Análisis Noticiosos
El supremo interés nacional demanda concertación para generar confianza
Por Juan Bolívar Díaz
Tal como se había advertido, la Junta Central Electoral (JCE) aplazó para julio las elecciones presidenciales y congresuales, pero ya hay quienes cortejan una grave crisis institucional empezando a condicionar a la sociedad a la posibilidad de que no puedan celebrarse dentro del período constitucional.
Mientras tanto, el balance del primer mes de la declaratoria de emergencia para enfrentar el coronavirus arroja pesimismo y genera divergencias hasta en el seno del gobierno dentro de un ambiente general de desconfianza y temores a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia.
Un balance desolador
Por donde quiera que se le pase balance al mes de la emergencia dominicana por el coronavirus, que se cumple mañana, el resultado es desolador, con más de 4 mil personas contaminadas y una tasa de letalidad de 4.8 por ciento, entre las tres más altas del continente, y una lenta recuperación de apenas 6 por ciento, cuando en el mundo es de 25 por ciento.
Tan pobre resultado es vinculado al escaso número de pruebas realizadas, unas 12 mil desde que el primero de marzo apareció en el país el primer contaminado, por la lentitud con que las autoridades de salud respondieron el desafío, privilegiando los negocios de empresas vinculadas al poder político y porque en principio se dejó al candidato presidencial oficialista la iniciativa para la búsqueda de los medicamentos instrumentos y productos necesarios para prevenir y combatir la pandemia, lo que llevó al principal candidato opositor a participar en una competencia que politizó la crisis.
Durante las primeras semanas el grito se generalizó de parte de los gremios de médicos y enfermeras, así como de sectores sociales reclamando cuestiones tan elementales como mascarillas, desinfectantes o guantes. Las personas pasaban entre 5 y 10 días esperando que les hicieran pruebas para determinar si estaban contaminadas. La pandemia se extendió principalmente en el distrito Nacional, y provincias del Cibao, como la Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Sánchez Ramírez, y María Trinidad Sánchez.
Hay quienes estiman que el virus no ha ocasionado mayores estragos porque entró por la clase media-alta, con mayor capacidad para aislarse y recibir tratamiento, y se cita como prueba que la mayor concentración urbana y de pobreza del país, la provincia Santo Domingo, es de las de menor tasa de contaminados.
Divide hasta el gobierno
Con casi todas las actividades nacionales paralizadas, después de 4 semanas de reclusión casi absoluta, los últimos días marcaron una fatiga, con tendencia al relajamiento del aislamiento, aumentó el tránsito vehicular y los medios de transporte después del asueto de la semana santa, cuando se prohibió salir de las ciudades. Empezó a sentirse la presión de los trabajadores informales, estimados en 57 por ciento de los empleados, unos 2.4 millones de personas, que en su mayor parte no han podido ser alcanzados por los programas de asistencia implementados por el gobierno.
Empezó el debate sobre la conveniencia de normalizar progresivamente las actividades, lo que dividió la comisión de emergencia del gobierno, quedando en evidencia el miércoles cuando el ministro de Salud Pública expresó su convicción de que es necesario un cierre total de por lo menos una semana para contener la expansión de la pandemia. El mismo día el Ministro de la presidencia dijo que no se contempla esa posibilidad.
Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de salud
Los empleados formales suspendidos por las empresas alcanzaron esta semana los 800 mil, acogiéndose al fondo de asistencia creado por el gobierno, que les garantiza hasta 8 mil pesos, bajo el compromiso de que las empresas completen el salario, pero esto último no está ocurriendo en gran proporción de las más de 40 mil que se han acogido al programa oficial.
Al igual que en Estados Unidos, en el país ha comenzado a debatirse si se puede mantener por largo tiempo la suspensión de actividades, por los costos que tiene para la economía, por quiebras masivas de empresas y sus consiguientes repercusiones sociales, pero los salubristas, encabezados por la Organización Mundial de la Salud, enfatizan que sólo manteniendo un fuerte aislamiento se podría contener la expansión del virus que ya ha cobrado más de 146 mil vidas, con 2 millones 169 mil contaminados.
Cargos contra el gobierno
Al gobierno no sólo se le ha acusado de lentitud en afrontar la pandemia, sino también de haber privilegiado los negocios y evadido comprar directamente a fabricantes nacionales e internacionales, determinando extrema lentitud en la llegada de los suministros necesarios y comprando a precios sobrevaluados. Las limitaciones del tráfico internacional de mercancías han contribuido, pero candidatos presidenciales, entidades empresariales y el ayuntamiento del DN han podido traer cargamentos de suministros.
Gobiernos como los de Perú y Brasil apelaron a sus relaciones con China para comprarle millones de pruebas, mascarillas, ventiladores y vestuario de protección. Esta semana Roberto Santana, presidente de la Cámara de Comercio Domínico-China se quejó por televisión de que el gobierno dominicano no haya mostrado interés en un intercambio directo con las autoridades chinas, las que habrían podido incluso facilitar un carguero para traer mercancías de emergencia. Recordó que ambos países firmaron un paquete de protocolos de intercambios y asistencias. Ha trascendido que importadores dominicanos acreditados tienen mercancías de emergencia varadas en China, por falta de transporte internacional.
Las autoridades nacionales prefirieron iniciar licitaciones de emergencia para comprar hasta desinfectantes vías especuladores, cuando pudieron adquirirlos de fabricantes nacionales y de zonas francas, derivando en escándalos, como las adjudicaciones de compras por casi 3 mil millones de pesos por el Sistema Nacional de Salud, que no pudieron ser cumplidas y se perdió una semana. Entre ellas hubo adjudicaciones por 1,515 millones de pesos a una empresa habilitada en el registro mercantil para esos suministros el mismo día en que se decretó la emergencia. La misma apareció en otras denuncias de compras del Ministerio de Salud, documentada esta semana por el Partido Revolucionario Moderno. Se le adjudicaron compras sobrevaluadas por 292 millones de pesos en una licitación que duró 28 minutos. El mayor escándalo fue la denuncia de las compras de emergencia, con enormes sobrevaluaciones, del Instituto Nacional para la Primera Infancia, que provocó la renuncia de su directora y la destitución de su plana mayor.
Presidente Danilo Medina
Como llanero solitario
Desde el comienzo de la pandemia, en medio de una crisis electoral, causada por la suspensión de las elecciones municipales en febrero, los líderes de la oposición han reclamado al presidente que despeje toda intención de aprovechamiento político de la crisis y que busque concertar con todos los sectores políticos y sociales. A esa posición se han sumado dirigentes empresariales y de instituciones sociales como Participación Ciudadana, la Finjus y el Centro Social Juan XXIII, así como religiosos y medios de comunicación.
Los candidatos presidenciales opositores Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno han estado al frente de los reclamos, planteando la necesidad de concertación con el triple objetivo de enfrentar la crisis de salubridad, la parálisis económica y sus derivaciones sociales y el desafío de elegir nuevo gobierno y congreso antes del 16 de agosto. No han conseguido siquiera una respuesta cortés del gobierno de Danilo Medina.
En una declaración conjunta ayer viernes los partidos de oposición endurecieron su actitud, demandando “una actuación responsable, sensible, eficiente y ética del gobierno para combatir el alarmante incremento del Covid-19”, resaltando que sólo en la primera mitad de abril los contaminados aumentaron de 1,284 a 3,755, y los fallecidos de 57 a 183.
Plantearon que “ante una crisis sanitaria, económica y político-electoral inédita y de una gravedad extrema, que demanda una salida integral y pactada por el conjunto de sectores políticos, sociales y ciudadanos, corresponde al Presidente de la República, como Jefe del Estado, responsable de la ejecución de políticas y del presupuesto, convocar y crear las condiciones para la concertación de voluntades”.
Se agrava a desconfianza
En los ámbitos opositores se agrava día a día la desconfianza en la gestión gubernamental de la crisis y se esperaba que anoche el presidente Danilo Medina desautorizara el incipiente curso de opiniones de sus voceros mediáticos, que ya consideran imposible celebrar las elecciones antes del 16 de agosto cuando deben renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo. Contribuyen a la incertidumbre destacados abogados que ya plantean alternativas para una situación sin precedente que generaría una crisis institucional. Algunos insinúan la continuidad de Medina, mediante novedosas interpretaciones constitucionales, y un senador oficialista planteó extender el mandato actual por un año.
José Ramón Peralta conversa con Luis Abinader
La desconfianza viene desde que tras la división de su partido, en octubre, el presidente Medina proclamó que “yo voy a ganar las elecciones”, sin ser candidato. Le atribuyen por lo menos la intención de provocar otra reforma constitucional que le permita volver a optar por la presidencia a partir del 2024.
Ha llamado la atención que el gobernante PLD no ha aprobado formalmente la nueva fecha para las elecciones, 5 de julio, establecida el lunes por la JCE, como lo han hecho los partidos de oposición. Su presidente, Temístocles Montás, se abstuvo de opinar hasta que su Comité Político fije posición.
El aplazamiento de las elecciones de mayo fue avalado por todos los partidos, y predominó que fuera lo más tarde posible antes del límite de agosto, para dar tiempo a una contención del COVID-19 que permita reanudar las actividades nacionales. Para el cambio de gobierno faltan aún 4 meses por lo que no se justifica presumir imposibilidad. En ese período tendrá que mejorar la situación para reactivar las actividades nacionales, y si se renueva el trabajo y transporte masivo, no hay que descartar que también se pueda votar. Dotar a cada elector de una mascarilla y guantes, saldría más barato que una crisis institucional.-
Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
elpais.com
Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario