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Opinión

El reto de disolver y reconstituir la Policía Nacional

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Narciso Isa Conde

La actual Policía Nacional no está en condiciones de garantizar la denominada seguridad ciudadana, más bien es uno de los grandes factores de inseguridad, violencia y negación de derechos colectivo e individuales.

Esta Policía no es reformable, menos aún “transformable”, como prometen y anuncian el gobierno de Abinader-PRM, sus mega-millonarios y todas sus  fuerzas de sustentación.

Su corrupción y criminalidad son estructurales, forman parte de un sistema propio y de una realidad estatal estrechamente relacionada con las características de la clase dominante-gobernante dominicana y transnacional, y del sistema de partidos; y alimentada, además, por los grandes déficits de democracia, participación y control desde la sociedad.
  • Otro engañoso.

La composición de la comisión recientemente encargada de esa mal llamada “transformación” es quizás la muestra más elocuente de que se trata de otro gran show mediático diversionista.

 Nueva vez se apela a las disfuncionales comisiones  de “notables”, con hegemonía de quienes periódicamente remodelan la misma dominación; copada en cada caso  por grandes capitalistas y figuras de las iglesias, sin obviar la utilidad de nuevos adornos y nuevos atractivos académicos y mediáticos.

 La verdad es que el tema  requiere ser enfrentado con fórmulas mucho más consistentes.

Porque los vicios y las deformaciones de la PN son muy profundas y están ideológicamente muy arraigados dentro de una institución enmarcada dentro de un orden constitucional y una hegemonía social y política perversa, que la alimenta y protege.

Cambian los jefes, se anuncian reformas y depuraciones, y finalmente el “cuerpo del orden” (más bien de desorden) no cambia su conducta institucionalmente delictiva y despótica, apoyada en un sistema de ideas y en un conjunto de métodos y operativos que periódicamente se reciclan.

A los nuevos jefes se le colma de elogios y éstos, junto a los nuevos Presidentes, se comprometen a  convertir la institución en algo ejemplar; pero las supuestas reformas y/o “transformaciones” no pasan de remiendo, poses y palabras que no modifican la esencia del cuerpo policial.

  • Primero la voluntad disolver y concomitantemente de crear lo nuevo.             

El tema viene de lejos y debo decir que desde hace varias décadas venimos planteando la necesidad de un plan que procure disolver progresivamente la Policía Nacional y reconstituirla sobre nuevas bases y nuevos valores; a los compases de un proceso constituyente que posibilite refundar el Estado dominicano, cada vez más degradado y gansterizado.

Solo así como se podría reconstituir, refundar una policía con características totalmente diferentes a la actual.

Dentro de esta institucionalidad ha sido imposible lograr una Policía Civil con una fuerte capacidad preventiva y de investigación, educada en el respeto a los derechos individuales y colectivos, bien formada en materia de derechos humanos y en el respeto inconmovible a la naturaleza no humana (a la Madre Tierra) y, además, colectivamente dotada de convicciones democráticas, libre de hostilidades hacia el resto de los civiles, de racismo anti-haitiano, de machismo, de desprecio a los menores y de conductas clasistas aberrantes; sujeta al control y fiscalización social desde las bases populares y con normas y mecanismos que impidan complicidades con la parte de su membrecía que ose delinquir y abusar de sus funciones.

Esto exige investigar y clasificar previamente su matrícula actual para solo incorporar a la nueva entidad sus componentes no corrompidos,  con reales capacidad para reeducarse.

Exige definir los nuevos valores y métodos que deben predominar en la nueva mentalidad y el nuevo proceder policial en su relación con la sociedad.

Eso no se logra con depuraciones circunstanciales e interesadas que dejan intacta la esencia anti-democrática y delictiva de ese cuerpo encargado del orden y la seguridad ciudadana.

No se logra sacando sectores corrompidos o desafectos, preservando y protegiendo a otros de igual calaña, y garantizándole impunidad a todos, dentro y fuera de la institución.

  • Retiros premiados.

Es muy común que ex jefes y altos oficiales policiales, comprometidos con corrupción y homicidios, puestos en retiro, sean a la vez propietarios de compañías privadas de seguridad y de otro tipo de empresas, y pasen a formar parte de los clanes políticos, grupos económicos, movimientos electorales y equipos de seguridad del liderazgos político tradicional y de ex-presidentes de la Republica,

Los ex presidentes y postulante a la presidencia, convertidos en candidatos permanentes y en jefes de partidos o de facciones de la partidocracia, gustosa y descaradamente incluyen en sus equipos y les brindan protección, cargos y complicidades empresariales a generales y coroneles de una tradición policial sangrienta  conectada con todo tipo de corruptelas.

Pasó con Balaguer, Leonel, Hipólito y Danilo, y vuelve a pasar con Abinader y su PRM; bendecida su obra y sus beneficiarios por Obispos y Pastores (algunos de Capellanes con rangos de de coroneles y generales), bajo sobornos de los magnates del CONEP, de la Cámara Americana y la Cámara Minera y sus corporaciones transnacionales… sin faltar las donaciones de villas y mansiones como la que disfruta en Casa de Campo, por obra y gracia del Banco Popular, el General (r) Pedro de Jesús Candelier, e incluidas también las sub-contratas multimillonarias a favor del famoso jefe de los “cirujanos”, General (r) Guzmán Fermín, los dos principales líderes de las “ejecuciones extrajudiciales”.

Con esos precedentes, por más que se hable de reformas, en los nuevos jefes -aun con títulos de Directores a secuencia de una de esas “reformas”– las mismas inconductas no tardan en repetirse; nueva vez protegidos y bendecidos por una “clase política”, un poder mediático, una cúpula empresarial que controla el CONEP y una alta jerarquía eclesial ultra-conservadora (católica y evangélica), no precisamente dechadas de virtudes ética-morales, ni  tan ajenas a ciertos negocios y privilegios turbios.

Y vaya coincidencia: un encumbrado representante del CONEP y LECHE RICA (no precisamente en proteínas), una alta figura de los agro-tóxicos de FERSAN y la oligarquía tradicional, ciertas intermediaciones del Banco Popular y del Grupo Estrella y de la nueva oligarquía de Santiago (socia de Agripino), y dos jerarcas de las dos principales corrientes religiosas empeñadas en hacer de un Estado supuestamente laico un Estado totalmente confesional….copan y controlan la nueva “Comisión Transformadora de la P.N.”, junto a destacados profesionales afiliados al neoliberalismo y al servicio de las privatizaciones; sin que falten, para darle “caché” al anuncio, prestigiosas figuras de la comunicación y la academia, sin poder de decisión y al parecer seducidas por falsas ilusiones abinerianas.

Todos/as compelidos por el Ejecutivo a no sobrepasar el marco legal y constitucional que define el tipo de Estado y de Policía, que inexorablemente terminan siendo parte del poder delincuente bajo influencia determinante del lumpen capitalismo de estos tiempos, cuyos centros de mando son los que en fin de cuentas bajo tutela imperial definen e instrumentan las reformas superficiales para retomar oxigeno.

Todos limitados a hacer análisis y propuestas que le tocará al Consejo Superior Policial, a sus jefes palaciegos y a sus tutores imperialistas decidir.

Pero esta hábil maniobra, con fuerte tono de show mediático de larga duración, no hay manera de que paso a paso no evidencie sus entrañas fraudulentas.

  • Policía e institucionalidad.

Una Policía alternativa a la actual exige un cambio constitucional profundo que implica una refundación o reconstitución del Estado actual, de sus instituciones electivas y permanentes, mediante un proceso constituyente.

Con  esta Constitución del 2010, este Congreso, estas instituciones, no es posible crear una nueva policía, que supere las lacras que corroen la actual.

El país necesita de  otras reglas de juego, de una Constitución que garantice instituciones muy distintas a las actuales, incluida una Policía Nacional, que en lugar de factor negador de derechos, promotor y protector de delitos y de violencia, sea fuente de justicia y seguridad ciudadana.

Esto no es posible de lograr sin una hegemonía socio-política diferente y un rol destacado de las comunidades en el contexto de una verdadera democracia, que no es precisamente la mutilada democracia representativa-dependiente de EEUU; proclive a generar instituciones policiales como la que tenemos; a consecuencia sobre todo de negación de soberanía nacional y popular.

Los modelos policiales que se construyen en contextos parecidos a nivel continental y mundial adolecen de los mismos males.

Han pasado cosas parecidas con las policías de países con mucho más recursos, como EEUU, Brasil, México… Y ni la industria del cine de Hollywood ha podido ocultar lo que acontece en el Norte Revuelto y Brutal en materia de criminalidad policial.

En el marco de ese modelo de “democracia”, los cuerpos policiales encargados de perseguir el delito terminan separándose del resto de la sociedad y contaminándose. Se corrompen y usan su poder y su asociación con mafias políticas y empresariales para auto-protegerse y generar regímenes de impunidad.

Aquí la Constitución del 2010 establece un sistema constitucional cerrado, en el que solo él mismo, su propio Congreso convertido en Asamblea Revisora y comprometido con la corrupción estatal, es quien introduce y aprueba las modificaciones constitucionales. Los únicos cambios posibles son los que el propio sistema degradado tolere.

De ahí la necesidad imperiosa de vincular la reconstitución de la P.N. a la refundación del Estado a través de un proceso constituyente que incluya el Poder Constituyente que lo impulse y la Asamblea Constituyente Popular y Soberana capaz de crear  lo nuevo y diferente; capaz de redefinir las nuevas bases constitucionales, las nuevas instituciones y los nuevos cuerpos y sistemas de seguridad ciudadana, fiscalización y control social, en los que el poder de las comunidades de base está llamado a jugar un papel protagónico insustituible.

En fin, el reto es crear democracia real, no usurpada ni usurpable por la partidocracia ni por las cúpulas empresariales, eclesiales y militares, que constantemente la degradan y corrompen.

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Opinión

Masacre en el Masacre

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Por Narciso Isa Conde

Duramente maltratados por cínicos continuadores de ese escarnio, aferrados como lapas al poder y al dinero.

El Masacre se pasa a pié.

Hubo una vez masacre en el Masacre: 1937,

¿Más cambios?
¿Más cambios?
…masacre por simplemente cruzarlo a pié.

A pié y descalzo,

Dos Minutos: ¿De qué hablará Abinader?
Dos Minutos: ¿De qué hablará Abinader?
…con estampa africana y mochilas cargadas de pobreza y sufrimientos coloniales.

Negros, negras, negritos y negritas, empobrecidos, a pie…

Infantes nutridos de tierra y lombrices…

Mujeres barrigonas y no por obra y gracia del espíritu santo,

…acosadas, arrestadas, deportadas,

…abandonados.

No han cesado desde entonces la masacre por cruzar el Masacre…

…gota a gota a gota de sangre y de dolor.

¡Cuánto dolor y por tanto tiempo!

¡Cuántas lágrimas amargas por cruzar el Masacre a pié!

No se detiene el calvario de esclavos y esclavas libertas.

Siguen sometidos/as al cruel aprecio y desprecio de la esclavitud del capital y el coloniaje “modernizado”.

No cesa el nuevo e infernal apartheid.

Continúan obligados a ser propiedad ilegalizada.

Seres humanos apropiados y perseguidos a la vez.

Duramente maltratados por cínicos continuadores de ese escarnio, aferrados como lapas al poder y al dinero.

¡Todavía!

85 años después.

¡Racismo a granel!

Cuidado, cuidado…

¡Mucho cuidado!

Que andan sueltos y ajitos de odios, vestidos de patriotas!

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Opinión

La coherencia diplomática

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Por Miguel Guerrero

La anunciada y pendiente decisión del presidente Luis Abinader de trasladar la sede de la embajada dominicana a Jerusalén, donde funcionó desde su instalación hasta 1980, sería una medida coherente con la diplomacia que la nación ha mantenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y en particular con la nación hebrea.

Desde la creación del estado judío, en virtud de una resolución adoptada por Naciones Unidas en 1947, las naciones que votaron a favor de ella instalaron su sede en la capital histórica israelí. La resolución fue adoptada en noviembre de 1947en un esfuerzo de la comunidad internacional para solucionar el creciente conflicto entre árabes y judíos en la zona de Palestina, con la aprobación a favor de crear allí dos estados, un judío y otro árabe palestino.

Los primeros crearon el suyo, el 14 de mayo siguiente, tras la salida de las tropas británicas, el último poder colonial en la región. Los palestinos se negaron y con el respaldo de la Liga Árabe, financiada por los británicos y dirigida por un general inglés, y varios países vecinos árabes, intentaron abortar la creación de Israel agravando un conflicto que dura hasta hoy.

En las guerras formales posteriores, la de 1966, la del Iom Kippur, y en las llamadas intifadas, Israel ha logrado sobrevivir y crecer convirtiéndose en una potencia económica y científica regional a pesar de sus escasos recursos económicos, incomparables con las enormes posesiones petroleras de los estados árabes beligerantes que le rodean y le hostigan permanentemente.

Hoy todo parece estar cambiando y por lo menos varios estados árabes han establecido ya vínculos con Israel y varias naciones, incluyendo Estados Unidos han anunciado el trasladado de su sede a Jerusalén, las cuales la habían movido por presiones árabes después de la guerra del Iom Kippur. La decisión no cumplida todavía de Abinader es correcta y coherente con la diplomacia dominicana tras la Segunda Guerra mundial.

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Haití: tragedia allá y aquí

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Pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Se sabe bien que Haití experimenta un proceso de deterioro económico, político y social profundo y continuo. La culpabilidad va a una larga historia de explotación externa e interna que cada día importa menos, porque, aunque los problemas abundan en el mundo, en muchos países se han logrado avances, no retrocesos constantes como en Haití.

Allá no hay una economía ni un gobierno funcional, las condiciones de vida de la inmensa mayoría son espantosas, y, ante la falta de gobierno, las pandillas compiten violentamente por control del territorio.

Es entendible pues que la mayoría de los haitianos quiera emigrar. En la República Dominicana, donde las condiciones de vida son significativamente mejores, mucha gente también quiere emigrar.

Desde siempre, la República Dominicana ha promovido un sistema económico de superexplotación de la fuerza de trabajo.

El éxodo de dominicanos al exterior y a las ciudades dominicanas fue vaciando el campo y la mano de obra dominicana fue reemplazada por inmigrantes haitianos. Antes de 1980 era solo en el azúcar; luego en toda la agricultura. Hoy los inmigrantes haitianos cultivan la mayoría de los alimentos que consumimos y exportamos.

Lo mismo sucede con la construcción, un sector que busca mano de obra dispuesta a trabajar por bajos salarios, en horarios largos y de gran exposición al sol. El boom del sector construcción de los últimos 40 años se ha fundamentado en el uso de mano de obra haitiana.

Por más explotados que sean aquí, las condiciones de vida en Haití son tan deplorables, que prefieren venir. Y por más rechazados que los haitianos sean aquí, muchos empresarios dominicanos se han hecho adictos a esa mano de obra barata y sin derechos.

Así se fue gestando el desastre migratorio aquí.

La fórmula dominicana ha sido emplear los haitianos y siempre negarles derechos de residencia. El discurso de rechazo hacia esos inmigrantes es esencial para mantener ese sistema de explotación. Es una fórmula económica y política perversa, independientemente de cuán mal vivirían los haitianos en su país si estuvieran allá.

La Constitución de 2010 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 establecieron en la legislación dominicana la imposibilidad de que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano a partir de 1929 sean dominicanos (la Ley 169-14 logró la excepción para un pequeño grupo que había recibido acta de nacimiento antes de 2010).

O sea que, en la República Dominicana, mientras la economía siga demandando mano de obra barata haitiana sin derechos, seguirá creciendo la cantidad de descendientes de inmigrantes haitianos indocumentados que han nacido aquí, pero nunca podrán tener derechos legales para vivir aquí.

Ni el muro ni las marchas resuelven eso, ni mucho menos el discurso seudo patriótico que ha servido siempre de soporte ideológico a la superexplotación de la fuerza laboral haitiana en la República Dominicana.

Quienes verdaderamente amen este país deberían pensar racionalmente en cómo controlar efectivamente la migración indocumentada y qué hacer con tantos hijos de inmigrantes indocumentados que nacen y se crían aquí y nunca podrán ser dominicanos con derechos.

Es tragedia de lado y lado

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