Santo Domingo, RD.-Desde hace unos años, en el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 es donde se reciben las llamadas para denunciar acciones de contaminación sonora. Ahí se inicia el proceso que no siempre se cumple. ¿La razón? Sabrá Dios. No se sabe si es que el Departamento Antirruidos de la Policía Nacional no recibe el reporte o si es que al recibirlo hace caso omiso a la denuncia.Más Noticias
El sistema 911 no “escucha” las llamadas para denunciar ruidos
Santo Domingo, RD.-Desde hace unos años, en el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 es donde se reciben las llamadas para denunciar acciones de contaminación sonora. Ahí se inicia el proceso que no siempre se cumple. ¿La razón? Sabrá Dios. No se sabe si es que el Departamento Antirruidos de la Policía Nacional no recibe el reporte o si es que al recibirlo hace caso omiso a la denuncia.Hasta hace unas semanas, usted llamaba al 911 y conversaba con un operador, quien le aseguraba que irían a controlar los ruidos en su sector o residencial. Ahora, cuando usted marca, la contestadora automática le dice que para denunciar ruidos debe darle a la opción dos, la cual según Máximo Cabrera, nunca atienden. Él ha vivido esta experiencia en más de una ocasión y nunca le han dado solución al problema. Vive cerca de El Bolsillo, un barrio pequeño del Ensanche Quisqueya.
Ante la alta incidencia de ruidos en el país, LISTÍN DIARIO se interesó en conocer cuáles medidas adoptarán las autoridades para combatir el problema que cada vez se torna más inquietante. La respuesta la tiene el magistrado Francisco Contreras, procurador general de Cortes, y titular de la Procuraduría Especializada para la Defensa y Protección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien anunció que, a partir de mañana, iniciarán un plan de trabajo en coordinación con el Departamento de Antirruidos de la Policía Nacional para dar una solución.
“Realmente, nos hemos mantenido trabajando en esto, pero ha sido bien difícil porque con el confinamiento, la contaminación sonora ha aumentado, y el Sistema Nacional 911 no ha podido dar respuesta como se quisiera porque tienen que atender muchos casos de salud”, explica Contreras.
Sostiene que para controlar los ruidos realizan operativos, charlas, clausuras y allanamientos de establecimientos, y visitan viviendas donde se esté perturbando la paz social. “De nuevo solicitaremos a los jueces las órdenes para volver a arreciar este tipo de trabajo y lograr controlar la situación. El ciudadano tiene derecho a vivir en paz y vamos a trabajar en eso con nuevos mecanismos, porque a veces reciben a nuestros agentes con botellazos y mucha violencia. Pero vamos a ser más drásticos con esto”.
El magistrado dice que reciben denuncias de esta índole en todas las procuradurías del país y que siempre tratan de dar respuesta. Facilitó estos números para quienes deseen hacer sus denuncias por ruidos, vía WhatsApp 809-480-9525 y llamando a la oficina al 809-533-3522, opción 3.
El 911 ante los ruidos
Según la Ley 184-17 que modifica el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, su función en lo que tiene que ver con la contaminación sonora, consiste en que, tras recibir los llamados de los ciudadanos por in fraganti a las leyes 64-00, sobre Medio Ambiente; la 42-01, de Salud y la 287-04, sobre Prevención y Limitación de Ruidos Nocivos y Molestos, los agentes del Departamento de Antirruidos de la Policía Nacional se presentan a los lugares donde proceden legalmente ante los infractores, quienes son sometidos a la justicia.
Pero, a pesar de todo esto, que a simple lectura, se escucha muy bien, usuarios del servicio se quejan de la poca atención que se les presta a la hora de llamar para denunciar los ruidos en su sector. “Ahora mismo, con la situación que estamos viviendo de tensión por el coronavirus, uno quiere estar tranquilo, pero hay gente que no lo entiende, y las autoridades se han descuidado con esto. Si la cosa sigue como va, quedaremos todos sordos o locos”.
Ese es el pensar de un maestro de escuela que asegura que ya no aguanta más la bulla a todas las horas del día que hacen por su sector de Las Caobas. Comenta que, ante la “inoperancia”, como le llama a la actitud de los operadores del 911 o de Antirruidos, él llamó a la línea 311 que según tiene entendido es para denunciar la ineficiencia de los servidores públicos. “Y adivine qué… Tampoco me hicieron caso, me tomaron unos datitos y ahí quedó todo. Los que tienen que velar porque no se haga ruido siguen sin hacer caso, y por supuesto, por mi casa siguen haciendo más bulla que nunca, con todo y toque de queda”, comenta Roberto García.
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Otra línea que no “dice nada”
Pero esta no es la única línea que parece no estar dando respuesta a las necesidades del ciudadano.
La *462 (GOB), creada en el mes de marzo del pasado 2020 para asistir a la población sobre todo lo relacionado al Covid-19, tampoco está surtiendo el efecto. Múltiples quejas de los usuarios dejan saber que no han obtenido la atención buscada.
“Yo hace mucho que llamé para hacer una cita en el Laboratorio Nacional para hacerme la prueba de Covid-19. Te digo que fue como en noviembre y todavía estoy esperando que me llamen para decirme qué día es. Si me hubiese estado muriendo, ya estuviera enterrado”. El testimonio de Antonio Lara, quien no pierde la oportunidad de recomendarle al presidente Luis Abinader que le pida a las autoridades de Salud Pública que presten más atención a esta desastrosa situación.
Santo Domingo, R.D.-Juan Carlos Bircann Sánchez, procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, solicitó este martes la designación de otros jueces en el turno de la tarde-noche en el tribunal de Atención Permanente en el distrito judicial de Valverde.
Bircann Sánchez explicó que con esa designación podrán canalizar las solicitudes que requieren autorización judicial.
Detalló que desde hace un tiempo se ha hecho difícil para el Ministerio Público obtener algunas de esas autorizaciones, ya que el horario de servicio termina a las 4:30 de la tarde.
Indicó que en el mismo distrito la labor judicial sería más eficiente si el Tribunal Colegiado operara por más tiempo. Actualmente, dicha sala solo trabaja dos días a la semana.
Bircann Sánchez planteó que con la implementación de mejoras en el funcionamiento del servicio judicial, como la designación de jueces fijos en la sala unipersonal y la ampliación del horario de atención, se podrán obtener resultados significativos.
El procurador general titular de la Procuraduría Regional de Santiago, que también abarca la provincia Valverde, hizo la solicitud durante los actos con motivo al Día del Poder Judicial.
En su intervención, el funcionario también se refirió al tema de la violencia de género. Consideró que ese tema sigue como tarea pendiente, aunque, según dice, este año lograron avances significativos.
Expresa la necesidad de que en ese tipo de delitos se concientice más a los jueces y fiscales.
«Aparte de las actitudes que revictimizan a las usuarias en algunas salas de audiencias, existe un divorcio con los estándares probatorios y la doctrina jurisprudencial trazada por la Suprema Corte de Justicia en esta materia», declaró.
Aseguró que en su despacho tiene disponibles las pruebas documentales de lo que está afirmando.
Santo Domingo, R.D.-Tras tres reclusos sufrir sobredosis por consumo de drogas, ha quedado en evidencia un grave problema que afecta las cárceles dominicanas, lo cual ha permitido observar la competencia en torno a este flagelo a partir de lo ocurrido en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca.
Este no es un fenómeno nuevo; a lo largo de los años, múltiples denuncias han revelado la presencia de sustancias ilícitas dentro de los centros penitenciarios del país, a pesar de los esfuerzos por mejorar el sistema de seguridad.
El dirigente comunitario Guanchi Comprés, de Los Peregrinos de Moca, dio a conocer el caso el lunes 6 de enero, señalando que los internos involucrados en este suceso se encontraban en el módulo dos del penal cuando se produjo la sobredosis.
Según Comprés, uno de los reclusos involucrados se encuentra en cuidados intensivos en el hospital de Moca, mientras que los otros dos fueron dados de alta tras recibir atención médica.
El incidente ha puesto de relieve no solo el problema del consumo de drogas en las cárceles dominicanas, sino también las graves fallas de seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta.
El dirigente destacó que las cámaras de vigilancia del penal están inoperativas desde hace más de una década, lo que dificulta cualquier intento de esclarecer los hechos. “¿Cómo pueden investigar este hecho si no tienen medios para saber lo que ocurrió?”, cuestionó Comprés, exigiendo una respuesta clara de las autoridades.
El caso también resalta la falta de control por parte de los agentes penitenciarios, quienes, según Comprés, podrían estar involucrados en el tráfico de drogas dentro del penal.
“Pedimos el traslado inmediato de todos los agentes de este centro, que son cómplices de lo que pasa”, añadió el dirigente, subrayando que el director del penal, aunque honesto, no tiene control total sobre lo que ocurre en las instalaciones.
Un problema de drogas que no es nuevo en las cárceles de RD
Este caso en Moca se suma a una serie de denuncias similares que han salido a la luz en otros centros penitenciarios de República Dominicana en los últimos años. En marzo de 2024, se reveló que en la cárcel de San Francisco de Macorís los reclusos tenían acceso a drogas y otros artículos ilícitos gracias a mafias internas y la complicidad de algunos agentes penitenciarios.
Según informes, el gasto mensual en drogas dentro de este centro podía superar los 15,000 a 20,000 pesos, lo que sometía a las familias de los reclusos a una constante presión y chantaje.
Por otro lado, en noviembre de 2024, la Penitenciaría Nacional de La Victoria se vio envuelta en una denuncia sobre la venta ilegal de bebidas alcohólicas, drogas y estimulantes sexuales dentro del recinto. Las sustancias ingresaban al penal a través de redes de contrabando, lo que ponía en peligro la seguridad y el orden dentro de la cárcel.
Incluso en el 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció el tráfico de drogas, armas, prostitución y abusos sexuales dentro de las cárceles de República Dominicana, describiendo un panorama de sobrepoblación y falta de control en los centros del viejo modelo penitenciario, como la emblemática Penitenciaría de La Victoria.
El silencio del sistema penitenciario ante las denuncias
El sistema penitenciario de la República Dominicana ha sido blanco de múltiples críticas por su incapacidad para erradicar el consumo de drogas y otros ilícitos dentro de sus recintos. Aunque las autoridades han intentado implementar reformas, como la creación del Nuevo Modelo Penitenciario, los problemas persisten.
En varios casos, la complicidad entre reclusos y agentes penitenciarios ha permitido que sustancias ilícitas sigan entrando a las cárceles. Tambien, en la cárcel de Neiba, agentes de la policía y el Ministerio Público incautaron armas, drogas y otros objetos prohibidos.
Además, la falta de una respuesta oficial y la escasa transparencia en cuanto a las investigaciones sobre estos hechos contribuyen a la desconfianza en el sistema. Aunque el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Prisiones han prometido tomar medidas para mejorar la seguridad, la situación sigue siendo grave.
Santo Domingo, R.D.-Fue convertido en ley este martes por la Cámara de Diputados un proyecto legislativo que tiene el objetivo de modificar la Ley Orgánica 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a través de la cual se altera la integración del pleno y el mecanismo de elección del procurador General de la República (PGR).
Esta iniciativa, propuesta por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y el senador Omar Fernández, es una respuesta al dictamen colocado el pasado 27 de octubre en el artículo 171 de la Constitución dominicana, luego de ser promulgada por el Poder Ejecutivo la cuadragésima modificación.
¿Quiénes integrarán el CNM?
Tal y como el presidente Luis Abinader recomendó en su proyecto que declaró “la necesidad” de una reforma constitucional, esta pieza legislativa varió la ley para adicionar al presidente del Tribunal Constitucional (TC) a la lista de integrantes del CNM.
Este órgano constitucional está conformado, además, por el presidente de la República, quien lo encabeza; el presidente del Senado; un senador del bloque político opositor; el presidente de la Cámara de Diputados; un diputado de bancada no oficialista y un magistrado de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dentro de las funciones del CNM se encuentra designar los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), del TC y sus suplentes. Al igual que elegir al titular de la PGR y la mitad de los procuradores adjuntos, a propuesta de jefe del Estado.
Abstención
La alteración al artículo 16 ordena que “en todos los casos”, en los cuales un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general deberá abstenerse de participar en la elección de este puesto.
“Tampoco podrá participar en la elección de un candidato a juez o al cargo de Procurador General de la República o uno de sus procuradores adjuntos, cuando le unan vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el cuarto grado inclusive”, indica el párrafo de este apartado.
Procurador
Esta pieza indica con claridad que el gobernante será quien deba presentar en modo de propuesta al ciudadano que dirigirá la PGR. Sin embargo, precisa que, aun siendo aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional, el CNM deberá desarrollar un reglamento para determinar cuál será el mecanismo que utilizará el primer mandatario.
La etapa de selección pasará por un proceso de entrevistas en el que participarán los 8 integrantes del órgano y deberá realizarse durante los primeros 100 días de promulgada la Carta Magna, que culminan a finales de enero del 2025.
El abogado electo deberá ser favorecido con al menos cinco votos del pleno.
El Consejo Nacional de la Magistratura designará al Procurador General de la República y la mitad de los procuradores adjuntos por un periodo de dos años.
Este plazo tendrá un carácter de inamovilidad, a excepción de que decidan rectificar al ciudadano en el puesto.
Importancia del reglamento
El CNM deberá en un plazo “máximo” de 30 días adecuar el reglamento de aplicación del marco legal de esta entidad independiente del tren gubernamental, según establece la pieza legislativa.
Posible salida de Miriam Germán
Abinader reveló el pasado 12 de agosto que le pediría a la procuradora general, Miriam Germán Brito, que continué en el cargo, hasta tanto se den las modificaciones a la Constitución que pretende el mandatario.
A lo que Brito respondió días después aceptando la solicitud anunciada por el presidente Abinader.
No obstante, no adelantó si optaría nuevamente por ocupar la posición, ni tampoco el gobernante ha anunciado a quien presentará ante el CNM.