Editorial
El Sometimiento en Contra de Leonel.
El doctor Guillermo Moreno ha retornado a la fiscalía del Distrito Nacional ahora con un sometimiento en contra de Leonel Fernández por lavado de activos.
La realidad es que Leonel se ha movido en el escenario político nacional con un nivel de impunidad que molesta, que mancilla la poca decencia que aún mantiene la justicia.
Y ciertamente Leonel Fernández es de lo peor que hemos tenido como político en la República Dominicana.
Nunca nadie imaginó que ese muchacho de Villa Juana que se movía por la mayoría de los medios de comunicación social del país en busca de algún espacio para difundir sus ideas terminaría como uno de los peores protagonistas de la perversidad y la bellaquería de la política vernácula.
Por estas razones y muchas más, como por ejemplo el corrompimiento de toda una generación de jóvenes que se enrolaron en las filas peledeístas con el sueño de construir una sociedad diferente, más decente y digna.
Pero esos sueños, realmente desaparecieron con la llagada al poder de Leonel Fernández en el año 1996, cuyo primer equivocado mensaje a los jóvenes de su partido fue que es “millonario en los devaluados pesitos dominicanos”, lo que al fin de cuenta fue una exhortación para que en el PLD se iniciara un proceso de renuncia a los sueños de cambio para entrar en un afán permanente por acumular fortunas sobre la base de la depredación del patrimonio público.
Al momento de sacar balance de los gobiernos de Leonel Fernández, necesariamente hay que concluir que han sido los que más han corrompido la llamada clase política nacional, la cual a través del PLD se ha visto envuelta en los más escandalosos casos de corrupción en la administración pública.
Desde la ocurrencia del terremoto que destruyó Haití, advertimos lo que significaria para ese pobre pueblo la simulada solidaridad del Gobierno peledeísta, encabezado por Fernández, y hoy los allegados de este corrupto ex-presidente son los más favorecidos con contratas en ese hermano país que sólo tienen explicación por la forma inescrupulosa de éste manejarse.
El cuerpo del delito está ahí,en todos los escenarios en que se mueven los leonelistas y peledeistas e incluso en la propia Fonglobe, la cual es un instrumento para camuflar la corrupción de Fernández, quien tarde o temprano tendrá que terminar en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, también es importante que todo el que inicie una acción legal en contra de Leonel y su grupo tenga la suficiente credibilidad y transparencia que le dé legitimidad a sus querellas o denuncias, dos figuras jurídicas consignadas en el Código Procesal Penal.
Tenemos que estar en capacidad de ver la paja, no sólo en el ojo ajeno, sino también en el nuestro, para que los resultados sean satisfactorios y sobre todo saludables para toda la Nación.
No tenemos dudas hasta ahora de la honestidad de Guillermo Moreno, pero también es importante que quede claro el capítulo que tiene que ver con la pensión de su esposa en la Junta Central Electoral y el nombramiento de un hijo suyo en un cargo diplomático.
Planteamos este asunto, porque el doctor Moreno ha sido un defensor de ambas cosas, ese decir, de la pensión de su esposa y el nombramiento de su hijo.
Es importante que el dominicano entienda que no podemos entrar en una lucha política que sólo tenga como fin el “quítates tú pa ponerme yo”.
Jamás igualamos a Guillermo con Leonel, pero confesamos que nos preocupa el culto a la personalidad y la defensa de lo que se considera dañino para la Nación, como son las pensiones en el sector público, el barrilito y el cofrecito, todos instrumentos de corrupción que avergüenza al más despreocupado de los dominicanos.
Reiteramos que es procedente el sometimiento en contra de Leonel y de otros corruptos peledeístas, los cuales han hecho grandes daños a la sociedad, pero también es importante que los querellantes no defiendan elementos preocupantes de la forma equivocada de manejar el Estado por los políticos y por otros sectores de la vida nacional.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.