Editorial
El Sometimiento en Contra de Leonel.
El doctor Guillermo Moreno ha retornado a la fiscalía del Distrito Nacional ahora con un sometimiento en contra de Leonel Fernández por lavado de activos.
La realidad es que Leonel se ha movido en el escenario político nacional con un nivel de impunidad que molesta, que mancilla la poca decencia que aún mantiene la justicia.
Y ciertamente Leonel Fernández es de lo peor que hemos tenido como político en la República Dominicana.
Nunca nadie imaginó que ese muchacho de Villa Juana que se movía por la mayoría de los medios de comunicación social del país en busca de algún espacio para difundir sus ideas terminaría como uno de los peores protagonistas de la perversidad y la bellaquería de la política vernácula.
Por estas razones y muchas más, como por ejemplo el corrompimiento de toda una generación de jóvenes que se enrolaron en las filas peledeístas con el sueño de construir una sociedad diferente, más decente y digna.
Pero esos sueños, realmente desaparecieron con la llagada al poder de Leonel Fernández en el año 1996, cuyo primer equivocado mensaje a los jóvenes de su partido fue que es “millonario en los devaluados pesitos dominicanos”, lo que al fin de cuenta fue una exhortación para que en el PLD se iniciara un proceso de renuncia a los sueños de cambio para entrar en un afán permanente por acumular fortunas sobre la base de la depredación del patrimonio público.
Al momento de sacar balance de los gobiernos de Leonel Fernández, necesariamente hay que concluir que han sido los que más han corrompido la llamada clase política nacional, la cual a través del PLD se ha visto envuelta en los más escandalosos casos de corrupción en la administración pública.
Desde la ocurrencia del terremoto que destruyó Haití, advertimos lo que significaria para ese pobre pueblo la simulada solidaridad del Gobierno peledeísta, encabezado por Fernández, y hoy los allegados de este corrupto ex-presidente son los más favorecidos con contratas en ese hermano país que sólo tienen explicación por la forma inescrupulosa de éste manejarse.
El cuerpo del delito está ahí,en todos los escenarios en que se mueven los leonelistas y peledeistas e incluso en la propia Fonglobe, la cual es un instrumento para camuflar la corrupción de Fernández, quien tarde o temprano tendrá que terminar en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, también es importante que todo el que inicie una acción legal en contra de Leonel y su grupo tenga la suficiente credibilidad y transparencia que le dé legitimidad a sus querellas o denuncias, dos figuras jurídicas consignadas en el Código Procesal Penal.
Tenemos que estar en capacidad de ver la paja, no sólo en el ojo ajeno, sino también en el nuestro, para que los resultados sean satisfactorios y sobre todo saludables para toda la Nación.
No tenemos dudas hasta ahora de la honestidad de Guillermo Moreno, pero también es importante que quede claro el capítulo que tiene que ver con la pensión de su esposa en la Junta Central Electoral y el nombramiento de un hijo suyo en un cargo diplomático.
Planteamos este asunto, porque el doctor Moreno ha sido un defensor de ambas cosas, ese decir, de la pensión de su esposa y el nombramiento de su hijo.
Es importante que el dominicano entienda que no podemos entrar en una lucha política que sólo tenga como fin el “quítates tú pa ponerme yo”.
Jamás igualamos a Guillermo con Leonel, pero confesamos que nos preocupa el culto a la personalidad y la defensa de lo que se considera dañino para la Nación, como son las pensiones en el sector público, el barrilito y el cofrecito, todos instrumentos de corrupción que avergüenza al más despreocupado de los dominicanos.
Reiteramos que es procedente el sometimiento en contra de Leonel y de otros corruptos peledeístas, los cuales han hecho grandes daños a la sociedad, pero también es importante que los querellantes no defiendan elementos preocupantes de la forma equivocada de manejar el Estado por los políticos y por otros sectores de la vida nacional.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha pronunciado un discurso con motivo del “Día de Poder Judicial” sobre un tema en el que ha sido recurrente, en el sentido del daño que causa la mora judicial.
Y ciertamente es así, porque este periódico ya lo ha planteado de que justicia tardía no es otra cosa que denegación de justicia, lo cual lesiona peligrosamente el Estado de Derecho.
Sin embargo, independientemente de la importancia de este tema, este periódico entiende que el magistrado Molina debió también referirse a otros aspectos que también han erosionado todo el sistema de justicia.
Nos referimos a las sentencias manipuladas de los tribunales ordinarios, las cuales muchas veces obedecen a razones de negligencia, ineptitud e incluso de complicidad de muchos juzgadores que todavía desempeñan su función con un trujillito dentro, lo cual no es casual, sino normal por tratarse de una nación que han sido muy marcada por las dictaduras.
Sería bueno preguntarle al magistrado Molina si tiene o no conocimiento de que en lo que respecta a la región del Cibao el Estado de Derecho en el sistema de justicia se muerte a partir del kilómetro 9 de la autopista Duarte, lo que hace presumir que lo mismo ocurre en otras zonas del país.
Pero desconoce el magistrado Molina que las violaciones del Estado de Derecho por parte de los tribunales del interior, principalmente del distrito judicial de Santiago, implican hasta la negación de derechos fundamentales que no respetan el derecho constitucional y convencional.
Sabía usted, magistrado, que en Santiago hay tribunales penales y civiles que les niegan a muchos justiciables hasta el derecho a recurrir y los cuales son víctimas de un comportamiento, que no sólo debe examinarse a través de los recursos jurisdiccionales como la casación, sino también mediante de una labor de seguimiento del Consejo del Poder Judicial.
Esta preocupación no le quita legitimidad al tema de la mora judicial, pero este periódico entiende que hay otras aristas que deben ser incluidas por el Consejo del Poder Judicial si de verdad se quiere combatir los motivos que erosionan la credibilidad de todo el sistema de justicia.
Tanto la moral judicial, la ineficiencia y el abuso de poder de muchos jueces son temas que deben ir de las manos para que simultáneamente estas debilidades sean expulsadas de un sector tan vital para la democracia nacional.
En este 2025 se repite lo mismo de los años pasados en lo que respecta a crear falsas expectativas en la gente pobre de la nación, cuyos anhelos y sueños están fundamentados, más que en cualquier otra cosa, en un poder proveniente del más allá que tiene su razón de ser en creencias mágico-religiosas.
La República Dominicana y el mundo occidental se apoyan para proyectar prosperidad y bonanza económica en un paradigma que consiste en una percepción que nunca tiene nada que ver con la realidad.
En este contexto hay que ver el crecimiento económico sostenido del país, el cual no tiene ningún impacto en los niveles de pobreza y de desigualdad social, porque los que se llevan los beneficios del mismo son unos grupos económicos enquistados en la macroeconomía.
En estos momentos ya prácticamente no queda ningún margen para que se pregone que la República Dominicana ocupa niveles importantes de crecimiento y desarrollo.
Por esta razón, el 2025 no pinta nada bueno debido a que los niveles de endeudamiento ya es un tema de gran preocupación nacional, porque por lo que se ve los gobiernos que ha tenido el país, incluido el actual, se han inclinado por la vía más fácil, que no es otra que coger dinero prestado con una calidad de gasto que deja mucho que desear.
Las autoridades nacionales no han priorizado el aumento de la producción nacional para satisfacer el mercado interno y al propio tiempo aumentar las exportaciones para generar las divisas que necesita el país para cumplir con su balanza de pagos.
Todo lo contrario, hay un empeño de coger prestado todo lo que aparezca, sin importar consecuencias, lo cual coloca la nación en tener que utilizar un 25 por ciento de su presupuesto para el pago de intereses de una deuda que ya alcanza más del 60 por ciento del producto interno bruto.
En esas condiciones, no se puede ser optimista en el año que acaba de hacer su entrada, el 2025, cuando el país se encamina hacia un cuadro parecido al sufrido por naciones hermanas como Puerto Rico, Grecia y Argentina.
Quién es tan osado en la República Dominicana para pensar que ante lo que ocurre puedan venir cosas buenas en el 2025, sobre todo porque esa política de endeudamiento no tiene la tendencia a bajar, sino a subir.
De modo, que el 2025 es un año que más que traer cosas buenas, podría representar una mayor profundización de la pobreza y de la delincuencia como consecuencia de la exclusión social y de la mala distribución de las riquezas nacionales.
Pero, además, habría que preguntarse si hay reales esperanzas de que en el país disminuya la corrupción administrativa cuando ese es un mal consustancial con la forma de involucrarse con el Estado, pese, además, que es un flagelo que trasciende del sector público al privado y penetra en todos y cada uno de los ámbitos de la vida nacional.
Es importante recordar que el Producto Interno Bruto del país descansa en dos renglones como son el turismo y las remesas, ambos resultados, primero de las riquezas naturales de que ha dado sido dotada la nación y el segundo, resultado de los dominicanos que han tenido que irse del país por no tener oportunidades para disfrutar de una vida más digna en las tierras que los vio nacer, lo cual indica que esos dos polos de la económica nacional no están asociados necesariamente a una buena gestión de gobierno, sino a razones muy diferentes, cuyas abusivas autoridades los que persiguen hasta en el exterior, donde están asentadas las comunidades de criollos fuera del país, es explotarlos inmisericordemente para llenarle el bolsillo a uno de sus protegidos y un buen ejemplo al respecto es el consulado dominicano en Nueva York, el cual es un botín de los dirigentes del partido en el poder, sin importar su color o cuál sea.
La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.
Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.
Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.
Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.
Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.
Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.
Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,
Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.
De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
El reto está echado. Manos a la obra.