarrollo de infraestructura verde dentro del estado”, añade Castalia, quien se muestra esperanzado con que el congreso del Estado apruebe la ley.
Pese a haber sido una de las promotoras de la nueva norma, la recicladora Josefa Marín teme que, de aprobarse, su trabajo se vea afectado. “Antes recogíamos muchas más botellas que ahora y eso que solo pagaban 5 centavos por botella. Si la ley se llega a aprobar, los consumidores de bebidas van a comenzar a llevar las botellas ellos mismos porque se van a dar cuenta que pueden obtener una buena cantidad de dinero al devolverlas”, dice.
Elpais.com
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.