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Opinión

El salario: ¡alguien se queda con lo que no le corresponde!

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Por Miguel Ceara

La ganancia se define como un excedente determinado por la diferencia entre el salario y el valor de lo producido, de manera que salario y ganancia son interdependientes.

El salario es y ha sido el precio de ajuste de la economía desde que se registran cifras macroeconómicas. Aunque esta función la ha asumido bajo diferentes circunstancias y diferentes lógicas de acumulación.

Para entender este rol hay que explicar la mecánica de distribución del ingreso, es decir, la definición como categorías de análisis económico del salario y la ganancia, así como explicar su nivel y movimiento.

Dos teorías explican el salario y la ganancia

Hay dos grandes corrientes de pensamiento que definen, explican las reglas del movimiento del salario y la ganancia.

La teoría económica convencional o neoclásica habla de factores de producción, de individuos y no de sociedad, de competencia perfecta, de uso óptimo de recursos y de una tendencia al pleno empleo de esos recursos. En ese contexto se explica la retribución a cada factor productivo por su aporte al producto total (la teoría de la productividad marginal). Por lo tanto, el salario es independiente de la ganancia y viceversa, ya que los niveles de ambos se definen a partir de una “relación técnica” de manera que si varía el aporte al producto de un factor (por ejemplo, la productividad marginal del trabajo), se modifica el precio de ese factor y los precios del bien final, dejando igual la retribución de los otros factores (ganancia). En este enfoque el nivel de empleo y el salario se determinan en el mercado de trabajo por la oferta y demanda de empleos. El desempleo se asocia a un salario real elevado que el mercado puede corregir si hay flexibilidad de salario.

La teoría neoclásica considera la posibilidad de una desviación momentánea de esta regla, es decir, que un factor reciba más o menos que su aporte marginal al producto total, pero ello es momentáneo porque la competencia llevaría a que los factores productivos se muevan entre actividades económicas buscando la mayor retribución hasta un punto en donde el salario y la ganancia serían más o menos los mismos en toda la economía.

La otra teoría está asociada al pensamiento económico clásico y las escuelas económicas que se definen como heterodoxas, las cuales argumentan que no existe ningún mecanismo “automático” en la economía para alcanzar pleno empleo, de manera que la economía se ocupa de estudiar la forma de cómo se multiplica la producción material, cómo se distribuye el ingreso y en dónde se acumula el capital. Para este enfoque el salario se establece a partir de un mínimo que garantiza un cierto nivel de reproducción (por ejemplo, el salario mínimo) y se regula por la fuerza o capacidad de negociación de los trabajadores (dado el nivel de desempleo).

La ganancia se define como un excedente determinado por la diferencia entre el salario y el valor de lo producido, de manera que salario y ganancia son interdependientes. Una variación del salario se refleja básicamente en la ganancia (y viceversa) y los cambios en la distribución del ingreso se producen a través del ajuste en el producto. Los precios se fijan por el costo primo (salarios y materias primas) más un sobreprecio (mark-up) que refleje el grado de monopolio de las empresas.

En resumen, la distribución del ingreso (el nivel del salario y la ganancia) se explica por las fuerzas de cada colectivo social para reivindicar su participación en el producto o ingreso. Además, en este enfoque, el empleo depende del nivel y estructura de la demanda agregada en el corto plazo y largo plazo (gasto autónomo: exportaciones, inversión)

¿Qué ha pasado en la República Dominicana?

Sobre la base de la segunda línea de argumentación es que se puede afirmar que el salario real ha sido el precio de ajuste de la economía. Todos los demás precios de la economía aumentan (tipo de cambio, la tasa de interés, el precio de la energía, la ineficiencia del Estado, el transporte, etc.) menos el salario que se convierte en el precio de ajuste para mantener la masa y tasa de ganancia. 

En el gráfico que acompaña estas notas, aparece el índice de salario mínimo legal real desde 1930 a 2017 y se observa que el poder acquisito promedio no supera el 72% del nivel más elevado en la transición postrujillista, manteniéndose bajo por diferentes lógicas

En efecto, durante la dictadura fue para favorecer la acumulación de capital de Trujillo y sus allegados mientras que en la transición postrujillista se desataron grandes fuerzas sociales que empujaron hacia arriba el salario mínimo legal alcanzando los niveles más elevados en casi 9 décadas (1930-2017).

En la etapa siguiente de sustitución de importaciones financiado por las exportaciones tradicionales se elaboró una estrategia de políticas públicas para favorecer la acumulación industrial urbana (1969-1981) que situó el índice de salario en un 71% del nivel más alto alcanzado (1963-1968).

Luego se presentó la transición de la década del ochenta (s.XX) donde la economía registró una crisis de liquidez y de solvencia en dólares, en el marco de un severo ajuste macroeconómico y en la transición hacia la economía de los servicios, todo ello causante de dos crisis económicas (1984-85 y 1990). Los salarios reales se deprimen para generar un excedente que pagara la deuda externa y creara nuevas bases de competitividad internacional´.

A partir de la década del noventa los salarios reales se ha mantenido relativamente bajo (72% promedio del nivel de 1963-1968) como consecuencia de la economía de servicios con un cierto repunte en los últimos años, pero todavía muy por debajo de la transición postrujillo.

Entre 1950 y 2016, según cifras oficiales, el PIB ha crecido a un poco más de 5% (promedio anual) mientras que el salario mínimo legal real apenas lo ha hecho en 1.4%, es decir, se ha creado una brecha creciente de desigualdad que al día de hoy ha llevado a un salario mínimo legal de las empresas grandes no cubre el costo canasta familiar del quintil más pobre a junio de 2017. Esta situación es inaceptable desde una perspectiva económica, humana, social y de justicia, porque alguien se ha quedado con lo que no le corresponde por el uso del poder.   

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Opinión

La CIA, Mockingbird y los periodistas

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(I)

Por Oscar López Reyes

Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.

En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.

La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.

A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.

Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.

Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:

1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.

2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.

3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.

4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.

5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.

6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.

7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.

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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.

 

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Opinión

Cuando el privilegio pesa más que el salario

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Por Isaías Ramos

En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?

La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.

No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.

Primero derechos; después privilegios.

La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.

Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.

Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.

Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:

  • ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
  • ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
  • ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?

Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.

Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.

A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.

Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.

Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.

La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.

¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?

¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?

En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.

Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.

En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.

Despierta RD

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Opinión

La Corte Penal Internacional y los Tribunales Penales Internacionales  (1 de 2)

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Por Rommel Santos Díaz

A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia  y Ruanda  son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.

Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el  Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución  827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)

En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como  por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del  Tribunal Penal Internacional  para Ruanda.

La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional  para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal  hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.

De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional  que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones  de la Corte Penal Internacional.

Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.

Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas  para mantener la seguridad y la paz internacional.

Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.

Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su  independencia con respecto a dicha organización internacional.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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