Opinión
El reto de disolver y reconstituir la Policía Nacional
Narciso Isa Conde
La actual Policía Nacional no está en condiciones de garantizar la denominada seguridad ciudadana, más bien es uno de los grandes factores de inseguridad, violencia y negación de derechos colectivo e individuales.
Esta Policía no es reformable, menos aún “transformable”, como prometen y anuncian el gobierno de Abinader-PRM, sus mega-millonarios y todas sus fuerzas de sustentación.
- Otro engañoso.
La composición de la comisión recientemente encargada de esa mal llamada “transformación” es quizás la muestra más elocuente de que se trata de otro gran show mediático diversionista.
Nueva vez se apela a las disfuncionales comisiones de “notables”, con hegemonía de quienes periódicamente remodelan la misma dominación; copada en cada caso por grandes capitalistas y figuras de las iglesias, sin obviar la utilidad de nuevos adornos y nuevos atractivos académicos y mediáticos.
La verdad es que el tema requiere ser enfrentado con fórmulas mucho más consistentes.
Porque los vicios y las deformaciones de la PN son muy profundas y están ideológicamente muy arraigados dentro de una institución enmarcada dentro de un orden constitucional y una hegemonía social y política perversa, que la alimenta y protege.
Cambian los jefes, se anuncian reformas y depuraciones, y finalmente el “cuerpo del orden” (más bien de desorden) no cambia su conducta institucionalmente delictiva y despótica, apoyada en un sistema de ideas y en un conjunto de métodos y operativos que periódicamente se reciclan.
A los nuevos jefes se le colma de elogios y éstos, junto a los nuevos Presidentes, se comprometen a convertir la institución en algo ejemplar; pero las supuestas reformas y/o “transformaciones” no pasan de remiendo, poses y palabras que no modifican la esencia del cuerpo policial.
- Primero la voluntad disolver y concomitantemente de crear lo nuevo.
El tema viene de lejos y debo decir que desde hace varias décadas venimos planteando la necesidad de un plan que procure disolver progresivamente la Policía Nacional y reconstituirla sobre nuevas bases y nuevos valores; a los compases de un proceso constituyente que posibilite refundar el Estado dominicano, cada vez más degradado y gansterizado.
Solo así como se podría reconstituir, refundar una policía con características totalmente diferentes a la actual.
Dentro de esta institucionalidad ha sido imposible lograr una Policía Civil con una fuerte capacidad preventiva y de investigación, educada en el respeto a los derechos individuales y colectivos, bien formada en materia de derechos humanos y en el respeto inconmovible a la naturaleza no humana (a la Madre Tierra) y, además, colectivamente dotada de convicciones democráticas, libre de hostilidades hacia el resto de los civiles, de racismo anti-haitiano, de machismo, de desprecio a los menores y de conductas clasistas aberrantes; sujeta al control y fiscalización social desde las bases populares y con normas y mecanismos que impidan complicidades con la parte de su membrecía que ose delinquir y abusar de sus funciones.
Esto exige investigar y clasificar previamente su matrícula actual para solo incorporar a la nueva entidad sus componentes no corrompidos, con reales capacidad para reeducarse.
Exige definir los nuevos valores y métodos que deben predominar en la nueva mentalidad y el nuevo proceder policial en su relación con la sociedad.
Eso no se logra con depuraciones circunstanciales e interesadas que dejan intacta la esencia anti-democrática y delictiva de ese cuerpo encargado del orden y la seguridad ciudadana.
No se logra sacando sectores corrompidos o desafectos, preservando y protegiendo a otros de igual calaña, y garantizándole impunidad a todos, dentro y fuera de la institución.
- Retiros premiados.
Es muy común que ex jefes y altos oficiales policiales, comprometidos con corrupción y homicidios, puestos en retiro, sean a la vez propietarios de compañías privadas de seguridad y de otro tipo de empresas, y pasen a formar parte de los clanes políticos, grupos económicos, movimientos electorales y equipos de seguridad del liderazgos político tradicional y de ex-presidentes de la Republica,
Los ex presidentes y postulante a la presidencia, convertidos en candidatos permanentes y en jefes de partidos o de facciones de la partidocracia, gustosa y descaradamente incluyen en sus equipos y les brindan protección, cargos y complicidades empresariales a generales y coroneles de una tradición policial sangrienta conectada con todo tipo de corruptelas.
Pasó con Balaguer, Leonel, Hipólito y Danilo, y vuelve a pasar con Abinader y su PRM; bendecida su obra y sus beneficiarios por Obispos y Pastores (algunos de Capellanes con rangos de de coroneles y generales), bajo sobornos de los magnates del CONEP, de la Cámara Americana y la Cámara Minera y sus corporaciones transnacionales… sin faltar las donaciones de villas y mansiones como la que disfruta en Casa de Campo, por obra y gracia del Banco Popular, el General (r) Pedro de Jesús Candelier, e incluidas también las sub-contratas multimillonarias a favor del famoso jefe de los “cirujanos”, General (r) Guzmán Fermín, los dos principales líderes de las “ejecuciones extrajudiciales”.
Con esos precedentes, por más que se hable de reformas, en los nuevos jefes -aun con títulos de Directores a secuencia de una de esas “reformas”– las mismas inconductas no tardan en repetirse; nueva vez protegidos y bendecidos por una “clase política”, un poder mediático, una cúpula empresarial que controla el CONEP y una alta jerarquía eclesial ultra-conservadora (católica y evangélica), no precisamente dechadas de virtudes ética-morales, ni tan ajenas a ciertos negocios y privilegios turbios.
Y vaya coincidencia: un encumbrado representante del CONEP y LECHE RICA (no precisamente en proteínas), una alta figura de los agro-tóxicos de FERSAN y la oligarquía tradicional, ciertas intermediaciones del Banco Popular y del Grupo Estrella y de la nueva oligarquía de Santiago (socia de Agripino), y dos jerarcas de las dos principales corrientes religiosas empeñadas en hacer de un Estado supuestamente laico un Estado totalmente confesional….copan y controlan la nueva “Comisión Transformadora de la P.N.”, junto a destacados profesionales afiliados al neoliberalismo y al servicio de las privatizaciones; sin que falten, para darle “caché” al anuncio, prestigiosas figuras de la comunicación y la academia, sin poder de decisión y al parecer seducidas por falsas ilusiones abinerianas.
Todos/as compelidos por el Ejecutivo a no sobrepasar el marco legal y constitucional que define el tipo de Estado y de Policía, que inexorablemente terminan siendo parte del poder delincuente bajo influencia determinante del lumpen capitalismo de estos tiempos, cuyos centros de mando son los que en fin de cuentas bajo tutela imperial definen e instrumentan las reformas superficiales para retomar oxigeno.
Todos limitados a hacer análisis y propuestas que le tocará al Consejo Superior Policial, a sus jefes palaciegos y a sus tutores imperialistas decidir.
Pero esta hábil maniobra, con fuerte tono de show mediático de larga duración, no hay manera de que paso a paso no evidencie sus entrañas fraudulentas.
- Policía e institucionalidad.
Una Policía alternativa a la actual exige un cambio constitucional profundo que implica una refundación o reconstitución del Estado actual, de sus instituciones electivas y permanentes, mediante un proceso constituyente.
Con esta Constitución del 2010, este Congreso, estas instituciones, no es posible crear una nueva policía, que supere las lacras que corroen la actual.
El país necesita de otras reglas de juego, de una Constitución que garantice instituciones muy distintas a las actuales, incluida una Policía Nacional, que en lugar de factor negador de derechos, promotor y protector de delitos y de violencia, sea fuente de justicia y seguridad ciudadana.
Esto no es posible de lograr sin una hegemonía socio-política diferente y un rol destacado de las comunidades en el contexto de una verdadera democracia, que no es precisamente la mutilada democracia representativa-dependiente de EEUU; proclive a generar instituciones policiales como la que tenemos; a consecuencia sobre todo de negación de soberanía nacional y popular.
Los modelos policiales que se construyen en contextos parecidos a nivel continental y mundial adolecen de los mismos males.
Han pasado cosas parecidas con las policías de países con mucho más recursos, como EEUU, Brasil, México… Y ni la industria del cine de Hollywood ha podido ocultar lo que acontece en el Norte Revuelto y Brutal en materia de criminalidad policial.
En el marco de ese modelo de “democracia”, los cuerpos policiales encargados de perseguir el delito terminan separándose del resto de la sociedad y contaminándose. Se corrompen y usan su poder y su asociación con mafias políticas y empresariales para auto-protegerse y generar regímenes de impunidad.
Aquí la Constitución del 2010 establece un sistema constitucional cerrado, en el que solo él mismo, su propio Congreso convertido en Asamblea Revisora y comprometido con la corrupción estatal, es quien introduce y aprueba las modificaciones constitucionales. Los únicos cambios posibles son los que el propio sistema degradado tolere.
De ahí la necesidad imperiosa de vincular la reconstitución de la P.N. a la refundación del Estado a través de un proceso constituyente que incluya el Poder Constituyente que lo impulse y la Asamblea Constituyente Popular y Soberana capaz de crear lo nuevo y diferente; capaz de redefinir las nuevas bases constitucionales, las nuevas instituciones y los nuevos cuerpos y sistemas de seguridad ciudadana, fiscalización y control social, en los que el poder de las comunidades de base está llamado a jugar un papel protagónico insustituible.
En fin, el reto es crear democracia real, no usurpada ni usurpable por la partidocracia ni por las cúpulas empresariales, eclesiales y militares, que constantemente la degradan y corrompen.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026