Opinión
El reto de disolver y reconstituir la Policía Nacional
Narciso Isa Conde
La actual Policía Nacional no está en condiciones de garantizar la denominada seguridad ciudadana, más bien es uno de los grandes factores de inseguridad, violencia y negación de derechos colectivo e individuales.
Esta Policía no es reformable, menos aún “transformable”, como prometen y anuncian el gobierno de Abinader-PRM, sus mega-millonarios y todas sus fuerzas de sustentación.
- Otro engañoso.
La composición de la comisión recientemente encargada de esa mal llamada “transformación” es quizás la muestra más elocuente de que se trata de otro gran show mediático diversionista.
Nueva vez se apela a las disfuncionales comisiones de “notables”, con hegemonía de quienes periódicamente remodelan la misma dominación; copada en cada caso por grandes capitalistas y figuras de las iglesias, sin obviar la utilidad de nuevos adornos y nuevos atractivos académicos y mediáticos.
La verdad es que el tema requiere ser enfrentado con fórmulas mucho más consistentes.
Porque los vicios y las deformaciones de la PN son muy profundas y están ideológicamente muy arraigados dentro de una institución enmarcada dentro de un orden constitucional y una hegemonía social y política perversa, que la alimenta y protege.
Cambian los jefes, se anuncian reformas y depuraciones, y finalmente el “cuerpo del orden” (más bien de desorden) no cambia su conducta institucionalmente delictiva y despótica, apoyada en un sistema de ideas y en un conjunto de métodos y operativos que periódicamente se reciclan.
A los nuevos jefes se le colma de elogios y éstos, junto a los nuevos Presidentes, se comprometen a convertir la institución en algo ejemplar; pero las supuestas reformas y/o “transformaciones” no pasan de remiendo, poses y palabras que no modifican la esencia del cuerpo policial.
- Primero la voluntad disolver y concomitantemente de crear lo nuevo.
El tema viene de lejos y debo decir que desde hace varias décadas venimos planteando la necesidad de un plan que procure disolver progresivamente la Policía Nacional y reconstituirla sobre nuevas bases y nuevos valores; a los compases de un proceso constituyente que posibilite refundar el Estado dominicano, cada vez más degradado y gansterizado.
Solo así como se podría reconstituir, refundar una policía con características totalmente diferentes a la actual.
Dentro de esta institucionalidad ha sido imposible lograr una Policía Civil con una fuerte capacidad preventiva y de investigación, educada en el respeto a los derechos individuales y colectivos, bien formada en materia de derechos humanos y en el respeto inconmovible a la naturaleza no humana (a la Madre Tierra) y, además, colectivamente dotada de convicciones democráticas, libre de hostilidades hacia el resto de los civiles, de racismo anti-haitiano, de machismo, de desprecio a los menores y de conductas clasistas aberrantes; sujeta al control y fiscalización social desde las bases populares y con normas y mecanismos que impidan complicidades con la parte de su membrecía que ose delinquir y abusar de sus funciones.
Esto exige investigar y clasificar previamente su matrícula actual para solo incorporar a la nueva entidad sus componentes no corrompidos, con reales capacidad para reeducarse.
Exige definir los nuevos valores y métodos que deben predominar en la nueva mentalidad y el nuevo proceder policial en su relación con la sociedad.
Eso no se logra con depuraciones circunstanciales e interesadas que dejan intacta la esencia anti-democrática y delictiva de ese cuerpo encargado del orden y la seguridad ciudadana.
No se logra sacando sectores corrompidos o desafectos, preservando y protegiendo a otros de igual calaña, y garantizándole impunidad a todos, dentro y fuera de la institución.
- Retiros premiados.
Es muy común que ex jefes y altos oficiales policiales, comprometidos con corrupción y homicidios, puestos en retiro, sean a la vez propietarios de compañías privadas de seguridad y de otro tipo de empresas, y pasen a formar parte de los clanes políticos, grupos económicos, movimientos electorales y equipos de seguridad del liderazgos político tradicional y de ex-presidentes de la Republica,
Los ex presidentes y postulante a la presidencia, convertidos en candidatos permanentes y en jefes de partidos o de facciones de la partidocracia, gustosa y descaradamente incluyen en sus equipos y les brindan protección, cargos y complicidades empresariales a generales y coroneles de una tradición policial sangrienta conectada con todo tipo de corruptelas.
Pasó con Balaguer, Leonel, Hipólito y Danilo, y vuelve a pasar con Abinader y su PRM; bendecida su obra y sus beneficiarios por Obispos y Pastores (algunos de Capellanes con rangos de de coroneles y generales), bajo sobornos de los magnates del CONEP, de la Cámara Americana y la Cámara Minera y sus corporaciones transnacionales… sin faltar las donaciones de villas y mansiones como la que disfruta en Casa de Campo, por obra y gracia del Banco Popular, el General (r) Pedro de Jesús Candelier, e incluidas también las sub-contratas multimillonarias a favor del famoso jefe de los “cirujanos”, General (r) Guzmán Fermín, los dos principales líderes de las “ejecuciones extrajudiciales”.
Con esos precedentes, por más que se hable de reformas, en los nuevos jefes -aun con títulos de Directores a secuencia de una de esas “reformas”– las mismas inconductas no tardan en repetirse; nueva vez protegidos y bendecidos por una “clase política”, un poder mediático, una cúpula empresarial que controla el CONEP y una alta jerarquía eclesial ultra-conservadora (católica y evangélica), no precisamente dechadas de virtudes ética-morales, ni tan ajenas a ciertos negocios y privilegios turbios.
Y vaya coincidencia: un encumbrado representante del CONEP y LECHE RICA (no precisamente en proteínas), una alta figura de los agro-tóxicos de FERSAN y la oligarquía tradicional, ciertas intermediaciones del Banco Popular y del Grupo Estrella y de la nueva oligarquía de Santiago (socia de Agripino), y dos jerarcas de las dos principales corrientes religiosas empeñadas en hacer de un Estado supuestamente laico un Estado totalmente confesional….copan y controlan la nueva “Comisión Transformadora de la P.N.”, junto a destacados profesionales afiliados al neoliberalismo y al servicio de las privatizaciones; sin que falten, para darle “caché” al anuncio, prestigiosas figuras de la comunicación y la academia, sin poder de decisión y al parecer seducidas por falsas ilusiones abinerianas.
Todos/as compelidos por el Ejecutivo a no sobrepasar el marco legal y constitucional que define el tipo de Estado y de Policía, que inexorablemente terminan siendo parte del poder delincuente bajo influencia determinante del lumpen capitalismo de estos tiempos, cuyos centros de mando son los que en fin de cuentas bajo tutela imperial definen e instrumentan las reformas superficiales para retomar oxigeno.
Todos limitados a hacer análisis y propuestas que le tocará al Consejo Superior Policial, a sus jefes palaciegos y a sus tutores imperialistas decidir.
Pero esta hábil maniobra, con fuerte tono de show mediático de larga duración, no hay manera de que paso a paso no evidencie sus entrañas fraudulentas.
- Policía e institucionalidad.
Una Policía alternativa a la actual exige un cambio constitucional profundo que implica una refundación o reconstitución del Estado actual, de sus instituciones electivas y permanentes, mediante un proceso constituyente.
Con esta Constitución del 2010, este Congreso, estas instituciones, no es posible crear una nueva policía, que supere las lacras que corroen la actual.
El país necesita de otras reglas de juego, de una Constitución que garantice instituciones muy distintas a las actuales, incluida una Policía Nacional, que en lugar de factor negador de derechos, promotor y protector de delitos y de violencia, sea fuente de justicia y seguridad ciudadana.
Esto no es posible de lograr sin una hegemonía socio-política diferente y un rol destacado de las comunidades en el contexto de una verdadera democracia, que no es precisamente la mutilada democracia representativa-dependiente de EEUU; proclive a generar instituciones policiales como la que tenemos; a consecuencia sobre todo de negación de soberanía nacional y popular.
Los modelos policiales que se construyen en contextos parecidos a nivel continental y mundial adolecen de los mismos males.
Han pasado cosas parecidas con las policías de países con mucho más recursos, como EEUU, Brasil, México… Y ni la industria del cine de Hollywood ha podido ocultar lo que acontece en el Norte Revuelto y Brutal en materia de criminalidad policial.
En el marco de ese modelo de “democracia”, los cuerpos policiales encargados de perseguir el delito terminan separándose del resto de la sociedad y contaminándose. Se corrompen y usan su poder y su asociación con mafias políticas y empresariales para auto-protegerse y generar regímenes de impunidad.
Aquí la Constitución del 2010 establece un sistema constitucional cerrado, en el que solo él mismo, su propio Congreso convertido en Asamblea Revisora y comprometido con la corrupción estatal, es quien introduce y aprueba las modificaciones constitucionales. Los únicos cambios posibles son los que el propio sistema degradado tolere.
De ahí la necesidad imperiosa de vincular la reconstitución de la P.N. a la refundación del Estado a través de un proceso constituyente que incluya el Poder Constituyente que lo impulse y la Asamblea Constituyente Popular y Soberana capaz de crear lo nuevo y diferente; capaz de redefinir las nuevas bases constitucionales, las nuevas instituciones y los nuevos cuerpos y sistemas de seguridad ciudadana, fiscalización y control social, en los que el poder de las comunidades de base está llamado a jugar un papel protagónico insustituible.
En fin, el reto es crear democracia real, no usurpada ni usurpable por la partidocracia ni por las cúpulas empresariales, eclesiales y militares, que constantemente la degradan y corrompen.
Por Isaías Ramos
San Juan habló.
El Presidente entendió.
Ahora el Estado debe actuar.
El proyecto minero Romero ya no es un simple expediente ambiental: es una prueba de soberanía, autoridad institucional y respeto a la Constitución.
San Juan no se levantó contra la inversión ni contra el progreso. San Juan se levantó por el agua. Y cuando un pueblo se levanta por el agua, defiende la vida.
En un Estado Social y Democrático de Derecho, la inversión es bienvenida, pero subordinada a la dignidad humana, al interés general, al agua, al ambiente sano y a la soberanía popular.
El presidente Luis Abinader acertó al paralizar las actividades vinculadas al proyecto. Respondió a una realidad inocultable: una provincia agrícola, hídrica y movilizada rechazó un proyecto extractivo que percibe como amenaza a sus ríos y agricultura.
Las declaraciones de la empresa, afirmando que no se da por vencida y que buscará diálogo, pueden sonar diplomáticas; pero después de una decisión presidencial, pueden leerse como desafío elegante, presión calculada y gesto improcedente ante una comunidad que ya habló.
La empresa tiene derecho al debido proceso y a una respuesta formal. Pero no tiene derecho a desconocer la voluntad social ni a tratar el rechazo popular como obstáculo vencible con comunicación estratégica.
En República Dominicana la inversión no está por encima de la Constitución. Una concesión no es soberanía. Un permiso no es carta blanca. Una exploración no es derecho adquirido a explotar. Y un estudio de impacto ambiental no puede convertirse en antesala inevitable de una mina rechazada por el territorio.
El artículo 8 ordena al Estado proteger los derechos de las personas y crear condiciones para el desarrollo humano. La Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, esencial para la vida, y ordena proteger el ambiente sano para presentes y futuras generaciones.
Si una permisología de exploración o evaluación ambiental avanza ignorando la vocación agrícola, la fragilidad hídrica, la ausencia de licencia social y el rechazo masivo, contradice la Ley General de Medio Ambiente y el mandato superior de la Constitución.
La Ley Ambiental nació para prevenir, informar, consultar, restaurar y aplicar el principio de precaución. Cuando existe riesgo grave para el agua, la salud y la vida comunitaria, la falta de certeza absoluta no puede usarse como excusa para avanzar.
San Juan ya respondió la pregunta de fondo: agua sí, oro no.
A quienes defienden con ligereza la explotación industrial de oro habría que pedirles algo más que entusiasmo económico y frases sobre “minería responsable”: que citen, en cualquier lugar del mundo, con nombre, país, fecha y evidencia independiente, un caso de explotación aurífera industrial que no haya provocado daño ambiental significativo o irreversible, afectación hídrica comprobada, relaves peligrosos no remediados, deterioro neto de ecosistemas o pasivos pagados por comunidades; y que además haya dejado a su pueblo mejor, más seguro y más próspero, descontados los costos ambientales, sociales, hídricos y de remediación.
En República Dominicana la prudencia debe ser mayor: somos parte de una isla, con ríos cortos, acuíferos frágiles y montañas interconectadas. Aquí un error ambiental no queda aislado: baja al valle, afecta la agricultura y compromete agua sin sustituto. El oro se exporta y se agota; el agua y los suelos fértiles no se recuperan con discursos.
Si existe en el mundo un ejemplo incuestionable de explotación industrial de oro sin daño ambiental significativo, afectación hídrica, relaves peligrosos, deterioro neto del territorio ni pasivos comunitarios, que lo presenten. Y si no existe, que no nos pidan fe donde corresponde aplicar prudencia constitucional.
República Dominicana necesita una nueva Ley de Minería nacida de la Constitución, no extractivista: una ley que ponga el agua por encima del oro, la cuenca por encima del polígono minero y la comunidad por encima del contrato. Debe declarar zonas incompatibles con minería metálica y exigir garantías reales, cierre, post-cierre, monitoreo independiente, transparencia y participación ciudadana efectiva.
Que nadie confunda la paralización anunciada con victoria definitiva. El pueblo debe mantenerse vigilante hasta que las aguas se aclaren; hasta que la decisión sea formalizada y blindada; hasta que se legisle una Ley de Minería armónica con la Constitución; y hasta que ninguna empresa use la permisología como escalera hacia una explotación que el territorio ya rechazó.
Desde el Foro y Frente Cívico y Social impulsaremos una ruta cívica, jurídica e institucional: solicitudes para que ningún expediente avance sin transparencia, motivación legal y control ciudadano; estudio de una acción constitucional contra normas mineras incompatibles con el Estado Social y Democrático de Derecho; y convocatoria a una vigilancia nacional por el agua. Esta no es causa de un grupo: es causa de país.
En un país donde la partidocracia tantas veces ha abandonado al pueblo, la vigilancia ciudadana no es desconfianza gratuita: es deber patriótico. Hoy resuena aquella advertencia: “Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”.
En el Foro y Frente Cívico y Social entendemos que la mayor riqueza de una nación no está debajo de la tierra. Está en su gente, en su agua, en sus alimentos, en su educación, en su soberanía alimentaria y energética, y en su ciudadanía despierta.
San Juan habló.
El Presidente entendió.
La Constitución manda.
El pueblo debe vigilar.
Agua sí, oro no.
Ya basta de improvisar. Es tiempo de gobernar.
(Segunda entrega)
Por Oscar López Reyes
La publicidad digital (información procesada) ha prosperado, crecidamente como flor en primavera, por su exclusiva y ventajosa preferencia en el raudal de su automatización (función autónoma) y democratización tanto de su cobertura como del bajo costo presupuestario. Ha escalado un eslabón preeminente (por su cuantía y repetida difusión) del edificio mercadológico y sacudido la alfombra de los modelos de negocios comunicacionales. Se desplaza imparable…
En el universo hiperconectado y el cambio de mentalidades, el aforo de la digitalización experimenta un crecimiento de doble dígito, y lidera el gasto publicitario de República Dominicana, por ser más económica, por su precisa segmentación de audiencias, formato multimedia (texto, imagen y video), alcance global y por ser medible en tiempo real.
Reforcemos las palabras con cifras verificables: En 2025, la inversión publicitaria general de República Dominicana fue de 38 mil 645 millones de pesos, y la insertada en 583 medios oneline (redes sociales, buscadores y sitio web) fue 4 mil 600 pesos, que representó el 12%.
Los nuevos portales, blogs y nativos emergentes han logrado un gran alcance, y en el 2026 el 70% de la población dominicana incursiona en redes sociales, que la corona como el canal tecnológico dominante de interacción diaria, con una elevada inversión de tiempo.
Ese auge en apenas tres décadas se ha afianzado porque el consumo de noticias ha emigrado preponderantemente a redes sociales y portales digitales. Cerca del 90% de la población dominicana tiene acceso al servicio de internet, especialmente a través de la conexión celular, y más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años la usa como su dieta alimenticia.
Empero, esa expansión se coloca muy por debajo del mercado planetario, que en el 2025 acumuló entre el 69% y el 73% de la inversión publicitaria global, lo que significa que los offlines o tradicionales (prensa escrita, radio, televisión y vallas/carteles) cuentan con un 30% de audiencia.
La publicidad en la red gira en el espinazo de algoritmos cambiantes, subastas y un ecosistema sofisticado y engorroso, en torno a por lo menos diez núcleos centrales:
1.- Contenido temático estratégico
La publicidad de contenido digital crea, edita y difunde narrativas emocionantes y motivantes sobre una marca, para posibilitar la acción de compra y fidelizar a audiencias preseleccionadas.
2.- Segmentación personalizada
Separar a clientes conquistados en grupos más pequeños y homogéneos (remarketing) para interactuar sobre el producto en plataformas definidas, a fin de lograr empatía, aumentar las visitas y detener a esos usuarios.
3.- Diversidad de espectro/plataformas
Las plataformas se fragmentan en cinco facetas: 1) Redes sociales, como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram, LinkedIn, X (Twitter) y WeChat, Comunicación en tiempo real; 2) Streaming: Netflix, Disney, HBO Max, Prime Video y Apple TV+; 3) Comercio Electrónico (E-commerce) Amazon, Shopify, Mercado Libre, Tiendanube yHotmart; 4) Educación Virtual y E-learning (LMS), y 5) Trabajo y Almacenamiento en la Nube.
4.- Interacción dinámica conversacional
Interlocutores emplean el diálogo explicativo personalizado —por redes sociales, WhatsApp o chatbots— para despejar dudas, explicar procesos y generar confianza en la línea para guiar hacia el acto de compra.
5.- Tipos de publicidad de mensajes
Los textos persuasivos son diseñados para convencer a los usuarios sobre los plus de los bienes y servicios, en las esferas informativa/educativa, afectiva/sentimental, narrativa/memorable, racional e inspiracional. Abarca Marketing en Buscadores (SEM), Social Ads, Display (banners), Nativa, Video, Email Marketing, Programática, Retargeting/Remarketing, Marketing de Influencer y Marketing de Afiliación.
6.- Clases de formatos innovadores
Los formatos de documento, imagen, video y audio en dispositivos electrónicos almacenar y optimizan bases de datos, editan y mejoran la calidad de fotografías, gráficos y web, la animación y la impresión.
7.- Flexibilidad con cambios inmediatos
La publicidad digital facilita cambios inmediatos, el perfeccionamiento del mensaje, el movimiento de presupuestos de un canal a otro y la maximización automatizada para rehuir al cansancio de la audiencia.
8.- Alto alcance/cobertura de la campaña
El anuncio o campaña sobre una marca o servicio es oído o visto por una inmensidad de receptores (alto alcance), en extensos territorios geográficos o segmentos de un mercado (alta cobertura), para su mejor posicionamiento.
9.- Menor costo de producción y difusión
Son reducidos y eficientes los costos tanto de producción como de divulgación de los mensajes, por plataformas de nichos con creativos visuales de alta calidad, sin necesidad de contratar costosas agencias publicitarias.
10.- Facilidad para medir resultados
Las auditorías, que por métricas miden en tiempo real la tasa de clics de usuarios que han visitado la web y la efectividad del mensaje, factor básico para reajustar la campaña y cuantificar la rentabilidad de la inversión.
Como perciben sus ojos, la comunicación social en tanto disciplina científica ha parido un área, la publicidad digital (vinculada también con el marketing), que se sustenta en la investigación, el conocimiento sistemáticamente estructurado, los diseños, los cálculos y estadísticas, las ciencias de datos, los modelos predictivos y la inteligencia artificial.
Al ritmo apresurado en que la publicidad digital evoluciona, conceptual y tecnológicamente, los sitios web, blogs, redes sociales y otros nativos digitales, desplazan a los periódicos impresos, que están siendo instalados en las páginas web; el podcast a la radio tradicional y el streaming y YouTube a la televisión por cable y abierta.
Excluyendo los clics falsos y fraudes publicitarios, la propagación de datos privados, los ruidos por la sobrecarga de información/anuncios y las continuas modificaciones en los algoritmos de las plataformas –susceptibles de disminuir las metas propuestas- la publicidad digital seguirá agrandando su panza. En la multimedia interactiva descansa el futuro y los anunciantes preferirán, en la lógica rentable empresarial, a las altas audiencias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
Por Rommel Santos Diaz
Además, para ser admisible, cada uno deberá ser ¨ de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte Penal Internacional¨. Quedan excluidos los casos fuera de lo habitual en los que la gravedad de los hechos específicos no deja de ser secundaria.
Al evaluar la admisibilidad de un caso, la Fiscalía estudiará el daño ambiental causado por el crimen. Aunque la determinación de la gravedad de los crímenes ambientales se centra a menudo en los daños sufridos por humanos como consecuencia de un daño ambiental, también podrán considerarse los daños sufridos por el medio ambiente en sí, tal como ocurre cuando un crimen ocasiona un daño a gran escala en un ecosistema no utilizado por humanos con fines de subsistencia.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional también tendrá en cuenta factores de orden estrictamente ambiental al determinar la gravedad, entre ellos factores de escala, naturaleza e impacto:
Escala: el número de víctimas humanas y no humanas directa e indirectas o el alcance geográfico o temporal del daño ambiental.
Naturaleza: si se cometieron daños ambientales contra víctimas marginadas o en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres, menores, personas mayores, personas con discapacidad, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y campesinos, o si estas víctimas se vieron especialmente afectadas.
Impacto: magnitud del daño, desde el punto de vista integral y con inclusión de los daños irreversibles y a largo plazo, v vista de manera acumulativa cuando se ha cometido una serie de actos de daño ambiental causado al entorno natural , con independencia de su efecto antropocéntrico ; el efecto intergeneracional del daño ambiental en la vida humana; y el daño social, cultural, psicológico, religioso, espiritual o socioeconómico especifico infligido por los crímenes ambientales, en particular a grupos o personas con vulnerabilidades interseccionales.