Análisis Noticiosos
El supremo interés nacional demanda concertación para generar confianza
Por Juan Bolívar Díaz
Tal como se había advertido, la Junta Central Electoral (JCE) aplazó para julio las elecciones presidenciales y congresuales, pero ya hay quienes cortejan una grave crisis institucional empezando a condicionar a la sociedad a la posibilidad de que no puedan celebrarse dentro del período constitucional.
Mientras tanto, el balance del primer mes de la declaratoria de emergencia para enfrentar el coronavirus arroja pesimismo y genera divergencias hasta en el seno del gobierno dentro de un ambiente general de desconfianza y temores a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia.
Un balance desolador
Por donde quiera que se le pase balance al mes de la emergencia dominicana por el coronavirus, que se cumple mañana, el resultado es desolador, con más de 4 mil personas contaminadas y una tasa de letalidad de 4.8 por ciento, entre las tres más altas del continente, y una lenta recuperación de apenas 6 por ciento, cuando en el mundo es de 25 por ciento.
Tan pobre resultado es vinculado al escaso número de pruebas realizadas, unas 12 mil desde que el primero de marzo apareció en el país el primer contaminado, por la lentitud con que las autoridades de salud respondieron el desafío, privilegiando los negocios de empresas vinculadas al poder político y porque en principio se dejó al candidato presidencial oficialista la iniciativa para la búsqueda de los medicamentos instrumentos y productos necesarios para prevenir y combatir la pandemia, lo que llevó al principal candidato opositor a participar en una competencia que politizó la crisis.
Durante las primeras semanas el grito se generalizó de parte de los gremios de médicos y enfermeras, así como de sectores sociales reclamando cuestiones tan elementales como mascarillas, desinfectantes o guantes. Las personas pasaban entre 5 y 10 días esperando que les hicieran pruebas para determinar si estaban contaminadas. La pandemia se extendió principalmente en el distrito Nacional, y provincias del Cibao, como la Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Sánchez Ramírez, y María Trinidad Sánchez.
Hay quienes estiman que el virus no ha ocasionado mayores estragos porque entró por la clase media-alta, con mayor capacidad para aislarse y recibir tratamiento, y se cita como prueba que la mayor concentración urbana y de pobreza del país, la provincia Santo Domingo, es de las de menor tasa de contaminados.
Divide hasta el gobierno
Con casi todas las actividades nacionales paralizadas, después de 4 semanas de reclusión casi absoluta, los últimos días marcaron una fatiga, con tendencia al relajamiento del aislamiento, aumentó el tránsito vehicular y los medios de transporte después del asueto de la semana santa, cuando se prohibió salir de las ciudades. Empezó a sentirse la presión de los trabajadores informales, estimados en 57 por ciento de los empleados, unos 2.4 millones de personas, que en su mayor parte no han podido ser alcanzados por los programas de asistencia implementados por el gobierno.
Empezó el debate sobre la conveniencia de normalizar progresivamente las actividades, lo que dividió la comisión de emergencia del gobierno, quedando en evidencia el miércoles cuando el ministro de Salud Pública expresó su convicción de que es necesario un cierre total de por lo menos una semana para contener la expansión de la pandemia. El mismo día el Ministro de la presidencia dijo que no se contempla esa posibilidad.
Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de salud
Los empleados formales suspendidos por las empresas alcanzaron esta semana los 800 mil, acogiéndose al fondo de asistencia creado por el gobierno, que les garantiza hasta 8 mil pesos, bajo el compromiso de que las empresas completen el salario, pero esto último no está ocurriendo en gran proporción de las más de 40 mil que se han acogido al programa oficial.
Al igual que en Estados Unidos, en el país ha comenzado a debatirse si se puede mantener por largo tiempo la suspensión de actividades, por los costos que tiene para la economía, por quiebras masivas de empresas y sus consiguientes repercusiones sociales, pero los salubristas, encabezados por la Organización Mundial de la Salud, enfatizan que sólo manteniendo un fuerte aislamiento se podría contener la expansión del virus que ya ha cobrado más de 146 mil vidas, con 2 millones 169 mil contaminados.
Cargos contra el gobierno
Al gobierno no sólo se le ha acusado de lentitud en afrontar la pandemia, sino también de haber privilegiado los negocios y evadido comprar directamente a fabricantes nacionales e internacionales, determinando extrema lentitud en la llegada de los suministros necesarios y comprando a precios sobrevaluados. Las limitaciones del tráfico internacional de mercancías han contribuido, pero candidatos presidenciales, entidades empresariales y el ayuntamiento del DN han podido traer cargamentos de suministros.
Gobiernos como los de Perú y Brasil apelaron a sus relaciones con China para comprarle millones de pruebas, mascarillas, ventiladores y vestuario de protección. Esta semana Roberto Santana, presidente de la Cámara de Comercio Domínico-China se quejó por televisión de que el gobierno dominicano no haya mostrado interés en un intercambio directo con las autoridades chinas, las que habrían podido incluso facilitar un carguero para traer mercancías de emergencia. Recordó que ambos países firmaron un paquete de protocolos de intercambios y asistencias. Ha trascendido que importadores dominicanos acreditados tienen mercancías de emergencia varadas en China, por falta de transporte internacional.
Las autoridades nacionales prefirieron iniciar licitaciones de emergencia para comprar hasta desinfectantes vías especuladores, cuando pudieron adquirirlos de fabricantes nacionales y de zonas francas, derivando en escándalos, como las adjudicaciones de compras por casi 3 mil millones de pesos por el Sistema Nacional de Salud, que no pudieron ser cumplidas y se perdió una semana. Entre ellas hubo adjudicaciones por 1,515 millones de pesos a una empresa habilitada en el registro mercantil para esos suministros el mismo día en que se decretó la emergencia. La misma apareció en otras denuncias de compras del Ministerio de Salud, documentada esta semana por el Partido Revolucionario Moderno. Se le adjudicaron compras sobrevaluadas por 292 millones de pesos en una licitación que duró 28 minutos. El mayor escándalo fue la denuncia de las compras de emergencia, con enormes sobrevaluaciones, del Instituto Nacional para la Primera Infancia, que provocó la renuncia de su directora y la destitución de su plana mayor.
Presidente Danilo Medina
Como llanero solitario
Desde el comienzo de la pandemia, en medio de una crisis electoral, causada por la suspensión de las elecciones municipales en febrero, los líderes de la oposición han reclamado al presidente que despeje toda intención de aprovechamiento político de la crisis y que busque concertar con todos los sectores políticos y sociales. A esa posición se han sumado dirigentes empresariales y de instituciones sociales como Participación Ciudadana, la Finjus y el Centro Social Juan XXIII, así como religiosos y medios de comunicación.
Los candidatos presidenciales opositores Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno han estado al frente de los reclamos, planteando la necesidad de concertación con el triple objetivo de enfrentar la crisis de salubridad, la parálisis económica y sus derivaciones sociales y el desafío de elegir nuevo gobierno y congreso antes del 16 de agosto. No han conseguido siquiera una respuesta cortés del gobierno de Danilo Medina.
En una declaración conjunta ayer viernes los partidos de oposición endurecieron su actitud, demandando “una actuación responsable, sensible, eficiente y ética del gobierno para combatir el alarmante incremento del Covid-19”, resaltando que sólo en la primera mitad de abril los contaminados aumentaron de 1,284 a 3,755, y los fallecidos de 57 a 183.
Plantearon que “ante una crisis sanitaria, económica y político-electoral inédita y de una gravedad extrema, que demanda una salida integral y pactada por el conjunto de sectores políticos, sociales y ciudadanos, corresponde al Presidente de la República, como Jefe del Estado, responsable de la ejecución de políticas y del presupuesto, convocar y crear las condiciones para la concertación de voluntades”.
Se agrava a desconfianza
En los ámbitos opositores se agrava día a día la desconfianza en la gestión gubernamental de la crisis y se esperaba que anoche el presidente Danilo Medina desautorizara el incipiente curso de opiniones de sus voceros mediáticos, que ya consideran imposible celebrar las elecciones antes del 16 de agosto cuando deben renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo. Contribuyen a la incertidumbre destacados abogados que ya plantean alternativas para una situación sin precedente que generaría una crisis institucional. Algunos insinúan la continuidad de Medina, mediante novedosas interpretaciones constitucionales, y un senador oficialista planteó extender el mandato actual por un año.
José Ramón Peralta conversa con Luis Abinader
La desconfianza viene desde que tras la división de su partido, en octubre, el presidente Medina proclamó que “yo voy a ganar las elecciones”, sin ser candidato. Le atribuyen por lo menos la intención de provocar otra reforma constitucional que le permita volver a optar por la presidencia a partir del 2024.
Ha llamado la atención que el gobernante PLD no ha aprobado formalmente la nueva fecha para las elecciones, 5 de julio, establecida el lunes por la JCE, como lo han hecho los partidos de oposición. Su presidente, Temístocles Montás, se abstuvo de opinar hasta que su Comité Político fije posición.
El aplazamiento de las elecciones de mayo fue avalado por todos los partidos, y predominó que fuera lo más tarde posible antes del límite de agosto, para dar tiempo a una contención del COVID-19 que permita reanudar las actividades nacionales. Para el cambio de gobierno faltan aún 4 meses por lo que no se justifica presumir imposibilidad. En ese período tendrá que mejorar la situación para reactivar las actividades nacionales, y si se renueva el trabajo y transporte masivo, no hay que descartar que también se pueda votar. Dotar a cada elector de una mascarilla y guantes, saldría más barato que una crisis institucional.-
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.