Opinión
El silencio de Gorgias
Por Andrés L. Mateo
Cuando Kenneth N. Frankel entregó el título de “Estadista del año” a Leonel Fernández, me sobrevino el silencio de Gorgias.
Gorgias fue aquel personaje pintoresco del grupo de los Sofistas griegos, quien no se atemorizaba jamás ante las posibilidades de asumir en la palabra cualquier causa, sin importar que fuera verdad o mentira. Llegó a dominar de tal forma la palabra que él mismo se asustó porque podía desdibujar la realidad más concreta en virtud de un proceso de razonamiento envolvente, sustentado no en la lógica, sino en la dialéctica de una palabra mentirosa. En virtud de la fuerza de ese descubrimiento, Gorgias terminó por enmudecer para siempre. Jamás habló, atemorizado por el poder de la palabra, el símbolo de la elocuencia galante de los Sofistas murió en silencio, literalmente de un hartazgo de palabras.
Kennet N. Frankel es un alto dirigente del Consejo Canadiense de las Américas, y de la Barrick Gold, instituciones que otorgaron el “título” al mandatario dominicano. Y uno entiende que los más de cuarenta mil millones de dólares que Leonel Fernández dio en concesiones graciosas a la Barrick Gold la lleven a otorgarle no digo yo este rimbombante galardón, sino hasta construirle una Catedral tan grande como la de Higüey; pero de ahí a hurtarnos la realidad para justificarlo hay mucho trecho.
Frankel dijo, una y otra vez, que el “estadista del año” había hecho una obra económica que se podría calificar de “milagrosa”, y entonces yo pensé que si el ser es angustia el “Estadista del año” me había jodido la vida, porque yo ni siquiera sabía si ése “milagro” de que hablaba Kennet N. Frankel había ocurrido en esta media isla o en Estrasburgo, una región de Alemanía en la que según Leonel le parecía haber estado viviendo en los últimos años.
Como desde Gorgias sabemos que las palabras nos engañan y ocultan lo que quisiéramos saber, se me ocurrió pensar en lo que verdaderamente hizo el “Estadista del año” en este país. Una deuda externa de más de veintinueve mil millones de dólares, que sobrepasa dos veces la deuda acumulada de toda la historia republicana, y un déficit fiscal insólito, casi demencial, que alcanzará algo más de 120 mil millones de pesos.
El país más corrupto del globo terráqueo, la educación más deficiente del universo, uno de los tres países del mundo con el mayor índice de inequidad, el sistema hospitalario más perverso del continente, el número dos en la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, y el manto de impunidad más impenetrable para la persecución del delito. Un país de hinojo, postrado ante la impotencia. Que, además, tuvo que invertir más de 50.1 millones de dólares en viajes al exterior, para que el “estadista del año” le diera alpiste al súper-ego y a la megalomanía que lo dominan. Y aquí estamos, por su obra, a punto de que nos hagan pagar los platos rotos.
Entre las cosas más degradadas de la vida política y social dominicana está la palabra. Algo verdaderamente significativo, porque es desde las palabras que acumulamos un porcentaje esencial de nuestras experiencias. Leonel Fernández y su equipo de promoción están transitando el empedrado suelo de la degradación de la palabra, y nos quieren hacer perder en la táctica y las estrategias de todos cuantos desean manipularnos. Pero, no. Con este montaje incluso han llegado hasta el ridículo. ¿Hay alguien en este país que pueda creer, sinceramente, que Leonel Fernández es el “Estadista del año”? ¿Puede la Barrick Gold hacernos perder el sentido de la realidad? ¿Si el “Estadista del año” realizó un milagro económico, por qué diablo nos van a subir los impuestos?
Pobreza tan vasta y lastimera la de la palabra entre nosotros, que cualquier mentiroso nos quiere robar la realidad en la imaginería. ¡Si Leonel Fernandez es el “Estadista del año”, yo soy, por lo menos, el Astronauta del mes!
Artículo original publicado en el periódico HOY.
Por Edgard Paniagua Miguel
Por Isaías Ramos
Nuestro pueblo dominicano se encuentra navegando por un mar de confusiones, atrapado entre el anhelo de “progreso económico” y el imperativo de la integridad moral y social. Mientras la élite política pinta un cuadro de un futuro próspero, nuestros corazones nos dicen que estamos perdiendo nuestros valores y principios fundamentales, aquellos que dan vida a una sociedad justa y equitativa.
El sueño del progreso económico se ha desvanecido en un desierto moral. Soñábamos con una patria donde la justicia y la tranquilidad fueran el pan de cada día, pero hoy nos vemos sumergidos en un ambiente cada vez más violento, hostil y desigual entre los que “tienen” y los que “no tienen”. La insaciable codicia de esta élite ha agrandado la brecha entre ricos y pobres, dando vida a una clase baja que subsiste en la miseria, despojada de servicios esenciales y de su propia dignidad, mientras una pequeña élite se baña en opulencia.
Esta dolorosa realidad es el fruto de gobernantes que, carentes de conciencia social, han elegido favorecer el capital y oprimir al pueblo. Con una crueldad perversa, han hipotecado el futuro de nuestros hijos y nietos para incrementar sus fortunas y las de sus allegados, sacrificando la salud, la educación, las pensiones de nuestros trabajadores y nuestro medio ambiente en el altar del “crecimiento económico”. Han disfrazado la explotación y opresión de la mano de obra con sueldos de miseria como “competitividad”, convirtiéndola en un reclamo para “inversiones”, una forma moderna de vender esclavitud.
El neoliberalismo salvaje ha intensificado estas atrocidades, promoviendo una visión del mundo donde el crecimiento se sustenta en la pérdida de la dignidad humana, dando vida a una sociedad donde el dinero es un “Dios” amoral, donde la riqueza se acumula en pocas manos, ignorando las necesidades de la mayoría. Han transformado nuestras naciones en desiertos sociales, donde el éxito se esconde tras altas vallas y guardianes armados.
La realidad de países vecinos, nos muestra el devastador final de modelos económicos que, prometiendo prosperidad, solo traen destrucción y abandono. Si seguimos este camino, nuestro destino no será diferente.
En el Frente Cívico y Social creemos que, en este panorama desolador, es la ciudadanía quien tiene el poder y la responsabilidad de forjar un nuevo destino. Es crucial exigir integridad y transparencia, revaluar el camino que estamos construyendo y rectificar nuestro rumbo. Reconstruir una sociedad más justa, equitativa y moral es una misión compartida, y el momento de actuar es ahora.
El verdadero progreso no se mide por indicadores económicos, sino por la calidad de vida de nuestras gentes, el bienestar colectivo y la preservación de nuestros valores y principios. Buscar el crecimiento económico no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para edificar una sociedad más justa y equitativa.
En el FCS, sabemos que acostumbrarnos a vivir entre el desierto moral y el progreso vacío podría empujarnos a un abismo sin retorno. Es hora de construir el camino hacia un futuro en el que el éxito se mida no por la riqueza de unos pocos, sino por el bienestar de todos, por la preservación de nuestra humanidad y nuestros recursos naturales, y por el legado que dejemos a las futuras generaciones. Es hora de reflexionar y actuar para construir el futuro que soñamos, un futuro donde el progreso y los valores morales y sociales florezcan en armonía.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 86, de la parte 9 del Estatuto de Roma estipula que todos los Estados deberán cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia.
La palabra ¨cooperar plenamente¨ fueron escogidas cuidadosamente por los redactores del Estatuto de Roma, para enfatizar el papel importante que tienen los Estados en el funcionamiento efectivo y eficiente de la Corte.
El artículo 86 del Estatuto de Roma también prevé que los Estados Partes deberán cooperar plenamente ¨de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto. Por consiguiente, toda previsión del Estatuto que requiera la participación de un Estado deberá interpretarse como cooperación plena, salvo que se especifique lo contrario.
El mismo artículo 86 estipula que los Estados Partes deberán ¨asegurar que en el derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación especificadas en esta parte del Estatuto de Roma.
En otros términos, se prevé que los Estados utilicen sus leyes nacionales para establecer todos los procedimientos necesarios que les posibiliten asistir a la Corte Penal Internacional. Todos estos procedimientos deberán permitir a los órganos estatales responder tan rápido como sea posible a los requerimientos de la Corte.
Los Estados deben de considerar que si no cumplen con un requerimiento de la cooperación de la Corte Penal Internacional, en contravención a los dispuesto en el Estatuto, impidiéndole ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el Estatuto, la Corte podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o, al Consejo de Seguridad, si este le hubiese remitido el asunto.
El Estatuto de Roma no prevé específicamente ninguna sanción. Sin embargo, un Estado Parte que se niegue a dar curso a una solicitud de cooperación formulada por la Corte, estará incumpliendo con sus obligaciones al tratado en la mayoría de los casos, y podría haber consecuencias políticas perjudiciales contra ese Estado.
Todo lo planteado anteriormente tiene un impacto directo en cuanto a la competencia de la Corte Penal Internacional, en tanto el artículo 12 del Estatuto de Roma establece que un Estado, al aceptar ser parte del Estatuto, se adhiere por ende a la jurisdicción de la Corte respecto a los crímenes estipulados en el articulo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión). Esto significa que una vez que un Estado se convierte en Estado Parte, éste acepta automáticamente la competencia de la Corte, a partir del día en que entre en vigor el Estatuto.
Cabe destacar que los Estados que no sean parte del Estatuto de Roma también podrán aceptar la competencia de la Corte respecto a un crimen en particular, por medio de una declaración de conformidad con el artículo 12.
Finalmente, los Estados que no sean parte deberán cooperar plenamente una vez que acuerden asistir a la Corte Penal Internacional en una investigación en particular. Si incumplen el acuerdo especial realizado con la Corte, esta podrá informar a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según sea el caso.