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El supertifón Hagibis toca tierra en Japón con lluvias torrenciales y deja dos muertos y nueve desaparecidos

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Las autoridades han recomendado la evacuación voluntaria a ocho millones de personas

Pekín.-Al menos dos personas han muerto, nueve han desaparecido y 86 han quedado heridas al paso del supertifón Hagibis (“Velocidad”, en tagalo) por Japón. El huracán, que también ha causado numerosos daños materiales, era el peor que había azotado el archipiélago en más de sesenta años.

A primeras horas de la madrugada, cerca de 340.000 residentes en el área de Iwaki, en la prefectura de Fukushima (este de Japón) recibían la recomendación de evacuar. El tifón, que tocó tierra a las 19.00 horas locales (11.00 hora española) en la península de Izu, al suroeste de Tokio, se dirige hacia la zona antes de que, si se cumplen las previsiones, salga en torno a las 09.00 horas del domingo hacia el Pacífico, según la Agencia Meteorológica de Japón.

Tras la medianoche ya se había levantado el nivel de alerta máxima por lluvias torrenciales para Tokio, aunque continuaba vigente en otras áreas del centro y el este del país. Este nivel aconseja a los residentes de zonas próximas a las riberas de los ríos o las orillas del mar a refugiarse en lugares seguros. También recomienda permanecer, si se está en el interior de un edificio, en alturas no más bajas del segundo piso, ante el riesgo de inundaciones.

A lo largo de la jornada, más de seis millones de personas recibieron la recomendación de evacuar, según el periódicoJapan Times.

Varias furgonetas sumergidas por la crecida del agua causada por las lluvias torrenciales del tifón Hagibis en Ise, en el centro de Japón. AP

Los aeropuertos habían cerrado y la mayor parte de los servicios de transporte del país habían suspendido sus servicios, a la espera de que amainara el temporal, que pese a haber perdido algo de fuerza tras tocar tierra aún alcanzaba vientos de 144 kilómetros por hora y rachas de 198 kilómetros por hora. Las previsiones contemplaban que el domingo aún se suspendieran más de 800 vuelos internos, y que el servicio ferroviario continuara interrumpido para efectuar pruebas de seguridad.

Al menos siete ríos se habían desbordado, y otro centenar por todo el país amenazaba con hacerlo. Varias presas en áreas montañosas comenzaban a liberar agua en grandes cantidades, como la de Shiroyama en la prefectura de Kanagawa, o se planteaban seguir su ejemplo como medida de emergencia, para evitar desbordamientos o que cediesen las estructuras. La salida de esa agua podría aumentar el riesgo de inundaciones en zonas más bajas. En esa prefectura, decenas de miles de hogares se habían quedado sin electricidad.

El riesgo de inundación es aún mayor debido a la cercanía de la luna llena, que hace más fuertes las mareas, según ha advertido la agencia meteorológica. El organismo también ha avisado del peligro de grandes olas y de deslizamientos de tierra por las fuertes lluvias. Sus expertos prevén hasta 50 centímetros de lluvia en Tokio hasta la mitad del domingo, y que en la región central de Tokai la precipitación sea aún mayor.

En la capital, la mayoría de las tiendas habían cerrado en previsión del temporal. Los grandes fabricantes de automóviles Honda y Toyota también optaron por la suspensión del trabajo.

La tormenta obligó a cancelar dos partidos del Mundial de rugby (Francia-Inglaterra, y Nueva Zelanda-Italia) y amenaza con la posible suspensión del decisivo Escocia-Japón este domingo. El temporal también forzó cambios en la programación del Gran Premio de Fórmula 1.

Antes de Hagibis, el tifón Faxai dejó al menos dos muertos en septiembre y provocó importantes daños en Chiba, en las cercanías de Tokio. Más de 36.000 casas resultaron dañadas o destruidas y numerosos hogares tuvieron que esperar semanas para recuperar la electricidad.

Hagibis es el decimonoveno tifón de la temporada en el Pacífico y está catalogado como «muy fuerte», la segunda mayor categoría de intensidad de la Agencia Meteorológica de Japón. Este organismo había anticipado el riesgo de la precipitación llegara a los niveles de la del huracán Ida en 1958, que dejó más de 12.000 muertos y desaparecidos.

Antes de la llegada del temporal, un terremoto de magnitud 5,7 en la escala de Richter había sacudido la prefectura de Chiba el sábado por la tarde.

elpais.com

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Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse

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Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.

MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.

La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.

Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.

El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.

Trasladan 18 acusados a Estados Unidos

Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.

La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.

El rastro del dinero

Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.

Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.

Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.

Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.

Intereses económicos detrás del complot

La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.

De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.

El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.

Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.

El asesinato de Jovenel Moïse

Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.

Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.

Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.

Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.

Cerca de 30 personas acusadas

La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.

Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.

Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.

El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.

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CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca

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Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.

WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.

Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.

La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.

Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.

Trump defiende su decisión

El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.

Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.

La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.

Una controversia constitucional

El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.

La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.

Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.

La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.

Antecedentes de enfrentamientos con la prensa

No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.

En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.

Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.

Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.

El conflicto afecta la cobertura presidencial

La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.

CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.

Los jueces tendrán la palabra

El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.

CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.

El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.

Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.

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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida

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Agencia Efe

Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.

El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.

La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la IndiaChina y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.

Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.

El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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