Economía
“El sector privado no invierte, si el Estado no hace cumplir las leyes”
Marcos Cochón expone en la Cámara Americana de Comercio.
SANTO DOMINGO. El Estado ha retrasado las inversiones privadas en el sector eléctrico, “al no cumplir y no hacer cumplir las leyes”, dijo este miércoles Marcos Cochón, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctricas (ADIE).
Al exponer en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, en el que se refirió a la alianza público-privada en el sector eléctrico, Cochón puso como ejemplo del incumplimientos de las leyes, el hecho de que desde 1999 y hasta el presente, las empresas distribuidoras (de propiedad estatal) sólo han realizado dos licitaciones para la compra de energía: en 2001, que dio por resultado la llegada al sistema de la planta de AES Dominicana, y en 2011, “que lamentablemente fue abortado muy próximo a su culminación”.
Recordó que la institución llamada a hacer cumplir ese mandato legal es la Superintendencia de Electricidad, “la cual no ha sido capaz de llevarlo hacia adelante, a pesar de que nos conste que lo ha intentado”. Desde 2002, Cochón es gerente general de la Compañía de Electricidad de Puerto Plata (de capital privado), y en el pasado se desempeñó como superintendente de Electricidad, hasta agosto del 2000.
En los últimos 15 años, desde el proceso de capitalización de las empresas del sector eléctrico, en el sector privado “hemos invertidos más de 2,500 millones de dólares en la construcción de nuevas plantas, reestructuración de otras, mejoras de gestión de infraestructuras”, dijo. Estas inversiones han transformado la matriz de generación para hacerla menos dependiente de los derivados del petróleo, explicó. Y se pregunta: “¿Cómo se pretende que el sector privado invierta en nueva generación si no se convocan licitaciones?”.
Momento clave
Cochón se expresa de esta manera en “un momento clave”, según sus palabras, en el que se están a punto de cerrarse los contratos renegociados en 2002, denominados como Acuerdo de Madrid.
Pero, “cuando Catalina entre, alguien tendrá que salir”, dijo Rubén Bichara, vicepresidente de la estatal Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el 19 de agosto pasado, al referirse a esos contratos, y al impacto de la central a carbón que el Estado construye en Punta Catalina, con una capacidad de generación de 768.9 megavatios.
Según Cochón, es el momento clave, porque existe una sensibilidad generalizada hacia “una solución definitiva del problema”, y una “percepción de que ya hemos tocado fondo”.
En ese momento también comienza a gestarse el Pacto Eléctrico, convocado por el presidente Danilo Medina, mediante el decreto 389-14.
Iraima Capriles, directora ejecutiva del Consejo Económico, Social e Institucional (CESI), informó el martes pasado que el cinco de noviembre se realizará una reunión plenaria del Consejo para comenzar los diálogos entre sectores sobre ese pacto.
Sobre éste, Bichara dice: “En el Pacto habrá muchas ideas, (…) pero la solución es el cambio de la matriz y la ampliación de la matriz”. Y Cochón alega que “en la actualidad no existe un déficit de generación”.
Pérdidas, deudas, intereses
A pesar de la fuerte inversión que, según Cochón, ha realizado el sector privado en la generación de electricidad en el país, el empresario destaca que las perdidas de distribución ronda el 33%, cuando en la región es de 10%. Además, que el subsidio a la electricidad ha subido de 18% a 32% durante los 15 años transcurrido desde la capitalización. También observa que la deuda del Gobierno con las generadoras “ha batido el récord de los US$900 millones. Por esa deuda se paga una tasa de 12%, según Bichara.
Diario Libre
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.