Análisis Noticiosos
El supremo interés nacional demanda concertación para generar confianza
Por Juan Bolívar Díaz
Tal como se había advertido, la Junta Central Electoral (JCE) aplazó para julio las elecciones presidenciales y congresuales, pero ya hay quienes cortejan una grave crisis institucional empezando a condicionar a la sociedad a la posibilidad de que no puedan celebrarse dentro del período constitucional.
Mientras tanto, el balance del primer mes de la declaratoria de emergencia para enfrentar el coronavirus arroja pesimismo y genera divergencias hasta en el seno del gobierno dentro de un ambiente general de desconfianza y temores a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia.
Un balance desolador
Por donde quiera que se le pase balance al mes de la emergencia dominicana por el coronavirus, que se cumple mañana, el resultado es desolador, con más de 4 mil personas contaminadas y una tasa de letalidad de 4.8 por ciento, entre las tres más altas del continente, y una lenta recuperación de apenas 6 por ciento, cuando en el mundo es de 25 por ciento.
Tan pobre resultado es vinculado al escaso número de pruebas realizadas, unas 12 mil desde que el primero de marzo apareció en el país el primer contaminado, por la lentitud con que las autoridades de salud respondieron el desafío, privilegiando los negocios de empresas vinculadas al poder político y porque en principio se dejó al candidato presidencial oficialista la iniciativa para la búsqueda de los medicamentos instrumentos y productos necesarios para prevenir y combatir la pandemia, lo que llevó al principal candidato opositor a participar en una competencia que politizó la crisis.
Durante las primeras semanas el grito se generalizó de parte de los gremios de médicos y enfermeras, así como de sectores sociales reclamando cuestiones tan elementales como mascarillas, desinfectantes o guantes. Las personas pasaban entre 5 y 10 días esperando que les hicieran pruebas para determinar si estaban contaminadas. La pandemia se extendió principalmente en el distrito Nacional, y provincias del Cibao, como la Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Sánchez Ramírez, y María Trinidad Sánchez.
Hay quienes estiman que el virus no ha ocasionado mayores estragos porque entró por la clase media-alta, con mayor capacidad para aislarse y recibir tratamiento, y se cita como prueba que la mayor concentración urbana y de pobreza del país, la provincia Santo Domingo, es de las de menor tasa de contaminados.
Divide hasta el gobierno
Con casi todas las actividades nacionales paralizadas, después de 4 semanas de reclusión casi absoluta, los últimos días marcaron una fatiga, con tendencia al relajamiento del aislamiento, aumentó el tránsito vehicular y los medios de transporte después del asueto de la semana santa, cuando se prohibió salir de las ciudades. Empezó a sentirse la presión de los trabajadores informales, estimados en 57 por ciento de los empleados, unos 2.4 millones de personas, que en su mayor parte no han podido ser alcanzados por los programas de asistencia implementados por el gobierno.
Empezó el debate sobre la conveniencia de normalizar progresivamente las actividades, lo que dividió la comisión de emergencia del gobierno, quedando en evidencia el miércoles cuando el ministro de Salud Pública expresó su convicción de que es necesario un cierre total de por lo menos una semana para contener la expansión de la pandemia. El mismo día el Ministro de la presidencia dijo que no se contempla esa posibilidad.
Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de salud
Los empleados formales suspendidos por las empresas alcanzaron esta semana los 800 mil, acogiéndose al fondo de asistencia creado por el gobierno, que les garantiza hasta 8 mil pesos, bajo el compromiso de que las empresas completen el salario, pero esto último no está ocurriendo en gran proporción de las más de 40 mil que se han acogido al programa oficial.
Al igual que en Estados Unidos, en el país ha comenzado a debatirse si se puede mantener por largo tiempo la suspensión de actividades, por los costos que tiene para la economía, por quiebras masivas de empresas y sus consiguientes repercusiones sociales, pero los salubristas, encabezados por la Organización Mundial de la Salud, enfatizan que sólo manteniendo un fuerte aislamiento se podría contener la expansión del virus que ya ha cobrado más de 146 mil vidas, con 2 millones 169 mil contaminados.
Cargos contra el gobierno
Al gobierno no sólo se le ha acusado de lentitud en afrontar la pandemia, sino también de haber privilegiado los negocios y evadido comprar directamente a fabricantes nacionales e internacionales, determinando extrema lentitud en la llegada de los suministros necesarios y comprando a precios sobrevaluados. Las limitaciones del tráfico internacional de mercancías han contribuido, pero candidatos presidenciales, entidades empresariales y el ayuntamiento del DN han podido traer cargamentos de suministros.
Gobiernos como los de Perú y Brasil apelaron a sus relaciones con China para comprarle millones de pruebas, mascarillas, ventiladores y vestuario de protección. Esta semana Roberto Santana, presidente de la Cámara de Comercio Domínico-China se quejó por televisión de que el gobierno dominicano no haya mostrado interés en un intercambio directo con las autoridades chinas, las que habrían podido incluso facilitar un carguero para traer mercancías de emergencia. Recordó que ambos países firmaron un paquete de protocolos de intercambios y asistencias. Ha trascendido que importadores dominicanos acreditados tienen mercancías de emergencia varadas en China, por falta de transporte internacional.
Las autoridades nacionales prefirieron iniciar licitaciones de emergencia para comprar hasta desinfectantes vías especuladores, cuando pudieron adquirirlos de fabricantes nacionales y de zonas francas, derivando en escándalos, como las adjudicaciones de compras por casi 3 mil millones de pesos por el Sistema Nacional de Salud, que no pudieron ser cumplidas y se perdió una semana. Entre ellas hubo adjudicaciones por 1,515 millones de pesos a una empresa habilitada en el registro mercantil para esos suministros el mismo día en que se decretó la emergencia. La misma apareció en otras denuncias de compras del Ministerio de Salud, documentada esta semana por el Partido Revolucionario Moderno. Se le adjudicaron compras sobrevaluadas por 292 millones de pesos en una licitación que duró 28 minutos. El mayor escándalo fue la denuncia de las compras de emergencia, con enormes sobrevaluaciones, del Instituto Nacional para la Primera Infancia, que provocó la renuncia de su directora y la destitución de su plana mayor.
Presidente Danilo Medina
Como llanero solitario
Desde el comienzo de la pandemia, en medio de una crisis electoral, causada por la suspensión de las elecciones municipales en febrero, los líderes de la oposición han reclamado al presidente que despeje toda intención de aprovechamiento político de la crisis y que busque concertar con todos los sectores políticos y sociales. A esa posición se han sumado dirigentes empresariales y de instituciones sociales como Participación Ciudadana, la Finjus y el Centro Social Juan XXIII, así como religiosos y medios de comunicación.
Los candidatos presidenciales opositores Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno han estado al frente de los reclamos, planteando la necesidad de concertación con el triple objetivo de enfrentar la crisis de salubridad, la parálisis económica y sus derivaciones sociales y el desafío de elegir nuevo gobierno y congreso antes del 16 de agosto. No han conseguido siquiera una respuesta cortés del gobierno de Danilo Medina.
En una declaración conjunta ayer viernes los partidos de oposición endurecieron su actitud, demandando “una actuación responsable, sensible, eficiente y ética del gobierno para combatir el alarmante incremento del Covid-19”, resaltando que sólo en la primera mitad de abril los contaminados aumentaron de 1,284 a 3,755, y los fallecidos de 57 a 183.
Plantearon que “ante una crisis sanitaria, económica y político-electoral inédita y de una gravedad extrema, que demanda una salida integral y pactada por el conjunto de sectores políticos, sociales y ciudadanos, corresponde al Presidente de la República, como Jefe del Estado, responsable de la ejecución de políticas y del presupuesto, convocar y crear las condiciones para la concertación de voluntades”.
Se agrava a desconfianza
En los ámbitos opositores se agrava día a día la desconfianza en la gestión gubernamental de la crisis y se esperaba que anoche el presidente Danilo Medina desautorizara el incipiente curso de opiniones de sus voceros mediáticos, que ya consideran imposible celebrar las elecciones antes del 16 de agosto cuando deben renovarse los poderes Ejecutivo y Legislativo. Contribuyen a la incertidumbre destacados abogados que ya plantean alternativas para una situación sin precedente que generaría una crisis institucional. Algunos insinúan la continuidad de Medina, mediante novedosas interpretaciones constitucionales, y un senador oficialista planteó extender el mandato actual por un año.
José Ramón Peralta conversa con Luis Abinader
La desconfianza viene desde que tras la división de su partido, en octubre, el presidente Medina proclamó que “yo voy a ganar las elecciones”, sin ser candidato. Le atribuyen por lo menos la intención de provocar otra reforma constitucional que le permita volver a optar por la presidencia a partir del 2024.
Ha llamado la atención que el gobernante PLD no ha aprobado formalmente la nueva fecha para las elecciones, 5 de julio, establecida el lunes por la JCE, como lo han hecho los partidos de oposición. Su presidente, Temístocles Montás, se abstuvo de opinar hasta que su Comité Político fije posición.
El aplazamiento de las elecciones de mayo fue avalado por todos los partidos, y predominó que fuera lo más tarde posible antes del límite de agosto, para dar tiempo a una contención del COVID-19 que permita reanudar las actividades nacionales. Para el cambio de gobierno faltan aún 4 meses por lo que no se justifica presumir imposibilidad. En ese período tendrá que mejorar la situación para reactivar las actividades nacionales, y si se renueva el trabajo y transporte masivo, no hay que descartar que también se pueda votar. Dotar a cada elector de una mascarilla y guantes, saldría más barato que una crisis institucional.-
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.