Análisis Noticiosos
El Senado y la Corrupción
Por José Cabral
El Senado de la República conoció la solicitud de la Procuraduría General de la República para que se les levante la inmunidad a dos de sus miembros acusados de corrupción durante el desempeño de sus funciones públicas.
Todos los dominicanos vieron como senadores que son beneficiarios del calificativo de serio por parte de comunicadores y por personas de los diferentes sectores que conforman la vida nacional, recurrieron a argumentaciones de ley, pero definitivamente al margen de la ética.
Da deseo de llorar cuando hay que escuchar a los compañeros de los acusados de corrupción apelar a argumentaciones legales para justificar que estos legisladores, supuestamente sobornados por ODEBRECHT, mantengan su inmunidad parlamentaria y en consecuencia se paseen por el país como el que no tiene nada pendiente.
Si ciertamente ellos, Julio César Valentín, Tommy Galán y el diputado Alfredo Pacheco, están tan seguros de su inocencia ¿y por qué no renuncian a su inmunidad para que enfrenten con valentía y sin ventajas frente a los otros las acusaciones que pesan en su contra?
La respuesta cae por su propio peso, porque los imputados siempre van a recibir el apoyo de sus colegas, senadores y diputados, porque el Senado es un nido con un olor pestilente, nauseabundo, donde se anidan personajes de muy mala reputación.
Da pena y vergüenza que sea todo un Senado de la República que le de larga a una investigación de corrupción que le hace mucho daño a la República Dominicana, hoy saqueada por los que controlan el Estado, mientras la mayoría de la gente sufre de hambre, falta de salud y de una educación que deja mucho que desear.
El expediente en contra de estos legisladores se fundamenta en el enriquecimiento ilícito y a partir de ahí no es difícil establecer sus vínculos con el caso ODEBRECHT, pero que quede claro que con estos imputados en el país se puede sentar un precedente muy importante, ya que no son pocos los que han ido al Estado y no pueden sustentar la procedencia de sus fortunas económicas.
El Senado de la República, así como la Cámara de Diputados, son dos órganos del Estado, que conforman su primer poder, pero ambos están tan corrompidos que a través de los mismos no se puede pensar en enjuiciar a los delincuentes que han ido a la administración pública a llevarse lo que no es suyo.
Ambos órganos del Estado desde hace años que son un instrumento de primera fila para cometer ilícitos penales que en cualquier nación que se respete fueran muy pocos los senadores y diputados que hoy estuvieron en libertad.
Por esta razón no sorprende que los colegas de los dos senadores imputados quieran alargar el proceso y en consecuencia apelar a argumentaciones de ley que les da la razón, pero que si ellos fueran verdaderamente inocentes hace días que hubieran renunciado a la inmunidad parlamentaria para someterse al escrutinio de la justicia.
La actitud de los senadores envía un mensaje equivocado a la sociedad que clama justicia en contra de los que usan el Estado para negociar con el mejor postor, y que al final de la jornada su decisión los retrata de cuerpo entero.
Lo que se imponía en este caso era que el Senado interpusiera sus buenos oficios para que los inculpados renunciaran a su inmunidad parlamentaria y de ese modo mostraran que son veraces sus declaraciones de inocencia de los ilícitos que se les imputan.
Así hubiera sido más bonito y saludable para la sociedad.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.