Editorial
El Tiempo Avanza y la izquierda en República Dominicana muere paulatinamente por razones políticas y biológicas.
Los años pasan y en función de un principio de vida de que se nace, se crece y se muere, podría llegarse a la conclusión de que como en la sociedad se producen cambios muy importantes en la formación y la conducta de la gente, la corriente llamada en la política de izquierda luce que quedará desarticulada con el devenir del tiempo por razones políticas o biológicas, ya que no han hecho lo correcto y sus dirigentes envejecen y mueren sin que haya quien los reemplace con la decisión y la dedicación que los caracteriza.
Nadie se atrevería a negar que la izquierda, por lo menos en teoría, se rige por principios, a diferencia de la derecha que se mueve por los intereses, cuya principal batalla de esta última es por valorar y preservar el mercado sin tomar en cuenta a los que justifican el mismo como es el consumidor, los cuales son seres humanos con muchas aspiraciones de vida.
La derecha como es la que posee el dinero y todos los recursos materiales está en capacidad de manipular a la población, pero la influencia de los valores que promueve son mayores porque controla las herramientas que sirven para su difusión, como por ejemplo los medios de comunicación social.
Es decir, que la derecha cuenta con los instrumentos más eficientes para convencer al ciudadano a partir de lo que se conoce como el llamado éxito personal, lo cual, sin lugar a dudas, va en detrimento de los valores que promueve la izquierda.
En el caso de la República Dominicana, amén de la agresiva política de preconización de los valores que promueve el neo-liberalismo, los cuales encajan con la visión de la pequeña burguesía en sus diferentes niveles, advierte que el futuro de la izquierda es más incierto, pese a los éxitos de esta corriente en otras naciones del continente americano, sobre todo por la falta de metodología y capacidad de trabajo para promover sus principios y creencias .
Además, la izquierda dominicana adolece de otra debilidad que por alianzas circunstanciales con la derecha se ha sumado de alguna manera a la micro corrupción que ha impedido que la gente pueda percibir la diferencia entre una y otra y en tal virtud pierda su credibilidad y legitimidad.
La cuestión es que se acerca otro proceso electoral y no habido forma de que surja una propuesta progresista que genere confiabilidad en el ciudadano y todo parece indicar que el cuadro no va a diferir de los anteriores en los que los principales protagonistas son los candidatos de derecha que responden a los grupos económicos del país, los cuales carecen de la capacidad para darse cuenta que una sociedad con la desigualdad y la pobreza de la dominicana es una especie de bomba de tiempo que puede detonar en cualquier momento y que ellos son los principales perdedores porque son los dueños de las propiedades y de las riquezas.
El hecho de que los grupos económicos no entiendan que en el país debe producirse una mejor distribución de las riquezas nacionales, lo cual tiene una explicación clara desde la perspectiva de la sociología política, constituye una amenaza para el estado de derecho y la democracia en la República Dominicana, cuyos principales perdedores serían ellos.
Sólo queda contemplar pacientemente el curso de la historia para ver si el cambio de la percepción a la realidad permiten que surjan preocupaciones que vayan dirigidas a que mejoren las condiciones de vida de la gente, pero desde una propuesta progresista de cambio y jamás en función de los intereses que representa la derecha.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.