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Opinión

El silencio de Gorgias

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Por Andrés L. Mateo

Cuando Kenneth N. Frankel entregó el título de “Estadista del año” a Leonel Fernández, me sobrevino el silencio de Gorgias.

Gorgias fue aquel personaje pintoresco del grupo de los Sofistas griegos, quien no se atemorizaba jamás ante las posibilidades de asumir en la palabra cualquier causa, sin importar que fuera verdad o mentira. Llegó a dominar de tal forma la palabra  que él mismo se asustó porque podía desdibujar la realidad más concreta en virtud de un proceso de razonamiento envolvente, sustentado no en la lógica, sino en la dialéctica de una palabra mentirosa. En virtud de la fuerza de ese descubrimiento, Gorgias terminó por enmudecer para siempre. Jamás habló, atemorizado por el poder de la palabra, el símbolo de la elocuencia galante de los Sofistas murió en silencio, literalmente de un hartazgo de palabras.

Kennet N. Frankel es un alto dirigente del Consejo Canadiense de las Américas, y de la Barrick Gold, instituciones que otorgaron el “título” al mandatario dominicano.  Y uno entiende que los más de cuarenta mil millones de dólares que  Leonel Fernández dio en concesiones graciosas a la Barrick Gold la lleven a otorgarle no digo yo  este rimbombante galardón, sino hasta construirle una Catedral tan grande como la de Higüey;  pero de ahí a hurtarnos la realidad para justificarlo hay mucho trecho.

Frankel dijo, una y otra vez, que el “estadista del año” había hecho una obra económica que se podría calificar de “milagrosa”,  y entonces yo pensé que si el ser es angustia el “Estadista del año” me había jodido la vida, porque yo ni siquiera sabía si ése “milagro” de que hablaba Kennet N. Frankel  había ocurrido en esta media isla o en Estrasburgo, una región de Alemanía en la que según Leonel le parecía haber estado viviendo en los últimos años.

Como desde Gorgias sabemos que las palabras nos engañan y ocultan lo que quisiéramos saber, se me ocurrió pensar en lo que verdaderamente hizo  el “Estadista del año” en este país. Una deuda externa de más de veintinueve mil millones de dólares, que sobrepasa  dos veces la deuda acumulada de toda la historia republicana, y un déficit fiscal insólito, casi demencial, que alcanzará algo más de 120 mil millones de pesos.

El país más corrupto del globo terráqueo, la educación más deficiente del universo,  uno de los tres países del mundo con el mayor índice de inequidad, el sistema hospitalario más perverso del continente, el número dos en la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, y el manto de impunidad más impenetrable para la persecución del delito. Un país de hinojo, postrado ante la impotencia. Que, además, tuvo que invertir más de 50.1 millones de dólares en viajes al exterior, para que el “estadista del año” le diera alpiste al súper-ego y a la megalomanía   que lo dominan. Y aquí estamos, por su obra, a punto de que nos hagan pagar los platos rotos.

Entre las cosas más degradadas de la vida política  y social dominicana  está la palabra. Algo verdaderamente significativo, porque es desde las palabras que acumulamos un porcentaje esencial de nuestras experiencias. Leonel Fernández  y su equipo de promoción  están transitando el empedrado suelo de la degradación de la palabra, y nos quieren hacer perder en la táctica y las estrategias de todos cuantos desean manipularnos. Pero, no.  Con este montaje incluso han llegado hasta el ridículo. ¿Hay alguien en este país que pueda creer, sinceramente, que Leonel Fernández es el “Estadista del año”? ¿Puede la Barrick Gold hacernos perder el sentido de la realidad? ¿Si el “Estadista del año” realizó un milagro económico, por qué diablo nos van a subir los impuestos?

Pobreza tan vasta y lastimera la de la palabra entre nosotros, que cualquier mentiroso nos quiere robar la realidad en la imaginería. ¡Si Leonel Fernandez es el “Estadista del año”, yo soy, por lo menos, el Astronauta del mes!

Artículo original publicado en el periódico HOY.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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